Un retraso esperable

Sede del BCE en Francfort. / Johannes Eisele (AFP)

 

No se ganó Zamora en una hora, como dice el refrán, ni se construye una unión bancaria de la noche a la mañana. Eso explicaría el retraso que surgió tras el último Consejo Europeo y que, según los análisis de la mayoría de los expertos de Economismo, era más o menos previsible. Pero los avances hacia una mayor integración bancaria, fiscal y política son imparables, sostienen. Cuestión diferente son las consecuencias inmediatas de dicho retraso para la economía española y ahí la unanimidad es total: para España es una mala noticia porque no se plantea la recapitalización directa de la banca hasta, al menos, 2014. Mala noticia, pero no una catástrofe, puntualizan.

Mauro Guillén, director del Lauder Institute en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, atribuye el retraso en la unión bancaria a los continuos desacuerdos entre países acreedores y deudores que está poniendo en evidencia esta crisis. “Fusionar la supervisión y, sobre todo, el sistema de garantía de depósitos supone que cualquier problema bancario en un país determinado pasa a ser responsabilidad de toda Europa. Estamos, nuevamente, ante un retraso de índole política”, apunta. Es decir, que Alemania no quiere cargar con las deudas de otros “a no ser que se verifique un trasvase masivo de soberanía”. Guillén defiende que se diseñe un nuevo marco fiscal y bancario europeo, “pero en el corto plazo lo que necesitamos es un cambio de política económica que ayude a estimular el crecimiento”.

También Joaquín Maudos, catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia, pone el acento en que “la supervisión única no es suficiente para lograr un mercado único bancario. Exige además una autoridad y fondo de resolución de crisis bancarias y un fondo de garantía europeo de depósitos”, con el objetivo de romper el vínculo pernicioso entre deuda bancaria y soberana y para que todos los depositantes disfruten de las mismas garantías. Solo con una supervisión bancaria, destaca el profesor, “habrá un conflicto de intereses entre el supervisor europeo y las autoridades nacionales, que son las que aportan los recursos en caso de necesidad”. En todo caso, Maudos admite que es una mala noticia para España “ya que solo a partir de 2014 será posible la recapitalización directa a los bancos”, aunque pide no magnificar los cuatro puntos añadidos de deuda que, a día de hoy, puede suponer para las cuentas públicas.

Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, cree que “el retraso en la unión bancaria era esperable”, no solo por las conveniencias políticas o económicas de distintos países “sino por las dificultades propias de un proyecto de tanta envergadura, que si se hace realidad supondrá un enorme avance en la estabilidad financiera de la eurozona”. Aunque Myro es más pesimista sobre las consecuencias que tendrá para España: “Este cambio acentúa la necesidad de un rescate que garantice una financiación exterior estable a un coste reducido”.

Para Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, el retraso “genera nuevas dudas sobre las ganas de algunos países en consolidar la unión económica y monetaria y, por tanto, añade incertidumbre y problemas a la zona euro”. En su opinión, todo apunta que Alemania es cada vez más consciente de la necesidad de aplicar un calendario realista al proceso de consolidación fiscal y, en contrapartida, no quiere hacer concesiones rápidas en el terreno de la unión bancaria, “donde por otra parte esconde problemas de solvencia en algunas de sus entidades”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, resta importancia al retraso. “No se puede crear casi de la noche a la mañana todo un sistema de supervisión única bancaria. Y no puede ser seguido de forma inmediata de una garantía única de depósitos. Al final, se confunden deseos con realidades”, subraya. “Teniendo en cuenta”, recuerda, “que la crisis del euro es política”, Martínez destaca que es la primera vez que “se alude a mutualizar deuda”. En su opinión, la decisión del BCE de comprar deuda pública en el mercado secundario da un margen extra de tiempo, pero no es suficiente y pide fijar un calendario concreto con todas las medidas de integración. “Al menos no viviremos a salto de cumbres”, remata.

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, recuerda todo lo que se ha avanzado hasta llegar al debate actual. “Si tomamos como referencia el principio de 2012, entonces era difícil pensar que el proyecto de unión bancaria pudiera articularse en 2013 y echar a andar en 2014”. Admite, no obstante, que tras la última cumbre “ha habido algunos jarros de agua fría para España” porque la cobertura de los cortafuegos europeos no alcanzará los activos deteriorados bancarios ya reconocidos, “pero la propia configuración de un cortafuegos para la deuda pública y para futuras eventualidades bancarias es un arma poderosa cuyo efecto no se puede menospreciar”.

Santiago Fernández de Lis, economista jefe de Sistemas Financieros y Regulación de BBVA Research, insiste en que asistimos a un “proceso lento”, por lo que el retraso “entraba dentro de lo esperable”. A su juicio, el establecimiento de “un supervisor único, que actúe sin estrecheces de miras nacionales, es clave” para acabar con la fragmentación que amenaza al euro y al mercado único y defiende empezar con las entidades sanas porque “minimiza los riesgos y acorta el periodo de transición”. “Después tendrán que venir la autoridad de resolución común (que no es un tema trivial) y la integración de los seguros de depósitos. Todos estos pasos constituyen, de hecho, un germen de unión fiscal”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, critica “la gran parsimonia con la que evolucionan los cambios institucionales en la UE” que, en este caso, afectan especialmente a España. Pero cree que puede tener aspectos “menos malos”, como que Alemania aceptará más fácilmente los inevitables retrasos en el ajuste. En su opinión, “el retraso no amenaza la existencia del euro siempre que los países hagan uso del rescate cuando lo necesiten y el BCE cumpla su compromiso de mantener a raya las primas de riesgo”.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, cree que “el problema más grave de la eurozona es que no ha logrado construir una unidad de decisión económica, lo que impide adoptar actuaciones firmes en lo monetario y en lo fiscal. Las posiciones son más ‘nacionales’ que europeas”. Cuadrado critica que los alemanes entiendan muchas de las cuestiones sobre la mesa con la unión bancaria como “avanzar hacia una mutualización de la deuda y de los riesgos con otros nombres” y concluye que, así, “la UE parece cada vez menos unión”.

Todo pasa por Europa

La directora del FMI, Christine Lagarde, y el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schauble. / F. R. (Efe)

Sistema bancario, endeudamiento público y privado, contracción de los mercados financieros... Son varias las razones que en opinión de los expertos de Economismo explican la actual coyuntura económica internacional. Pero solo uno el diagnóstico: Europa es, sin lugar a dudas, el principal problema de la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de presentar sus perspectivas mundiales, en las que alertaba del riesgo de “una grave desaceleración mundial” que tiene su epicentro en Europa y cuya solución pasa también por la crisis de la eurozona. Nuestros economistas también recuerdan otros factores que pueden resultar no menos desestabilizadores, como el precipicio fiscal que afronta EE UU o las dudas sobre el crecimiento de grandes economías emergentes como China o India. Pero siguen siendo, según la opinión mayoritaria, factores secundarios.

Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, atribuye al proceso de absorción de activos tóxicos por parte de los bancos de las economías desarrolladas la principal explicación a la lenta recuperación de la economía mundial, aunque, en su opinión, la principal responsable tiene nombre y apellidos: la zona euro. “Perder la confianza mundial en el proyecto europeo abriría un escenario de pérdidas en cadena que finalizaría en una intensa recesión de larga duración”. La eurozona debe, según García, dar una solución estable a Grecia, avanzar en materia de política fiscal, monetaria y unión bancaria y encontrar un equilibrio entre la consolidación fiscal y la posibilidad de salir del actual atolladero económico. “La percepción de no avanzar en este camino afectaría muy gravemente a las relaciones económicas mundiales, con riesgo cierto de terminar en una recesión”, subraya el responsable de CC OO.

Para José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, “no es un panorama interesante el que nos ofrece el FMI, pero es lo que hay”, y recuerda que “ritmos de crecimiento en el entorno del 3% en el pasado han sido sinónimo de estancamiento”, aunque matiza que ese 3% oculta un crecimiento del 5% en el caso de las economías en desarrollo, y entre el 1% y el 2% para las economías desarrolladas. Martínez busca una explicación a la actual situación económica, que encuentra en los niveles de endeudamiento público y privado; en la contracción de los mercados financieros, “verdadero reto para los bancos centrales”; la crisis política del euro, que conlleva una elevada incertidumbre internacional a medio plazo; riesgos de valoración de activos en las economías emergentes y las consecuencias de su rápido cambio de modelo de crecimiento, sin olvidar las tensiones geopolíticas y otros factores de riesgo, como el crudo, la inestabilidad de los mercados o de los flujos financieros internacionales. En estas condiciones, las soluciones no resultan sencillas, como él mismo admite: “¿Lo ven complicado? Lo es”. Pero el estratega del Citi insiste en que no se puede confundir “ser negativo con ser realista. Está bien ser optimista. Pero está mucho mejor conocer realmente los problemas para que este optimismo sea justificado”, concluye.

El profesor José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, sitúa la zona euro en el centro de las posibles soluciones a la debilidad económica mundial, aunque apunta un factor decisivo para la estabilidad en los próximos meses, que es la amenaza fiscal que se cierne sobre Estados Unidos. Si los dos grandes partidos no alcanzan un acuerdo, en cuanto a prórrogas presupuestarias y desgravaciones fiscales, el nuevo año puede traer una entrada en vigor automática de ajustes de gastos y subidas de impuestos que pueden llevar a EE UU a la recesión de inmediato. “Las dos grandes áreas económicas, Estados Unidos y Europa, necesitan a toda costa activar sus demandas internas, fundamentalmente por la vía fiscal”. Pero Solanes insiste en la necesidad de que la zona euro avance en tres frentes: “uno, relajando y flexibilizando los programas de consolidación fiscal en los países de la periferia, lo que implica suavizar los ajustes; dos, consiguiendo que los Gobiernos de los países del núcleo, principalmente el alemán, expandan firmemente, y sin dilación, el gasto interno e incrementen el crecimiento de los salarios, y, tres, convenciendo al BCE para que eleve su objetivo de inflación”. Una estrategia inviable si, al mismo tiempo, los Gobiernos periféricos no convencen al núcleo con medidas palpables y eficaces de aumentos graduales, pero duraderos, de competitividad. “Dado el peso de la UE en la esfera mundial, un fracaso en estas líneas de actuación alargaría la crisis de los países desarrollados y contribuiría a que la economía mundial recaiga en la recesión”, concluye el catedrático.

Algo más optimismo exhibe Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, que arranca su análisis asegurando que “son bastantes los datos y previsiones que permiten afirmar que no se avecina una nueva recesión global”. Previsiones que basa en las mejores previsiones para 2013 en las economías emergentes, tanto en Asia como en China e India, en pleno cambio de modelo económico, como en América Latina. Las sombras de este panorama están, como siempre, en la eurozona y, en menor medida, en EE UU. Respecto a este último, Cuadrado confía en que una vez superadas las elecciones —“con la probable reelección de Barack Obama”— la reducción del déficit en 1,5 puntos del PIB en 2013, con un crecimiento de la economía inferior al 2%, debería combinarse con el mantenimiento de políticas de reactivación. Eso, junto al compromiso de la Reserva Federal con la tercera ronda de relajación cuantitativa y la promesa de bajos tipos de interés hasta 2015, “dibuja expectativas de una clara mejora en 2014 y 2015”. Así las cosas, “Europa ha venido siendo y es ahora el problema, y la eurozona, el mayor foco de preocupación”, dice el profesor. Primero, por la lentitud en la toma de decisiones y, después, por el hecho de que las políticas de ajuste ahondan la crisis. Cuadrado recuerda el impactante análisis que ha presentado el FMI que señala que el multiplicador fiscal, el efecto de los ajustes en la economía, no es de 0,5 veces, sino que se estima entre 0,9 y 1,7 veces, lo que supone que los ajustes provocan una caída del PIB mucho mayor de lo que se había previsto. “Para lograr una reactivación económica es imprescindible que la UE ponga en marcha políticas de crecimiento, que flexibilice los ajustes fiscales y que el BCE actúe en los mercados de la deuda”, concluye.

Pensar en el denominador

Los costes de financiación se han disparado en los últimos años. / Ennio Leanza (Efe)

La teoría económica dice que para estabilizar la deuda pública el tipo de interés no debe ser mayor que la tasa de crecimiento. Los expertos de Economismo parten de esta máxima para explicar cuál sería, a su juicio, la estrategia a seguir para estabilizar la deuda española, que pese a que partía de unos niveles razonables al inicio de la crisis superará el 100% del PIB a partir de 2014, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Más importante aún, en el contexto actual, es saber qué coste debe tener la financiación para que el pago de intereses no se convierta en la principal razón de su crecimiento.

Nuestros economistas explican con profusión lo que dice la literatura económica al respecto y apuntan otra máxima como la verdadera solución a la escalada de la deuda: el ratio de deuda respecto al PIB sólo se reduce cuando hay mucho crecimiento económico y el PIB sube más que la deuda pública. Es decir, la clave pasa por elevar el denominador, por crecer más.

José Luis Martínez, estratega para España de Citigroup, apunta cuál debe ser la estrategia a seguir: “primero, lograr el superávit primario de las cuentas públicas”, es decir, que los ingresos superen a los gastos, excluido el pago de intereses de la deuda, y, “segundo, lograr un crecimiento nominal de la economía superior al tipo de interés que se paga por la deuda”. “En este momento, con un déficit público del 7,3% del PIB y un pago de interese de la deuda equivalente al 3% del producto, aún tenemos trabajo que hacer para seguir ajustando las cuentas públicas. Y mucho más trabajo que llevar a cabo para realmente comenzar a crecer”, subraya. Pero para crecer, Martínez reconoce que hay que tener condiciones de financiación factibles y mayor flexibilidad de la economía. “En teoría, tipos de interés de financiación del 4% pueden ser coherentes con unas cuentas públicas sostenibles a medio y largo plazo. Pero eso es la teoría”. Y el estratega recuerda que ahora tan importante como el precio que se paga por la financiación es la disponibilidad de la misma, “limitada y a tipos de interés insostenibles”.

El Banco Central Europeo (BCE) juega un papel fundamental en ese coste y disponibilidad de financiación, como recuerda José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia. “Cuando el BCE habla de compra ilimitad de bonos indica que comprará todo lo que haga falta para reducir la prima de riesgo a un nivel que ranquilice a los mercados a corto plazo y que facilite la sostenibilidad a largo plazo”. Una pista: “existen indicios de que ese nivel de la prima de riesgo ronda los 200 puntos básicos, lo que llevaría el tipo de interés de los bonos a 10 años al 4%”, en la línea de Martínez. Eso, explica, determina un tipo de interés real de entre el 1% y el 2% dependiendo de la tasa de inflación. En consecuencia, “la sostenibilidad de la deuda soberana española exige un crecimiento anual del PIB superior al 2% a medio plazo”, un nivel que en las actuales circunstancias solo podrá alcanzarse en 2015. “Por eso, el gobierno no puede retardar más la solicitud de rescate, ni fallar en sus medidas reformistas”, concluye.

Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, sostiene que la teoría que se aplica a la sostenibiidad de la deuda es “inalcanzable en los países en recesión, como es el caso de España”. Por ello sostiene que, “la condición imprescindible para solicitar el rescate es conseguir una rebaja sustancial de los gastos financieros de la deuda”, que a su juicio, no debería superar el 2% nominal en los bonos a 3 años para conseguir un ahorro en los actuales gastos financieros que permita avanzar en el saneamiento fiscal con menor presión sobre la actividad económica.

Joaquín Maudos, catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia, se apoya en las tesis del propio FMI para asegurar que “si de acuerdo con el Fondo, 200 puntos básicos de la prima de riesgo no se deben a España sino a los problemas del euro, esa reducción en caso de solicitar el rescate y la consiguiente actuación del BCE se traduciría en un ahorro de costes de la deuda pública a emitir hasta finales de 2013 de 4.000 millones de euros, ya que habría que emitir unos 200.000 millones de deuda”. Maudos recuerda que el coste de financiación no solo penaliza al sector público sino que lastra y mucho al sector primado. “Solo la banca tiene unos 100.000 millones de euros de vencimientos en 2013” por lo que esa reducción de 200 puntos básicos “supondría un ahorro de 2.000 millones de costes financieros”. El problema de fondo, aclara el profesor, “no es tanto el tipo de interés, sino la ausencia de crecimiento del PIB”, de ahí que una austeridad “excesiva” pueda ser perjudicial para la sostenibilidad de la deuda. “Por ello es tan importante conseguir relajar el calendario hacia el cumplimiento del objetivo de déficit público del 3%, teniendo en cuenta las muchas reformas implementadas”, asevera.

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, se muestra crítico sin embargo con los estudios que tratan de determinar quyé niveles de deuda pública marcan el umbral de la sostenibilidad, “estudios que han recibido algunas críticas porque hay situaciones que no son comparables”. Y pone ejemplos dentro de la propia Europa. “No es lo mismo tener deuda pública elevada y deuda privada reducida, caso de Alemania, que tener niveles elevados en ambos tipos de deuda. En España, la privada ya era muy elevada y ahora también está aumentando de forma acelerada el endeudamiento público” y, como recuerda, con costes de financiación bastante elevados en los dos últimos años. A su juicio, “0la sostenibilidad de la deuda pública en los próximos años dependerá, en todo caso, del éxito o no de la consolidación fiscal que se está tratando de establecer y, por otro, de que España consiga finalmente reducir los costes de financiación”. Es ahí donde entra en juego el rescate. “Un rescate acompañado de las esperadas compras de deuda del BCE podría reducir esos costes de financiación de forma significativa pero si las dos partes del puzzle -reducción de deuda y reducción de costes- no se corrigen al mismo tiempo, el desajuste permanecerá y, con ello, la falta de credibilidad”. En todo caso, Carbó no cree que todo dependa de España sino que a mejorar la situación contribuiría “una estrategia de crecimiento común en Europa” de la que, por el momento, no hay noticias.

Presupuestos bajo sospecha

Poco entusiasmo generan entre los expertos del blog Economismo los Presupuestos Generales del
Estado para 2013 (PGE-13). Sobre todo, el cuadro macroeconómico y la previsión
de crecimiento —caída, en este caso— del PIB para el próximo año. A partir de
ahí, las recetas y los análisis difieren. Hay quien considera pendiente un
recorte profundo del gasto del Estado; otros la necesidad de elevar la
fiscalidad sobre las rentas altas; algunos critican que el Gobierno recurra al
fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar la revalorización de las
pensiones; otros lo apoyan... En definitiva, y haciendo bueno el refrán, tantas
opiniones como economistas.

Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, explica las
consecuencias que tendrá para las cuentas públicas partir de una previsión de
caída del PIB del 0,5%, lejos del 1,5% del consenso del mercado: “El aumento en
el gasto tiende a infravalorarse, al contrario que el de los ingresos, por lo
que difícilmente se logrará el objetivo de reducción del déficit” hasta el 4,5%
del PIB. Myro considera que tanto la vía del gasto como la de los ingresos
están prácticamente agotadas, pero, aun así, propone buscar ingresos entre la
población con mayor renta, “aumentando el tipo del impuesto sobre plusvalías y
reestructurando a fondo el impuesto sobre la renta de las personas físicas”.

Para José Luis Martínez, estratega para España de Citigroup, los Presupuestos reflejan “un
fuerte esfuerzo y equilibrio” entre dos objetivos cada vez más opuestos: el
gasto social y el ajuste fiscal. “Debo admitir que el Gobierno lo ha bordado”,
dice aunque enumera las debilidades ya mencionadas del cuadro macro y a ellas
añade que los gastos sociales pueden desbordarse y que hay escaso margen para
hacer frente a un desfase fiscal en las comunidades autónomas. Martínez es de
los que cuestiona que el fondo de reserva de la Seguridad Social pague la
desviación de la inflación sobre las pensiones. “Son mensajes contradictorios
difíciles de comprender, subir las pensiones al mismo tiempo que se recortan
otras partidas sociales”. El estratega del Citi sugiere que los PGE-13 “pueden
ser suficientes como contrapartida en el caso de pedir asistencia financiera”.

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, también alude
al rescate en su análisis, un contexto “ideal para cuestionar no solo qué
esfuerzos debe hacer España sino qué plazos son razonables para lograr los
objetivos fiscales”, apunta. Para Carbó, los PGE-13 “parecen algo optimistas” y
obligarán a “cambios sobre la marcha conforme se compruebe que los datos
económicos que se van observando son peores que los previstos”. Lo peor de esas
modificaciones, alerta el economista, es que ponen en marcha “un peligroso
círculo virtuoso”, en el que esos recortes añadidos inciden a la baja sobre el
crecimiento económico y obligan a nuevos esfuerzos fiscales.

Para Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, más que su
credibilidad hay que preguntarse si hay alternativas posibles. Y su opinión es
clara: “En las grandes cifras no hay demasiado margen porque hay que reducir el
déficit fiscal en algo más de dos puntos”. Pese a ello, considera un error los
recortes en infraestructuras, educación o cultura y, aunque apoya el recurso al
fondo de reserva, advierte que “esta operación no podrá repetirse en los
próximos años” y que “si la recesión económica continúa, la propia Seguridad
Social entrará en crisis, lo cual obligará a recortar las pensiones o a buscar
otras fuentes de financiación que en este momento no se vislumbran”. Cuadrado
cuestiona, asimismo, que sean unos presupuestos “marcadamente sociales”, como
argumenta el Gobierno, ante el descenso de las prestaciones por desempleo y duda
que, sin una mejora de la actividad económica, vaya a producirse la mejora en
las recaudaciones de IRPF, IVA y Sociedades que recoge el proyecto.

Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, pone el acento en la
necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público y en la lucha contra el
fraude fiscal “instalado ya en todas las capas” de la economía y la sociedad.
Su conclusión es que sin un buen diagnóstico de la situación y un plan claro
compartido por la mayoría “nadie querrá asumir la parte del esfuerzo que le
corresponde para superar la dramática situación actual”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, abunda en la falta de
credibilidad de los presupuestos al señalar que “el Gobierno omite sus efectos
procíclicos, lo cual es especialmente grave en momentos de recesión económica
como los actuales”. Otro de los capítulos que excederán las previsiones es, a
su juicio, el pago de los intereses de la deuda “el incremento de la deuda
pública que generarán los dos rescates”. Solanes concluye que incluso un visto
bueno europeo a las cuentas no evitará “la imposición de condiciones, ajustes y
recortes mucho más bruscos”.

También Joaquín Maudos, catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia, alerta de los inevitables recortes que habrá que añadir a los que plantean los PGE-13
dado que reducir el déficit al 4,5% del PIB el próximo año “exige un recorte en
torno a 50.000 millones de euros” que el proyecto no contempla. “De esta forma
no se gana nada en credibilidad, ya que no hay una hoja de ruta clara, sino que
se improvisa sobre la marcha. Debería decirse claramente lo que se está
dispuesto a hacer para cumplir con el objetivo de déficit”, concluye.

“Voluntaristas” es el calificativo que emplea Guillermo de la Dehesa, presidente del Center for
Economic Policy Research (CEPR) en Londres, para calificar los PGE-13 “a menos
que se tenga información que no tenemos”, como la firma inminente del memorando
de entendimiento y la compra inmediata de deuda por parte del BCE. Eso, dice De
la Dehesa, “permitiría reducir el servicio de la deuda casi dos puntos
porcentuales de PIB y permitiría cumplir el objetivo de déficit. Ese acuerdo,
apunta, también podría incluir la no actualización de las pensiones, la reducción
de beneficios fiscales a empresas y particulars o el adelanto de la edad de
jubilación obligatoria.

Antonio Merino, director del servicio de estudios de Repsol, pone el acento en la dificultad que tendrá el Gobierno para cumplir los objetivos para 2012, especialmente por el lado de
la recaudación. “Incrementar un 5,5% la recaudación con una demanda interna
bajo una situación de persistente debilidad resulta complicado”. Merino valora,
sin embargo, el hecho de que el Gobierno “ha realzado un importante ajuste en
el gasto ministerial. “Falta por ver si es suficiente, dado el aumento del pago
de intereses y la posibilidad de no alcanzar el objetivo de ingresos”,
concluye.