El debate

Entre la seguridad jurídica y la exclusión social

Por: | 23 de noviembre de 2012

PeticionImagenCA2O5ARQDesahucio paralizado en Valencia. / Mónica Torres

Pocas veces el debate de Economismo ha provocado una división tan clara de posiciones, aunque todos los expertos que han participado en el debate tienen coincidencias evidentes. Por un lado, quienes respaldan la adopción de medidas urgentes para frenar los desahucios y el drama social y personal que ello conlleva, siempre que no tengan carácter retroactivo y no pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Por otro, quienes creen que las medidas son insuficientes, que es deber del Gobierno combatir las crecientes desigualdades económicas y sociales y exigen que la misma banca que se beneficia de los rescates públicos tenga un papel más activo en este cambio de políticas.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, considera que "la falta de consenso político entre el Gobierno y la oposición indica que algo está fallando en España a la hora de enfrentarnos a temas tan importantes como este". No obstante, teme "que el riesgo de cambiar la Ley Hipotecaria se lleve por delante la mejora conseguida en la estabilización de sector financiero" y recuerda que "cuando la asistencia financiera a la banca intervenida procede de Europa creo que cualquier decisión debe ser consensuada". A su juicio, se deberían posibilitar acuerdos voluntarios con la banca para una mayor flexibilidad de pago y buscar alternativas en términos de alquileres bajos.

Miguel Angel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, apuesta por una nueva política de vivienda que cambie su enfoque desde la compra al alquiler aunque admite que las medidas que se adopten "no deben discriminar a quienes cumplen con sus obligaciones, ni fomentar los impagos". García echa en falta que no se suspenden los intereses de mora "abusivos", no se amplia el plazo de amortización del crédito ni está clara la puesta en funcionamiento de viviendas de alquiler a precio razonable. El representante sindical atribuye los problemas actuales a que buena parte de la banca ignoró la norma hipotecaria de conceder el crédito solo por el 80% del valor del inmueble y cree que ese nivel es el que debería tener el valor actual de su tasación de cara a una ejecución. Garcia defiende la posibilidad establecer la dacion en pago porque, aunque admite que reduciría el número de operaciones, cree que también extremaría la prudencia en la gestión del riesgo y, con ello, reduciría parte de los costes para solucionar el "desaguisado" del sector financiero español.

Santiago Carbo, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, advierte que "no se puede confundir la parte con el todo" y defiende que las medidas no deben tener ni carácter retroactivo ni suponer un cambio de reglas a mitad de partido. "Si se opta por generalizar en exceso estas medidas se está abriendo una vía a favor del incumplimiento del contrato hipotecario que dañaría muy significativamente la estructura de garantías del sector bancario". A su juicio, al margen de cuestiones de lógica solidaridad, asistencia y justicia social, el drama de los desahucios tiene en las soluciones negociadas con los bancos "tal vez la mejor alternativa para tratar de aplacarlo" y cree que no vale el "que paguen los bancos porque eso solo agrandaría sus problemas y de paso, los de los ahorros de buena parte de los españoles".

También Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia, rechaza que las medidas tengan carácter retroactivo y sostiene que, dado que no se trata solo de un problema bancario, sino también social, "la solución no debe recaer exclusivamente sobre los bancos". Maudos plantea que la sociedad abra un debate sobre el modelo que quiere para el futuro pero asumiendo las consecuencias que ello tiene. "Si queremos la dación en pago, habrá menos créditos y más caros", explica y si se quiere evitar el  sobreendeudamiento de las familias, en el futuro "convendría limitar la deuda que puede asumir una familia en función de su renta", lo que puede dificultar el acceso a la compra de una vivienda. Maudos pide que se eviten improvisaciones con reformas que pueden afectar al futuro del crédito y del sector bancario. "La crisis tiene responsabilidad compartida entre muchos agentes y la banca tiene su parte alícuota. Pero no hay que caer en el error de querer hacer recaer toda la responsabilidad y los costes en la banca, ya que además de injusto, prolongaría aún más la recesión", sostiene.

Mucho más combativo se muestra Rafael Myro, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, para quien es un deber "político y moral" del Gobierno evitar que las desigualdades de renta crezcan y, sobre todo, "que aumente el número de familias al borde de la exclusión social". Myro critica que el marco jurídico no permita "la adecuada defensa de quienes tienen dificultades para afrontar sus pagos" y que algunas de las entidades que han recibido ayudas públicas para superar sus dificultades financieras pongan tanto "empeño en los desahucios". En su opinión, "resulta criticable que las medidas aprobadas no se extiendan a todas las familias de baja renta afectadas por una orden de desahucio de su vivienda habitual" y considera insuficiente que se deje para la tramitación del proyecto de ley la posible demora de los intereses a las familias afectadas por estos procesos.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcala, cree que las medidas adoptadas "pueden considerarse solo como un primer paso al que deberían seguir otros" y culpa a los dos grandes partidos de no haber alcanzado un acuerdo en su día sobre la dacion en pago ni haber propuesto ninguna otra medida alternativa. Cuadrado considera "sorprendente" e "inconcreto" el plan para que los bancos utilicen parte de su stock de viviendas como fondos para el plan de alquileres que el Gobierno se ha comprometido a poner en marcha. "No se ha aclarado, por ejemplo, qué papel jugará el ‘banco malo’ a la hora de desarrollar dicho propósito", apunta. Cuadrado considera que "en una situación de crisis como la actual, es obligado actuar. Sobre todo cuando el Gobierno ha estado y está ayudando, en parte con dinero de todos los españoles, al saneamiento de bastantes bancos y cajas". De ahi que defienda que los planes actuales "deberán completarse con los necesarios cambios en la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil, que son las que regulan esencialmente el proceso de desahucio".

José García Solanes, catedratico de la Universidad de Murcia, cree que en las actuales circunstancias todos deben asumir un coste, una quita. "La dación en pago sería un buen vehículo: los bancos sufrirían la pérdida que supone recibir activos devaluados, y las familias perderían las cuotas de hipoteca ya satisfechas" y propone: "No creo que esto agravara los balances de los bancos siempre que las viviendas adquiridas fueran transmitidas al “banco malo". Ahi pueden jugar un papel importante los fondos del rescate bancario: "Las ayudas europeas para el rescate bancario deberían cubrir esta eventualidad".

 

 

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