El tamaño importa

El reciente acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos de Renault para mantener la producción de sus factorías en España, e incluso aumentar el empleo, es uno de los últimos ejemplos de los acuerdos laborales que se están produciendo en todo el sector automovilístico y en otras grandes empresas españolas. Los economistas que colaboran en este blog se felicitan por ello. Pero la mayoría coincide en que la tendencia difícilmente puede ser extrapolable al resto de las empresas. Básicamente, según los expertos de Economismo, porque es más fácil alcanzar este tipo de acuerdos en grandes empresas que, como uno de ellos recuerda, apenas representan un 0,3 % del total, aunque aportan el 22% del empleo, mientras que las pequeñas y medianas empresas equivalen al 99,7% restante y su empleo representa el 78% del total de ocupados. El tamaño, por tanto, importa.

Así lo asegura también Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de CC OO, que atribuye la ausencia de una actitud más cooperativa en las compañías españolas por parte de los trabajadores a la dimensión empresarial y al uso de la temporalidad como elemento de ajuste. Y defiende que la última reforma laboral no ha contribuido a mejorar la flexibilidad interna, sino más bien lo contrario. “Un adecuado grado de flexibilidad interna prima el ajuste por precio (salarios y condiciones de trabajo) frente a la cantidad (empleo). El acuerdo de Renault es uno más de los que se han aplicado en el marco laboral español desde hace tiempo porque en este tipo de empresas, de gran dimensión, se dan las condiciones (y se han trabajado por ambas partes) para disponer de una negociación colectiva amplia y profunda”, subraya.

Para Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, el ejemplo de Renault “ilustra la posibilidad de crear empleo desde la vía de una negociación colectiva suficientemente flexible”. Un extremo que, sin embargo, no cree que la actual reforma laboral promueva porque “se ha avanzado en flexibilidad de condiciones laborales sin acompañarlo también de medidas de seguridad y estabilidad contractual”. En su opinión, la reforma se ha seguido apoyando demasiado en el contrato temporal “que es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que acabar con esa dualidad de contratos”. Carbó pide, asimismo, desarrollar medidas específicas para parados jóvenes sin cualificación, con programas de formación combinada con empleo “aunque sea desde mayor flexibilidad y condiciones salariales de inicio más económicas, como, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional más reducido”.

El catedrático de la Universidad Complutense Rafael Myro ensalza, sin embargo, la importancia de que la nueva reforma laboral “haya otorgado prioridad a los convenios establecidos en el ámbito de las empresas. Si la negociación colectiva en ellas se guía más por el objetivo de crear empleo que por el de subir o mantener el salario, se habrá dado un paso importante para frenar el ascenso en el desempleo”. Myro recuerda que, con la crisis, el crecimiento de los salarios se ha desacelerado —“por debajo del IPC, aunque aún por encima del deflactor del PIB—, pero que su desaceleración “ha sido mucho más lenta de lo deseable, dejando en evidencia las inercias del mercado de trabajo español y la necesidad de su reforma”. En su opinión, la importancia del acuerdo de Renault es que se trata de una empresa más sensible a la competencia internacional y destaca “que la mayor integración de nuestras empresas en los mercados exteriores favorece su mayor flexibilidad laboral. Y lo contrario, que esta facilita la internacionalización”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, se felicita por el acuerdo de Renault en un sector tan maduro como el del automóvil, pero vuelve a la carga con el tamaño de la empresa. “Lástima que el tamaño promedio de las empresas en España sea pequeño. Lástima que el sector manufacturero apenas suponga un 13% del PIB. Y especialmente, lástima que los ajustes (del mercado de trabajo, pero también mayor competencia, apertura comercial y de la Administración Pública) los tengamos que hacer en un entorno como el actual”. Martínez, sin embargo, cree que “confiar en las exportaciones para que actúen de motor de crecimiento está muy bien, aunque nos quedaremos cortos por el reducido tamaño de nuestro sector exterior” y que, con el consumo lastrado por el desapalancamiento, la solución pasa por generar las condiciones necesarias para estimular la inversión empresarial. “Espero que todos, las autoridades, sindicatos y la propia sociedad, nos demos cuenta lo antes posible”.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, destaca que el acuerdo de Renault “constituye una muestra de que el diálogo sindicatos-empresa ha sido y puede ser siempre muy positivo”, pero considera que tampoco deberían magnificarse porque “los acuerdos en las grandes empresas son positivos y ejemplarizantes, pero tienden a valorarse excesivamente. Quienes realmente pueden impulsar la creación de empleo son las pymes”. Cuadrado ve positiva la reducción en los costes laborales unitarios que se ha producido en España los tres últimos años, un proceso que, según él, debe seguir adelante para mejorar la competitividad de la economía española con una contención e, incluso, reducción de salarios. “Sería el momento de lanzar un gran plan de reindustrialización que apoye y estimule a una base de emprendedores que sin duda existe”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, considera que el acuerdo de Renault se produce “a pesar de que la última reforma laboral deja casi todas las decisiones en manos de los empresarios” y pone el acento en que “un acuerdo entre la patronal y los sindicatos aumentando la flexibilidad de las relaciones laborales es esencial para que las retribuciones reflejen la productividad de la mano de obra y los resultados de las empresas. Es un requisito no solamente de eficiencia sino también de justicia. Una forma de proceder que también conducirá a incrementos salariales cuando la economía se recupere”. De esta forma, García Solanes cree posible que se lleve a cabo la necesaria devaluación interna a que nos obliga la crisis sin crear desempleo y exige, a cambio, que las empresas sean más transparentes y hagan copartícipes a los trabajadores tanto de la gestión y los resultados de la compañía. “Sin duda, las demás empresas e industrias deberían imitar este ejemplo. Así y todo, estos cambios de comportamiento son una condición necesaria para apuntalar la recuperación. Esta no se materializará hasta que aumente significativamente la demanda”.

Entre la seguridad jurídica y la exclusión social

Desahucio paralizado en Valencia. / Mónica Torres

Pocas veces el debate de Economismo ha provocado una división tan clara de posiciones, aunque todos los expertos que han participado en el debate tienen coincidencias evidentes. Por un lado, quienes respaldan la adopción de medidas urgentes para frenar los desahucios y el drama social y personal que ello conlleva, siempre que no tengan carácter retroactivo y no pongan en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Por otro, quienes creen que las medidas son insuficientes, que es deber del Gobierno combatir las crecientes desigualdades económicas y sociales y exigen que la misma banca que se beneficia de los rescates públicos tenga un papel más activo en este cambio de políticas.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, considera que "la falta de consenso político entre el Gobierno y la oposición indica que algo está fallando en España a la hora de enfrentarnos a temas tan importantes como este". No obstante, teme "que el riesgo de cambiar la Ley Hipotecaria se lleve por delante la mejora conseguida en la estabilización de sector financiero" y recuerda que "cuando la asistencia financiera a la banca intervenida procede de Europa creo que cualquier decisión debe ser consensuada". A su juicio, se deberían posibilitar acuerdos voluntarios con la banca para una mayor flexibilidad de pago y buscar alternativas en términos de alquileres bajos.

Miguel Angel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, apuesta por una nueva política de vivienda que cambie su enfoque desde la compra al alquiler aunque admite que las medidas que se adopten "no deben discriminar a quienes cumplen con sus obligaciones, ni fomentar los impagos". García echa en falta que no se suspenden los intereses de mora "abusivos", no se amplia el plazo de amortización del crédito ni está clara la puesta en funcionamiento de viviendas de alquiler a precio razonable. El representante sindical atribuye los problemas actuales a que buena parte de la banca ignoró la norma hipotecaria de conceder el crédito solo por el 80% del valor del inmueble y cree que ese nivel es el que debería tener el valor actual de su tasación de cara a una ejecución. Garcia defiende la posibilidad establecer la dacion en pago porque, aunque admite que reduciría el número de operaciones, cree que también extremaría la prudencia en la gestión del riesgo y, con ello, reduciría parte de los costes para solucionar el "desaguisado" del sector financiero español.

Santiago Carbo, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, advierte que "no se puede confundir la parte con el todo" y defiende que las medidas no deben tener ni carácter retroactivo ni suponer un cambio de reglas a mitad de partido. "Si se opta por generalizar en exceso estas medidas se está abriendo una vía a favor del incumplimiento del contrato hipotecario que dañaría muy significativamente la estructura de garantías del sector bancario". A su juicio, al margen de cuestiones de lógica solidaridad, asistencia y justicia social, el drama de los desahucios tiene en las soluciones negociadas con los bancos "tal vez la mejor alternativa para tratar de aplacarlo" y cree que no vale el "que paguen los bancos porque eso solo agrandaría sus problemas y de paso, los de los ahorros de buena parte de los españoles".

También Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia, rechaza que las medidas tengan carácter retroactivo y sostiene que, dado que no se trata solo de un problema bancario, sino también social, "la solución no debe recaer exclusivamente sobre los bancos". Maudos plantea que la sociedad abra un debate sobre el modelo que quiere para el futuro pero asumiendo las consecuencias que ello tiene. "Si queremos la dación en pago, habrá menos créditos y más caros", explica y si se quiere evitar el  sobreendeudamiento de las familias, en el futuro "convendría limitar la deuda que puede asumir una familia en función de su renta", lo que puede dificultar el acceso a la compra de una vivienda. Maudos pide que se eviten improvisaciones con reformas que pueden afectar al futuro del crédito y del sector bancario. "La crisis tiene responsabilidad compartida entre muchos agentes y la banca tiene su parte alícuota. Pero no hay que caer en el error de querer hacer recaer toda la responsabilidad y los costes en la banca, ya que además de injusto, prolongaría aún más la recesión", sostiene.

Mucho más combativo se muestra Rafael Myro, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, para quien es un deber "político y moral" del Gobierno evitar que las desigualdades de renta crezcan y, sobre todo, "que aumente el número de familias al borde de la exclusión social". Myro critica que el marco jurídico no permita "la adecuada defensa de quienes tienen dificultades para afrontar sus pagos" y que algunas de las entidades que han recibido ayudas públicas para superar sus dificultades financieras pongan tanto "empeño en los desahucios". En su opinión, "resulta criticable que las medidas aprobadas no se extiendan a todas las familias de baja renta afectadas por una orden de desahucio de su vivienda habitual" y considera insuficiente que se deje para la tramitación del proyecto de ley la posible demora de los intereses a las familias afectadas por estos procesos.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcala, cree que las medidas adoptadas "pueden considerarse solo como un primer paso al que deberían seguir otros" y culpa a los dos grandes partidos de no haber alcanzado un acuerdo en su día sobre la dacion en pago ni haber propuesto ninguna otra medida alternativa. Cuadrado considera "sorprendente" e "inconcreto" el plan para que los bancos utilicen parte de su stock de viviendas como fondos para el plan de alquileres que el Gobierno se ha comprometido a poner en marcha. "No se ha aclarado, por ejemplo, qué papel jugará el ‘banco malo’ a la hora de desarrollar dicho propósito", apunta. Cuadrado considera que "en una situación de crisis como la actual, es obligado actuar. Sobre todo cuando el Gobierno ha estado y está ayudando, en parte con dinero de todos los españoles, al saneamiento de bastantes bancos y cajas". De ahi que defienda que los planes actuales "deberán completarse con los necesarios cambios en la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil, que son las que regulan esencialmente el proceso de desahucio".

José García Solanes, catedratico de la Universidad de Murcia, cree que en las actuales circunstancias todos deben asumir un coste, una quita. "La dación en pago sería un buen vehículo: los bancos sufrirían la pérdida que supone recibir activos devaluados, y las familias perderían las cuotas de hipoteca ya satisfechas" y propone: "No creo que esto agravara los balances de los bancos siempre que las viviendas adquiridas fueran transmitidas al “banco malo". Ahi pueden jugar un papel importante los fondos del rescate bancario: "Las ayudas europeas para el rescate bancario deberían cubrir esta eventualidad".

 

 

Grandes retos para China

Xi Jinping acaba de ser elegido líder del Partido Comunista Chino. / Feng Li (Getty Images)

El Partido Comunista Chino acaba de elegir a su nueva dirección, que marcará los destinos del país en los próximos años. Es mucho lo que la economía china y la del resto del mundo se juegan con el devenir del gigante asiático, de ahí la expectación que generan los cambios políticos que se producen cada cinco años. No en vano, China es actualmente la segunda potencia mundial en términos de PIB, solo por detrás de Estados Unidos, es también el mayor exportador mundial y el segundo importador. El país, no obstante, retrocede muchos puestos cuando se habla de renta por habitante.

La mayoría de los expertos de Economismo confían en que los nuevos líderes chinos serán capaces de mantener importantes ritmos de crecimiento en los próximos cinco a diez años, un requisito fundamental para mantener la paz social y, con ello, el sistema político. Pero advierten que son muchos los riesgos que afronta el país en los próximos años.

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, considera que habrá que estar muy atentos en los próximos años a dos tendencias contrapuestas. Por un lado, una reforma política que responda a las necesidades de una clase media cada vez más importante y afronte los episodios de corrupción aunque advierte que “este cambio político no se va a orientar hacia una democracia al estilo occidental y, por lo tanto, es toda una incógnita hacia dónde se caminará”. En el ámbito económico,la necesidad de aplicar políticas “algo más liberalizadoras” como de hecho ya está haciendo en sectores como el financiero. “Esta mezcla de nuevo entorno político y de liberalizaciones puede ser al caldo de cultivo para un liderazgo chino más asentado pero se trata de un camino no exento de importantes riesgos”, afirma. entre ellos, Carbó cita la dificultad de lidiar con los cambios demográficos, el riesgo de burbujas crediticias y la falta de definición del propio cambio político.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, distingue entre el corto y el medio plazo. “Yo tengo plena confianza en las posibilidades de la economía china a corto plazo, pese a la existencia de excesos de precios de activos, corrupción y hasta importantes dudas sobre la solidez de las estadísticas oficiales”. Pero, en ese caso —dice Martínez— la existencia de un régimen político comunista y de economía centralizada garantiza que los cambios se producen sin sobresaltos. De lo contrario, “el riesgo de tensiones políticas y sociales en China es mi gran pesadilla hace años. Y me temo que lo seguirá siendo a medio plazo”. El estratega del Citi pone el acento en la cotización de la divisa, el yuan o renminbi, cuya infravaloración los economistas cifran entre un 5% y un 30%, pese a haberse apreciado más de un 2% en los últimos meses. “Yo me inclino por la parte baja pero no la más baja”. En su opinión, “tengo serias dudas de que el yuan mantenga el actual ritmo de apreciación. Las cosas en China van despacio”.

Para Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, “la gran pregunta a responder es si China es capaz de evitar que se transformen en conflictos abiertos algunos de los desajustes que se perciben: precio de activos inmobiliarios, tránsito de personas del campo a la ciudad, relación bilateral con Estados Unidos (compra de mercancías con tipo de cambio infravalorado a cambio de financiar su deuda), corrupción,....”. Pero de entre todos esos retos, García pone el acento en el coste salarial, si los trabajadores chinos seguirán soportando los actuales bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, cuando son cada vez más conscientes de la riqueza que generan. “Un cambio en ese terreno reduciría mucho sus ventajas competitivas y, además, podría aumentar la presión para caminar hacia un régimen democrático, diferente al actual”, subraya.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, cifra en cuatro los principales problemas económicos que afrontan los nuevos dirigentes: el boom inmobiliario y el riesgo de una gran crisis; la inflación; la valoración de su moneda, mantenida baja para fomentar las exportaciones; y el impacto de la crisis global sobre su sector exportador. Resolver el puzle no resulta fácil. “Para contrarrestar la caída de las exportaciones las autoridades quieren impulsar el consumo interno con facilidades monetarias, pero esto aumenta el riesgo de una inflación acelerada que afectaría al tipo de cambio del yuan, además de provocar otros desequilibrios económicos y sociales”, apunta y recuerda que “esto es un riesgo para todo el mundo pero también para China”. Cuadrado sostiene que, junto a los retos económicos, están también los retos sociales y recuerda que la propia Academia de las Ciencias Sociales china advierte de las consecuencias que pueden acarrear las desigualdades sociales y los desequilirbios para la estabilidad del pais. De hecho, la Academia ha llamado la atención sobre “la caída de la participación de los salarios en el PIB, del 55% en 1983 a algo menos del 40% en 2010” y el aumento de diferencias entre ingresos urbanos y rurales y el surgimiento de una clase alta con numerosos millonarios “y unas pautas de consumo que, allí en particular, resultan escandalosas”. “Las nuevas autoridades tienen una agencia muy exigente”, subraya el catedrático alcalaíno.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, sin embargo, no esperan cambios importantes en la orientación política y económica de los nuevos líderes. Todo lo más, “al ser políticos más jóvenes, y por ello, tal vez más abiertos, afronten los retos con determinación y, a al mismo tiempo, con mayor flexibilidad”. Pero García Solanes insiste en la necesidad de adoptar medidas económicas en tres frentes: reformas que incrementen la productividad sin deteriorar el medio ambiente, medidas para disminuir las desigualdades económicas y sociales y estímulos de la demanda interna para sustituir parte del retroceso de la demanda externa. Ahí, de nuevo, cobra especial importancia la revaloración de la divisa. “La revalorización del renminbi, largamente reivindicada por muchos países, será más factible si, los nuevos líderes unen puentes con Estados Unidos. Un crecimiento alto pero equilibrado de China, mayor apertura comercial y un renminbi menos infravalorado beneficiarían mucho a la economía mundial”.

Tasa Tobin, objetivos controvertidos

En 1971 el economista James Tobin propuso crear un impuesto sobre las transacciones de corto plazo sobre las divisas para limitar la volatilidad de los mercados financieros, algo que queda muy lejos de lo que hoy día se conoce como tasa Tobin, tanto como para que su supuesto autor reniegue del nombre que se le ha dado. En realidad, la iniciativa recientemente adoptada por 10 países del euro lo que persigue es gravar transacciones financieras como la compra-venta de acciones en el mercado secundario, las operaciones en valores que den derecho a adquirirlas (opciones y warrants), las de trading automatizado de alta frecuencia y contratos CDS, entre otras. La mayoría de los expertos de Economismo se muestra contraria a su aplicación –con alguna excepción-- y casi todos alertan de las repercusiones negativas que su aplicación traerá. La medida, sin duda, está llena de controversia.

“Debo admitir que no acabo de entender la racionalidad de establecer este impuesto, al menos lo no entiendo si lo denominamos como tasa Tobin”, arranca el análisis de José Luis Martínez, estratega de Citigroup. “Ahora se trata de fijar un impuesto sobre los bancos y su actividad para resarcirse del impacto de la Crisis financiera (como si los bancos fueran los culpables de la Crisis del Euro) y preparar recursos para futuras crisis (¿dónde quedan aquí la regulación y la supervisión?)”, subraya. Sí entiende, “pero no lo comparto”, que se cree como un nuevo impuesto con fines recaudatorios porque, como muchos otros expertos, augura que “al final, va a recaer sobre el consumidor final de los productos financieros”. Como parte positiva de la iniciativa, Martínez cree que es una buena idea que los ingresos de la tasa “sea un germen de un futuro presupuesto común” y es de los pocos que cree que la medida “no espero que lleve a situaciones extremas de fugas de capitales y de inversiones”. Aun así, “tampoco me gusta que no haya sido una decisión compartida por los 27, de forma que sólo la apliquen 10 países. No tiene sentido en el Euro y mucho menos si pensamos en un objetivo que no debería ser muy lejano de integración fiscal”.

Joaquín Maudos, catedrático de Fundamentos Económicos de la Universidad de Valencia, tampoco parece tener claro cuál es el motivo de su implantación. “Si el objetivo es meramente recaudatorio, no tengo nada que decir. Pero si el objetivo es frenar la especulación, habrá antes que demostrar su efectividad ya que otras medidas recientes implementadas por este motivo no han sido efectivas” y recuerda lo sucedido con las ventas a corto sobre valores bancarios. “Tengo la impresión de que se trata de una medida populista que lo que pretende es contentar a la ciudadanía que quiere que la banca pague por los errores cometidos en la actual crisis, en lugar del bolsillo del contribuyente. Pero este objetivo tan loable y necesario, debe alcanzarse por otras vías”, apunta. Según Maudos, será el cliente bancario el que en última instancia sufra sus consecuencias pagando mayores comisiones a los bancos y defiende que si la tasa no se aplica a nivel mundial “va a deslocalizar el ahorro, beneficiando a los países que no lo implanten” y perjudicando la financiación de las empresas. “Finalmente, con una tasa que solo afecta a 10 países de la UE-27, no contribuimos a crear un mercado financiero integrado. Es sorprendente que estos días tanto se hable de la importancia de la Unión Bancaria y que ahora se implante esta tasa solo en una parte de la UE que puede contribuir a segmentar aun más el mercado financiero europeo”.

Para Guillermo de la Dehesa, presidente del Center for Economic Policy Research (CEPR) en Londres, la lógica de la iniciativa es clara: “Genera muchos ingresos, es muy fácil de recaudar y tiene poco coste político, es por tanto popular y populista, de ahí su elección”. De la Dehesa sostiene, no obstante, que “es preferible que se imponga a las transacciones de mercado (acciones, bonos, derivados y divisas) que a los créditos y depósitos al por menor, como se hace ya en Latinoamérica”. A su juicio, dado que el volumen de transacciones financieras europeas en 2010 fue equivalente a 115 veces el PIB de la UE, con unos tipos del impuesto del 0,1% en acciones y bonos y del 0,01% “se generarán bastantes recursos”. Eso sí, “al haberlo aceptado sólo 10 estados, habrá deslocalizacion y arbitraje de las transacciones”. Para

Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, el proyecto es “disfuncional tanto desde una perspectiva teórica como desde el punto de vista práctico” y subraya que sus beneficios potenciales serán anulados por las distorsiones que su implantación producirá. Entre ellas, “destacan movimientos de capitales fuera de Europa, pérdida de competitividad de los centros financieros europeos y reducción de los efectos multiplicativos del sector financiero en el crecimiento económico”. En su opinión, “cualquier iniciativa para generar un sistema financiero más sólido y estable debe ser global (¿G-20?) o está condenada al fracaso. Este proyecto de impuesto a las transacciones financieras puede acabar siendo una losa sobre los mercados financieros europeos”. Para ello, pide un debate más sosegado y un análisis detallado de los costes y los beneficios.

Entre nuestros expertos, sólo Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, apoya la mal llamada tasa Tobin. “Me parece útil una tasa sobre transacciones financieras realizadas a muy corto plazo (pocos días) para evitar la perturbación generada por este tipo de operaciones sobre los precios. El objetivo, por tanto, no es tanto recaudar sino como eliminar ineficiencias”. García reconoce, no obstante, que sin ser aplicada en todo el mundo “generará deslocalización territorial” sin conseguir ninguno de sus objetivos “recaudación y reducción de operaciones sin apenas rentabilidad para para la sociedad”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, se muestra escéptico con el éxito de la iniciativa. “Creo que, como en otras ocasiones, la propuesta acabará en el cajón de los olvidos si el Reino Unido, Luxemburgo y Suiza no se suman a ella. Los centros financieros de estos tres países, especialmente el de Londres, son demasiado grandes para quedarse fuera. Si no se suman a esta iniciativa, generarán desviaciones gigantescas de capitales que podrían socavar el mercado financiero único europeo”. En su opinión, “la tasa Tobin debería ir acompañada de una intensa integración y homogeneización fiscal en toda la UE”.

El profesor Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, hace gala de su condición de docente y explica, en un extenso análisis, la evolución de la propuesta de James Tobin, en qué consiste dicho impuesto y qué tipo de activos se verían afectados por esa tasa. Tras ello, la opinión. “Existen dudas razonables sobre el funcionamiento real de la nueva’ tasa’ debido, entre otros factores, a que la contratación bursátil en los países que la apliquen puede disminuir, desplazándose a los países que no la apliquen, así como sobre la dificultad de aplicar el impuesto a los inversores internacionales”. Cuadrado se une a quienes alertan que “el coste del nuevo impuesto posiblemente se trasladará a los inversores en lugar de recaer sobre el sector financiero” y considera que “la medida tendrá un efecto reducido en términos de recaudación tributaria y. por otra parte, puede provocar fugas de inversiones hacia países que no la pongan en marcha”.

Dos modelos frente a la crisis

El mundo económico y financiero vivirá esta semana pendiente de los resultados electorales de Estados Unidos. Son muchos los retos en juego en estas elecciones, tanto para la propia economía estadounidense como para el resto de la economía global, tal y como recuerdan los expertos de Economismo. Y las consecuencias que tendrán para los próximos cuatro años varían considerablemente en función de quién sea finalmente el inquilino de la Casa Blanca, según se desprende de las aportaciones mayoritarias nuestros economistas. No será lo mismo que el demócrata Barack Obama logre su reelección como presidente, que la llegada del candidato republicano Mitt Romney al despacho Oval. La historia, cuando menos, les da la razón.

Las elecciones suponen una referencia a nivel internacional, como recuerda Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, en un momento donde existe “un riesgo no despreciable de recesión, por primera vez verdaderamente global”. El próximo presidente tendrá que hacer frente a retos de enorme calado, recuerda Carbó, entre ellos el denominado precipicio fiscal. “La próxima administración de la Casa Blanca se enfrenta a la posibilidad de tener que emprender una drástica reducción del déficit si el Congreso no llega a un acuerdo a finales del año sobre las posibilidades de aumento de gasto”, subraya. La igualdad de fuerzas en la contienda electoral y la capacidad de veto de los republicanos en la Cámara de Representantes, ha provocado “una significativo estancamiento en las decisiones de política económica que ha dado más protagonismo, si cabe, a la política monetaria de la Reserva Federal”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, recuerda que, pese a todo, “la economía estadounidense llega a las elecciones en una situación mejor que la europea” y con la enorme diferencia de que la Reserva Federal está entregada a dar tiempo a que la crisis se supere. “En estas elecciones se juega lograr un escenario político de calma que le permita enfrentarse a medio plazo con los desequilibrios, en términos de deuda —de las familias en niveles de 120 % de la renta disponible y del sector público equivalente al 105 % del PIB—”, asegura. Porque son esas incertidumbres, sostiene Martínez, “lo que mantiene atrapadas a las empresas, limitando su capacidad y disposición a invertir”. A su juicio, las diferencias entre Obama y Romney son mucho mayores en defensa, sociedad, sanidad y sector exterior que en economía. “Esperemos que reine la cordura entre ambos partidos para alcanzar acuerdos que limiten este riesgo. Por el bien de todos”.

Para Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, EE UU afronta unos desequilibrios económicos insostenibles a largo plazo, gane quien gane las elecciones, por lo que “necesitará de mejoras en la capacidad de crecimiento económico pero también en cambios significativos en la estructura de ingresos y gastos público”. En su opinión, “la victoria de Romney cierra la puerta al aumento de las aportaciones de las rentas de capital”, aunque admite que “el triunfo de Obama tampoco da garantías de su aplicación”. Eso sí, confía en que “después de las elecciones habrá un acuerdo para no caer por el precipicio de la bancarrota”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, hace repaso de la reacción de las economías a las victorias republicanas. “Una victoria de Romney traería consigo acciones inmediatas para corregir el déficit público, incluyendo el precipicio fiscal, un menor recurso a las fuentes de financiación extranjeras y un fortalecimiento del dólar”. A su juicio, “Romney reavivaría las tensiones cambiarias y comerciales con el gobierno de China, al que acusa públicamente de generar un tipo de cambio del yuan clarísimamente infravalorado”. A su juicio, “no es de extrañar que fuera de EE UU el programa de Romney cuente con muy pocos apoyos”.

Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, sostiene que “lo que está en juego es la posibilidad de afrontar con éxito” una serie de problemas que afronta la economía mundial: el efecto desequilibrante de una deficiente regulación bancaria; la creciente desigualdad social; y las dificultades para recuperar los niveles de empleo previos a la crisis. Su apuesta personal tampoco deja lugar a dudas. “Aunque los demócratas ya no suscitan las mismas esperanzas de renovación que hace cuatro años, pues no en vano recogen toda la desazón que han producido en los estratos más progresistas el haber tenido que acudir en ayuda de los bancos díscolos, así como los parcos resultados obtenidos de las políticas anticrisis, siguen representando la única opción de progreso y de crecimiento sostenido a medio y largo plazo”.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, hace un análisis bastante exhaustivo de los programas económicos de ambos candidatos y concluye que “ambas propuestas son, sin duda, bastante electoralistas porque los análisis no garantizan ni los incrementos de ingresos que desea Obama, ni la fácil reducción de los gastos de Romney, basada en la sanidad pública y recortes en los gastos discrecionales, entre ellos la inversión”. Cuadrado considera que, pese a los datos preocupantes que muestra la economía estadounidense, como el déficit del 8,2% previsto para 2012, solo el paro, en el área económica, afecta a la voluntad de los votantes. En su opinión, gane quien gane las elecciones será preciso llegar a un acuerdo para evitar una respuesta drástica al precipicio fiscal. “Lo esperable es que se pospongan recortes del gasto y que se prolonguen algunos estímulos fiscales vigentes desde Bush. El país necesita un plan creíble y esto implica que las medidas se tomen con mayor lentitud, cosa que se está ya descontando por parte de los inversores y las empresas”. No obstante, tampoco el consenso representa la panacea para la economía ya que, como recuerda el catedrático alcalaíno, “la experiencia muestra, tal y como subraya el analista Vincent Reinhart, que cuanto más tiempo tienen los políticos mayor es el riesgo de desacuerdos y de que el retraso se alargue, lo cual no es lo que ni el nuevo presidente ni los mercados pueden desear”.