(Re)pensar el modelo energético

Torre de alta tensión Finistrelles, Conserolla. / Carmen Secanella

El Gobierno acaba de aprobar la última —la quinta de este Ejecutivo en el plazo de poco más de un año— reforma energética, con el objetivo de atajar el déficit de tarifa y recortar los costes del sistema eléctrico. Según los expertos de Economismo, la reforma no conseguirá sus propósitos y será un nuevo fracaso. Sin embargo, el problema de fondo es otro. “España debe definir una política de energía a largo plazo”, dice Santiago Carbó, uno de los participantes en el debate y que bien resume la opinión generalizada de nuestros expertos. Además, esta semana contamos con la opinión de Miguel Ángel García, José Luis Martínez, Rafael Myro, José García Solanes y Juan Ramón Cuadrado. Su conclusión: sin un planteamiento global y en profundidad sobre el modelo energético que requiere España, todo lo demás se convierte en parches.

Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CC OO, reconoce que es un tema complejo pero recuerda que “la tarifa doméstica de electricidad antes de impuestos en España es la tercera más cara de la UE”. Un problema que atribuye, entre otros factores, a una “insuficiente competencia” en el sector, la “extremadamente compleja fórmula de remuneración de la oferta” y la retribución de las diferentes fuentes de energía “lejos de su coste real”. García cree necesario que se informe a los consumidores de los criterios de cálculo de los costes y del impacto en la factura de las distintas energías. “Los sucesivos Gobiernos han evitado realizar este ejercicio de transparencia al prevalecer su falta de ganas de confrontación con las grandes empresas y/o la defensa de grandes principios con un perfil fundamentalmente electoral”, sostiene. Según él, el mercado eléctrico es un claro ejemplo del mal uso que se hace en España de la regulación para favorecer los intereses de unos pocos frente a la mayoría.

Como se ha mencionado anteriormente, Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, recuerda que es un problema de definición del modelo energético porque “hasta la fecha, lo que ha habido es un sistema de apuestas por distintos sectores de forma no necesariamente organizada, ni compatible ni sostenible económica o ambientalmente. El déficit de tarifa es la manifestación más clara de la dificultad para hacer los costes de la energía asumibles y reducir la factura que suponen para el Estado”. Carbó cree que este problema nunca se ha acometido de forma contundente por “los intereses y la tradición de un número importante de grandes corporaciones” y la falta de un sistema de incentivos equilibrado de las energías renovables. El catedrático apuesta por una liberalización más clara en los segmentos de distribución, el control de los beneficios y los costes, una menor dependencia energética del petróleo y del gas y “un plan creíble y sostenible de amortización del déficit de tarifa”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, respalda la tesis de Carbó y defiende que “no mejorar la autosuficiencia, a precios asequibles, plantea enormes riesgos” y sostiene que, “partiendo de esta base, que nadie a nivel político quiere asumir, nos enfrentamos a la necesidad de cerrar el déficit de tarifa”. Martínez recuerda que este déficit de tarifa es una herencia del pasado que se retroalimenta porque la diferencia entre los costes de producción del sector eléctrico y las tarifas reguladas “está garantizada por el Estado” y augura que “al final, me temo que será el consumidor el que lo pague directamente en el recibo de la luz o a través de impuestos”. Mientras se decide quién asume el coste para que el déficit no siga aumentando, “se toman medidas que reducen el problema sin cerrarlo. Y ahí estamos”.

Por ahí va también Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, que cree que la reforma “será un parche más en la estrategia de no afrontarlo, tratando de respetar todos los intereses en juego, en un equilibrio difícil” y recuerda que el aumento del déficit tarifario se debe, en parte, a que los precios de la electricidad han crecido menos que sus costes en los últimos años. En su opinión, el déficit también tiene que ver con los altos precios en la generación de energía en el mercado mayorista, “normalmente guiados por los costes de las centrales de gas” y “la consecuencia es poca relación entre costes y precios mayoristas, una mala guía para la toma de decisiones que nadie parece querer corregir”. Myro llama, asimismo, la atención sobre el conjunto de costes y primas añadidos, como las primas a las energías renovables “que son un problema importante pero dista de ser el único”.

José García Solanes, catedrático de la Universidad de Murcia, también incide en el déficit de tarifa que, en su opinión, “está engordando sin cesar porque mientras que los costes regulados suben al ritmo de las subvenciones a las fuentes alternativas”, mientras las tarifas están sujetas a topes máximos. En su opinión, las primas de explotación de renovables deberían limitarse a las empresas eficientes y financiarse con los presupuestos generales del Estado y defiende que el Gobierno complete la liberalización del sector, incluyendo empresas extranjeras, para asegurar la libre competencia y que los consumidores abonen una tarifa justa. Eso sí, García Solanes matiza: “Lo cual no debería impedir que el Gobierno estableciera tarifas progresivas con los volúmenes facturados, con fines tanto de eficiencia como de justicia social”.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de la Universidad de Alcalá, recuerda, de partida, que el déficit de tarifa “tiene raíces bastante lejanas” y que es un problema “complejo y políticamente muy delicado”. Dicho esto, Cuadrado cree “que las autoridades no han sabido enfrentarse al problema y ser claros en sus decisiones” y sostiene que el último real decreto del pasado mes de diciembre lo que hace “es sellar el incumplimiento de los compromisos que él mismo había anunciado hace meses y, al propio tiempo, dar una patada al balón para dejar pendiente la solución en otro momento”. El catedrático alcalaíno repasa los numerosos incumplimientos en los objetivos del Gobierno para 2012 en el ámbito eléctrico y asegura que la solución del déficit requiere actuar sobre los factores que lo han generado, “entre ellos, que la tarifa de acceso soporta costes que no se corresponden al sector eléctrico”. Cuadrado recuerda el reciente informe de Moody’s sobre el sector, donde afirma que los últimos cambios regulatorios y el elevado déficit de tarifa de 2012 “conllevan consecuencias crediticias negativas para el sector eléctrico español”, lo que, según Cuadrado, amenaza los posibles programas de inversiones, “en un contexto en el que sigue pendiente la revisión general del marco normativo del sector”.

Comments

[Publicado por: ARIEL]

Gracias Alicia.

[Publicado por: Alicia González]

Ariel, los lectores pueden participar en el resumen del debate planteado la semana anterior. En este caso, la reforma eléctrica. Un saludo

[Publicado por: ARIEL]

¿Es posible participar en el debate? ¿Publicando comentario ya lo estoy haciendo?

[Publicado por: ARIEL]

Soy Alvaro del Rio y mi nota es para Alicia González y para quien gestione este espacio. Creo que la idea es interesante y ambiciosa. Los colaboradores podrían incluir personas más abiertas y menos atrapadas por el presente (o comprometidas con él). Agradecería más referencias y enlaces, el resumen está bien pero apenas nos acerca a puntos de vista con firma en un abanico algo estrecho (en por y para el subsector IBGNEN de Unesa).
Dicho esto creo que pocas cosas como la energía debiera estar sometida a la racionalidad de responder y afrontar sus consecuencias. Cualquier modelo de sistema energético debiera en mi opinión, encuadrarse en un ámbito asociado a las consecuencias de su uso (con independencia de si las externalidades se integran o no como coste) En la energía creo que las líneas básicas del modelo (las líneas de la política energética) debieran pasar primero por diseñar un mix que a medio y largo plazo respondiera a reducir significativamente el impacto ambiental, minimizar absolutamente la dependencia externa de las fuentes, colocarse en la línea de máximos en Europa para los objetivos energéticos asociados a desarrollo sostenible para el medio ambiente. Y dados los profundos desajustes existentes hoy respecto a un sistema básicamente más racional, es imprescindible diseñar (y creo que es lo más complicado) un período de transición. La pelota de la tarifa, la situación de oligopolio en combustibles y en electricidad, etc, etc exige ser muy trasparentes, resolver el precio actual REAL con independencia del déficit acumulado, establecer ese precio en el sistema y ver qué se hace con los agujeros. Pero siendo con todo este trabajo el más complejo, sin el acuerdo ciudadano (no parlamentario) sobre el modelo y su encaje en el conjunto y la minimización de su impacto, no es posible pensar en algo a largo plazo y estable, en mi opinión.