El debate

Quitas, una propuesta en entredicho

Por: | 07 de junio de 2014

PeticionImagenCA2ZRR6L Pescanova ha sido una de las empresas afectadas por el concurso de acreedores. / Lalo R. Villar 

Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el 90% de los procesos concursales acaban en liquidación. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han pedido que se agilicen los mecanismos de resolución y renegociación empresarial de la deuda; en estos casos, incluyendo quitas con las Administraciones públicas. Una propuesta que no ha encontrado gran acogida entre los expertos de Economismo, por razones diversas, desde el riesgo moral hasta la carga añadida para los bancos o la escasa eficacia de la medida.

Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, defiende que los mecanismos de quitas y aplazamientos de pagos, incluyendo la conversión de deuda en capital, “no son la solución a la bancarrota empresarial, pero permiten actuar en las fases preconcursales”, al facilitar acuerdos de refinanciación y reestructuración en empresas viables. Es Melle quien apunta que uno de los problemas de esta reestructuración empresarial es que si se transforman las deudas en capital en el balance de los bancos, “se perjudicaría la solvencia de estos”, extremo que evita la actual normativa. “La actual norma permite a la banca liberar provisiones en determinados acuerdos de refinanciación (incluyendo aplazamientos, quitas o conversión de deuda en capital) e incluye también mejoras fiscales”, apunta Melle.

Para Vicente Esteve, catedrático de Economía en la Universidad de Valencia, si el Gobierno hace una quita de las deudas tributarias y con la Seguridad Social, así como las deudas pendientes con las entidades financieras y otros acreedores, “entraría en una situación que en microeconomía se conoce como riesgo moral”. Eso supone, como explica Esteve, que si el Gobierno salva de la quiebra a algunas empresas privadas o reduce artificialmente su nivel de endeudamiento, “correrá el peligro de que en el futuro otras empresas acumulen deuda con la Seguridad Social o con la Administración tributaria para que también les rescate el Gobierno”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, interpreta que lo que pide el FMI es “más flexibilidad en el ajuste de la deuda” empresarial, para que no se vea abocada a la quiebra si tiene perspectivas de futuro. “Yo soy el primero que defiendo la máxima de que las deudas se pagan. Y la facilidad de pago conseguida con la represión financiera (tipos de interés oficiales nulos y de la deuda bajos) no te soluciona un problema de deuda”, sostiene. Para ello hace falta tiempo, crecimiento y “hasta inflación que facilita el desapalancamiento”, y ahí el estratega del Citi no se muestra optimista. “Si el crecimiento se ve limitado por el propio endeudamiento; el tiempo no te da respiro; la inflación es un objetivo complicado, sólo resta un lento y titubeante ajuste de la deuda amenazado de forma recurrente por el riesgo de quiebra”. A su juicio, “un círculo vicioso de difícil salida”.

Tampoco Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, se muestra muy partidario. “Las quitas como sistema común o como iniciativa regulatoria se deberían poner en cuarentena”. Su argumento es que son una solución en negociaciones empresariales sobre la devolución de deuda, pero fijar un criterio obligatorio o tratar de establecerlas como norma no sería conveniente para la reputación del país. “Lo que puede establecer un sistema de incentivos inadecuado es fijar una obligación para que bancos o Estado acepten esas quitas”, sostiene. Carbó defiende que es necesario que las empresas avancen en el desapalancamiento y que lo que, en su opinión, deben propiciar los cambios regulatorios “son los esquemas legales para que la gama de opciones de resolución de deuda —incluida su conversión por capital, sistemas de insolvencia o la regulación concursal— se amplíe y sea más fácil para las partes alcanzar acuerdos para reestructurar la deuda en plazos o condiciones”.

Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, es contundente: “La propuesta del FMI resulta redundante y bastante utópica”. Lo primero, porque los cambios regulatorios aprobados en marzo ya incluyen medidas, dice, de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Y lo segundo, porque el concepto de empresas “operativamente viables” es vago y difícil de calibrar. “Salvo muy contadas excepciones, lo que corresponde cuando una empresa entre en dificultades es aplicar las normas disponibles y dejar actuar al mercado, en lugar de acudir a arreglos cuyos resultados son inciertos y que pueden poner en riesgo a las entidades financieras o las arcas del Estado si afectan a la Seguridad Social y los impuestos”, defiende. Cuadrado critica que “el FMI lanza con frecuencia recomendaciones que parecen redactadas sin conocer bien los países, ni su situación real, ni qué demanda su momento político”, y ahí enmarca esa propuesta que, “unida a su recomendación de que se rebajen los sueldos de los trabajadores con objeto de mantener abiertas las empresas en dificultades y que se amplíe la reforma laboral, induce a pensar que el FMI cree que hay que continuar cargando las facturas de la crisis al bolsillo de los contribuyentes más débiles”, asegura. Cuadrado también cree contradictoria esa propuesta con la exigencia de saneamiento de los balances bancarios y el aumento del crédito a las empresas, especialmente las pymes.

José García Solanes, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Murcia, apoya que se evite las suspensiones de pagos de las empresas “que, ahogadas financieramente por la crisis económica, garantizan resultados sostenibles a medio plazo, pues tan importante como crear empleo nuevo es conservar el que existe”. Pero Solanes sostiene que la reestructuración de la deuda debería recaer sobre todo en los accionistas y acreedores que decidieron compartir los riesgos de estos negocios, aunque se debería dejar la puerta abierta para que los inversores recuperaran sus fondos más adelante. “El Estado debería ayudar con créditos blandos y sirviendo de garante en las nuevas emisiones de deuda y en los créditos bancarios a estas empresas, pero no aportando dinero a fondo perdido para no crear futuros problemas de riesgo moral”. El catedrático murciano propone varias medidas que podría promover el Gobierno, como la creación de organismos que, además de financiación, ofrecieran asesoramiento para el buen desarrollo de los negocios. También plantea la posibilidad de fortalecer la solvencia de las empresas propiciando fusiones. “Toda esta gama de ayudas no tendría por qué interferir en los nuevos coeficientes de capital que se exigen a los bancos”, lo que, según él, contribuiría decisivamente a incrementar el crédito bancario a las empresas.

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