Una noche de domingo de 2002, el Gobierno de Aznar hizo saber a través de la agencia Efe que se proponía modificar la Ley de Partidos para expulsar de las instituciones a Batasuna.
El PSOE se enteró por la agencia como el conjunto de los españoles, pero su secretario general y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió apoyar sin matices al Gobierno del PP. En esas fechas estaba en vigor el pacto antiterrorista y no había disputas públicas entre los dos grandes partidos a cuenta del terrorismo.
El entonces ministro de Justicia, José María Michavila, y el socialista Juan Fernando López Aguilar negociaron los extremos de la ley y a finales de agosto Batasuna fue ilegalizada. Fue toda una revolución en la lucha contra el terrorismo, que tuvo que vencer muchas reticencias, porque suponía transitar por la fina línea de la limitación de un derecho fundamental.
Era una respuesta imaginativa y atrevida a la pregunta ¿qué más se puede hacer contra el terrorismo? Había reticencias políticas de quienes temían una reacción política y social en el País Vasco que nunca llegó a producirse.
Ahora, siete años después Estrasburgo ha certificado la medida. Y hay que felicitarse por el acierto y por el atrevimiento del Gobierno de Aznar. Siete años después se han disipado las dudas jurídicas.
Ha servido para que luego el Gobierno del PSOE siga instando ilegalizaciones de listas y ha servido, por ejemplo, para que en el Parlamento vasco ya no haya ninguna lista próxima a ETA. Así, la Cámara vasca ha condenado, por primera vez, un atentado por unanimidad.
La izquierda abertzale hubiera podido rentabilizar con victimismo una sentencia en Estrasburgo contraria a la conocida ayer. Ahora "los Otegis" saben que si quieren hacer política deben atreverse a diferenciarse de ETA. La prueba es que Aralar, opción independentista, está en el Parlamento vasco porque está en contra de la violencia.
(Otra vez el PP se manifiesta por un comunicado de Federico Trillo. El principal partido de la oposición no puede hacer política sobre Justicia e Interior porque su portavoz lleva cuatro meses sin poder comparecer ante la prensa. Él dirige la estrategia jurídica del caso Correa, pero no puede ni rentabilizar la resolución sobre Batasuna que revalida una decisión del Gobierno del PP, ni felicitarse del acuerdo sobre Justicia que firmó hace un mes con el PSOE y que se ha traducido en una ley).
(No se ha cumplido el supuesto interés por hacer julio mes hábil en el Congreso, pero al menos habrá dos plenos este mes y una diputación permanente. Algo es algo).
(La Mesa del Congreso no sabe qué hacer para satisfacer la demanda del PSOE y el PP para que los eurodiputados tengan los mismos beneficios sociales que los diputados, tal y como contaba en La Razón Esther Palomeras).