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Fernando Garea

lleva más de 15 años pisando diariamente el Congreso y escribiendo sobre política en distintos medios. Responsable de información parlamentaria en EL PAÍS, colabora en diversas tertulias en radio y televisión.

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Contracrónica de la actualidad política. Lo que se mueve en los pasillos del Congreso, más allá del escenario del hemiciclo, y análisis de la vida política.

02 feb 2012

Gallardón vende humo y desconoce la ley

Por: Fernando Garea

Gallardón siempre quiere correr más que nadie, aunque eso le suponga rectificar luego o pasar por encima de leyes en vigor y apoyadas por el PP. Su primera ocurrencia como ministro fue decir que habilitaría agosto en los juzgados y, al comprobar que tenía más inconvenientes que ventajas, tuvo que dar marcha atrás. La última idea (hasta ahora) en su carrera por ser el ministro estrella ha sido la de desjudicializar las bodas y divorcios para desatascar la Justicia. Pero el ministro vende ese humo ignorando que el pasado 21 de julio se publicó en el BOE la Ley 20/2011 del Registro Civil que apoyó el PP en las Cortes y que ya sustrae de jueces y fiscales el control de los matrimonios. La norma está en vacatio legis, entrará en vigor en julio de 2014 y él es quien debe aplicarla. Sus artículos 58 a 61 ya dejan exclusivamente en manos de alcaldes y concejales los expedientes matrimoniales, sin participación de jueces y fiscales. Es decir, Gallardón quiere quitar una carga de trabajo de la Justicia que ya está eliminada, con la única diferencia de que si se llegara a aprobar su propuesta el ciudadano que vaya al notario a casarse tendría que pagar. Ahora es gratis casarse y divorciarse y lo seguirá siendo cuando entre en vigor la nueva Ley de Registros.
Ese cambio legal ya aprobado elimina el control de legalidad de matrimonios mixtos, de españoles con extranjeros, que dan lugar a derechos y que en este momento sí son vigilados por jueces y fiscales para evitar bodas de conveniencia. Para evitar esos casos sí mantiene la intervención judicial en los divorcios. Sin embargo,con la propuesta de Gallardón no habría control alguno tampoco para las rupturas, lo cual es contradictorio con el hecho de que el PP se abstuvo en la votación de los divorcios exprés hace dos legislaturas con el argumento, precisamente, de que eso abría la puerta a las bodas de conveniencia con extranjeros.

En todo caso, el porcentaje de divorcios de mutuo acuerdo y sin menores es mínimo por lo que la medida ni siquiera es útil para desatascar los juzgados.

Bastaría con que los secretarios judiciales, que también son fedatarios públicos, asumieran la función que Gallardón quiere atribuir a los notarios para aliviar el atasco judicial. Eso sí, no tendría coste para el ciudadano ni provecho para los notarios. Anteriores ministros de Justicia han escuchado esta reivindicación de los notarios, pero ninguno de ellos ha cedido, entre otras cosas porque acaba con el papel de los procuradores y porque no vieron sentido a simultanear los divorcios gratis en juzgados con otros de pago en las notarías. ¿Quién pagaría en el notario por lo que se puede obtener gratis en el juzgado? Sobre los menores, el Estatuto Orgánico atribuye al ministerio público su defensa, que no podría mantenerse en una notaría, porque los fiscales solo actúan en los procedimientos ante los tribunales. Gallardón lo olvida, aunque sea fiscal de carrera.

Además el PP mantiene una posición ideológica basada en la defensa de la familia y en dar trascendencia a la institución del matrimonio que tan importante era, por ejemplo, para sostener su rechazo a las bodas gais. Pero Gallardón pasa de la trascendencia intocable del matrimonio a equipararlo a la compra-venta de un piso ante el notario.

Hay 13 Comentarios

En relación a los comentarios precedentes he de manifestar como Secretario Judicial en activo, y con experiencia en diversos órdenes jurisdiccionales que el periodista Fernando Garea ha realizado un buen artículo al respecto de la reforma que ha lanzado el Ministerio de Justicia. Efectivamente la reforma de la LRC del pasado año establece la salida de los expedientes matrimoniales del Registro Civil encomendándolos a los Ayuntamientos en exclusiva, lo que actualmente comparten según interese a los contrayentes, con los registros civiles. Al tiempo se desjudicializará la dirección técnica del RC, que hoy ostentan los magistrados, para encomendárselo a funcionarios del grupo A de la Administración o a Secretarios Judiciales,dualidad a la que mi colectivo se ha opuesto desde el anteproyecto, ya que con las diferentes reformas procesales efectuadas por el anterior gobierno, ya se han repartido competencias entre el Magistrado y el Secretario Judicial, precisamente para descargar a los Jueces de tanto trabajo, y por tanto esta nueva reforma del RC debería otorgar en exclusiva la competencia técnica al Secretario Judicial, cuando en la configuración del nuevo RC no esté ya presente el magistrado. Con esto quiero decir que está todo ya establecido para cuando venza el plazo de vacatio legis, en dos años, con lo que esto de los notarios no presenta mas justificación que " compensar " sus menguados ingresos por la crisis del ladrillo, algo que chirría bastante como prebenda al estilo medieval y es absolutamente injusto, pues en ese caso que nos compense a todos los funcionarios judiciales por los recortes de que hemos sido objeto desde mayo de 2010 y que en mi caso es del 7% mensual. Y si va a ser voluntario, que se pretende, desmerecer a los Alcaldes o a los Secretarios Judiciales ? Mal empezamos Sr. Gallardón....

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Uf!
Aquí hay una pila de insensateces que asusta!
Sr. Garea; usted sí que desconoce el Derecho, y lo que es peor: la realidad del día a día de los Juzgados.
No voy a refutar todos sus "argumentos" porque, francamente, no tengo tiempo. Pero hágame caso: es una buena propuesta.
Se lo dice un abogado que, en principio, perdería dinero con la misma.
Anda por ahí....

Cuánto daño está haciendo el "anonimato" en internet, tiene sus aspectos positivos no cabe duda, pero por el contrario la gente pierde sus vergüenzas y no importa exponer en público los desconocimientos sobre una materia y a veces también lo limitado de las facultades mentales como es el caso del anterior comentario. Al menos este artículo lo firma un periodista, eso sí, sin pajolera idea de la materia ni de lo que es ni lo que hace un notario. En el comentario más abajo se copia el artículo literal que define al notario como funcionario PÚBLICO, pero es que además, al notariado se accede por oposición PÚBLICA, ejerce una función PÚBLICA, en una oficina PÚBLICA, donde redacta el documento PÚBLICO, dependiendo del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El que no se quiera enterar es porque o no quiere o está limitado mentalmente.

Que yo sepa, un notario es FEDATARIO PÚBLICO y no funcionario público, que se escribe parecido pero nada más...

1º Usted hace mención a la Ley de Registro Civil, y..? Es que las leyes no se modifican en este país? Y para qué está el Parlamento? Y los artículos del Código Civil que son los que regulan el matrimonio, se los ha leído usted?
2º Habla usted de privatización, pues la ley debe estar equivocada entonces porque al notario lo define como FUNCIONARIO PÚBLICO, como también lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si puede casar un concejal de deportes es cuanto menos curioso que no lo pueda hacer el dador de fe pública del Estado.
3º Habla usted de gratuidad, será la que entienden los socialistas, porque al juez, fiscal, oficiales, auxiliares, locales, la "libertad de minuta" (osea cobro lo que me da la gana) del abogado, tasas, costas y demás no se paga? En cuántos procesos matrimoniales ha estado usted? Porque en los de mutuo acuerdo viene costando una media de 1000-3000€.
4º Habla usted de los secretarios judiciales, pero no forman parte del engranado de la administración de justicia? Entonces, en qué estamos aligerando el funcionamiento, procesos y expedientes si no salen de ahí? Qué han estado haciendo hasta ahora? O es que hay estamentos de la justicia que están ociosos?
5º La jurisdicción voluntaria comprenden una serie de expedientes en los que no hay "litis" (contienda) por lo que en ningún caso deberían estar en los juzgados sino quedar en el ámbito privado, y a ello no obedecen sólo las separaciones y divorcios sino otros muchos expedientes como los de dominio, consignaciones, depósitos, celebración de juntas de sociedades... Todo ello estará seguramente en la citada ley y se encomendará a notarios así como a otros operadores públicos competentes como pueden ser registradores, y todo ello sumado sí que descongestionará la justicia en un 10-15% que ya es. En definitiva, la ley habrá que valorarla en su conjunto, pero como bien indica su nombre será, eso, voluntaria. Se mantendrá la opción "gratuita" que usted defiende, dejemos a los ciudadanos libertad para elegir lo que prefieran, también hay sanidad pública y ello no impide que muchos tengan un seguro privado. En cualquier caso, los notarios son funcionarios públicos y los aranceles los fija el gobierno y seguramente serán accesibles a todo el mundo.
6º Sabe usted que la elaboración y aprobación de una ley de jurisdicción voluntaria es un mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 y que se llevan 11 años sin cumplir por parte del parlamento español? Sabe usted que el "gobierno zapatero" presentó también su proyecto de ley a las cortes pero finalmente retirado por grupos de presión como los abogados que no querían perder su trozo de pastel? Por cierto, qué tiene usted en contra de que desaparezca la función del procurador en estos expedientes en que no aportan nada? No estábamos de acuerdo en ahorrarnos costes?
7º Dice usted que quién va a ir a la notaria pudiendo hacerlo gratis? Quiere que le ponga ejemplos? Los poderes para pleitos los puede hacer ya el secretario judicial (apud acta) o ante notario (20€), pues bien el 98% se hacen ante notario, otro tanto ocurre con las declaraciones de herederos ab intestato.. No es capaz de aceptar que haya personas que prefieran pagar a cambio de recibir un servicio rápido, eficaz y sin merma de calidad?
8º Por último, una breve mención a lo que "de verdad" se dedica un notario, para ello copio y pego el art. 1 Reglamento Notarial; "Los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del Derecho, correspondiendo a este doble carácter la organización del Notariado. Como funcionarios ejercen la fe pública notarial, que tiene y ampara un doble contenido:

En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos.

Y en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes.

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar."
En definitiva, está usted poniendo en duda lo que hacen los 3000 notarios de España todos los días del año a lo largo de los cientos de miles contratos civiles y mercantiles, por cierto, entre personas naturales o jurídicas o públicas y nacionales o EXTRANJERAS, controlar la capacidad de los otorgantes, juicio de capacidad, prestación de libre e informado consentimiento, redacción del documento con arreglo a la ley y otras obligaciones legales, como fiscales, blanqueo de capitales...

Dice usted: "Pero el ministro vende ese humo ignorando que el pasado 21 de julio se publicó en el BOE la Ley 20/2011 del Registro Civil que apoyó el PP en las Cortes y que ya sustrae de jueces y fiscales el control de los matrimonios. La norma está en vacatio legis, entrará en vigor en julio de 2014 y él es quien debe aplicarla. Sus artículos 58 a 61 ya dejan exclusivamente en manos de alcaldes y concejales los expedientes matrimoniales, sin participación de jueces y fiscales."

Primero, ¿de verdad es usted tan inocente como para pensar que el Ministro de Justicia ignora que se ha publicado una nueva Ley de Registro Civil?

Segundo, ¿de verdad le sorprendería a usted que se modificase la nueva Ley de Registro Civil?

Tercero, y más importante, ¿sabe usted que los arts. 51 y ss del Código Civil siguen vigentes?

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l1t4.html#a52

¿Van a llevar a cabo los notarios divorcios de justicia gratuita cuendo las partes, o al menos una de ellas, tenga concedido este derecho por carecer de ingresos económicos suficientes? ¿O a pagar todo el mundo con independencia de sus ingresos?

. . . . yo que soy hincha del Madrid, me podía casar Don Florentino.

¿Y no habría que regular también el robo a mano armada que suponen tantos trámites notariales?, a este paso van a ofrecer oferta de dos por uno: "Aproveche la tramitación de la herencia de su padre y cásese AQUÍ."
A mi me parece una vergüenza y un escándalo.

Errata: Defensor del Pueblo en lugar de Defensor del menor.
Aprovecho para denunciar que ciertos establecimientos notariales parecen cubiles. En los cuales la ausencia de un abogado en situaciones que lo requieren, parece estar legitimada.

Tu argumentario es bueno y teóricamente perfecto. Estoy de acuerdo en que para desatascar la justicia hace falta designar a más jueces, sobre todo teniendo en cuenta nuestro ratio pro ciudadano respecto a otros países de la unión. Pero el error está en aprovechar el otro ratio: el de ser uno de los países con mayor número de funcionarios judiciales para descargar un trabajo para el que no tienen competencia. Citas a los secretarios judiciales. Y casi prefiero obviar su actuación para no mencionar los carteles que se colgaron en los juzgados de Zaragoza (R.I.P a la Justicia). A lo cual, me sumo. Esto señores son capaces de decirte a la cara que denunciar el fraude no te va a servir de nada si el procedimiento que se cursa es a simple vista correcto.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que se atenta contra los protocolos de actuación que rigen en todo el mundo en cuestiones civiles por parte del ministerio fiscal y de la Administración. Comentas que en sus manos queda el asunto de los menores. Y resulta que el Defensor del menor denunció hace unos meses que los menores recluídos en asilos sufrían maltrato. De lo cual, y por ser parte denunciante, puedo dejar constancia. Lo s más vulnerables son víctimas de la delincuencia que se lleva a cabo con dinero público.
Pero el ministerio fiscal no se queda corto. Abre procedimientos que solamente pueden iniciar los facultativos sin preexistencia de diagnósticos. Esto es: contra sus indicaciones. Equipara testimonios y pruebas invalidadas a pruebas válidas que indican lo contrario cuando desean matar civilmente a la población. Y esto, también se hace con dinero público.
No existe igualdad de oportunidades para el ciudadano. Esto es: mientras que denuncias de ciudadanos se sobreseen sistemáticamente, otras prosperan por vías que no son las adecuadas. Por ejemplo, penalizando asuntos de naturaleza civil. Y lo hacen los mismos a quienes se les paga para que hagan justicia y sobre todo, para que en última instancia atiendan los derechos fundamentales del individuo, frente a colectivos, administraciones o corporaciones.
Pues bien: sin una orden gubernamental, entiendo que la situación de indefensión, de angustia y de doble victimización, de maltrato y abandono que padecemos muchos ciudadanos, esta situación cercana a la barbarie y a la dictadura más feroz, no sería posible ni factible.
El funcionamiento anormal de la justicia es la mayor urgencia que tenemos actualmente en España. Me atrevo a sugerir que con el paro se oculta el crimen organizado.

Y seamos sinceros: muchos secretarios ya hacen esas cosas

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