Versión apócrifa (y orden del fiscal)

Esta versión del llamado caso Faisán procede directamente de un alto responsable de la Fiscalía General del Estado contada en 2011 y servía para explicar que desde todos los puntos de vista, en su opinión, es imposible acusar de colaboración con ETA a quien combate a ETA.
Podría haber un delito de revelación de secretos, imprudencia o mala praxis policial, pero es imposible el delito de colaboración con ETA, aseguraba. Decía que es un contrasentido insostenible. También porque la doctrina exige para que haya colaboración una cierta continuidad e identificación con objetivos y no un hecho esporádico que pueda favorecer a la organización terrorista.Es decir, lo que sostienen los fiscales de la Audiencia que conocen el caso desde el inicio y que deben cumplir ahora la orden "política" de Eduardo Torres-Dulce.
Tampoco se ha condenado a los receptores del chivatazo como miembros de ETA y, por tanto, eso dificulta también que se considere colaboradores a los policías.
Hoy recuerdo esta versión cuando Eduardo Torres-Dulce, actual fiscal general del Estado, ha obligado al fiscal del caso a acusar a dos policías de colaboración con ETA. Y el fiscal lo ha hecho constar de forma insólita en su escrito. No hay muchos precedentes y se abre un conflicto entre Torres-Dulce y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que no es precisamente un "rojo peligroso".
Tampoco había muchos precedentes de la Fiscalía recurriendo una imputación (caso Urdangarín).
Y recuerdo también las veces que Torres-Dulce ha dicho en los últimos meses que defiende la autonomía de los fiscales y su respaldo a que los fiscales instruyan los sumarios. Por eso, permite sospechar si detrás de algunas decisiones de la Fiscalía en el caso Gürtel no habrá estado directamente Torres-Dulce.
Esta es la versión publicada en julio de 2011 en este blog, sin cambiar ni una coma:
"La policía vigilaba desde hace cinco años el local que la organización terrorista utilizaba para cobrar su extorsión. Todo el que entraba y salía era controlado y grabado y se llevaba puesto en el coche una “chicharra” o localizador.

Durante años la policía obtuvo de esa vigilancia información valiosa de la banda terrorista y sobre su funcionamiento.

Pero alguien relacionado con el local se percató un día de las cámaras instaladas y quiso denunciarlo. Un policía se puso en contacto con él y logró convencerle de que permitiera mantener la vigilancia.

La vigilancia policial estaba judicializada, es decir, controlada por un juez de la Audiencia Nacional. Ese magistrado se ausentó de forma temporal y un compañero asumió sus casos para, como suele ser habitual, tramitar los asuntos urgentes a la espera de la vuelta del titular del juzgado. Sin embargo, el sustituto no resistió la tentación y decidió dirigir una operación policial para desmantelar la trama de extorsión de la banda terrorista.

Los policías intentaron convencerle para que no lo hiciera, porque seguían obteniendo información valiosa. El magistrado siguió adelante y los mandos policíales decidieron avisar al ciudadano que había visto las cámaras y al que habían convencido para que permitiera la vigilancia durante años.

Días después fueron detenidos todos los implicados en la trama de extorsión de la organización terrorista.

La película podía haber terminado ahí, pero siguió y la Justicia procesó a tres mandos policiales por la llamada que alertó de la operación. No les encausó por revelación de secretos, sino por colaboración con banda armada, como si con su llamada estuvieran ayudando a la actividad terrorista.

El principal partido de la oposición decidió utilizar políticamente ese caso contra el ministro del Interior. El interlocutor de ese ministro y responsable de Justicia del partido de la oposición seguirá en política tras haber visto cómo eran condenados varios de sus subordinados por falsear la identificación de cadáveres tras un accidente aéreo.

A pesar de todo, ese partido de la oposición acusó al ministro de responsabilidad política por el procesamiento de sus subordinados.

¿Se puede sostener que el ministro del Interior y los mandos policiales que desmantelan a la banda terrorista colaboran con ella?

Justicia con filtro

La Justicia es igual para todos, vino a decir el Rey en su discurso de Navidad a propósito del caso Urdangarín y así lo dice textualmente el juez Castro en su auto.
Y en apariencia lo es porque un juez ha imputado a la Infanta sin reparar en las consecuencias institucionales de su decisión. Sin embargo, basta un análisis mínimo para concluir que en este caso la Justicia no es igual para todos.
Primero porque ha hecho falta que un coimputado haga públicos correos comprometedores para que Cristina de Borbón sea imputada con indicios que ya hubieran llevado al juzgado a cualquier otro ciudadano español que no tuviera ese apellido.
Tampoco es igual para todos porque a muchos españoles se les convoca a un juzgado a declarar como imputado solo con una providencia o un auto breve, mientras que en este caso la imputación llega con un auto detallado y muy razonado. Un auto con tantas prevenciones como que se explica de forma insólita que no supone anticipar ninguna culpabilidad.
Y, por supuesto, no es igual para todos porque el fiscal ha acelerado para recurrir la imputación constituyéndose en el abogado defensor de la Casa Real. Es casi insólito que un fiscal recurra la citación como imputado de un ciudadano. No se conocen apenas casos de un recuso similar. Por eso, IU anunció que pedirá la comparecencia en el Congreso de Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado. Es una Justicia con filtros. Es lógico por eso que la Casa Real se haya agarrado al recurso del fiscal en su reacción.
En este caso hay mucho de apariencia y si la sala acepta el recurso y despimputa a la Infanta quedrá una sombra de duda, de que la Justicia no es igual para todos porque una institución del Estado (la Fiscalía) interviene como filtro.
En todo caso, el auto da a entender que los negocios de Urdangarin y sus actividades presuntamente delictivas se cometieron en los aledaños de la Zarzuela, lo que es suficientemente grave como para que la respuesta no sea el silencio. O que Zarzuela no responda esta vez como cuando se imputó al secretario de las Infantas y se guardó silencio y ni siquiera se le apartó de sus funciones.
O estos días cuando la Casa Real aún no ha aclarado si el jefe del Estado tiene una cuenta en Suiza.
La Casa Real está (y estará por voluntad del PP) al margen de la transparencia, pero no de la ejemplaridad.
Con todo, lo más duro para la Casa Real será el juicio. La vista oral, si llega a celebrarse, será aún más dura para Zarzuela que una hipotética condena de los acusados, porque supondrá transformar el paseíllo por la rampa de los juzgados de Palma en la emisión en directo de interrogatorios, respuestas y comparecencias con preguntas incómodas, por más que la Fiscalía quiera evitarlo también.
Hacen falta gestos y algo más, porque el espectáculo no ha hecho más que empezar.
De hecho se anticipa la imputación de quienes desde instituciones públicas pagaron, es decir, Rita Barberá, Francisco Camps y otros.El PP teme esas imputaciones que, en el caso de la alcaldesa de Valencia que sigue en activo en su cargo, crearía un nuevo problema a Rajoy.