Estaba yo disfrutando de mis vacaciones en un paraje algo menos recoleto que el hotelito que Cristina Fernández posee en El Calafate, cuando casi se me atragantan los churros al ver que la presidenta iba a pronunciar otro discurso por cadena nacional, es decir, con el corte obligado de la programación en todas las emisoras de radio y televisión de Argentina, públicas y privadas. La cadena nacional solo se puede usar ante "situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional", según recoge la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009, durante el primer mandato de Fernández.
El acto oficial era la inauguración de una planta de Hidrotratamiento de Gasoil de YPF, impulsado en 2009 por un tal Antonio Brufau, presidente de Repsol. Pero yo imaginé que Fernández aprovecharía ese trámite para emitir un auténtico mensaje excepcional. Pensaba que todo eso era un mero pretexto para desvelar una de las grandes incógnitas del país: ¿Quién es el dueño de la empresa que imprime los billetes de Argentina, la empresa por la que está imputado el mismísimo vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou en un turbio caso de supuesto tráfico de influencia? ¿Quién está detrás de ella? Han sido tantos los artículos maliciosos que asocian a Boudou con un grave caso de favoritismo político que pensé que la presidenta acallaría de una vez por todas cualquier asomo de crítica solo con la mera revelación de la verdad. Una empresa que se mete tan hondo en los bolsillos de tantos millones de argentinos bien se merece mostrar con toda transparencia su cuadro directivo. Fernández podría tirar de la cadena para que se hundan para siempre en las cloacas todas las inmundicias que se han publicado hasta ahora sobre el hombre a quien ella designó vicepresidente.