Wert, el pistolero

El ministro José Ignacio Wert en su escaño parlamentario. / CRISTÓBAL MANUEL 

Dice el ministro que no le gusta que a la ley educativa que ha impulsado, y que votará el Congreso la semana que viene, se la llame ley Wert porque es una ley de un partido, no suya. Razón no le falta. Con tantos pitidos que se está tragando en cada acto al que va, el ministro ha debido de pensar que esto de seguir en la política no es lo suyo y ha anunciado que en cuanto acabe este trabajito se va. Como ha señalado el portavoz de educación del PSOE en el Congreso, Mario Bedera, a José Ignacio Wert le ha encargado el PP “un trabajo sucio, con daños colaterales, como es liquidar el sistema de equidad y romper con la igualdad de oportunidades”. Wert se va de la política porque “no tiene ambiciones políticas de ningún género”, ha confesado. Una afirmación algo delicada para venir de un ministro en ejercicio que está realizando una reforma que va a dar un nuevo vuelco a la educación española.

Pero Wert ha dejado claro que sí cree en su reforma, por eso aceptó el encargo y ha lanzado el mensaje al aire de la calle de que “las leyes no se frenan con protestas”. Pues no sería la primera vez que el malestar social frenara una ley o, a posteriori, su aplicación. Es más, la anterior reforma educativa que aprobó el PP usando su mayoría absoluta, la de la Ley de Calidad, la paró Zapatero nada más llegar al poder. Y no se aplicó. El motivo principal en el que se apoyó entonces el Gobierno fue precisamente el malestar social manifestado por miles de estudiantes, profesores  y decenas de rectores ante las leyes que entonces estaban impulsando los populares.

Es verdad que el pueblo no puede entrometerse en mitad de una Cámara para frenar una iniciativa legislativa, pero resulta como mínimo poco prudente hacer afirmaciones tan taxativas cuando aún se ostenta una cartera. Porque, como todo el mundo sabe, la vida da giros repentinos (y en política más, como sabemos) que ni los mejores analistas pueden prever. Lo que sí está comprobado, y es además de sentido común, es que cuanto más consenso tenga una reforma más posibilidades hay de que su aplicación se consolide.

Me pregunto si es razonable, por tanto, que un partido escoja a un profesional alejado de la política, y que manifiesta sin pudor que no tiene interés en seguir en ella cuando aún ostenta el cargo de ministro, para realizar una reforma tan compleja, comprometida y que va a afectar a la base en la que se asentará el futuro del país, que es la educación de nuestros hijos.

Decía Mariano Rajoy hace años, en 2000, nada más dejar de ser ministro de Educación, tras una conferencia en el Club Siglo XXI, que esto de la educación “es un lío, con tantos sectores representados, las asociaciones de padres, los sindicatos, los estudiantes, las patronales, la pública, la concertada, la privada, los rectores..”, que no hay manera de mantener a todos contentos, comentaba. Pero, a continuación, aseveraba que la reforma educativa de los socialistas había que cambiarla (se refería entonces a la LOGSE, de 1990). Por eso su sucesora en el ministerio de Educación, Pilar del Castillo, la reformó (con la Ley de Calidad). Aunque luego la volvieron a cambiar los socialistas (con la LOE, actualmente en vigor) y le devolvieron la filosofía de la LOGSE, basada en la igualdad de oportunidades y la equidad, entendidas al modo de la izquierda, no como defiende Wert. ¿Qué cuál es la diferencia?

La igualdad de oportunidades para la derecha significa, explicándolo de forma sencilla, que todos los niños tengan las mismas oportunidades, procedan de donde procedan. Para la izquierda, en cambio, quiere decir que tengan las mismas oportunidades pero compensando con ayudas (apoyo educativo, becas, etcétera) a los que proceden de familias con nivel sociocultural más bajo y a los que tienen dificultades para seguir el ritmo normal de la clase pero no necesitan repetir curso, sino que un profesor de apoyo les ayude a alcanzar a los demás.

Esto segundo, lo que defiende la izquierda, que no es tan difícil de entender, Wert, que es licenciado en Derecho y sociólogo de profesión, no lo comparte. Prefiere pensar que todos tienen las mismas
oportunidades (tengan en casa un libro o un millón y tengan padres universitarios o con el graduado escolar) por el mero hecho de estar escolarizados. Por eso habrá aceptado el encargo de Rajoy. Y como esto de la educación al PP le parece un lío, quizás es la razón de que hayan escogido a un
pistolero para hacer el trabajo. A lo mejor con la esperanza de que cuando se vaya Wert de la política se lleve consigo la mala fama de la ley Wert.

De momento, la nueva norma en unos días se quedará ahí, aprobada, y causará los daños colaterales de los que habla Bedera, como los ocasionados por el recorte de las becas, hasta que llegue otro, que llegará seguro en unos años, y la cambie. Y luego vuelva el PP en algún momento y la vuelva a
modificar. Y puntos suspensivos. A ver si me equivoco y, entretanto, aparece alguien que entienda de las repercusiones de una reforma educativa y que entienda de consenso y pare ya de una vez esta infinita cadena que está volviendo locos a alumnos, padres, profesores, y centros.

¡No me abandones!

 

Como un grito al aire, dicen las escuelas de Latinoamérica a sus estudiantes: ¡No me abandones! Casi la mitad de los jóvenes latinoamericanos deja la escuela antes de acabar la educación secundaria. La falta de interés en los estudios es la principal causa de ese abandono entre los 13 y 15 años, según una reciente encuesta realizada en hogares, y tal y como publica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa razón está por encima incluso de los problemas económicos de las familias, de los de acceso a los colegios o de los familiares. Esto ha llevado al BID a concluir que el problema de fondo está en una deficiente calidad de la educación y en los planes de estudios.

Por eso, el BID -que es la principal fuente de financiación para el desarrollo económico, social e institucional sostenible en América Latina y el Caribe- creó el programa Graduate XXI, dedicado a investigar y analizar las formas de paliar el abandono escolar. Y como uno de sus objetivos es implicar en esta tarea a la sociedad, este organismo ha ideado financiar un largometraje para concienciar a la población de la importancia de luchar contra el abandono escolar para que la región prospere.

Uno de los episodios de ese largometraje lo ha realizado la cineasta brasileña Flavia Castro. Se trata de un corto, titulado Matemática y basado en la historia real de dos adolescentes de Río de Janeiro que deciden abandonar sus estudios. 

En la cinta, de 10 minutos de duración, se ve la desmotivación y falta de interés de los dos alumnos por seguir en la escuela. Flavia Castro es la cuarta directora de cine que se une a GRADUATE XXI. La mexicana Mariana Chenillo, el director argentino Pablo Fendrik y el colombiano Carlos Gaviria también realizaron trabajos para GRADUATE XXI, explorando las barreras de acceso a la educación a las que se enfrentan los estudiantes con discapacidad, la falta de acceso en áreas rurales y el impacto de la violencia en los resultados educativos. 

La revista de cine Mabuse reproduce en español un artículo titulado Parece una película, publicado originalmente en el periódico brasileño Valor Económico y escrito por la cineasta sobre su experiencia al hacer el documental.

Otro de los cineastas que ha participado en esta iniciativa de Graduate XXI, el argentino Pablo Fendrik, optó por grabar un corto en Misiones (Argentina) sobre las dificultades de acceso a secundaria en la escuela rural. Éste es otro de los grandes problemas en América Latina, el mayor abandono temprano del colegio en las zonas rurales que en las urbanas. Éste es el resultado de su trabajo:  

 

 

A por el 5

Demasiado modesto es el gasto en educación para una región, la latinoamericana, emergente y con una preocupación de la población y de las organizaciones sociales por la educación indiscutible. Porque la inversión es el primer paso para colocar a la educación de un país en una situación en la que no cojee de ninguna pata y para que, en los niveles superiores, sea competitiva con la del resto del mundo. Es verdad que una vez que se tienen esos recursos es igualmente vital en qué se gastan, pero sin un presupuesto razonable poco se puede hacer para que la educación avance en serio, lo que tiene todo que ver con que un país lo haga.

Una escuela pública en Extrema (Brasil), con alumnos de 5 a 11 años. / WEN LEONARDO (Cordon Press)

A los gobiernos se les llena la boca repitiendo esto precisamente, lo importante que es la educación. Y es cierto que en ese gesto no hay distinciones, lo repiten los gobernantes de los países menos desarrollados pero también los de las naciones más desarrolladas. Pero a la hora de la verdad, como toda familia sabe por su propia experiencia, lo que importa son las cuentas. Y las cuentas en América Latina son de media demasiado modestas. Al menos para lograr el mínimo empuje que sería deseable para su educación en los próximos años y al ritmo que pretende crecer la región en todos los aspectos.

El porcentaje del PIB que invierten de media la mayoría de los países de Latinoamérica ronda el 4%, según los últimos datos disponibles de toda la zona, procedentes de los indicadores educativos de la Unesco y de las estadísticas de los ministerios de educación de cada nación de los años 2010 y 2011. Aunque, antes de nada, lo primero que hay que recordar son las diferencias inmensas que hay entre la educación de unos y otros países, como ocurre en casi todas las cuestiones en esta región. Y lo segundo, de dónde vienen muchos de ellos. Es decir, a menudo su situación es fruto de la herencia que les ha dejado un estado prolongado, de décadas, de conflicto político o de inestabilidad económica y social.

Latinoamérica no hace aún, proporcionalmente, un esfuerzo equiparable a la media de países de la OCDE, que se sitúa en el 5,2%. Cabe una llamativa excepción: Cuba, que destina casi el 13% de su PIB a educación. Pero, excluyendo el gasto público cubano, la media no refleja el mínimo, como no se cansa de decir el Informe Pisa, que evalúa cada tres años la educación de los países de la OCDE, y a la que se presentan ocho Latinoamericanos. Por países, el que menos invierte en educación es República Dominicana, con un 2,3%, según explica el asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en indicadores y evaluación, Enrique Roca. Y por debajo de la media están también, por ejemplo, Venezuela, con un 3,6%; Perú (3%), Paraguay (3,2%) o El Salvador (3,4%). Mayor esfuerzo hacen Bolivia (7%), Nicaragua (6%), Brasil (5,6%) o México (5,6%). La OIE publicará en septiembre un informe sobre el profesorado en el que se incluyen todos estos datos.

¿Cuál es la inversión pública mínima que debe hacer un país en educación? El 5% de su PIB. Y es cuando se llega a este porcentaje cuando se puede empezar a hablar de que solo invertir no basta para que la educación y el país prosperen. A ese 5% debe apuntar todo gobierno de Latinoamérica. Pero, tal y como insisten los expertos en esta cuestión, si la región quiere aprovechar en las próximas décadas su empuje como zona emergente y formar ciudadanos y profesionales a la altura que demanda el mundo global, es decir, acortar distancias con los países más avanzados, debería hacer el esfuerzo de subir este gasto al menos al 6%.