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La irresponsabilidad del Estado en educación

Por: | 31 de enero de 2014

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“Los Estados prestarán la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño”, reza la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Cuando las Estados no asumen su parte de responsabilidad, la vulnerabilidad de los niños aumenta de forma desorbitada, como ocurre en épocas de crisis, como la actual. La ONG Save the Children dedica una buena parte de su reciente informe 2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión a fotografiar la situación de la educación en España en estos momentos y denuncia las cuestiones más “preocupantes”. Según esta organización, hay 2,8 millones de niños en España en peligro de exclusión social debido a la crisis y los recortes. Por eso ha iniciado además la campaña Y a mí quién me rescata y recoge donaciones para ella a través de su web.

El “precio oculto” de la educación para las familias es “motivo de preocupación”, advierte Save de Children. Y lo explica así: “Hay una multiplicidad de costes asociados a la vida escolar que deben asumir las familias: libros de texto, material escolar, transporte, visitas culturales, excursiones, celebraciones en el colegio y, dada la configuración de los horarios escolares, el comedor. Este ‘precio oculto’ de la educación en ocasiones resulta inasumible para las familias que están atravesando dificultades económicas”.

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E ilustra los sentimientos de frustración y discriminación que viven muchos niños con las declaraciones de Nacho, de 10 años:

“Hace dos semanas nos pidieron un libro de leer y yo se lo dije a mamá y me dijo que hoy no podía comprarlo pero que mañana o pasado sí podría. Y aún no ha podido y yo… ya no sé qué decirle al profesor, me da vergüenza ir a clase sin el libro, no quiero ir".

La madre de Nacho explica que no le quedaba apenas dinero para comer y que no pudo comprar el libro hasta casi dos semanas después.

Sobre el gasto medio de los hogares en educación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que oscila entre los 974 euros por niño en el primer ciclo de la educación a infantil (que va de 0 a 3 años) a los 645 euros por estudiante en la Educación Secundaria Obligatorio (la ESO, que se cursa entre los 12 y 16 años).

Save the children, una organización internacional de reconocido prestigio, considera además "preocupante" que el sistema de becas y ayudas “muestra una más que evidente insuficiencia de recursos” y advierte que los requisitos para su obtención “dejan fuera una importante cantidad de situaciones”. Su informe llama además la atención sobre la repercusión que tiene en el desarrollo normal de los niños el recorte (o la desaparición, en el caso de la Comunidad de Madrid) de las becas de comedor: el comedor escolar en numerosos casos es el que aporta “los principales nutrientes variados con lo que completar una dieta equilibrada, algo básico no solo para el normal desarrollo y la protección de la salud del niño, sino porque sin una alimentación adecuada el rendimiento escolar disminuye”.

La reducción progresiva del gasto en educación en España es otro motivo importante de preocupación por su impacto en el derecho a la educación en las condiciones adecuadas de los niños, resalta esta ONG. Considera que el real decreto aprobado por el Gobierno en abril de 2012 “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” no tiene en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño indica que se debe “poner a los niños en el centro del modelo educativo para que se desarrollen hasta el máximo de sus posibilidades”.

“Preocupa que la reducción del número de docentes y profesionales de la educación, así como las condiciones laborales de los mismos a raíz de ese real decreto, dificulte y llegue a imposibilitar un seguimiento minucioso de la situación y evolución del desarrollo personal, escolar y social de los niños”, añade. Y advierte además que gran parte de las situaciones de vulnerabilidad de los niños “son precisamente detectables y abordables desde el ámbito escolar”.

También resalta el “mal estado de algunos centros educativos”, tal y como ya denunció la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su informe anual de 2012, y el peligro de “que los recortes en los presupuestos públicos conduzcan a la degradación de las instalaciones públicas”.

Por último, sobre la nueva reforma educativa (la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, también conocida como Ley Wert), aprobada el pasado noviembre, Save the Children afirma que “no contempla en modo alguno ni garantías de cobertura de aspectos esenciales del derecho de la educación", como los que reclama su informe. La reforma se centra “en exclusiva en los problemas endémicos del sistema educativo español: la tasa alta de abandono escolar y los pobres resultados de las pruebas de competencia académica a nivel comparado (en referencia, sobre todo, al Informe Pisa, de la OCDE) con el menor coste posible”.

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El estudio concluye haciendo un llamamiento al Gobierno central y a los autonómicos para que de forma "coordinada y con urgencia" adopten una serie de medidas. Y propone 22, entre las que figuran las siguientes:

- Promover un mejor conocimiento de la situación de pobreza.

- Modificar las disposiciones del real decreto–ley 14/2012, del 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo de forma que se garantice un número de profesionales de la educación que resulte adecuado a las necesidades educativas y sociales
de su alumnado.

- Modificar el artículo 13.2. de la ley general de subvenciones, de 2003, para establecer una salvedad que garantice que la concesión de las becas escolares de los niños no esté condicionada por las deudas con la administración tributaria o con la Seguridad Social del núcleo familiar.

- Asegurar que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa garantice la plena disponibilidad y acceso a todos los materiales y actividades educativas necesarias para su aprendizaje a todos los niños, sin discriminación.

- Analizar la magnitud de las situaciones de malnutrición en cada comunidad autónoma y el coste que supone para las familias la escolarización de los niños y las niñas.

- Garantizar que todos los niños y todas las niñas que lo necesiten tengan acceso a becas escolares de comedor o para cubrir cualquier otro aspecto de su vida en el colegio que sus familias no puedan asumir.

- Poner a disposición de las familias los medios necesarios para garantizar el transporte escolar de todos los niños sin coste alguno para ellas.

- Elaborar y aprobar un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013–2016.

Cuando las familias no pueden mantener lo básico para sus hijos, la responsabilidad de que los más vulnerables, los niños, no se vean afectados por los recortes presupuestarios es, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, del Estado, de los gobiernos central y autonómicos. Como tambien lo es la irresponsabilidad de no hacerlo.

FOTOGRAFÍAS: AITOR LARA / SAVE THE CHILDREN

Sobre la autora

Sue Pérez de Pablos

Susana Pérez de Pablos. Periodista apasionada por la información educativa, por contar las historias y miradas de alumnos, profesores, padres…, las buenas y malas iniciativas de los gobiernos y el inmenso cambio que vive ese mundo, incluidos los temas relacionados con la tecnología, la ciencia y el desarrollo. Viajera inquieta, por los países y por la red, tras dirigir la sección de Educación de EL PAÍS durante más de una década, se propone difundir las ricas experiencias educativas de la emergente y heterogénea Latinoamérica.

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