La defensa es, por definición, un bien público que necesita recursos humanos y físicos adecuados para poder cumplir con la tarea de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de España. Pero no es el
único (ni siquiera el principal en ocasiones) componente de una seguridad que solo puede ser cabalmente entendida en clave multidimensional en el mundo globalizado que nos toca vivir. Eso significa que, desde la obligada perspectiva económica de atender necesidades infinitas con recursos finitos, habrá que ponderar el esfuerzo presupuestario que puede realizarse para cubrir lo que, en cualquier caso, es solo un medio para atender al fin superior de preservar el bienestar y la paz.
No es realista militarizar la sociedad en su conjunto para atender a las permanentes amenazas que nos afectan, y sería suicida propugnar la eliminación del aparato militar- en su doble condición de
instrumento de disuasión y de último recurso-, desarmándonos unilateralmente. Por tanto- en un ejercicio que debe tomar en consideración otras necesidades tanto o más básicas como la sanidad, la educación y otros servicios públicos-, habrá que establecer con rigor y flexibilidad el nivel del esfuerzo presupuestario que puede dedicarse a la defensa militar, asumiendo el entorno
cambiante del escenario internacional y de las amenazas y riesgos que en él se manifiestan.
Sin embargo, España viene haciéndose trampas en el solitario desde hace mucho tiempo. Por un lado, contabiliza de manera inadecuada su gasto de defensa- más del doble del que suele manejar
públicamente, si se utilizan criterios OTAN-, en un intento engañoso de hurtar información fidedigna a una opinión pública que no trata como adulta. Por otro, manteniendo una estructura militar que no se adecúa a las necesidades de hoy, con un órgano central sobredimensionado, con unidades ajenas a la función esencial de las fuerzas armadas y con un desequilibrio a favor del componente terrestre que debilita la capacidad aeronaval de un país eminentemente marítimo como el nuestro.
En esa línea, es obligado reconocer que España ha llegado a un punto de máximo desajuste entre su potencial militar y sus necesidades actuales. En primer lugar, sigue estando pendiente desde la
transición un verdadero debate sobre el modelo de defensa que España necesita. Si primero se optó por esquivarlo para no complicar aún más la reconversión de la institución militar en un mero instrumento del poder civil, más tarde se ha ido relegando seguramente por consideraciones electoralistas. En definitiva, eso ha generado una inercia que- a pesar de los tan reiterados como
insuficientes planes de modernización- se traduce en unas fuerzas armadas equipadas para las guerras del pasado, una deuda impagable y un entramado industrial sin referencias claras y abocadas a una drástica reconversión para sobrevivir.
Visto así, el nuevo plan de reprogramación de los programas especiales de armamento (PEA) anunciado recientemente por el gobierno es tardío, insuficiente e ilusorio. Tardío porque hemos llegado al punto de acumular una deuda que supera los 30.000 millones de euros y que hipoteca hasta
el extremo el presupuesto de Defensa, la operatividad de las unidades militares y el futuro de no pocas industrias de defensa. Insuficiente porque solo se centra en los aspectos contables del problema, dejando para un futuro indefinido la posibilidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de un aparato militar inquietantemente inoperante ya en la actualidad. Ilusorio,
finalmente, porque no es fácil entender cómo se logrará la complicidad de unos socios y empresas internacionales que ven peligrar proyectos comunes (lo que afectará a la imagen de España por su incumplimiento de compromisos ya adquiridos). También porque resulta difícil creer que lo que no sirva a nuestros ejércitos vaya a ser adquirido en condiciones de mercado por otros menos exigentes con las necesidades de los ejércitos modernos. Y, por último, porque no se puede esperar la comprensión de una sociedad frontalmente golpeada por la crisis económica ante la aprobación de fondos adicionales que rondan los 1.000 millones de euros anuales para pagar lo que socialmente no se percibe como tan necesario.
Hay 1 Comentarios
Teniendo en cuenta que una de las principales, y mas inmediatas ,razones de ser del ejército español es la garantía de mantener dentro del corsé del marco actual a una buena parte de los mismos ciudadanos que con sus impuestos pagan el mantenimiento del estado, pues que decir tiene que aquí ya hay un problema de base del que no habla usted. Un ejército que prácticamente solo ha ganado guerras contra su propia población desde hace 200 años, por cierto.
Publicado por: badabilondo | 06/06/2013 17:08:21