Hoy no es San Valentín en Bahréin

Aunque solo son unos 600.000 nacionales (a los que se añaden otros 700.000 inmigrantes prácticamente sin derechos) ubicados en apenas 750km², Bahréin es uno de los escenarios principales de lo que apresuradamente los medios de comunicación se empeñaron equivocadamente en denominar primavera árabe. Hoy, cuando se cumplen tres años del arranque de las movilizaciones populares, el régimen de los Al Khalifa sigue aferrado al timón, el Diálogo Nacional está paralizado y, aunque siga habiendo opositores activos en la Plaza de la Perla (Manama), nada apunta a un cambio sustancial cuando ya se vislumbran las elecciones legislativas del próximo octubre.

Y esto es así tanto por la capacidad que conserva la monarquía suní de los Al Khalifa para controlar el descontento de su población, como por el apoyo y comprensión recibidos por parte del resto de las monarquías del Golfo y de actores tan notorios como Estados Unidos. No es obviamente amor lo que define la agenda nacional, sino la defensa a ultranza de intereses por parte de unos actores en condiciones de imponer su dictado a una sociedad civil todavía en ciernes.

En la esfera interna del régimen- y a pesar de las ya visibles diferencias entre los erradicadores (representados por los llamados Khawalid, capitaneados por el primer ministro) y los dialogantes (con el príncipe heredero Salman a la cabeza)-, la confianza parece recuperada, en la medida en que se percibe que la oposición no ha logrado ni unirse de manera efectiva, ni movilizar al conjunto de la población. De hecho, la principal coalición opositora- liderada de facto por el grupo islamista chií Al Wefaq, junto a grupos de izquierdas- ha vuelto a reunirse con el príncipe heredero el pasado mes, en un nuevo intento por reactivar el Diálogo Nacional, como si se hubiera olvidado la nula cosecha de los intentos realizados a mediados de 2011 y nuevamente en 2013. La explosión de un coche bomba frente a una mezquita capitalina frecuentada por altos representantes del régimen, el 17 de julio pasado, sirvió al gobierno para paralizar los contactos (incluyendo los que secretamente se mantenían desde marzo) y lo que siguió desde entonces ha sido la persecución de activistas y su detención arbitraria.

El clientelismo empleado por la familia reinante, gracias a los ingentes recursos que han hecho de Bahréin el principal centro financiero del Golfo, y su alto nivel de corrupción han permitido hasta ahora “comprar” la lealtad de los súbditos y mantener a raya a los que ni siquiera disfrutan de la nacionalidad. Han sido muchos los fracasos acumulados por quienes no aceptan el statu quo vigente desde la independencia del país (1971), enfrentados a un poder discriminatorio con la población chií (más del 70% del total) y doblegados en numerosas ocasiones por un aparato represivo muy engrasado. Y nada apunta a que esa desigual relación de fuerzas vaya a modificarse a corto plazo.

Aún así, visto desde Riad o Washington, inquieta pensar que la actual inestabilidad pueda derivar en inseguridad generalizada. El régimen saudí muestra abiertamente su voluntad de evitar toda deriva revolucionaria- y así se explica la intervención militar que lideró en marzo de 2011 para reprimir la revuelta-, interesado en sostener a un socio suní tan próximo ante el empuje chií impulsado desde Teherán. Por su parte, Estados Unidos no puede desentenderse de un proceso que se desarrolla a las puertas del cuartel general de su V Flota, temeroso de que se pueda descontrolar un proceso que afectaría directamente a sus intereses geoestratégicos y geoeconómicos en el Golfo.

En esas condiciones, y aunque se multipliquen las manifestaciones, nada permite suponer que el régimen vaya a aceptar la hoja de ruta que Al Wefaq y sus acompañantes han elaborado. En ella solicitan la liberación de los 13 líderes opositores encarcelados, la constitución de un parlamento con poder legislativo real y de un gobierno elegido democráticamente (y no designado desde palacio), así como el fin de la política de naturalización que está concediendo la nacionalidad a suníes extranjeros que se incorporan a puestos de trabajo en la administración (sobre todo en los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas). Cabe suponer que, por intereses propios y por relativa presión externa, el régimen procurará volver a integrar a grupos opositores en la vida nacional; pero cuenta con que para ello le bastará con liberar a algunos de los más de 3.000 prisioneros políticos y acceder parcialmente a las demandas menos sensibles para seguir, como siempre, al timón. Ya veremos.