Tras sucesivos retrasos derivados de la resistencia de algunos países miembros a implicarse militarmente en República Centroafricana (RCA), la Unión Europea acaba de aprobar el despliegue de una fuerza de paz en la capital, Bangui, con idea de garantizar su seguridad y el aeropuerto. Se prevé un contingente de unos 600 efectivos, operativos a partir del próximo 1 de mayo, por un periodo inicial de seis meses, y un coste de unos 26 millones de euros. Dado el nivel de deterioro de la situación del país, sumido en una aguda crisis humanitaria y con un nivel de violencia generalizado que apunta irremediablemente a un genocidio, poco puede esperarse en términos efectivos de tan magro refuerzo.
Basta para constatarlo recordar que ni los aproximadamente 2.000 efectivos franceses ya desplegados en el país, ni los más de 5.000 que aportan diferentes países africanos, ni mucho menos las débiles fuerzas armadas centroafricanas han logrado modificar unas inquietantes tendencias que se remontan como mínimo al pasado verano. El choque entre los combatientes (musulmanes) de la disuelta coalición Seleka- que aupó en marzo de 2013 al poder al ya depuesto presidente, Michel Djotodia- y las milicias (cristianas) Anti-balaka se recrudeció de manera hasta ahora imparable desde diciembre pasado. En consecuencia, y a pesar del relevo en la presidencia de la mano de catherine Samba-Panza (20 de enero), el país ha entrado en una senda de violencia generalizada que ha provocado ya el desplazamiento forzoso de un millón de personas (de un total de 4,5 millones de centroafricanos).
En estas condiciones, y a la espera de que en algún momento se concrete el proceso de transición del control operativo del contingente militar a manos de la ONU o de la Unión Africana, el acuerdo alcanzado por los Veintiocho no augura una mejora de la situación. En realidad, cabría decir que más que pensar en la seguridad de los ciudadanos de la RCA, la medida adoptada por Bruselas responde principalmente a consideraciones comunitarias. Por un lado, se ha optado por una solución ad hoc ante la imposibilidad de activar los Grupos de Combate creados en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, como resultado de las diferencias internas entre los países miembros sobre la conveniencia de emplear medios militares propios en un territorio en el que no tienen interés alguno (salvo Francia).
Así, mientras Francia compromete ahora otros 140 efectivos, al igual que Georgia (un país no miembro de la UE), España, Estonia, Finlandia, Letonia y Polonia aportarán otros 250 en total. Difícilmente se puede llegar así al volumen de fuerza previsto (1.000 efectivos inicialmente, que luego han pasado a ser 800 y que se puede quedar finalmente en 600). El hecho de que ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Italia se decidan a aportar medios solo puede significar falta de compromiso en una misión militar comunitaria liderada por París.
En suma, cabe entender que la decisión responde más a la necesidad de otorgar un limitado respaldo a Francia (o, más bien, a un debilitado presidente Hollande), que un apoyo efectivo a los centroafricanos amenazados directamente por los violentos. Por último, basta con recordar que RCA tiene una superficie que supera los 600.000km2 para concluir que los soldados de la UE son apenas un apunte minúsculo en mitad de una tormenta en la que se multiplican las asignaturas pendientes en el terreno social, político y económico. En términos de desarrollo humano RCA aparece en el puesto 180, lo que equivale a decir que la solución a sus problemas no puede ser en ningún caso militar. Pero ese es un tema que todavía no está en la agenda de Bruselas.
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