Desde la crisis desatada en mayo de 2010, como resultado del ataque israelí a la flotilla humanitaria liderada por el buque turco Mavi Marmara, las relaciones entre Ankara y Tel Aviv quedaron aparentemente bloqueadas. Hoy, tanto por su compartida situación de aislamiento con respecto a sus vecinos como por el peso de sus intereses mutuos, todo indica que la normalización de relaciones está a la vuelta de la esquina.
Así lo atestigua, en primer lugar, el hecho de que desde diciembre pasado se hayan vuelto a reanudar las conversaciones bilaterales para resolver los flecos judiciales y el montante de la compensación económica a las familias de los nueve muertos en el asalto al citado buque por parte de las fuerzas israelíes. Todo parece indicar que, tras las elecciones municipales celebradas en Turquía el pasado 30 de marzo, la mediación estadounidense está a punto de fructificar y que Ankara parece dispuesta a aceptar los 20 millones de dólares que el gabinete de Benjamin Netanyahu está ofreciendo (como punto de encuentro entre los 30 que inicialmente exigía Turquía y los 15 que solo parecía dispuesto a pagar Israel).
Al mismo tiempo, y en una muestra mucho más clara de que los canales de comunicación nunca llegaron a romperse durante estos años, el comercio bilateral se ha duplicado, pasando de los 2.600 millones de dólares en 2009 a los 5.100 el pasado año. Precisamente es en el terreno económico, y más concretamente en el de la energía, donde se identifican con más claridad las señales de acelerada aproximación. Así, vuelve a cobrar fuerza el proyecto de construcción de un gasoducto submarino de unos 450km de longitud para llevar el gas del campo israelí de Leviatán (localizado a unos 130km al oeste de Haifa) hasta el puerto turco de Çeyhan.
Es bien evidente que la notable riqueza gasística de Israel modifica en buena medida la ecuación de la seguridad energética regional, no solo porque permite a Tel Aviv eliminar su dependencia de suministradores poco fiables, sino porque facilita a Ankara reducir significativamente su dependencia de Moscú (acaba de acordar la ampliación del volumen suministrado anualmente por el gasoducto South Stream, pasando de 16.000 millones de m3 a 19.000, pero sin lograr una reducción del precio actual) y hasta permite imaginar algo similar para otros países europeos, hoy subordinados a los dictados de Rusia (como pone de manifiesto la crisis en Ucrania). Esa confluencia de intereses es la que ha animado a más de diez empresas del sector a presentarse al concurso para hacerse con el contrato para la construcción del gasoducto, con un coste inicialmente estimado en unos 2.250 millones de dólares para suministrar anualmente un total de 16.000 millones de m3. Entre ellas destaca la presencia de dos empresas turcas, Turcas Petrol y Zorlu Group, esta última bien conocida en el mercado israelí donde está presente desde hace años en diferentes proyectos de explotación energética.
En todo caso, dadas las dificultades técnicas y políticas que rodean un proyecto como este parece excesivamente optimista la previsión de que pueda ser operativo para 2017. Por una parte, se trata de un gasoducto que no podrá transcurrir cerca de la costa oriental mediterránea- a través de aguas libanesas y sirias- porque ni parece realista que
Beirut y Damasco vayan a apoyar la idea, ni tampoco parece creíble que Tel Aviv vaya a comprometer su seguridad energética con esos vecinos. Eso obliga a optar por realizar la obra en aguas chipriotas, a una profundidad media de 2.000 metros, lo que supone un reto tecnológico nada desdeñable.
Pero más difícil todavía será superar las diferencias entre Turquía, Grecia y las autoridades chipriotas para resolver un contencioso que se prolonga ya desde hace cincuenta años. Una nota positiva en este campo, sin embargo, es la Declaración Conjunta acordada el pasado 11 de febrero por los mandatarios grecochipriota, Nicos Anastasiades, y turcochipriota, Dervis Eroglu, que supone la reanudación de las negociaciones para establecer un único Estado chipriota, bizonal y bicomunal, integrado en la Unión Europea.
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