El préstamo responsable

El préstamo responsable es un concepto que se está manejando mucho en esta crisis, pero que, en realidad,  ha existido siempre. Por ejemplo, cuando en los primeros años 1980 una serie de países dejaron de atender los préstamos en divisas que les había concedido la banca extranjera para financiar su desarrollo, entre otras razones porque no contaban con esas divisas en cuantía suficiente para pagar sus intereses o su principal, algunos apelaron a la responsabilidad de los prestamistas por cuanto no habían valorado suficientemente bien el riesgo que corrían con sus prestatarios.
Se trataba de obtener las mejores condiciones para los prestatarios en la negociación de una solución para esos préstamos. Aparentemente, nada hay de negativo en ello, pero en los mercados financieros internacionales no es nada positivo llevar la marca de Caín de ser mal pagador. Nada menos que Gorbachov, entonces presidente de la extinta Unión Soviética, aprendió esto cuando, en un viaje a Londres, en busca de financiación para su perestroika, alguien le recordó que todavía existían deudas pendientes de la época de los zares y que era mejor liquidarlas antes de solicitar nuevo dinero fresco. Un consejo que, desde luego, siguió a rajatabla.
Esto viene a cuento porque, aunque la regulación, cuando usa el término préstamo responsable, se refiere generalmente al prestamista, que es quien pone y arriesga su dinero, en realidad la primera responsabilidad corresponde al prestatario, al menos en dos sentidos. Uno, debe comprender suficientemente  cuáles son las obligaciones que asume con el préstamo. Dos, debe estar razonablemente seguro que va a ser capaz de atenderlo, es decir, de pagar sus intereses y su principal, en la forma y los tiempos que haya pactado. Si no, está corriendo un riesgo demasiado temerario, que puede volverse fácilmente en su contra.
Evidentemente, para que el prestatario sea responsable en el sentido indicado, se necesita que esté adecuadamente formado e informado. Lo primero tiene mucho que ver con la denominada educación financiera, es decir con sus conocimientos previos en finanzas, de la cual se ocupan, entre otros, tanto la Comisión Europea, como, en nuestro país, el Banco de España y la CNMV. Una y otros están empeñados en que dichos conocimientos se empiecen a adquirir en la escuela. En el peor de los casos, siempre se puede acudir a un experto independiente para disponer de una opinión bien fundada.
La información a los prestatarios si es, en buena medida, responsabilidad tanto de las autoridades económicas como de las propias entidades bancarias, al menos así lo exige la regulación, bajo la palabra transparencia, que debe ser tanto mayor cuando más elevado es el importe de la operación y más larga es la vida de ésta.
Es el caso de los préstamos hipotecarios que, por esas mismas razones, han adquirido una relevancia grande, especialmente cuando el prestatario se queda, sin culpa suya, con insuficiente capacidad de atender al crédito, una situación que debe solucionarse de la mejor forma posible por ambas partes, que trataremos en una ocasión posterior.
En estos momentos, el Banco de España ha sometido a consulta un borrador de Circular, que es el tipo de disposición jurídica que habitualmente utiliza esta entidad,  para regular las citadas transparencia y responsabilidad. En lo que se refiere a esta última un primer principio es que el préstamo debe de poder ser atendido por las fuentes de ingresos habituales del prestatario, sin considerar ningún apoyo externo como puede ser una garantía hipotecaria o un avalista. No hay ninguna contradicción en que la entidad bancaria exija una u otro, o ambos, porque cuanto menor riesgo asuma la entidad, mejores serán las condiciones del préstamo, en cantidad, coste o tiempo, en beneficio del prestatario.
Un segundo principio es que el servicio de la deuda suponga una fracción máxima, digamos un 30%, por ejemplo, de dichas fuentes recurrentes, teniendo en cuenta que el prestatario debe lógicamente cubrir los gastos personales habituales y los de su familia.
Hay otros principios a tener en cuenta, pero estos dos son los más importantes. Por otra parte, son más que suficientes para entender que, en un mundo tan incierto como el actual, no sólo por la crisis, el préstamo responsable puede poner las cosas más difíciles para aquellas personas que necesiten financiarse para, por ejemplo, adquirir una vivienda. En efecto, en una época en que disponer de un puesto de trabajo estable es más raro y menos seguro, resulta lógico que las entidades bancarias lo tengan en cuenta a la hora de valorar el riesgo que corren con sus prestatarios, porque, si no lo hicieran, no serían precisamente responsables.
Esto puede llevar a negar el crédito a prestatarios que, a la postre, pueden ser buenos. Es un riesgo, pero, a la vista de lo sucedido con la crisis, mayor ha sido el que han corrido las entidades por haber prestado más de la cuenta, con el agravante de que dicho riesgo no se ha quedado en ellas y en sus prestatarios, sino que se ha trasmitido a toda la sociedad y ha requerido cuantiosas ayudas públicas para rescatar las entidades en peor situación.

Limitando el pago en efectivo, ¿pagaremos más?

Uno de los puntos más polémicos del proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal (aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes) ha sido la limitación de los pagos en efectivo entre particulares y profesionales. Si finalmente queda aprobado con su redacción actual, el pago en efectivo de bienes o servicios por importes superiores a 2.500 euros constituirá una infracción administrativa por ambas partes.
No cabe duda de que el objetivo de reducir la circulación de dinero negro es loable, pero la medida ha generado numerosas críticas que se pueden resumir en las siguientes:

1. Se reduce la libertad individual y el anonimato (la trazabilidad es total).
2. Las dificultades para garantizar el cumplimiento de la nueva norma harán inviable la puesta en marcha de la limitación al pago en efectivo.
3. Existen limitaciones al uso generalizado de medios de pago distintos del efectivo (límites demasiado bajos en tarjetas, baja aceptación del cheque...).
4. No se conseguirá aflorar el dinero empleado en actividades ilegales o alegales (trabajadores no registrados en la Seguridad Social, negocios ilegales...).
5. Se favorece a los bancos (comisiones, tasas de intercambio) a costa de los ciudadanos.

Todos estos puntos podrían merecer un amplio debate bajo la óptica de los derechos individuales y el beneficio social, pero me centraré hoy en analizar la repercusión económica para los ciudadanos.
Obviando el esperado impacto fiscal de la medida, que debería aportar ingresos adicionales a las arcas públicas, podemos tomar como punto de partida el coste del manejo de efectivo en España. Según algunas estimaciones, podríamos estar hablando de unos 5.100 millones de euros al año. Ése sería el dinero que bancos y comercios emplean cada año en transportar, contar e intercambiar efectivo con los ciudadanos. Como es lógico, ese coste ya se está repercutiendo a los consumidores en los precios que pagamos por bienes y servicios.
Por otro lado, la mera tenencia de efectivo tiene un coste oculto porque nos da una rentabilidad inferior a la que podemos obtener “libre de riesgo” en el mercado. Este hecho aporta a los bancos centrales ingresos adicionales por el denominado señoreaje. Así, vemos que el efectivo está lejos de ser “gratuito”, una percepción bastante arraigada entre la ciudadanía.
Como sistema, la alternativa más eficiente que tenemos hoy en día para las transacciones monetarias son los pagos electrónicos. El profesor Leo van Hove citaba hace unos años en un artículo las conclusiones de sendos estudios realizados entre 2005 y 2006 por los bancos centrales de Bélgica y Holanda. En ellos se llegaba a la conclusión de que el coste marginal de realizar un pago electrónico por un importe superior a los 10,24 euros en Bélgica (11,63 en el caso de Holanda) era inferior al del mismo pago en efectivo.

Fuente: Leo van Hove (2006) Why fighting cash is a worthy cause.

De hecho, los avances tecnológicos y la caída de las tasas de intercambio (el precio pagado por la entidad adquirente a la emisora del medio de pago) probablemente sitúan hoy el umbral de eficiencia de los pagos electrónicos en niveles todavía más bajos.
En este contexto, la iniciativa del Gobierno tiene sentido económico para la ciudadanía si pensamos que el ahorro en costes de los pagos electrónicos se repercutirá a los usuarios. Del mismo modo, carece de sentido socioeconómico la puerta abierta por SEPA para que los comercios puedan cobrar un sobreprecio por el pago con tarjeta (como ya hacen algunas compañías aéreas), puesto que penalizaría las transacciones más eficientes.

 

 

 

La “cola” para pagar el saneamiento

El debate, y sobre todo la negociación, sobre el rescate bancario se ha venido centrando en si los fondos irían directamente a los bancos, o pasarían por el Gobierno a través del FROB, quien a su vez sería el vehículo de capitalización de los bancos. En el fondo de dicho debate está si la condicionalidad a imponer por los prestamistas (Europa) se refiere sólo al sistema bancario, o a las políticas económicas del Gobierno, elección que sin duda no es baladí, sobre todo desde una perspectiva política y de soberanía nacional.

Pero desde una perspectiva de economía bancaria, esa discusión sobre si las pérdidas potenciales en los bancos las asume el FROB, o directamente el Fondo Europeo (sea FEEF o MEDE), recuerdan a la fábula de los galgos y los podencos, pues obvia a todos los que están, o deberían estar, antes que cualquiera de ellos dos  en la “cola” para pagar las facturas del saneamiento bancario, en caso de que los bancos receptores no pudieran hacerlo mediante generación interna.

La insistencia del Gobierno (tanto del actual como del anterior) en que los saneamientos de los balances bancarios los asuma el propio sector, antes de contar con dinero público (“bail-in”, antes que “bail-out”), tiene una gran racionalidad económica (optimización en el uso de los fondos públicos) y empresarial (pagar por los errores de gestión), pero hay diferentes fórmulas, y desde luego la aplicada hasta ahora no parece la más racional por varios motivos que a continuación explicamos.

La fórmula elegida hasta la fecha descansa en una cierta “socialización” de pérdidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), designado, hasta la fecha, como el garante de los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) otorgados a las entidades adjudicatarias que se han hecho cargo de las  intervenidas.

Fuente: Afi. Datos en millones de euros.

* En los casos de CAM y Unnim el EPA cubre el 80% de las pérdidas, netas de provisiones constituidas (que son unos 3.900 millones en el primer caso, y unos 900 en el segundo)

Con dicho esquema,  todas las entidades del sistema absorben, a prorrata de la cuota de depósitos que tengan en el mercado, todas las potenciales pérdidas que podrían llegar a generar las entidades intervenidas y adjudicadas. Esa absorción se realizaría, bien mediante una derrama al contado, o en “módicos” plazos que, en función del monto final, ¡podrían alargarse durante varias décadas! Como el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en su reciente informe FSAP, el riesgo de esa política es que entidades actualmente sanas podrían verse debilitadas al tener que hacer frente a esas cargas futuras a través del FGD.

Por lo tanto, bajo este esquema el principal riesgo que es que las entidades “sanas” sufrieran un debilitamiento de su posición financiera al tener que hacer frente a los saneamientos de aquéllas entidades “dañadas”.

El segundo argumento,  de racionalidad empresarial, se refiere al binomio rentabilidad-riesgo. Parece fuera de toda duda que una entidad intervenida debería ver su patrimonio completamente “vaciado” antes de que la adjudicataria (entidad que absorbe a la intervenida) reciba un EPA que pagará el resto del sector; y en general eso es lo que ha ocurrido, salvo en  algunas excepciones.

Pero es que el razonamiento  debería extenderse más allá del patrimonio, concretamente a las preferentes y subordinadas, valores considerados recursos propios -bien es cierto que, en algunos casos, con desconocimiento de dicho carácter por parte de los inversores que los habían adquirido-,  y que hasta la fecha han salido indemnes en las entidades intervenidas.

La paradoja es que mientras esto ocurría en las entidades intervenidas, la posición de accionistas y acreedores subordinados del resto de entidades del sistema se debilitaba al ser éstas las que respaldaban los EPAs otorgados. En resumidas cuentas, que en la cola para pagar los saneamientos se ha permitido saltarse el turno a los acreedores junior –conscientes, o no,  de dicho carácter- de las entidades intervenidas,  y a cambio se ha adelantado la posición de los accionistas y acreedores junior del resto del sistema.

En terminología anglosajona,  ni “bail-out” ni “bail-in”, sino “bail-through”, ¡para que luego se diga que en España no inventamos!

¿Se puede liquidar un banco?

En el actual escenario, combinar las palabras “liquidación” y “banco” genera una especie de pánico que lleva a pensar en colas de clientes retirando sus depósitos. Es cierto que la carga semántica negativa del término “liquidación” y la extremada sensibilidad de la opinión pública sobre la situación del sistema bancario hacen necesario un especial cuidado a la hora de hacer arriesgadas combinaciones verbales.

Sin embargo, debe afirmarse que sí puede liquidarse un banco, como nos muestra la historia del sistema financiero español o el ejemplo de diferentes casos en la actual crisis bancaria en países de nuestro entorno, como informa la propia Comisión Europea  (ver tabla).

De forma muy resumida, la liquidación de una compañía, sea un banco o cualquier otra, básicamente requiere ir haciendo frente a todos los pasivos, con el orden de prelación que la normativa define, con los activos que pueda tener la compañía para pagarlo.

Con ello, sólo pueden presentarse dos “problemas”. El primero, de ritmo, que sería que los activos no puedan hacerse líquidos al ritmo que les gustaría cobrar a todos los acreedores. Para ello existe la figura del concurso de acreedores, que permite “comprar tiempo” para negociar con ellos.

El segundo “problema” sería de suficiencia patrimonial. Si los activos, cuando intentan realizarse, tienen un valor inferior a las deudas, habrá unas pérdidas que tendrán que repartirse. Los primeros que las soportarán serán los accionistas, y después los acreedores con cierto grado de subordinación. Sólo cuando los primeros y los segundos hubiesen perdido todo empezarían a perder otro tipo de acreedores.

La particularidad en un banco es que sus acreedores son diferentes de los de otras empresas. Por un lado, están los depositantes, protegidos por el fondo de garantía de depósitos (FGD). Por otro, los inversores que han comprado títulos emitidos por la entidad. Si unimos esto a la particular naturaleza de los activos, que pueden ser ilíquidos por tener un vencimiento a largo plazo –e.g. las hipotecas—y a alguna complejidad que vincula activos y pasivos –e.g. las cédulas hipotecarias están colateralizadas por las hipotecas existentes y no podrían venderse las hipotecas sin cancelar las cédulas– nos queda un esquema de cómo liquidar un banco que es algo diferente del de otro tipo de compañías.

Considerando esas diferencias y de forma muy resumida, un proceso de liquidación “puro” podría pasar por:

• Toma de control del banco –intervención o adquisición de un paquete mayoritario del capital— que podría no ser necesaria y ser los accionistas originales los que inicien el proceso.
• Solicitud del concurso de acreedores, como medida de protección frente a exigencias de determinados acreedores.
• Liquidación de los depósitos por el FGD, que se transformaría en principal acreedor de la entidad. Desde el momento que la entidad no tenga depositantes, podría incluso dejar de tener licencia bancaria.
• Venta o liquidación de activos, para ir haciendo frente a las deudas con otros acreedores no cubiertos por el FGD. Los activos que estén vinculados a pasivos –cédulas e hipotecas, por ejemplo– tendrán que ser gestionados conjuntamente.
• En caso de insuficiencia de activos, se tendrán que acordar quitas que se aplicarán en función de la prelación de los acreedores.
• En caso de que la liquidación del remanente sea positiva, correspondería a los accionistas originales.

Algo similar a esta “liquidación” podría ser un proceso más sencillo, en el que sin necesidad de concurso, sólo con control de la entidad, se segregasen determinados activos y pasivos para ser vendidos –“negocio bueno” – frente a otros que no tendrían fácilmente comprador –“negocio malo” –. Los primeros buscarían un comprador en mercado y los segundos quedarían bajo administración y control generalmente público. El papel del FGD no sería el de hacer frente a los depósitos –ya que un comprador se haría cargo de ellos– sino apoyar en la gestión del “negocio malo” para lo cual podrá apoyarse en el FROB, cuya misión es apoyar a la restructuración bancaria..

En una u otra solución los clientes pueden verse afectados. Por ejemplo, si se “trocea” el negocio, pueden quedar como clientes de una entidad por lo que corresponde a sus cuentas de pasivo y de otra distinta para sus préstamos, o puede ser vendido a un tercero el negocio de seguros o de fondos. Incómodo, sí, pero bastante mejor que perder dinero, no tanto como acreedor, que para eso está el FGD, pero sí como contribuyente.

¿Tiene alguna ventaja liquidar un banco frente a mantenerlo como entidad? Probablemente podríamos llegar a la reflexión de si algo vale más unido o por partes. Si un banco tiene negocios con viabilidad y valor y otros que no aportan valor o, peor aún, que detraen valor, concluiríamos que la venta por partes puede generar valor, aunque siempre nos quedará un residuo que tenga que ser gestionado, en ocasiones a muy largo plazo.

Este esquema contrasta con el aplicado hasta ahora por el FROB, que ha vendido entidades completas, a costa de conceder importantes apoyos a los compradores –venta del capital por un euro, concesión de esquemas para proteger activos de morosidad o pérdidas futuras–. Por tanto, hablar de “liquidación”, si le quitamos esa negativa carga semántica, vendría a ser sinónimo de estudiar formas alternativas de salida de las entidades que sean controladas por el FROB.

 

 

Implicaciones de las bajadas de rating

Las recientes revisiones a la baja de la calificación crediticia que otorgan las agencias de rating al Reino de España -la última, ayer mismo por parte de Moodys-, introducen un elemento adicional de preocupación en el escenario económico actual. Desde que comenzara la crisis, las agencias han reducido en hasta cinco escalones la nota de España, con repercusiones muy relevantes sobre la capacidad de financiación de la economía, que van mucho más allá del incremento directo en el coste de las emisiones que realiza el Tesoro.

En primer lugar, porque en la práctica totalidad de los casos, el rating del Reino actúa como “techo” en la calificación del resto de agentes económicos. En última instancia, si el Tesoro no fuera capaz de pagar sus deudas, tampoco podría ninguno de los operadores de esa economía. Por lo tanto, tras una bajada de rating de un país, se produce una cadena de revisiones a la baja en el resto de emisores, ya sean empresas no financieras, bancos o CC.AA. En definitiva, esto es lo que implica el rating: la opinión que tiene la agencia de calificación sobre la capacidad de un país, y del resto de emisores, de hacer frente al pago de intereses y devolución del principal de los préstamos concedidos por sus acreedores.  

En segundo lugar, afecta directa y de forma especialmente intensa a las entidades financieras por la forma en la que financian parte de su balance. El sector bancario español ha tomado prestado en las dos últimas subastas del BCE algo más de 300 mil millones de euros.  Para ello, las entidades financieras han tenido que depositar activos que sirven como garantía en el BCE, que en la mayor parte de los casos es deuda pública –ya sea del Estado o de las CCAA- o deuda emitida por otras entidades –bonos, cédulas hipotecarias, titulizaciones, etc.-. Pues bien, si las cuatro agencias registradas en BCE siguieran los pasos dados por Moodys -bajando el rating de España-, la autoridad monetaria exigiría más garantías para mantener el mismo volumen de financiación que ya ha prestado. ¿Y esto es relevante? Lo es, porque implica que los bancos tienen que utilizar más activos para obtener la misma cantidad de dinero, disminuyendo su posición de liquidez neta e incrementando el coste efectivo de la financiación. 

En tercer lugar, como consecuencia de los dos aspectos anteriores, en términos efectivos el dinero es más caro. Por un lado, porque las entidades financieras aplicarán tipos de interés más altos a los préstamos que conceden a sus clientes; y, por otro, porque las empresas exigirán rentabilidades más altas a sus inversiones, para así compensar el incremento de su coste de financiación.

Malas noticias por tanto en un contexto de sequía financiera como el actual.

  

 

Democratizar las finanzas

Son demasiadas las secuelas que dejará esta crisis. No son menores las que empiezan a manifestarse como una desconfianza creciente en las instituciones económicas, desde los propios mercados financieros  a los supervisores de los mismos, por no destacar las más explícitas sobre los bancos y otras empresas financieras. Tampoco los economistas nos iremos de rositas. Más allá de los diagnósticos erróneos o las sugerencias inadecuadas de política económica, áreas relevantes del propio cuerpo de conocimientos han quedado en entredicho por lo observado en estos casi cinco años de crisis. Una de esas áreas cuya adecuación a la realidad está siendo cuestionada, en alguna de sus proposiciones fundamentales, ha sido la economía financiera. En su dimensión directamente institucional, de la observación del funcionamiento de sus diversos operadores  y de la adecuación de las reglas, las conclusiones también son relevantes. Y lo peor es que la regulación correctiva no está avanzando al ritmo que la reducción de la desafección de los ciudadanos precisaría.

Uno de los académicos más respetables que en mayor medida está contribuyendo a una revisión de esa disciplina es el profesor de Yale, Robert J. Shiller. Probablemente la mayoría de los lectores aficionados a las finanzas lo conocerán por sus propuestas de actualización de la teoría financiera tomando en consideración aportaciones de otras disciplinas, básicamente la psicología. Es conocida su posición inequívoca como defensor de las proposiciones de la “behavioral economics” y de la “behavioral finance”, exploradoras de las limitaciones reales humanas que inhiben la adopción de decisiones estrictamente racionales.

Ahora acaba de publicar un libro no menos sugerente que los anteriores: “Finance and the Good Society”. No es nueva la preocupación que ha motivado esta publicación, pero es cierto que han sido los devastadores efectos de la crisis,  las perversiones e ilegalidades observadas, los elementos que le han impulsado a tratar de sistematizar algunas de sus propuestas ya enunciadas en trabajos anteriores. La intención central, sobre la que giran los diversos asuntos abordados en este libro,  es “la necesidad de democratizar las finanzas haciendo que los mercados financieros funcionen mejor” y lo hagan para todo el mundo.

No se trata de una enmienda a la totalidad del moderno capitalismo financiero, aunque sí un amplio recetario para facilitar su “democratización y humanización”. Claro que el lector puede mostrar su escepticismo y desconfianza al respecto: pocos ámbitos del conocimiento económico y de su aplicación se han mostrado tan distantes de ese tipo de preferencias. Lo que Shiller persigue, en definitiva, es que la participación de la gente en el sistema financiero tenga lugar en condiciones de igualdad con los operadores más avezados. Que el acceso a la información, a los recursos humanos y tecnológicos, esté disponible para todos sus usuarios con el fin de hacer un uso inteligentes de sus oportunidades.

Creo que una buena forma de abrir este blog sobre servicios financieros es subrayar la conveniencia de aprovechar algunas de las lecciones que esta crisis ofrece. Me permito por ello sugerir a profesionales y aficionados algún tiempo para la reflexión apoyada en la entretenida lectura de este nuevo libro de Shiller.