Uno de los puntos más polémicos del proyecto de Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal (aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes) ha sido la limitación de los pagos en efectivo entre particulares y profesionales. Si finalmente queda aprobado con su redacción actual, el pago en efectivo de bienes o servicios por importes superiores a 2.500 euros constituirá una infracción administrativa por ambas partes.
No cabe duda de que el objetivo de reducir la circulación de dinero negro es loable, pero la medida ha generado numerosas críticas que se pueden resumir en las siguientes:
- Se reduce la libertad individual y el anonimato (la trazabilidad es total).
- Las dificultades para garantizar el cumplimiento de la nueva norma harán inviable la puesta en marcha de la limitación al pago en efectivo.
- Existen limitaciones al uso generalizado de medios de pago distintos del efectivo (límites demasiado bajos en tarjetas, baja aceptación del cheque...).
- No se conseguirá aflorar el dinero empleado en actividades ilegales o alegales (trabajadores no registrados en la Seguridad Social, negocios ilegales...).
- Se favorece a los bancos (comisiones, tasas de intercambio) a costa de los ciudadanos.
Todos estos puntos podrían merecer un amplio debate bajo la óptica de los derechos individuales y el beneficio social, pero me centraré hoy en analizar la repercusión económica para los ciudadanos.
Obviando el esperado impacto fiscal de la medida, que debería aportar ingresos adicionales a las arcas públicas, podemos tomar como punto de partida el coste del manejo de efectivo en España. Según algunas estimaciones, podríamos estar hablando de unos 5.100 millones de euros al año. Ése sería el dinero que bancos y comercios emplean cada año en transportar, contar e intercambiar efectivo con los ciudadanos. Como es lógico, ese coste ya se está repercutiendo a los consumidores en los precios que pagamos por bienes y servicios.
Por otro lado, la mera tenencia de efectivo tiene un coste oculto porque nos da una rentabilidad inferior a la que podemos obtener “libre de riesgo” en el mercado. Este hecho aporta a los bancos centrales ingresos adicionales por el denominado señoreaje. Así, vemos que el efectivo está lejos de ser “gratuito”, una percepción bastante arraigada entre la ciudadanía.
Como sistema, la alternativa más eficiente que tenemos hoy en día para las transacciones monetarias son los pagos electrónicos. El profesor Leo van Hove citaba hace unos años en un artículo las conclusiones de sendos estudios realizados entre 2005 y 2006 por los bancos centrales de Bélgica y Holanda. En ellos se llegaba a la conclusión de que el coste marginal de realizar un pago electrónico por un importe superior a los 10,24 euros en Bélgica (11,63 en el caso de Holanda) era inferior al del mismo pago en efectivo.
Fuente: Leo van Hove (2006) Why fighting cash is a worthy cause.
De hecho, los avances tecnológicos y la caída de las tasas de intercambio (el precio pagado por la entidad adquirente a la emisora del medio de pago) probablemente sitúan hoy el umbral de eficiencia de los pagos electrónicos en niveles todavía más bajos.
En este contexto, la iniciativa del Gobierno tiene sentido económico para la ciudadanía si pensamos que el ahorro en costes de los pagos electrónicos se repercutirá a los usuarios. Del mismo modo, carece de sentido socioeconómico la puerta abierta por SEPA para que los comercios puedan cobrar un sobreprecio por el pago con tarjeta (como ya hacen algunas compañías aéreas), puesto que penalizaría las transacciones más eficientes.
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