Rescate bancario "sin legados"

Mientras se sigue deshojando la margarita en cuanto a la solicitud formal de rescate total (duro o blando), al rescate bancario solicitado en junio le vuelven a aparecer piedras en las ruedas en cuanto a su efectiva ejecución, y especialmente a la capitalización directa por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, o ESM por sus siglas en inglés). Dicha participación directa en el capital de los bancos, frente a la alternativa inicial de que sea el FROB quien tome esa participación, y asuma las deudas frente el MEDE, era clave para eliminar o reducir el círculo vicioso entre los riesgos bancarios y la deuda pública.

El endurecimiento de los términos para dicha actuación viene esta  vez de la mano de un comunicado emitido por el Ministerio de Finanzas finlandés, tras un encuentro celebrado entre el mismo y sus homólogos de Alemania y Holanda, es decir, los tres países que todavía ostentan la máxima calificación (AAA) de forma unánime por las agencias de calificación.

Más allá de bromas sobre la eclosión de órganos de decisión/discusión en Europa, y la sopa de letras que de ellos emerge (Consejo, Comisión, Ecofin, Eurogrupo, y ahora esos tres ministros formando una especia de “Eurogrupo-AAA”), lo cierto es que el comunicado en cuestión deja claros una serie de principios básicos que, sin mencionar claramente nuestro país, van inequívocamente  dirigidos al mismo, y no precisamente en la dirección de facilitar las cosas para el rescate bancario.

En primer lugar, se  explicita que la participación directa por el MEDE en el capital de los bancos solo podrá realizarse cuando se haya establecido el mecanismo europeo de supervisión bancaria, así como suficientemente probada su efectividad, lo que sin duda retrasa de forma significativa su aplicación. Por otra parte, se enfatiza que esa recapitalización directa debe ser aprobada en el marco de una “decisión regular” del MEDE, y acompañado por un memorando de entendimiento (MoU). Y la pregunta que surge es: ¿se refiere a un nuevo MoU o bastaría con el aprobado en julio?

Pero sin duda la mayor carga de profundidad se refiere a la responsabilidad que asumiría el MEDE sobre los problemas en los bancos en los que tome participación. A este respecto se deja meridianamente claro el principio de “tabla rasa”, es decir, sólo se asumirán los problemas que ocurran en el marco de la nueva supervisión, mientras que el “legado” (los activos problemáticos heredados de la situación previa) será responsabilidad de las autoridades nacionales. Ello, “en román paladino, quiere decir que el MEDE solo entrará en el capital de los bancos cuando sus balances se hayan limpiado de todo tipo de activos tóxicos previamente existentes, para lo cual el comunicado recalca que se habrán de utilizar valores económicos reales y se habrá de seguir el orden básico de absorción de pérdidas; esto es, en primer lugar, el capital privado; en segundo, el capital público nacional; y el MEDE sólo como último resorte.

Por mucho que nos duela, no puede dudarse de la racionalidad económica de dichos principios básicos, al menos desde la perspectiva de quienes (los tres países mencionados) más tienen que decir en cuanto a capacidad financiera para poner el capital que va a ser necesario. Pero sí que merece destacarse que la declaración pública de dichos principios se haya realizado a tan sólo tres días de la publicación de los ejercicios de estrés, que van a marcar el capital necesario para cada entidad, así como las pautas básicas de valoración de los activos potencialmente susceptibles de deterioro, y por tanto de ser traspasados al “banco malo”. Frente a intentos de minimizar la estimación de capital necesaria, y de no presionar en exceso a la baja los precios de traspaso de activos al banco malo, el comunicado parece leerse claramente justo en la dirección contraria.

Depósitos variables

Durante las últimas semanas –o meses–, el énfasis  en determinadas noticias sobre la evolución de los depósitos de la banca en España ha generado, en ciertos casos, una visión alarmista de caída de depósitos y de fuga hacia otros mercados.

En una crisis bancaria, la fuga de depósitos es el síntoma último de un fatal desenlace. Los gestores de las entidades y los supervisores bancarios vigilan la constante vital de la posible retirada de depósitos como una variable crítica para evaluar la salud del enfermo y se ven obligados a tomar decisiones dramáticas cuando el pulso empieza a ser preocupante.

Probablemente el énfasis que se ha puesto en alguno de los análisis no ha considerado ni algunos aspectos técnicos del análisis de la información de los depósitos y, quizá haya ayudado a la confusión el hecho de que se haya contado con dos fuentes para medir la evolución de los depósitos bancarios, una el Banco Central Europeo, paradójicamente más ágil en la publicación de su información, y otra el Banco de España, que hacía públicos sus datos con cierto retraso y hasta esta semana no publicó una nota explicativa de alguno de los movimientos que estaban afectando a las estadísticas.

La reducción de depósitos se asocia, en un entorno de crisis bancaria, a la imagen de colas de clientes esperando para recuperar sus ahorros y transfiriendo de forma masiva a otras entidades los saldos que puedan mantener en una entidad en dificultades.

Sin embargo, la verdad es que bajo el epígrafe de depósitos que aparece en los balances bancarios se incluyen importantes saldos que no corresponden a operaciones de depósitos de clientes y, por tanto, las noticias basadas en evolución de los saldos agregados de depósitos pueden llevar a conclusiones erróneas.  En estos saldos se incluyen operaciones que tienen mucho más que ver con operaciones de mercados financieros –titulizaciones, repos, emisiones de títulos no cotizados,….—y realizadas con inversores institucionales y cuyos movimientos están vinculados a la utilización de unos u otros instrumentos para la financiación en mercado o a operaciones que puedan hacerse con títulos previamente emitidos –recompras, amortizaciones, canjes,….--.

Adicionalmente, no puede perderse de vista el contexto en el que se produce esta caída de depósitos, que está marcado, para el caso de los hogares, por una elevada tasa de desempleo y un elevado endeudamiento que, probablemente, lleven a tener que hacer uso de los ahorros para poder soportar gasto corriente o los compromisos contraídos –algo, por otro lado, absolutamente natural, ya que ése es el destino del ahorro de los hogares--. En el caso de las empresas, la liquidez es igualmente utilizada para el mantenimiento de la actividad y para poder avanzar en el proceso de desapalancamiento necesario, reduciendo parte de sus deudas.

Observando las cifras de activos financieros netos de cada uno de los sectores, se aprecia cómo la tendencia ha sido constante en los últimos años y no es sólo un síntoma de los últimos meses, viéndose cómo el lento avance en el proceso de desapalancamiento se inició tímidamente hace ya un par de años.

 

(Fuente: Banco de España)

Las cifras, aún analizadas con cierto detalle y con todas las consideraciones técnicas necesarias, no dejan de ser relevantes. En el caso de los depósitos de hogares, la caída en lo que va de año se sitúa en el entorno de los 18 mil mill€, en torno a un 2,4%, nada inconsistente con las cifras de empleo y actividad. En el caso de las empresas no financieras, la caída es más acusada, con unos 27 mil mill€ de reducción, que supone  un 13,3%.

No puede perderse de vista que parte de esta caída ha venido marcada por aspectos regulatorios, como el recargo en las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para los depósitos “primados”. Esta medida llevó al desplazamiento de ahorro hacia instrumentos como los pagarés, que a las entidades les generaban menos costes de aportaciones al FGD y que se han usado para las operaciones con mayor remuneración –en el año estos instrumentos han tenido un crecimiento de en torno a 27 mil mill € –no todos en manos de hogares, eso sí–. La desaparición de este recargo –diseñado con la buena intención de “suavizar” la competencia en tipos, pero con un efecto secundario que no se había medido—probablemente haga que en los próximos meses los saldos en pagarés de muchos clientes vuelvan a depósitos bancarios, protegidos por el FGD.

Estas cifras no muestran algunos matices que pueden haber sido muy relevantes, como la existencia de movimientos de clientes desde entidades con mayores dificultades a otras en una situación de mayor fortaleza financiera, como se ha visto, por otro lado, a lo largo de toda la crisis. Existen clientes que, por temor a perder parte de sus ahorros –la elevación de importe de depósitos garantizados por cliente y entidad a 100.000€ suavizó estos movimientos—o por descontento con el servicio y la oferta de entidades en dificultades, opta por moverse a la competencia.

Sin embargo, es importante considerar la caída de depósitos en el entorno de dificultades de acceso a mercados mayoristas por parte de las entidades, ya que está marcando una elevada competencia en precios que agrava la imagen de dificultades en la obtención de liquidez y que tensiona unas cuentas de resultados que, de no existir elevadas rentabilidades en las carteras de deuda y unos costes mínimos en la captación de financiación a través del BCE, serían mucho más débiles. Ante el entorno de encarecimiento de depósitos por la competencia, las entidades no pueden compensar sus resultados por el lado de la inversión crediticia, ya que las condiciones no pueden modificarse –salvo en la renovación de operaciones más a corto plazo, generalmente con empresas, que ya han venido siendo objeto de revisiones al alza de diferenciales en los últimos años—y, adicionalmente, una parte de la cartera ni siquiera genera ingresos –los dudosos, que representan el 9% de la cartera de créditos en el sistema, pero se elevan a un 20% en algunas entidades--.

La alarma, por tanto, no tiene sentido como para justificar tantos titulares –quizá ni siquiera este post–. 

Hipotecas resistentes

No deja de ser asombrosa la capacidad de resistencia al aumento que muestra la mora hipotecaria de los hogares. Como puede observarse en el gráfico adjunto, ésta se dispara, al  igual que en el crédito bancario de otra naturaleza, con el desplome inicial de la economía española en el periodo 2008-09. Sin embargo, mientras que la ratio de saldo moroso sobre el total del crédito del resto de tipologías mantiene posteriormente su vertiginoso crecimiento exponencial, el del crédito hipotecario a hogares se ha estabilizado en niveles del 3%.

Tasas de mora de la inversión crediticia en España

   

Fuente: Banco de España, Afi

Es verdad que este aparentemente inexplicable comportamiento para quienes desde fuera de nuestro país tienen puestos ahora sus ojos en la economía española, no lo es tanto para los más conocedores del comportamiento financiero de los hogares españoles. También en la anterior crisis española, la de mediados de los noventa, la mora hipotecaria de los hogares tuvo un comportamiento muy contenido. Lógicas sociales y culturales autóctonas en las que se valora especialmente la condición de propietario, al menos de la vivienda del hogar familiar, junto a la propia red de apoyo familiar que emerge en situaciones de crisis como la que vivimos, y que justifica también otros patrones de comportamiento, explica que el incumplimiento del pago de la hipoteca esté más blindado y se produzca en situaciones más extremas en España que en otros países.

Aun cuando haya que incorporar algunas matizaciones, entre ellas la relativa a los muchos acuerdos de refinanciación suscritos entre las entidades y los hipotecados, lo que sorprende esta vez es el grado de resistencia, el mantenimiento del paradigma, con una crisis como la actual, tan desconocida y descomunal en muchas décadas. Cuatro años ya consecutivos de periodo recesivo o de estancamiento en los que el paro aumentó en casi 4 millones de personas, y en los que la tasa de desempleo se multiplicó por tres, ascendiendo desde el entorno del 8% hasta niveles de casi el 25%. Más sorprende aun cuando, profundizando en algunos detalles, y como recoge el siguiente gráfico, el porcentaje de hogares en el que todos los miembros en disposición de trabajar (activos) están parados ha escalado, multiplicándose por cinco, hasta llegar a representar uno de cada diez hogares españoles.    

Fuente: INE (EPA), Afi

Sin ser pesimistas, conviene reconocer, no obstante, que las muy adversas condiciones para la evolución de la renta de los hogares perdurarán todavía algún tiempo. También que, como sucede con el desgaste de los materiales, la capacidad de resistencia (mantenimiento al día del pago de las hipotecas de las familias) es inversamente proporcional a la duración de esa  adversa presión que soportará la renta familiar; tanto por el propio nivel de actividad económica, como por las restrictivas medidas de política económica adoptadas en el proceso de consolidación presupuestaria de las cuentas públicas españolas.

Se darán por tanto, desgraciadamente, condiciones y ocasión de comprobar a lo largo de los próximos meses si aumenta la sorpresa en cuanto al grado de resistencia del paradigma. O si, por el contrario, empieza a desbordarse la mora hipotecaria de los hogares; la que hasta el momento ha contenido los graves daños que sufren las entidades financieras tras la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Finanzas y competitividad

El World Economic Forum (WEF) acaba de difundir el “Global Competitiveness Report” correspondiente a 2012-2013. Se trata de un trabajo que merece la pena consultar. A lo largo de su ya larga trayectoria no ha dejado de mejorar su metodología y, con independencia de las reservas que en algunos casos ofrezcan algunos índices parciales, es, cuando menos, sugerente. El profesor Xavier Sala-i-Martí es el director del mismo. Como se sabe, el índice final, El Global Competitiveness Index (GCI) trata de medir los fundamentos macro y microeconómicos de la competitividad de las naciones. Recordemos que la definición de competitividad, fácil de asumir, es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determina el nivel de productividad de un país. Es, por tanto, la productividad la que determina la prosperidad que puede generar una economía: las vías para hacer mejor las cosas.

En este post me interesa destacar el papel que en esa determinación tienen los sistemas financieros. Se trata de uno de los doce pilares de la capacidad competitiva analizada en el informe. No hace falta subrayar que la actual crisis, su especial particularización en los sistemas financieros, primero de EEUU y ahora en los de la eurozona, concede especial interés a las consideraciones en este punto. Es un hecho que el grado de desarrollo financiero, de eficiencia del sector correspondiente, de una economía permite en principio asignaciones de recursos financieros a sus mejores usos productivos. Sin esa eficiencia es posible que queden proyectos de inversión enriquecedores sin financiar: que las empresas más eficientes y modernizadoras no tengan acceso a la financiación en igualdad de condiciones que el resto. Ello depende igualmente de la cualificación de los operadores y, desde luego, de la diversificación institucional. También del equilibrio entre financiación bancaria y aquella basada en los mercados y, no menos importante, de una correcta regulación, que evite las irregularidades que esta crisis ha evidenciado en las economías más avanzadas, y también más competitivas, del mundo.

La economía española repite posición en el índice general, la 36ª de las 144, detrás de economías menos avanzadas como Chile, entre otras. En el grupo de las cinco de cabeza hay tres pertenecientes a la UE (Suecia, Finlandia, Holanda). Alemania se queda en la posición 6ª, por delante de EEUU en todo caso. Ello quiere decir que la pertenencia a un área como la europea es de todo punto compatible con la capacidad competitiva.

En el pilar correspondiente a desarrollo de los mercados financieros España se encuentra en la posición 82, con una nota de 3.9 sobre 7. Y es que la propia crisis bancaria ha debido influir en aspectos como la segmentación de su sistema bancario y en el debilitamiento de la confianza en las entidades bancarias. Las respuestas que aportan los directivos empresariales señalan como una de las mayores dificultades el acceso a la financiación. Son todos ellos resultados poco compatibles con una economía moderna, competitiva, en definitiva. Cabe confiar que tras las reformas de gran calado que están teniendo lugar en el sistema bancario, obligadas por las salidas a la crisis, y muy especialmente como consecuencia del plan de recapitalización financiado por Europa, se consigan mejoras de posiciones en el próximo informe del WEF. Por el momento, no podrán decir los lectores del blog que la información adjunta no invita a la discusión.

Gráfico: España en el Global Competitiveness Index

Fuente: World Economic Forum.

¿Resolución de las crisis bancarias?

Algunos comentarios vistos en los medios en torno al reciente Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en adelante, RDL, dan a entender que con la palabra resolución, ciertamente novedosa en nuestro habitual argot bancario, se intenta transmitir la idea de una solución definitiva a las crisis bancarias en España, en particular a las que están en estos momentos en esa situación.

¡Ojalá fuera así!, pero no va a caer esa breva. La citada palabra, como tantos otros términos de análoga procedencia que se han hecho su hueco en el argot bancario español, sin ir más lejos, la misma expresión “entidad de crédito” que aparece en el título del RDL, viene de la Unión Europea, concretamente de la propuesta de Directiva por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, actualmente en tramitación. De hecho, si uno lee ambos textos, encontrará un buen número de elementos comunes, porque, aunque lo habitual es que, una vez aprobada la Directiva, se proceda a su trasposición en España, en este caso su contenido nos viene impuesto por el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en ingles, memorandum of understanding) que recoge los compromisos que asumimos, no sólo respecto al sistema bancario, como contrapartida por el rescate de este último que, en estos momentos, tenemos pendiente de empezar a recibir.

En realidad,  si nos vamos más lejos, dicha palabra es la que vienen empleando los más importantes elaboradores de regulación bancaria en el ámbito mundial, dentro de las diversas reformas que se han ido planteando a la misma como consecuencia de la crisis financiera actual: el Consejo de Estabilidad Financiera, o el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

El RDL sitúa la resolución de una entidad de crédito dentro de un conjunto de cuatro procesos de solución de crisis bancarias, el primero de los cuales, que es el que nos parece el más importante, en la medida en que afecta a todas las entidades, aunque estén sanas, está tan escondido en el texto del RDL que hay que saberlo encontrar: los planes generales de viabilidad (PGV), que deben recoger las medidas a adoptar para restaurar la viabilidad y la solidez financiera de una entidad en caso de que sufran algún deterioro significativo. Se trata de un elemento que viene también de la propuesta de Directiva, donde incluso tiene un nombre más duro: planes de rescate. No se trata de una mera cuestión terminológica. Dichos planes van en la línea que viene manejando la regulación bancaria internacional, sobre todo para las grandes entidades, en torno a los denominados testamentos vitales (“living wills”), pero que, en principio, no tienen el mismo sentido fúnebre de éstos: no se trata de planes para liquidar la entidad, sino más bien al contrario, como indica su nombre. Una buena aplicación para la banca del viejo refrán de que más vale prevenir que curar.

En principio, el contenido de los PGV lo debe determinar el desarrollo reglamentario del RDL y, cuando esté completado, serán obligatorios a los 6 meses. No obstante, dicho contenido ya está prefigurado con bastante detalle en el Anexo de la propuesta de Directiva. No se trata, desde luego, de cumplimentar una serie de impresos para que luego sean validados por el supervisor, sino del desarrollo de una auténtica cultura de prevención de crisis que cada entidad debe adaptar a su situación particular. Algunos banqueros y bancarios pueden quejarse, no sin cierta razón, de los nuevos requisitos y de los costes adicionales que la regulación les impone, y que se unen a los que les vienen por otras facetas del negocio, pero no hay otro remedio. Tras las devastadoras consecuencias de la crisis actual, en lo público y en lo privado, las entidades no sólo deben ser solventes desde el punto de vista financiero, sino también de la calidad de su dirección y gestión, si es que pretendemos, como decíamos, que las crisis bancarias se resuelvan y se resuelvan bien.

Tras el escalón preventivo, que, insistimos, afecta a todas las entidades, tenemos los procesos a los que propiamente se dedica el RDL, que son los que aparecen en la tabla siguiente:

Procesos fundamentales de solución de crisis bancarias

Cada uno de ellos está detallado en el RDL y también aparecen en la propuesta de Directiva (el primero con una connotación algo más dura: intervención temprana), excepto la reestructuración en esta última, en la que no es un proceso autónomo, pero sí  una herramienta para la solución de las crisis, que debe traducirse en la elaboración del correspondiente plan. No es nuestra intención ocuparnos aquí de todos esos detalles, pero sí explicar la filosofía básica a la que responde cada uno.

La actuación temprana parte de la base que la entidad está malita y, en consecuencia, debe ponerse en manos del médico, que es el Banco de España, proponiendo un plan que debe ayudarla a salir de la enfermedad, en la que caben una serie de medidas, entre las que, si llega el caso, estaría también la transfusión de la sangre que alimenta todo el negocio bancario, a través del apoyo financiero que suministre el FROB con carácter excepcional.

La reestructuración implica una situación más grave, pero la entidad sigue siendo, a pesar de ello, viable, por lo que, en este caso se prevé una cirugía en principio menor, a cargo básicamente del FROB, pero con intervención del Banco de España, y la presentación del correspondiente plan de salvamento. De hecho, aparte del apoyo financiero del FROB, la cirugía prevista se limita a la amputación de los activos y pasivos problemáticos, llevándolos a eso que se denomina un “banco malo”, y legalmente una sociedad de gestión de activos (SGA).

La resolución presupone la inviabilidad de la entidad, por lo que en este caso la cirugía es mayor y, además, no está orientada a salvar la entidad, sino, si es posible, trasplantar aquellas partes de su negocio que sean sanas, o en todo caso recuperables, y pueden tener acomodo en alguna otra entidad. Como se indica en la tabla, la alternativa a la resolución es la liquidación de la entidad, que sería un quinto proceso a unir a los anteriores,  pero éste ya no pertenece al ámbito bancario, sino al judicial, aunque teniendo en cuenta la legislación especial aplicable a estos efectos a las entidades bancarias, entre la que el RDL se incluye a sí mismo.

El instrumental quirúrgico para la resolución es mucho más amplio y más complejo de utilizar, que simplemente resumimos aquí: venta del negocio, transmisión de activos y pasivos a un banco puente (también llamado “banco bueno”), lo dicho anteriormente del banco malo y los consabidos apoyos financieros del FROB, que en este caso no son para la entidad, sino para, respectivamente, los adquirientes del negocio, el banco puente o la SGA.

Por tanto, resolución definitiva de las crisis bancarias, no; puesta en marcha de un esquema para la resolución de las mismas mucho más sofisticado y potente del que teníamos anteriormente, y del que en estos momentos tampoco disponen muchos países europeos, sí.  Mucho nos tememos que el final del camino sea, en el fondo, el mismo que hemos conocido en la historia reciente de las crisis bancarias en España desde mediados de los años 1970: los bancos que terminan liquidándose son escasos y, en general, poco significativos. El resto, o tal vez su negocio, termina salvándose de una u otra forma, eso sí con la ayuda del apoyo financiero público. Y eso es parte del problema actual: dichos dineros son muchos y popularmente mal vistos, hay poco presupuesto disponible y, además, están muy controlados por la Comisión Europea, como es su obligación.

En definitiva, planes y más planes, desde la prevención a la resolución, aunque lo deseable es que todas las entidades se queden en el primero. En todo caso, los planes deben ser buenos y ser bien aplicados, de cuya comprobación se encarga el Banco de España a todos los niveles.

Desintermediando la financiación a empresas

El problema de la falta de financiación a pequeñas y medianas empresas (PyME) es una de las manifestaciones más crueles de la crisis. En este blog ya hemos hablado anteriormente de la ruptura de la relación de interdependencia entre el sistema bancario y el tejido productivo y sus nefastas consecuencias; esta misma semana, Alfonso García Mora apuntaba en otro post la necesidad de encontrar vías alternativas para canalizar los flujos entre empresas productivas y ahorradores, que sean complementarios a la (ahora deteriorada) intermediación bancaria.

La cuestión es, ¿cómo se puede romper el círculo vicioso de sequía bancaria y paralización de la actividad productiva? Aunque los más escépticos podrán decir que no hay ninguna fuente capaz de cubrir a corto plazo el hueco dejado por la banca, lo cierto es que ya existen algunas alternativas que pueden dar algo de aire a las empresas. Dejando a un lado los instrumentos de capital, como nuestro Mercado Alternativo Bursátil, encontramos diversas formas innovadoras de financiación a través de crédito. El Banco de Inglaterra, en su último informe de estabilidad financiera, apunta las siguientes:

• Fondos de préstamos: Algunos gestores de activos han constituido fondos de inversión destinados a la concesión de préstamos a empresas (en el rango de los 10-100 millones de libras por préstamo). Se estima que los fondos europeos de este tipo disponen de unos recursos superiores a los 6.000 millones de euros para invertir.
• Préstamos por parte de aseguradoras, que en el Reino Unido alcanzaron los 27.000 millones de libras a finales de 2011.
• Préstamos directos (peer-to-peer o P2P): Aprovechando el amplio alcance de Internet, ponen en contacto a prestamistas y prestatarios, ya sean estos últimos particulares o empresas. Las principales plataformas de préstamos P2P en Reino Unido apenas alcanzan de manera conjunta 150 millones de libras de crédito vivo, pero son relativamente recientes. En España, tenemos ejemplos aún más incipientes como Comunitae o PartiZipa.
• Crowdfunding: Plataformas orientadas a recaudar financiación (capital o deuda) entre múltiples pequeños aportantes. Aunque su uso se ha popularizado para proyectos de índole artística, ejemplos como la estadounidense Kickstarter demuestran el potencial de este tipo de plataformas para otro tipo de negocios.

Principales plataformas de préstamos P2P en Reino Unido

Fuente: Banco de Inglaterra

El P2P y el crowfunding han surgido impulsadas por el auge de Internet. Al igual que ya ha ocurrido en otros negocios (agencias de viaje, industrias culturales...) la red ofrece buenas oportunidades para desintermediar o rediseñar las cadenas de valor tradicionales de la banca. Por supuesto, cualquier operación que implique a particulares no cualificados deberá contar con los debidos mecanismos de protección al inversor.

 Para lograr estas garantías, una opción híbrida es la que ofrece Kiva, una plataforma P2P destinada a financiar a microemprendedores en países emergentes, que emplea entidades (micro)financieras con presencia local para la colocación directa de los préstamos. Quizá este mecanismo no sea tan descabellado cuando vemos que ya se puede contribuir a la financiación de emprendedores en Estados Unidos a través de su web...

 

Banca y Pymes

Si tuviéramos que identificar un objetivo prioritario en el proceso de restructuración financiera que se está llevando a cabo con mayor o menor intensidad en todos los países del Área Euro desde 2008, no cabe duda que éste sería (o debería ser) la normalización en la concesión de crédito a las Pymes. Su vulnerabilidad al deterioro del sector bancario es incuestionable, como demuestra la evolución del crédito concedido a estas empresas desde que comenzara la crisis. Esta situación resulta especialmente relevante en aquéllos países en los que no existen plataformas alternativas a los intermediarios bancarios para canalizar financiación a las empresas no financieras de menor tamaño (véase España). De tal forma que la capacidad que estas empresas tienen para lanzar, reflotar o mantener la actividad de sus negocios se encuentra altamente vinculada a la salud del sector bancario y su capacidad para conceder crédito.

¿Pero el menor crédito a Pymes se debe a factores de oferta o de demanda? En ocasiones han sido elementos vinculados a la situación de la demanda los que se han utilizado para explicar la escasa concesión de crédito, ya sea por el deterioro de la calidad crediticia de los prestatarios, o por la existencia de pocos proyectos rentables. Hoy en día, más allá de la clara disminución de nuevos proyectos de inversión, que se está produciendo por razones obvias, tanto las encuestas subjetivas a empresas y bancos, como la elevada tasa de mortalidad empresarial por problemas financieros, parecen evidenciar que los factores explicativos  están vinculados claramente a problemas de oferta. De hecho, el precio debería ser una variable discriminatoria en situaciones de debilidad de la demanda. Escenario que no parece ser el actual, dónde el racionamiento de crédito no se plasma en diferenciales más o menos elevados y discriminatorios, sino más bien en una decisión binaria en la que se concede o no se concede crédito independientemente del precio que finalmente se acuerde.

Pero incluso en aquellos casos en los que se concede crédito a Pymes, el precio al que se otorga muestra la existencia de una elevada y preocupante fragmentación en los países del Área Euro. Según datos del Banco Central Europeo (BCE), mientras en España e Italia el tipo medio de concesión de préstamos a Pymes se sitúa en torno al 6,25%, en Alemania o Francia el coste medio para esta tipología de empresas es del 4%. Aquellas entidades que –asumiendo una prima de riesgo similar- han de asumir costes de financiación un 50% más elevado, difícilmente podrán competir en igualdad de condiciones en un mercado único. De hecho, este no es más que otro ejemplo –a mi juicio, de enorme importancia- que pone de manifiesto la elevada fragmentación financiera actualmente existente com consecuencia, en gran medida aunque no sólo, de las tensiones macro financieras.

¿Y qué tipología de bancos son los que más peso tienen en la concesión de crédito a Pymes? En el caso de EE.UU. un reciente artículo de la Reserva Federal de San Francisco, apunta que el 41% del crédito captado por Pymes (ex tarjetas), lo obtienen de pequeños bancos (menos de mil millones de dólares de balance). No cabe duda de que este es un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta el peso de estas entidades en el sistema. ¿Qué razones hay detrás de esta tendencia, posiblemente generalizada en todos los países? Básicamente las ventajas comparativas que las entidades financieras pequeñas pueden tener en el análisis de negocios muchas veces incipientes, pequeños y con parámetros menos estandarizables, que requieren un análisis más detallado y subjetivo. En definitiva, la existencia de economías de información y proximidad. A este respecto será interesante analizar el impacto que la concentración de nuestro sector financiero en pocas entidades muy grandes puede tener en la canalización de flujos crediticios a las Pymes.

Pero en cualquier caso, resultaría conveniente articular de forma inminente alternativas que permitan una mayor y más ágil canalización de flujos entre empresas productivas y ahorradores que complementen la intermediación tradicional. Eso si, estableciendo las cautelas y exigencias necesarias para garantizar la información y conocimiento de todas las partes –emisores e inversores-. Tenemos mucho camino por delante.

Porcentaje de Pymes cuyo principal problema es el acceso a la financiación