Las reclamaciones de los clientes

Las épocas difíciles suelen serlo tanto para las empresas, en este caso las entidades de crédito, como para sus clientes, de ahí que cabe esperar que en esas mismas épocas aumenten las reclamaciones de éstos contra aquellas, como se ha podido ver en los años que llevamos de crisis, aunque el proceso parece haberse detenido en 2011, pero es que un año antes se alcanzaron máximos históricos, tal y como se observa en la última memoria anual disponible del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, el más antiguo de los existentes en los supervisores financieros en España, creado en 1987, con 25 años de antigüedad.

Viene esto a cuento porque el pasado día 22 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado una Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, que regula la presentación de reclamaciones ante los correspondientes servicios de los supervisores financieros: además del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que ha pasado prácticamente desapercibida en los medios, pese a que el borrador de la misma lo había sometido a audiencia pública el Gobierno anterior hace más de un año.

En realidad, la norma es consecuencia de la desaparición definitiva de un escalón en el sistema de protección que nunca se puso en funcionamiento, los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros: que fueron eliminados por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, disposición final 11ª. En todo caso, la Orden no implica cambios especialmente relevantes sobre el tradicional sistema de protección de los clientes por parte de los supervisores financieros.

De hecho, nuestro comentario no se interesa tanto por estos cambios como por la misma existencia de este sistema de protección y de la nueva relevancia que puede adquirir desde el punto de vista del Banco de España ante la denominada unión bancaria, véase nuestro post anterior sobre este tema. En efecto, el mecanismo único de supervisión a cargo del BCE no contempla trasladar a éste las funciones de protección de los consumidores que dispongan los supervisores nacionales.

Esto quiere decir que se atenúa el conflicto de interés que existe entre los dos grandes objetivos de la regulación y la supervisión financieras y que se maneja con mucha frecuencia: la estabilidad del sistema y de sus entidades y la protección de los consumidores, que ahora estarían bajo la competencia de dos supervisores diferentes.

En todo caso, la protección de los consumidores no depende sólo de los supervisores financieros, ya que se puede acudir a otras vías, como la judicial o el arbitraje, y de hecho se está haciendo así para los temas más espinosos, como las participaciones preferentes o la deuda subordinada colocadas entre la gente normal y corriente, en algunos casos con pocos conocimientos financieros para entender bien el funcionamiento de dichos productos.

Procedimiento especial para las reclamaciones sobre servicios financieros: visión general

 

A pesar de ello, creemos plenamente justificado un procedimiento especial de solución de reclamaciones a cargo de los supervisores. En primer lugar, porque los servicios financieros constituyen un ámbito especializado que requiere de conocimientos específicos que deben aplicarse adecuadamente si se pretende una solución equilibrada de los conflictos.

En segundo lugar, los clientes disponen de importantes ventajas si emplean dicho procedimiento, entre las que destacamos:

- No incurren en costes relevantes
- Los plazos para resolver las reclamaciones son muy breves

En tercero, las entidades financieras se someten a vigilancia por sus supervisores en sus relaciones con los clientes y aquellos pueden conocer en qué ámbitos se plantean las mayores dificultades y, si lo estiman oportuno, proponer o elaborar normas que permitan resolverlas.

No se trata de un procedimiento directo, pero esto se sitúa dentro de su propia lógica, ya que el cliente debe acudir primero a la entidad a la que reclama y, sólo si no es atendido por ésta, bien por su servicio de atención al cliente o por el defensor del cliente de que disponga, o bien no sea respondido en un plazo de dos meses, se puede acudir al supervisor, en principio a cualquiera de ellos, ya que funciona el principio de ventanilla única, si bien, si no se presenta en el que es competente en razón de la materia, el que reciba la reclamación la trasladará al que corresponda para su resolución.

En realidad, el procedimiento admite algo más que reclamaciones. La Orden mencionada distingue entre:

1) Quejas: presentadas por los usuarios de servicios financiero por las demoras, desatenciones o cualquier otro tipo de actuación deficiente que se observe en el funcionamiento de las entidades financieras contra las que se formula la queja.

2) Reclamaciones: presentadas por los usuarios que pongan de manifiesto, con la pretensión de obtener la restitución de su interés o derecho, hechos concretos referidos a acciones u omisiones de las entidades financieras reclamadas que supongan para quien las formula un perjuicio para sus intereses o derechos y que deriven de presuntos incumplimientos por las entidades reclamadas, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.

3) Consultas: solicitudes de asesoramiento e información relativas a cuestiones de interés general sobre los derechos de los usuarios en materia de transparencia y protección de la clientela, o sobre los cauces legales para el ejercicio de tales derechos.
  
Independientemente de que los intereses de las entidades y sus clientes puedan entrar en conflicto ocasionalmente, y es por ello por lo que deben de estar previstos procedimientos adecuados de solución de los mismos, toda empresa debe crear valor para sus clientes, o, en nuestro contexto, la prestación de servicios financieros debe beneficiar a los clientes y, por tanto, comenzando por la propia empresa prestadora, estos deben de gozar de un nivel de protección adecuado que preserve su confianza en el funcionamiento de los mercados y entidades financieras. Si no es así, el cliente descontento terminará alejándose de la entidad y, tal vez, también de las demás.

 

Riesgo soberano y emisiones bancarias

Uno de los aspectos más preocupantes desde que comenzara la crisis en España ha sido el elevado volumen de financiación que tiene el sector privado en los mercados de capitales internacionales. El ejemplo más claro es el sector bancario, con vencimientos anuales en torno a los 100 mil millones de euros. En situaciones normales, esta dependencia no debería ser un problema. Sin embargo, la capacidad del sector privado para emitir bonos en los mercados se encuentra muy condicionada, entre otros factores, por la evolución del riesgo soberano, que aproximamos a partir de la diferencia entre el tipo de interés de la deuda española y la alemana. En momentos en los que el riesgo soberano aumenta, se produce un efecto prácticamente directo sobre el resto de emisores privados de ese país, dando lugar a un incremento sustancial del tipo de interés que han de pagar a los inversores para captar nueva financiación. En el extremo, esta demanda puede incluso llegar a ser nula, aún a precios sustancialmente elevados, tal y como ha ocurrido durante algunos meses en los últimos dos años.

De hecho, una de las pocas señales favorables a las que hemos asistido desde la aprobación por parte del BCE del programa OMT a principios de septiembre, y en definitiva desde que se articulara el marco mediante el cual se acotaba el riesgo soberano en España, procede precisamente de la reanudación de las emisiones de los bancos españoles. Como puede observarse en el siguiente gráfico, desde enero a abril se realizaron emisiones por un volumen aproximado de 15 mil millones de euros, para luego entrar en una fase en la que literalmente se “secó” el mercado, y sólo a partir de septiembre han comenzado a realizarse nuevas emisiones. Tanto en 2011 como en 2012, se puede apreciar como los momentos en los que las entidades no pudieron realizar emisiones en los mercados coincidían precisamente con el mayor repunte en el diferencial de la deuda soberana.

Por tanto, toda decisión encaminada a una reducción del diferencial, o por lo menos a evitar repuntes sustanciales como los observados en otoño de 2011 o primavera de 2012, debe ser objetivo prioritario. No ya sólo por el impacto directo que ello tiene en la capacidad de financiación del Tesoro, y el consiguiente efecto sobre los costes financieros de las cuentas públicas, sino también por las consecuencias para el resto del sector privado. El ejemplo más claro es el del sector bancario, que además de verse afectado de forma directa en su capacidad para realizar nuevas emisiones, también tiene un efecto muy importante en el resto de productos bancarios. Tal es el caso de los depósitos minoristas, cuyo coste guarda una elevada correlación con la capacidad para realizar emisiones de bonos, y, en última instancia, con el riego soberano. Esta estrecha interrelación será especialmente relevante durante los tres próximos años, en los que el sector bancario español tiene que hacer frente al vencimiento de aproximadamente 300 mil millones de euros.

Emisiones de bonos del sector privado y evolución del diferencial soberano en España

Fuente: AFI

Multicanalidad o ¿dónde estará mi banco?

Como hemos visto en este blog en los últimos meses, no son pocas las consecuencias económicas y financieras que está teniendo la reestructuración del sistema bancario en España. Desde la mayor dificultad de las PYME para obtener financiación hasta el impacto sobre los diferenciales de deuda soberana, muchos de los parámetros que definían tradicionalmente nuestro sistema financiero se han visto alterados, probablemente para siempre.

El saneamiento financiero y la integración de sistemas ocupan un lugar destacado en la lista de prioridades tras una fusión/absorción. Sin embargo, las sinergias de la operación deben materializarse a medio plazo en una redefinición operativa que permita reducir costes sin perjudicar al negocio. Nuestro país ha contado tradicionalmente con una de las mayores redes de oficinas bancarias del mundo, en consonancia con un mercado altamente bancarizado y con la coexistencia de una amplia diversidad de agentes financieros. Todavía hoy existen cerca de 40.000 oficinas bancarias en España, por encima de Alemania, Francia e Italia (países con mucha más población) y casi cuatro veces más que en el Reino Unido. Pese a haber perdido más de 5.000 oficinas desde el inicio de la crisis, todo parece indicar que todavía tenemos un exceso de capacidad instalada. En unas recientes declaraciones de Alfredo Sáez, Consejero Delegado del Banco Santander, éste afirmaba que la reestructuración financiera conllevaría todavía el cierre de entre 10.000 y 15.000 oficinas bancarias en los próximos años.

La reducción de capacidad no sólo se refiere a un cambio en el modelo de distribución física (España ha contado históricamente con un mayor número de oficinas bancarias que sus vecinos europeos, pero éstas contaban con un menor número de empleados), sino que podría llevar aparejada una reorientación hacia el autoservicio y los canales de distribución electrónica, que requieren menos personal. Así lo sugieren las cifras de empleo en el sector, que acumula una caída del 10,73% desde el inicio de la crisis.

En este sentido, la apuesta que ha recibido más atención durante la última década ha sido la banca online, cuyo uso ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Sin embargo, actualmente menos del 30% de los españoles la utilizan, según datos de Eurostat. Esta cifra queda muy lejos de los niveles que encontramos en otros países del área Euro. Los países escandinavos y Holanda superan el 75% de penetración de la banca electrónica, y en Francia más de la mitad de la población se relaciona ya con su entidad a través de Internet.

Pese a esto, la apuesta que cuenta con más partidarios a futuro es la banca móvil, que está destinada a cubrir buena parte de las necesidades de relación con entidades financieras, gracias al auge de los smartphones. Segun datos de Forrester, este canal ya lo utiliza el 20% de los internautas europeos, y las previsiones de crecimiento se mantienen fuertes. De hecho, algunas estimaciones apuntan a un crecimiento interanual del 113% en los usuarios de banca móvil en España, hasta alcanzar 6 millones de usuarios en julio de 2012. Visto lo visto, la próxima vez que necesite ir al banco, mire primero en su bolsillo.

La "popular" ampliación del Popular

La pasada semana tuvo lugar el pistoletazo de salida para la ampliación de capital de Banco Popular, con la que pretende obtener 2.500 millones de euros que le permitirán, junto con otras medidas internas, alcanzar los 3.200 millones que necesita reponer para cumplir con las exigencias de las pruebas de estrés recientemente realizadas, y evitar con ello la entrada de capital público en sus accionariado.

De las entidades que en dichas pruebas resultaron deficitarias de capital, Banco Popular es la única que ha decidido apostar por una emisión de acciones en mercado, como  mecanismo principal de reforzamiento de su base de capital, lo que sin duda otorga una especial relevancia a la operación, no sólo desde la perspectiva del Banco Popular, sino del conjunto del sistema, que va a mirar con lupa la evolución de la colocación, consciente de que el éxito de la misma lo será no solo para el propio banco emisor, sino para la credibilidad del conjunto del sistema.

Dos factores son los que explican esa extraordinaria relevancia. Por un lado, la elevada magnitud de la emisión, no tanto en términos absolutos, sino sobre todo relativos: los 2.500 millones objetivo de la captación representan doblar la capitalización total del banco, y multiplicar por cuatro el número de acciones en circulación.

Es precisamente ese extraordinario desequilibrio entre acciones nuevas y viejas (tres por una) el que otorga una especial visibilidad a posibles desviaciones del equilibrio entre el precio de los diferentes tipos de títulos: acciones viejas, derechos de suscripción, y acciones nuevas. En teoría debería ser irrelevante si el acceso a las acciones se hace comprando acciones viejas, o comprando derechos y suscribiendo nuevas; en la práctica se producen algunas desviaciones, y oportunidades de arbitraje, como consecuencia del elevado volumen de acciones a emitir (6.200 millones, el triple de las existentes), así como de un cierto desajuste temporal, pues el periodo de suscripción termina el 28 de noviembre, mientras que la cotización de las nuevas no se iniciará hasta el 6 de diciembre. Esos ocho días de decalaje no deberían ser relevantes en normales condiciones de mercado, pero lo son en las actuales.

Y esta afirmación nos lleva al segundo factor que otorga especial significación a la ampliación del Popular, y es el de su especial sensibilidad a las condiciones de mercado, al ser la primera apelación al mercado con emisión de acciones que se va a llevar a cabo por un banco español en año y medio, concretamente después de la colocación de acciones de Bankia, con la que sin duda es posible identificar similitudes. La primera se refiere al importe, 2.500 millones en el Popular, frente a los 3.000 que captó Bankia. Pero la más relevante, sin duda, se refiere a que ambas emisiones responden a los mismos planteamientos, es decir cumplir con unas exigencias normativas, lo que otorga a ambas operaciones un cierto componente de “forzada”.

Ese carácter forzado de la operación de Bankia es el que en buena parte se identifica como causante del “arrastre” de numerosos inversores pequeños, a través de la red de sucursales de la propia Bankia, para compensar la ausencia de inversores institucionales.

De ahí que el principal   objetivo de los gestores de Banco Popular en esta ocasión sea, precisamente, tratar de maximizar la presencia de capital institucional, que evite un excesivo sesgo “popular” en la ampliación. 

Para el propio banco ello sería sinónimo de un reconocimiento por los inversores de que el banco es capaz de generar interés inversor, y que el mercado valora los aspectos diferenciales positivos de su gestión.

Y para el conjunto del sistema, se podría transmitir la señal de que el sistema bancario es capaz de captar capital más allá de “exprimiendo” el carácter semicautivo de su clientela minorista.

Ejecución, lanzamiento, ¿y qué más?

Hoy me voy a meter en camisa de once varas, con un post además más largo de lo habitual. Parece que en estos días todos nos metemos a opinar sobre desahucios, incluyendo los reguladores, y cuando un tema es tan candente, parece que falta algo de serenidad al tratarlo, aunque algunas excepciones existen, como un reciente artículo de José García Montalvo.  El anuncio de medidas hecho en el Consejo de Ministros de ayer no aporta mucha claridad al tema pues no termina de abordar todos los aspectos relevantes, que parece que se dejan para el trámite parlamentario de un real decreto-ley que se publica hoy mismo, y se limita a definir unos supuestos en los que se aplaza el lanzamiento o desahucio –se sobreentiende que para los casos de ejecuciones hipotecarias--, sin abordar específicamente el tratamiento de las situaciones de endeudamiento de personas físicas ni mejoras en los mecanismos de ejecución hipotecaria.

En ocasiones, para elevar el tono del debate se usan cifras que generan la alarma —y lo acepto, un único caso de una familia en la calle es suficiente alarma social— a veces con un criterio un poco laxo. La cifra de 400.000 desahucios por hipotecas desde el inicio de la crisis ha sido publicada en muchos medios, aunque parece que es inferior, a la luz de los datos del Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), que habla de una cifra  similar de inicios de ejecuciones hipotecarias —de viviendas, ocupadas o no, pero también de cualquier otro inmueble hipotecable— entre inicios 2008 y mediados de 2012, y de una cifra de lanzamientos —desahucios, de forma más entendible—, de unos 200.000 en el mismo período. Éstos supongo que corresponderán tanto a hipotecas como a alquileres, y aquí no entro, porque es otro debate en el que creo que hay argumentos más claros para que quien tenga un inmueble alquilado y necesite su renta para vivir pueda buscar los mecanismos legales para ejercitar sus derechos.

Sin dejarme llevar por opiniones oportunistas ni meterme a juzgar la actuación de unos u otros de los implicados en estos procesos, me gustaría aportar unas cuantas ideas más o menos serenas, no siempre puestas encima de la mesa cuando se abre este debate.

Quedarse en la calle ha de ser un absoluto drama, personal y social, y parece razonable buscar todos los medios para poder evitar esas situaciones, más otras igual o más graves que pueden venir desencadenadas —familias separadas, pérdidas de custodia de hijos,...—. Pero, y aquí mi primera afirmación que puede generar reacciones dispares, todos esos problemas no son de índole financiera y, por tanto, las soluciones no deberían venir exclusivamente del ámbito financiero, probablemente porque los agentes financieros no van a ser capaces de resolverlos.

Una segunda afirmación que puede ser polémica: la dación en pago como medida contra los desahucios es una contradicción. Si alguien entrega una vivienda para cancelar su deuda, lo que parece razonable es pensar que deberá abandonar la misma de forma inmediata, salvo que pacte arrendarla.

Una tercera afirmación, relativa a las propuestas de limitar la responsabilidad del deudor al valor de la vivienda dada en garantía, es que esta limitación sólo tiene sentido tras un análisis individualizado caso por caso. Dado el marco normativo vigente y las implicaciones que tendría modificarlo —sobre la financiación de los bancos, pero también sobre las decisiones de deudores solventes que viesen con esta posibilidad abierta la alternativa a no pagar su deuda y responder con la vivienda, simplemente porque sería más barato—, parece razonable no modificar esa garantía.

Ahora bien, en ese análisis caso por caso, probablemente se encontrarían varias situaciones:

• Préstamos concedidos — y solicitados — con excesivo optimismo y en los que la viabilidad de la operación era dudosa desde el inicio de la misma —excesiva valoración de la garantía, sobre-endeudamiento, inestabilidad de los ingresos, reconocimiento como válidas de garantías personales “ficticias”,...—. En estos casos, parece razonable que intentar exigir al deudor unas cantidades que nunca podrá pagar es algo absolutamente indefendible, y el coste del desaguisado ha de ser soportado por el deudor —que perderá su vivienda probablemente — y por la entidad acreedora —que deberá renunciar a las cantidades de cobro imposible—. Y para el futuro, esperemos que se regule de forma adecuada el sobre-endeudamiento para evitar que se vuelvan a producir estas situaciones.
• Préstamos concedidos con un razonable equilibrio en el valor de las garantías —independientemente de que el mercado determine que hoy valen menos que en el momento de la concesión—, la deuda y los ingresos para hacer frente a la misma, pero en los que de forma sobrevenida se han dado circunstancias que hacen al deudor imposible el pago de sus compromisos, al menos temporalmente. Aquí, parece necesaria una reestructuración que incluya cualquiera de las medidas posibles —quita, alargamiento de plazos, carencias ...— para facilitar que el deudor cumpla sus compromisos, en su interés y en el de la entidad acreedora.
• Préstamos en los que el deudor tiene otros incentivos a no pagar, independientemente de que podría hacerlo —e.g., si se permite por norma la dación en pago y alguien piensa que como el valor de la vivienda dada en garantía es inferior a la deuda, no merece la pena seguir pagando—. En estos casos, parece claro que el deudor ha de hacer frente a todas sus deudas, con sus bienes y rentas actuales o futuros, porque probablemente, si es capaz de evaluar que no le merece la pena seguir pagando, era igual de capaz de evaluar todos los riesgos a la hora de solicitar la hipoteca.

Ante este escenario, y ahora no sé si hago una quinta afirmación o una propuesta, parece absolutamente necesario un mecanismo que permita evaluar en qué situación se encuentra cada deudor y que, adicionalmente proteja y apoye a los deudores. Imagino que, en una situación en la que las deudas apremian, no se está en la mejor de las posiciones para evaluar alternativas, negociar con la entidad financiera y asumir compromisos o tomar decisiones con implicaciones a largo plazo. Sin embargo, si se pusiese a disposición de los deudores un servicio de asesoramiento y de mediación con los acreedores desde el momento en que se produce un impago hipotecario, o se prevé que pueda producirse, las alternativas que podrían evaluarse y la capacidad de alcanzar una negociación razonable y equitativa para ambas partes serían muy superiores. Es cierto que estos procesos de negociación son la práctica habitual de las entidades, fundamentalmente para minimizar sus pérdidas, pero también lo es que el argumento de “indefensión” o de incapacidad para negociar es usado por los deudores, con lo que parece que no hay un equilibrio bien definido al respecto. En esta revisión de cada caso, deberían analizarse, si es necesario, las posibles cláusulas que, aunque fuesen acordes a la normativa, hayan agravado la situación, como pueden ser determinados intereses de demora o gastos añadidos a la deuda original.

Ese servicio de asesoramiento y mediación podría ser solicitado por los deudores o, de oficio, por las propias entidades financieras o los juzgados cuando se inicie un procedimiento de ejecución hipotecaria. Además de para buscar soluciones, serviría como referencia para determinar en cuál de las tres categorías anteriores se encontraría la operación analizada. La duda es si este servicio de asesoramiento sería público, privado o mixto. Probablemente, lo único que cabría decir ahora, aunque sé que aporta poco, es que debería ser independiente y técnicamente competente, para permitir que sus propuestas tuviesen un cierto rango de compromiso para ambas partes.

Adicionalmente, podrían generarse incentivos para las entidades financieras, permitiéndole que las operaciones reestructuradas para facilitar el cumplimiento de los compromisos de los deudores pudiesen ser tratadas como operaciones normales y, en caso de haber tenido que ser provisionadas, se pudiesen liberar  las provisiones y devengar los intereses, independientemente de que la supervisión pudiese analizar individualmente todas las operaciones de este tipo, incluso con la sana intención de controlar y mejorar las propuestas de reestructuración que se estuviesen haciendo. Si cualquier medida no genera incentivos para ambas partes, va a ser difícil que se logren acuerdos, que siempre serán mejores que las imposiciones.

 Una sexta afirmación, ligada con la primera. Para los problemas “no financieros” derivados de las situaciones de impago no cabe esperar al último momento. Desde que aparecen dificultades hasta que éstas se hacen patentes en impagos, las entidades reclaman la deuda y se inician y cierran los procedimientos de ejecución hipotecaria, transcurren muchos meses, en los que ahora no existe un mecanismo estructurado que intente resolver esos problemas que surgen en caso de que pudiese llegarse a la pérdida de una vivienda. Quizá si, desde el servicio de asesoramiento y mediación propuesto o incluso, desde los propios juzgados, se iniciase el funcionamiento de los servicios necesarios, de ayuntamientos, Comunidades Autónomas o el Estado, para que se pudiesen anticipar las soluciones necesarias, el drama social podría ser suavizado. Adicionalmente, los costes de ese drama podrían ser repartidos de forma más equitativa y por las vías en las que normalmente son cubiertos.

Y por terminar la lista con siete ideas, una última, relativa a un elemento que aparece encima de la mesa cada vez que se habla de las adjudicaciones de viviendas por ejecución de hipotecas. El precio de adjudicación de las viviendas se argumenta que es muy bajo y contribuye a un enriquecimiento injusto de las entidades acreedoras. Me atrevo a reflexionar sobre el papel que el problema no es de porcentajes, sino de procedimientos. Si en la subasta no se consigue que nadie presente oferta, probablemente es por diferentes motivos —falta de transparencia, costes transaccionales, plazos para formalizar al compra sin saber si se dispondrá de financiación, imposibilidad de conocer el estado de la vivienda ni de visitarla, desconocimiento de la fecha en que podrá estar disponible—. Con todos ellos, es normal que sólo aparezca un comprador, que entiendo que no es el que ha definido los procedimientos. Alguna propuesta de algún grupo parlamentario minoritario —no de ahora, sino de hace muchos meses— incidía en este punto, proponiendo que el deudor que va a perder su vivienda “ayudase” en el proceso y, a cambio, recibiese algún incentivo. Es sencillo, si se abandona la vivienda o se facilita el proceso de venta, se puede detener el devengo de intereses de demora o, incluso, se puede aplicar una quita sobre la deuda. Pero más aún, pensando en los compradores, si el procedimiento fuese más transparente, menos costoso y más flexible en cuanto a plazos de compra, sobre todo cuando es difícil lograr financiación, probablemente habría más concurrencia en la subastas.

Creo que con estas siete ideas ya me he metido hoy en la camisa de once varas que tocaba para intentar aportar un poco de serenidad a un debate crítico pero que a veces sube de tono sin aportar todo el criterio necesario. Fuera de menú me atrevo a sugerir que le demos todos a la imaginación para buscar fórmulas creativas --¿cabe pensar en mecanismos donde la propiedad y el usufructo de una vivienda se separen, pudiendo retener el deudor original el usufructo durante un período, reconociendo por separado el valor de la vivienda y de dicho usufructo, uno proporcional al otro, eliminando por tanto incentivos a “infravalorar” la vivienda?

Radiografía del crédito y las pérdidas bancarias

Hace pocas semanas concluyó el último ejercicio exhaustivo de evaluación de la cartera crediticia de la banca de nuestro país por sus negocios en España; el comprometido en el “Memorando de Entendimiento” firmado para el acceso a las ayudas previstas en el rescate de la banca española aprobado por la Unión Europea.

Déjenme que, aprovechando las cifras de los balances bancarios de junio pasado y las estimaciones de pérdidas estimadas por Oliver Wyman (OW) ponga en contexto las grandes cifras de la cartera analizada (crédito y adjudicaciones de activos). A junio de 2012 dicha cartera suponía una exposición global de 1.800 miles de millones de euros aproximadamente, de los que unos 265 mil millones, es decir, en torno a un 15% podía considerarse activos dañados (saldo moroso, adjudicaciones,...). Bien es cierto que el daño se distribuía de forma muy desigual entre categorías como muestra el cuadro adjunto. Del total de activos dañados de la cartera considerada en los balances de la banca española, nada menos que el 75% de los mismos correspondían a la categoría de “promoción y construcción inmobiliaria”[1], aun cuando la exposición a dicho sector fuese “sólo” de poco más del 25% del total. Por el contrario, el otro 25% de activos dañados se distribuían entre el resto de categorías que acumulan el 75% de la exposición bancaria, destacando sobremanera la capacidad de resistencia de la morosidad del crédito hipotecario a las familias (véase el post anterior http://blogs.elpais.com/finanzas-a-las-9/2012/09/hipotecas-resistentes.html), que aun representando un 36% de la exposición total sólo acumula el 8% de los activos dañados.

Las pérdidas estimadas que finalmente habrán de absorber las entidades bancarias españolas, y que casualmente el informe de OW estima en una cifra similar (270 mil millones de euros) a los activos dañados actuales arrojan una radiografía algo distinta. Dicha cifra, resultado de tener en cuenta bajo ciertas hipótesis el aumento progresivo en el tiempo de los activos dañados y de la capacidad de recuperación de las entidades, se distribuiría por categorías según la última columna del mismo cuadro. Es decir, la promoción y construcción inmobiliaria sería responsable del 57% de las pérdidas finales que se proyectan, aumentaría notablemente el peso relativo en las pérdidas del resto de empresas (27%) si se compara con su participación en los activos dañados actuales (13%) y, finalmente, sólo aumentaría ligeramente, en los mismos términos comparativos, la participación en las pérdidas de la exposición crediticia frente a las familias.

Algunas conclusiones:

-       No es original, pero se mire como se mire el sector de construcción y promoción inmobiliaria concentra el grueso del “agujero bancario” actual (ya bastante acotado), y ojalá la solución técnica adoptada mediante la segregación de buena parte de estos activos de los balances bancarios acabe resultando satisfactoria.

-       Los efectos de segunda ronda sobre la morosidad de la exposición crediticia al  resto de empresas están llegando/están por llegar, lo cual, unido a severidades mas altas de esas exposiciones crediticias sin  garantías reales, probablemente hagan aflorar pérdidas significativas en este segmento.

-       También están por llegar efectos de segunda ronda derivados del deterioro añadido de la coyuntura económica, y por tanto el aumento de los activos dañados de las exposiciones frente a familias, pero la mucha menor severidad relativa de estas hipotecas y el pequeño peso también relativo del crédito al consumo, harían que sólo en torno al 15% de las pérdidas totales proyectadas por deterioro de activos de los bancos españoles por estas carteras, provengan del negocio crediticio con las familias.[2]    

 

 

 

 

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[1] Porcentaje algo sobreestimado al incluir aquí todos los activos adjudicados

[2] Cierta  infraestimación en este caso por la asignación mencionada de todos los activos adjudicados al sector de promoción y construcción.

EEUU: pero la incertidumbre persiste

Entre los elementos que los electores estadounidenses confesaban como determinantes de su decisión, al menos objeto de sus preocupaciones, la situación económica era la más importante. Es comprensible. A pesar de mejoras en el ritmo de crecimiento y en el empleo, la sensación de vulnerabilidad de los ciudadanos, especialmente de aquellos con rentas medias y bajas, no se ha reducido precisamente en los últimos meses. Ello a pesar de que en estos años de presidencia de Obama la economía ha conseguido superar las amenazas depresivas y volver a crear empleo. Lo que propongo en estas notas es revisar la herencia que deja el primer periodo de Obama y lo que le queda por delante.

1. La herencia recibida

En el editorial de uno de los últimos números de la revista New Yorker, se citaba el titular con que la satírica Onion encabezaba su primera edición tras la toma de posesión de Obama en enero de 2009, “Black Man Given Nation’s Worst Job”. Al primer presidente negro de la historia no le esperaba precisamente el periodo más agradable. Su país estaba inmerso en la más severa crisis económica y financiera desde la Gran Depresión, propagando sus consecuencias rápidamente al otro lado del Atlántico. Solo en 2008 se habían perdido 2,5 millones de empleos, al tiempo que el valor de las viviendas acentuaba su desplome. La inestabilidad financiera no había desaparecido completamente con la quiebra en marzo y septiembre, respectivamente, de dos de los más importantes bancos de inversión, Bear Stearns y Lehman Brothers. A ello se añadía la explícita manifestación de un largo periodo de distribución regresiva de la renta: la gradual concentración de las rentas generadas durante las décadas precedentes en el segmento de la población más rico.

2. Alejamiento de la depresión

La rápida adopción de un plan de estímulo por 787.000 millones de dólares y una actitud igualmente agresiva de la Reserva Federal contribuirían a evitar males peores. Y el salvamento de la industria del automóvil, y los miles de empleos correspondientes, contribuyeron a frenar el desplome. La vulnerabilidad de los bancos fue primero identificada a través de pruebas de stress previas a la necesaria recapitalización de los más débiles. Aunque de menor alcance que el esperado por no pocos analistas y desigualmente aplicada, la reforma del sistema financiero –la articulada en torno a la Dodd-Frank Act– es una de las más ambiciosas de las últimas décadas.

A pesar de la escasa colaboración del partido republicano, la administración Obama llevó a cabo una reforma del sistema de salud con la atención puesta en los individuos menos protegidos. Controvertida para muchos e insuficiente para buena parte de sus votantes, pero necesaria en un país con amplios segmentos de la población sin amparo en este ámbito.

Al término de su primer mandato, los indicadores macroeconómicos básicos son claramente más favorables. El crecimiento económico es del 2% y las previsiones para el año que viene son ligeramente superiores. Recordemos que frente a ello, la eurozona se encuentra en recesión y difícilmente saldrá de ella en 2013. La tasa de desempleo es del 7,9%, también significativamente inferior al promedio de las economías que comparten moneda en Europa.

3. Pero la incertidumbre persiste

Ese balance relativamente favorable, desde luego envidiable si lo ponemos en contraste con los registros europeos, no ha despejado temores y focos de incertidumbre muy presentes en los estados de ánimo de los agentes económicos. Temor a la presión competitiva de otras economías, China de forma destacada, que irrumpen de forma muy explícita en sectores de tecnología avanzada con costes laborales que siguen siendo significativamente bajos: que acentúan sus ventajas de localización de inversiones y  de deslocalización de empleos.

El factor generador de incertidumbre más inmediato es el constituido por el denominado fiscal cliff. En ausencia de un acuerdo hasta ahora imposible, el 1 de enero la economía se despeñaría por el precipicio: tendrán lugar recortes de gasto e incrementos de impuestos hasta 600.000 millones de dólares, solo en 2013. Esa cifra es superior al crecimiento previsto del PIB en ese año. Eso sería fatal para el todavía tibio crecimiento de esa economía; en realidad, podría recaer en la recesión, enfriando las muy moderadas posibilidades de recuperación del resto de las economías avanzadas. Desde luego, para las de la eurozona. Pero si hubiera que hacer una apuesta, ésta sería favorable al acuerdo, y en consecuencia al respaldo a unas previsiones de moderado crecimiento. De digestión de una de las crisis mas complejas a las que se ha enfrentado un presidente americano, incluidos los blancos.

Los bancos sistémicos

Dentro de un sistema financiero, los bancos sistémicos vienen a ser aquellos que por su tamaño y/o la complejidad de sus negocios son especialmente relevantes para asegurar la estabilidad de dicho sistema, teniendo en cuenta las consecuencias que sobre él, y la correspondiente economía real, podría ocasionar una crisis de cualquiera de ellos, por lo que está justificado que reguladores y supervisores los vigilen especialmente y/o los sometan a exigencias específicas, más allá de las aplicables al resto de las entidades bancarias. De estos bancos siempre se ha dicho que son demasiado grandes para dejarlos caer, o, en ingles, TBTF (too big to fail).

En función del sistema financiero al que nos refiramos, en nuestro caso, se puede hablar de tres tipos de bancos sistémicos:

1) Globales, es decir, a nivel mundial, sobre los que el Consejo de Estabilidad Financiera, acaba de publicar algunas iniciativas, encaminadas a las denominadas G-SIFI (systemically important financial institutions), donde la G hace referencia a “global”, al mismo tiempo que ha actualizado la lista de los bancos (G-SIB, systemically important banks) que se incluyen entre ellas. Como resultado de esta puesta al día, la lista contiene ahora a las dos mayores entidades bancarias españolas.

 

 

1. Los intervalos son los previstos en el cuadro 3 de http://www.bis.org/publ/bcbs207_es.pdf e implican que el colchón de conservación de capital de Basilea III, y, en su caso, el colchón anticíclico se vean ahora extendidos hacia arriba con la nueva exigencia.

2) Europeos, en estos momentos no existe una lista oficial a este nivel, del que se habla en ocasiones en relación con la unión bancaria, véase nuestro post anterior sobre el tema, en relación con las entidades con las cuales debería comenzar a funcionar como supervisor único el Banco Central Europeo, supuesto que no lo haga con todos los bancos, uno de los temas controvertidos que tiene en estos momentos dicha unión, a la espera que la misma se apruebe. En otra dirección, se pude considerar también la lista de entidades que han sido objeto de evaluación por parte de la Autoridad Bancaria Europea en cuanto a su adecuada capitalización bajo escenarios de estrés.

3) Domésticos, para los cuales se dispone actualmente de una guía elaborada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en base a la cual las autoridades supervisoras de cada país deben determinar las que son sistémicas para su sistema financiero. En el caso de España, hasta el momento, no se ha elaborado una lista oficial de estas entidades.

Centrándonos en el primer nivel, dos son las principales exigencias que se plantean a los bancos sistémicos, que podrían tener su equivalente en los otros niveles:

1) Una mayor capacidad de absorción de pérdidas, que se traduce en un impulso hacia arriba de los intervalos del colchón de conservación de capital de Basilea III, incluyendo en su caso, el colchón anticíclico, lo que se traduce en una menor libertad por parte de estos bancos de cara a la distribución externa de sus beneficios y de otros conceptos.

2) Una mayor preparación para el caso de que estas entidades entraran en crisis, para lo cual se les exige planes especiales de recuperación o resolución de la misma, si llega el caso. En nuestro país, esta preparación es obligada para todas las entidades a través de los planes generales de viabilidad, aunque será tanto más sofisticada cuanto así lo sea cada entidad, véase nuestro post anterior sobre el tema.

Vistas así las cosas podría pensarse que los bancos sistémicos están tratados de una forma desventajosa respecto al resto de sus competidores. Sin embargo, esta visión no deja de ser ingenua. Precisamente porque están sujetos a mayores exigencias y más vigilados por su supervisores, pueden ser considerados más seguros por muchos clientes actuales o potenciales, especialmente desde la perspectiva de los que lo son, o han sido, de entidades que, de una u otra forma, han sufrido directamente la crisis,  como es el caso actualmente de unas cuantas en España.

Esto no quiere decir que las entidades que no sean sistémicas, sean del nivel que sean, no puedan prosperar en el mercado. Puede que les cueste más, pero la competencia no depende sólo del tamaño ni de la seguridad que pueda ofrecer éste. Existen otros factores a considerar y, por otra parte, hemos visto en nuestro país, en los tiempos actuales, pero también en el pasado, como algunas entidades consideradas grandes también han entrado en crisis y las dolorosas consecuencias que esto ha traído consigo. ¡Por eso se las vigila más!