La pasada semana tuvo lugar el pistoletazo de salida para la ampliación de capital de Banco Popular, con la que pretende obtener 2.500 millones de euros que le permitirán, junto con otras medidas internas, alcanzar los 3.200 millones que necesita reponer para cumplir con las exigencias de las pruebas de estrés recientemente realizadas, y evitar con ello la entrada de capital público en sus accionariado.
De las entidades que en dichas pruebas resultaron deficitarias de capital, Banco Popular es la única que ha decidido apostar por una emisión de acciones en mercado, como mecanismo principal de reforzamiento de su base de capital, lo que sin duda otorga una especial relevancia a la operación, no sólo desde la perspectiva del Banco Popular, sino del conjunto del sistema, que va a mirar con lupa la evolución de la colocación, consciente de que el éxito de la misma lo será no solo para el propio banco emisor, sino para la credibilidad del conjunto del sistema.
Dos factores son los que explican esa extraordinaria relevancia. Por un lado, la elevada magnitud de la emisión, no tanto en términos absolutos, sino sobre todo relativos: los 2.500 millones objetivo de la captación representan doblar la capitalización total del banco, y multiplicar por cuatro el número de acciones en circulación.
Es precisamente ese extraordinario desequilibrio entre acciones nuevas y viejas (tres por una) el que otorga una especial visibilidad a posibles desviaciones del equilibrio entre el precio de los diferentes tipos de títulos: acciones viejas, derechos de suscripción, y acciones nuevas. En teoría debería ser irrelevante si el acceso a las acciones se hace comprando acciones viejas, o comprando derechos y suscribiendo nuevas; en la práctica se producen algunas desviaciones, y oportunidades de arbitraje, como consecuencia del elevado volumen de acciones a emitir (6.200 millones, el triple de las existentes), así como de un cierto desajuste temporal, pues el periodo de suscripción termina el 28 de noviembre, mientras que la cotización de las nuevas no se iniciará hasta el 6 de diciembre. Esos ocho días de decalaje no deberían ser relevantes en normales condiciones de mercado, pero lo son en las actuales.
Y esta afirmación nos lleva al segundo factor que otorga especial significación a la ampliación del Popular, y es el de su especial sensibilidad a las condiciones de mercado, al ser la primera apelación al mercado con emisión de acciones que se va a llevar a cabo por un banco español en año y medio, concretamente después de la colocación de acciones de Bankia, con la que sin duda es posible identificar similitudes. La primera se refiere al importe, 2.500 millones en el Popular, frente a los 3.000 que captó Bankia. Pero la más relevante, sin duda, se refiere a que ambas emisiones responden a los mismos planteamientos, es decir cumplir con unas exigencias normativas, lo que otorga a ambas operaciones un cierto componente de “forzada”.
Ese carácter forzado de la operación de Bankia es el que en buena parte se identifica como causante del “arrastre” de numerosos inversores pequeños, a través de la red de sucursales de la propia Bankia, para compensar la ausencia de inversores institucionales.
De ahí que el principal objetivo de los gestores de Banco Popular en esta ocasión sea, precisamente, tratar de maximizar la presencia de capital institucional, que evite un excesivo sesgo “popular” en la ampliación.
Para el propio banco ello sería sinónimo de un reconocimiento por los inversores de que el banco es capaz de generar interés inversor, y que el mercado valora los aspectos diferenciales positivos de su gestión.
Y para el conjunto del sistema, se podría transmitir la señal de que el sistema bancario es capaz de captar capital más allá de “exprimiendo” el carácter semicautivo de su clientela minorista.
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Publicado por: Anyelo | 21/11/2012 9:02:50