Salvo sorpresas, a finales de 2013 se cumplirá una parte sustancial de la hoja de ruta para la recapitalización del sistema bancario español definido en el Memorandum of Understanding (MoU). De hecho, en torno a 40.000 millones de euros, el grueso de la ayuda solicitada finalmente a la Unión Europea llegará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en los próximos días. Éste procederá posteriormente a la inyección de fondos, en primer lugar, en aquellas cuatro entidades de las que es actualmente el accionista mayoritario (BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, este último ya adjudicado en pública subasta a “la Caixa”) así como en la SAREB, el vehículo de nueva planta (“banco malo”) con participación pública minoritaria, al que dichas entidades y otras cuatro transferirán sus activos inmobiliarios dañados. Estas últimas, según los planes conocidos hasta la fecha son BMN, Liberbank, Caja3 (pendiente de su integración en Ibercaja) y CEISS (antiguas Caja España y Duero, pendiente de su integración en Unicaja).
Por otra parte, sin requerir ayudas públicas y sin aportar activos inmobiliarios dañados a la SAREB procedentes de la promoción y construcción inmobiliaria, se mantendrían los otros nueve grupos bancarios que, junto con los ocho anteriores, conformaron el grupo de 17 entidades que han sido objeto del análisis de estrés al que se ha sometido la banca española en el marco del MoU. Estas nueve entidades son Grupo Santander, BBVA (que había integrado recientemente a UNNIM), Caixabank (que había integrado también recientemente a Banca Cívica y hará lo propio en breve con Banco de Valencia), Banco Sabadell (que había integrado a CAM), Kutxabank, Bankinter, Unicaja, Ibercaja y, finalmente, Banco Popular. Este último había integrado recientemente al Banco Pastor y, aunque con necesidades de capital relevantes según el ejercicio de estrés, ha materializado con éxito en estos últimos días una muy elevada ampliación privada de capital con la que cubrirlas sin requerir ayudas públicas.
Este es el panorama después de la batalla librada hasta el momento por las varias decenas de principales entidades bancarias españolas existentes al inicio de la crisis. Tras haber enfrentado las más duras condiciones en décadas, propiciadas tanto por la crisis internacional como más específicamente por la propia crisis doméstica, los grupos que sobreviven y navegan ya sobre su quinto año de duración dibujan un escenario dual.
Por un lado, quienes con la etiqueta de entidades beneficiadas por ayudas de Estado y representan en torno a una cuarta parte del negocio bancario en España, habrán de acometer de forma inmediata no sólo el mencionado traspaso de activos dañados al banco malo, sino también un proceso de desapalancamiento, reducción de tamaño con venta de otros activos no centrales y redes fuera de su mercado tradicional originario, así como compartición de pérdidas por parte de su clientela minorista afectada por la tenencia de deuda subordinada y participaciones preferentes, que sufrirán “quitas” en el proceso de recapitalización. Sin duda, esto generará desafección y tendrá un impacto comercial muy adverso en unas entidades que, por lo demás, seguirán operando en un marco recesivo en 2013 y cuya gestión independiente tiene, en algunos casos, fecha de caducidad al ser previsible su posterior subasta. Bien es cierto que es un grupo heterogéneo, empezando porque está conformado por entidades con su práctica totalidad de capital público y, en el otro extremo, incluso alguna entidad que presumiblemente no tendrá participación pública en su accionariado. El grupo contará a favor, en todo caso, con un balance saneado, una razonable capitalización inicial y ratios de liquidez algo menos comprimidas.
Por otro, estarán los nueve grupos bancarios sobrevivientes sin ayudas públicas (cuatro de ellos procedentes del antiguo subsector de cajas de ahorros). La primera gran diferencia con el grupo anterior es que mantienen en los balances sus activos inmobiliarios dañados. Habrán sido objeto de un fuerte provisionamiento en 2012, como consecuencia de las obligaciones de saneamiento a la que también están sujetos, pero tendrán que seguir gestionándolos. Por otra parte, aunque en grado muy desigual, probablemente se beneficien de una “huida a la calidad de la clientela” y, por tanto, de un aumento de su cuota de mercado a costa de las del otro grupo. Un mercado que, sin embargo, dadas las condiciones económicas que imperarán, no crecerá (más bien puede que incluso lo contrario) ni por el lado de los recursos de la clientela ni por el lado del crédito.
Además, dado el retraso con el que se produce, acusarán probablemente el progresivo deterioro que se pondrá de manifiesto en la cartera crediticia de pymes y grandes empresas (no vinculadas al sector inmobiliario), así como en la de hipotecas de familias, cuyas tasas de morosidad aún se encuentran contenidas en bajas tasas. Las dificultades de acceso a la financiación en los mercados mayorista, en particular para las entidades más pequeñas y con peores ratios de liquidez de este grupo, dificultarán también el tránsito de 2013. En todo caso, las menores dotaciones que serán necesarias respecto de las excepcionales de este año que termina, contribuirán favorablemente a sus cuentas de resultados, en las que, eso sí, los dos grandes bancos internacionales seguirán contando presumiblemente con el confortable colchón que aún le sigue proporcionando su negocio fuera de España.
La batalla continúa y los resultados siguen siendo inciertos, aunque quizás, por primera vez desde que comenzó la crisis, la banca por sí misma dejará de ser “el problema” o al menos uno de los grandes problemas. Desgraciadamente tampoco la solución: no parece que se den las condiciones para que el crédito acabe fluyendo a corto plazo.
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