Salvo
sorpresas, a finales de 2013 se cumplirá
una parte sustancial de la hoja de ruta
para la recapitalización del sistema bancario español definido en el
Memorandum of Understanding (MoU). De hecho, en torno a 40.000 millones de
euros, el grueso de la ayuda solicitada finalmente a la Unión Europea llegará al Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en los próximos días. Éste procederá
posteriormente a la inyección de fondos, en primer lugar, en aquellas cuatro entidades
de las que es actualmente el accionista mayoritario (BFA-Bankia, Catalunya
Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, este último ya adjudicado en
pública subasta a “la Caixa”) así como en la SAREB, el vehículo de nueva planta
(“banco malo”) con participación pública minoritaria, al que dichas entidades y
otras cuatro transferirán sus activos inmobiliarios dañados. Estas últimas,
según los planes conocidos hasta la fecha son BMN, Liberbank, Caja3 (pendiente
de su integración en Ibercaja) y CEISS (antiguas Caja España y Duero, pendiente
de su integración en Unicaja).
Por
otra parte, sin requerir ayudas públicas
y sin aportar activos inmobiliarios dañados a la SAREB procedentes de la promoción y
construcción inmobiliaria, se mantendrían los otros nueve grupos
bancarios que, junto con los ocho anteriores, conformaron el grupo de 17
entidades que han sido objeto del análisis de estrés al que se ha sometido la
banca española en el marco del MoU. Estas nueve entidades son Grupo Santander,
BBVA (que había integrado recientemente a UNNIM), Caixabank (que había
integrado también recientemente a Banca Cívica y hará lo propio en breve con
Banco de Valencia), Banco Sabadell (que había integrado a CAM), Kutxabank,
Bankinter, Unicaja, Ibercaja y, finalmente, Banco Popular. Este último había integrado recientemente al Banco
Pastor y, aunque con necesidades de capital relevantes según el ejercicio de
estrés, ha materializado con éxito en estos últimos días una muy elevada
ampliación privada de capital con la que cubrirlas sin requerir ayudas
públicas.
Este
es el panorama después de la batalla
librada hasta el momento por las varias decenas de principales entidades bancarias
españolas existentes al inicio de la crisis. Tras haber enfrentado las más duras condiciones en
décadas, propiciadas tanto por la crisis internacional como más específicamente
por la propia crisis doméstica, los grupos que sobreviven y navegan ya sobre su
quinto año de duración dibujan un
escenario dual.
Por
un lado, quienes con la etiqueta de
entidades beneficiadas por ayudas de Estado y representan en torno a una
cuarta parte del negocio bancario en España, habrán de acometer de forma
inmediata no sólo el mencionado traspaso de activos dañados al banco malo, sino
también un proceso de desapalancamiento, reducción de tamaño con venta de otros
activos no centrales y redes fuera de su mercado tradicional originario, así
como compartición de pérdidas por parte de su clientela minorista afectada por
la tenencia de deuda subordinada y participaciones preferentes, que sufrirán
“quitas” en el proceso de recapitalización. Sin duda, esto generará desafección
y tendrá un impacto comercial muy adverso en unas entidades que, por lo demás,
seguirán operando en un marco recesivo en 2013 y cuya gestión independiente tiene, en algunos casos, fecha de caducidad al ser previsible su posterior
subasta. Bien es cierto que es un grupo heterogéneo, empezando porque está
conformado por entidades con su práctica totalidad de capital público y, en el otro
extremo, incluso alguna entidad que presumiblemente no tendrá participación
pública en su accionariado. El grupo contará a favor, en todo caso, con un
balance saneado, una razonable capitalización inicial y ratios de liquidez algo
menos comprimidas.
Por
otro, estarán los nueve grupos bancarios sobrevivientes sin ayudas
públicas (cuatro de ellos procedentes del antiguo subsector de cajas de
ahorros). La primera gran diferencia con el grupo anterior es que mantienen en
los balances sus activos inmobiliarios dañados. Habrán sido objeto de un fuerte
provisionamiento en 2012, como consecuencia de las obligaciones de saneamiento
a la que también están sujetos, pero tendrán que seguir gestionándolos. Por
otra parte, aunque en grado muy desigual, probablemente se beneficien de una “huida
a la calidad de la clientela” y, por tanto, de un aumento de su cuota de
mercado a costa de las del otro grupo. Un mercado que, sin embargo, dadas las
condiciones económicas que imperarán, no crecerá (más bien puede que incluso lo
contrario) ni por el lado de los recursos de la clientela ni por el lado del
crédito.
Además,
dado el retraso con el que se produce, acusarán probablemente el progresivo
deterioro que se pondrá de manifiesto en la cartera crediticia de pymes y
grandes empresas (no vinculadas al sector inmobiliario), así como en la de hipotecas
de familias, cuyas tasas de morosidad aún se encuentran contenidas en bajas
tasas. Las dificultades de acceso a la financiación en los mercados mayorista,
en particular para las entidades más pequeñas y con peores ratios de liquidez
de este grupo, dificultarán también el tránsito de 2013. En todo caso, las
menores dotaciones que serán necesarias respecto de las excepcionales de este
año que termina, contribuirán favorablemente a sus cuentas de resultados, en
las que, eso sí, los dos grandes bancos internacionales seguirán contando
presumiblemente con el confortable colchón que aún le sigue proporcionando su
negocio fuera de España.
La
batalla continúa y los resultados siguen siendo inciertos, aunque quizás, por
primera vez desde que comenzó la crisis, la banca por sí misma dejará de ser
“el problema” o al menos uno de los grandes problemas. Desgraciadamente tampoco
la solución: no parece que se den las condiciones para que el crédito acabe fluyendo
a corto plazo.