Eurosistema: a vueltas con el estigma

Tras más de un lustro de crisis, reconocer que la misma ha afectado de forma intensa al normal funcionamiento de los flujos crediticios (tanto de los bancos hacia los sectores productivos, como entre los propios bancos, donde el mercado interbancario sigue siendo un muerto viviente) es ya una obviedad.

Por ello no parece de recibo que, en un sistema que necesita respiración asistida para sobrevivir, es decir financiación abundante y barata por parte del eurosistema, se vuelva a las andadas de renunciar a esa financiación, con argumentos de que quienes la usan de forma intensiva pueden ser estigmatizados por los mercados, argumento que pudo tener alguna validez en los primeros momentos de la crisis, pero mucho menos en la actualidad.

Esos razonamientos vienen de nuevo a colación con motivo de las decisiones de cancelar anticipadamente parte de la financiación captada en las dos macrooperaciones de financiación, conocidas como LTRO (long term refinance operations), llevadas a cabo en diciembre de 2011 y febrero de 2012, por un importe agregado de un billón de euros (medio en cada una), de los cuales los bancos españoles acapararon casi un tercio de todo lo otorgado por el eurosistema. Esa financiación era a tres años, y a un coste extraordinariamente reducido, 0,75% inicial, y con escaso riesgo de encarecerse, pero otorgaba la posibilidad de cancelarse anticipadamente a partir del primer año.

Apelación bruta a la liquidez del Eurosistema por sistemas bancarios (miles millones euros)

Fuente: Afi, Banco de España, BCE

 

Pues bien, en la primera oportunidad de esas ventanas de vencimiento, la banca europea en conjunto amortizó casi 140.000 millones, y la española unos 44.000. Esa devolución anticipada coincidía con un momento especialmente dulce en el mercado mayorista durante el mes de enero, que permitía a los bancos españoles captar más de 12.000 millones en emisiones de valores, con plazos más dilatados, y en condiciones mucho más favorables, que en todo 2012 (véase blog Finanzas a las 9). Pero por muy favorables que fuesen esas condiciones de financiación, eran mucho más onerosas que las LTRO, por lo que financieramente no tenía ningún sentido la sustitución, y la decisión podía estar imbuida de un cierto componente de señalización  hacia los mercados de la salud de cada banco. No es casual, en este sentido, que todas las entidades que han cancelado LTRO anticipadamente son cotizadas, mientras que apenas ha habido cancelación entre las no cotizadas.
 
Pero claro, una actuación basada en ese ejercicio de exhibicionismo tiene sus riesgos, y estos se han visto materializados en el mes de febrero, cuando se podía hacer amortizaciones anticipadas de la segunda LTRO, y en la que se esperaba una exhibición similar a la realizada en la de enero. El problema es que durante el mes de febrero prácticamente se ha secado el mercado de emisiones, volviendo a aparecer de nuevo temores sobre la capacidad de los bancos para mantener un flujo recurrente de financiación sin tener que apelar a la mencionada respiración asistida por el eurosistema. El resultado ha sido que en la segunda ronda el grado de cancelación anticipada ha sido de apenas un tercio de lo realizado en la primera, lo que deja en evidencia esa política de huir del estigma; al fin y al cabo, “el emperador sigue desnudo”.

Capital contracíclico

La Comisión Europea aprobó en julio de 2011 sus propuestas legislativas para poner en marcha, dentro del ámbito del mercado único europeo, el proceso conocido como Basilea III a través de una iniciativa denominada en su argot Capital Requirement Directive (CRD) IV.  Dicha iniciativa no supuso únicamente iniciar la modificación de la normativa sobre recursos propios en vigor, sino la mayor remodelación de la normativa bancaria básica de la Unión Europea en la historia.

Como objetivo general, dentro del contexto de la crisis financiera, la Comisión Europea pretendía reforzar la solidez del sector bancario, garantizando, al mismo tiempo que los bancos siguieran financiando la actividad económica y el crecimiento. Más específicamente se marcaba como objetivos concretos i) obligar a las entidades de crédito a un mayor volumen de capital, y de mejor calidad, a fin de poder resistir futuras perturbaciones, ii) instaurar un nuevo marco de gobernanza, dotando a los supervisores de nuevas facultades que les permitieran una vigilancia más estrecha de las entidades de crédito y iii) establecer un código normativo único para la reglamentación de la actividad bancaria en la Unión Europea.

Respecto al primer objetivo, la Comisión Europea propuso implantar en el ámbito del mercado único europeo las normas internacionales sobre el capital consensuadas en el marco del G-20, las mencionadas anteriormente como Basilea III. Si bien Basilea III mantenía la exigencia de solvencia en el 8%, modificaba sustancialmente su composición elevando del 2% al 4,5% el requerimiento de capital ordinario al tiempo que hacía más estricta la definición de éste. No obstante, uno de los elementos más novedosos que introdujo fue la exigencia de dos colchones adicionales de capital, además de los requisitos mínimos de capital mencionados: un colchón de conservación de capital, idéntico para todos los bancos de la Unión Europea, y un colchón de capital anticíclico, a incorporar por los Estados miembros de forma adecuada a su propio modelo normativo y entorno económico-financiero. En cualquier caso, la nueva normativa comenzaría a operar de forma gradual a partir de 2016.

El primero de los colchones, el de conservación de capital, supone una exigencia del 2,5% de los activos ponderados por riesgo (APR), cuyo objetivo es preservar el capital ordinario en momentos de tensión mientras que el segundo, que podría alcanzar un máximo del 2,5% de los APR, se definió como un mecanismo de control macroprudencial para evitar o amortiguar episodios sistémicos.

Fuente: BIS - Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y los sistemas bancarios Diciembre 2010 (revisión Junio 2011)

No obstante, la primera experiencia en la activación de alguno de los mecanismos propuestos por Basilea III se ha producido fuera del marco de la Unión Europea. La semana pasada conocimos que Suiza se ha convertido en el primer país en poner en marcha el colchón de capital anticíclico, de cumplimiento obligatorio para todos los bancos del país trasalpino a partir de septiembre de este mismo año.

Este nuevo requisito consiste en exigir un capital adicional del 1% a los bancos suizos en función de los APR relacionados con exposiciones garantizadas con hipotecas residenciales en Suiza.

Con esta medida el regulador trata de prevenir un posible episodio de inestabilidad del sistema bancario suizo, y en consecuencia de su economía, motivado por un crecimiento extraordinario del crédito bancario destinado a la financiación de la adquisición de viviendas así como de los precios de los propios activos inmobiliarios, que se ha producido en un entorno de bajos tipos de interés y un buen clima económico desde el año 2008.

Evolución del precio de los activos inmobiliarios (1997 base 100)

Fuente: OCDE

Por el momento, a juicio del Banco Central de Suiza, este 1% de capital adicional debería ser suficiente para hacer frente a posibles saneamientos extraordinarios futuros de los préstamos hipotecarios en caso de que se produjera un colapso del modelo. Por otro lado, la propia necesidad de disponer de mayor cantidad de recursos propios para conceder hipotecas debería traducirse en un encarecimiento de los tipos de interés, lo cual probablemente ajuste a la baja el ritmo de concesión de préstamos hipotecarios (contrapeso anticíclico) y, en consecuencia, de la inflación de los activos inmobiliarios. Si bien la morosidad derivada del sector hogares en España se ha incrementado algo menos de un 3% (hasta entornos del 3,5%) desde el inicio de la crisis, hasta la fecha el incremento de los precios de los activos inmobiliarios ha sido muy superior en España que en Suiza.

Aunque a corto plazo no podemos suponer que este tipo de medidas se implanten en España, dada la evidente diferencia en cuanto a posición cíclica, la iniciativa tomada en Suiza es representativa de las palancas que a medio plazo utilizarán los diferentes Estados para tratar de prevenir desequilibrios que puedan desembocar en situaciones de crisis financiera y económica como la que vivimos.

Tensiones cambiarias

No está formalmente declarada, pero sus efectos no están muy lejos de ser los de una “guerra de divisas”: el dólar estadounidense y el yen no han dejado de depreciarse frente al resto, en particular frente al euro. Tampoco cabe descartar que la esterlina lo haga en mayor medida a partir de ahora. Es verdad que la variación del tipo de cambio de la moneda europea ha sido significativa desde que nació. Lo hizo a 1,17 dólares, pero llegó a depreciarse hasta los 0,80 dólares antes de que lo llegáramos a ver a 1,55 en la primera mitad de 2008. Desde el verano pasado el euro ha retomado su senda alcista frente a esas otras dos monedas, no solo por la confianza asociada a la menor intensidad de la crisis bancaria y de deuda pública de la eurozona, sino por la mayor intensidad expansiva de las políticas monetarias practicadas en EEUU y, desde luego, en Japón.

Tipo de cambio del euro frente al dólar, yen y libra esterlina 

Fuente: Afi, BCE

La primera de esas dos circunstancias, en particular la disposición del BCE a intervenir en los mercados de bonos cuando los gobiernos afectados lo solicitaran, constituyó una suerte de garantía implícita de que los peores desenlaces de la crisis de la deuda soberana quedaban descartados, reanimando los flujos de inversión exterior, fundamentalmente de cartera, hacia las economías que comparten divisa. La expansión de los demás ampliaba las expectativas de menor remuneración a ese tipo de flujos en EEUU y Japón: no solo a través de tipos de interés medios de los activos financieros más bajos, sino de la propia anticipación de pérdidas de capital vía depreciación de sus tipos de cambio.

Frente a esos hechos, algunas autoridades monetarias, incluido el Banco Central de Suiza, han tratado de neutralizar esas presiones apreciadoras de sus monedas, de impacto inequívocamente negativo sobre la competitividad de sus exportaciones. En mayor medida esas actuaciones han estado justificadas al no temer excesivamente los efectos inflacionistas de un tipo de cambio depreciado. La menor obsesión por la inflación es precisamente uno de los rasgos que está caracterizando esa deriva más expansiva de algunos bancos centrales en su pretensión por neutralizar los todavía muy vigentes riesgos recesivos. Una muestra de ello es el anuncio el pasado 15 de diciembre por la Reserva Federal por el que se comprometía a no subir su tipo de interés de referencia hasta tanto la tasa de desempleo no cayera por debajo del 6,5%, siempre que la inflación estuviera por debajo del 2,5%. A principios de este año el Banco de Japón ha asumido un objetivo de inflación del 2%, el doble del precedente.

Y frente a esas señales, en la eurozona se mantiene la doctrina tradicional de que la apreciación del euro no tiene por qué ser mala. Solo el presidente francés ha advertido de forma suficientemente explícita sobre las amenazas de la excesiva apreciación del tipo de cambio. Y lleva razón. Porque, aunque el conjunto de las economías que comparten el euro tengan un volumen de comercio con el resto del mundo que no es excesivo, un 25% del PIB agregado aproximadamente, la importancia del sector exterior en el asentamiento de la recuperación económica es esencial, especialmente en aquellas que están en recesión. La salida no es fácil, más allá de las buenas palabras, como han reflejado las declaraciones oficiales tras las reuniones del G7 y del G20 de la semana pasada. Está claro que el BCE no va a incorporar entre sus objetivos el seguimiento del tipo de cambio del euro. Pero no haría mal en apurar el recorrido expansivo de sus actuaciones, tanto vía cantidades como en la reducción del tipo repo.

No hay pelea si uno no quiere. Y el más agraviado en esta pugna, la eurozona, no parece estar dispuesta a responder a las “señales de ofensa” que se observan en los mercados de divisas. Tampoco las instituciones multilaterales parecen disponer de predicamento suficiente para reconducir eventuales peligros de extensión de esas “políticas de empobrecimiento del vecino” de las que en los treinta advertía la discípula de J.M. Keynes Joan Robinson. Resignación y espera a que las evidencias contribuyan a que no solo la política monetaria de la eurozona se adecúe más a lo que la economía real refleja, sino que lo hagan igualmente las políticas de rentas o incluso las presupuestarias de aquellos países de la eurozona con margen de maniobra para hacerlo.

(*) Artículo publicado en la revista “Empresa Global” editada por Afi

Banqueros más profesionales

Recientemente, hemos visto en los medios, en el marco de las investigaciones judiciales sobre entidades de crédito fallidas, el espectáculo que suponen las manifestaciones de algunos de sus consejeros que han dicho que eran taxistas, peluqueros(as), farmacéuticos(as), etc., y que no sabían nada de banca, algo que antes nunca lo reconocieron ni  dimitieron alegando que no estaban preparados para el puesto.

Precisamente, entre los proyectos normativos actualmente en trámite con especial relevancia para las entidades de crédito españolas se encuentra el proyecto de Real Decreto por el que se modifican los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito, que ha estado sometido a audiencia pública hasta el 7 de febrero pasado.

Tanto en el momento de su publicación como, sobre todo, en estos últimos días, tras una sentencia del Tribunal Supremo que afecta al consejero delegado del primer banco español, dicho proyecto ha sido objeto de especial atención en los medios. Sin embargo, no es éste el aspecto del proyecto que más nos interesa tratar en este post,  sino su incidencia en el grado de profesionalidad, en términos de sus conocimientos,  experiencia y dedicación, de las personas que dirigen nuestras entidades de crédito.

El proyecto aprovecha los cambios en la normativa que requieren las nuevas competencias del Banco de España como entidad autorizante de las entidades de crédito desde el 1 de enero de este año, consecuencia a su vez del memorando de entendimiento firmado por España en relación con el saneamiento de su sistema bancario, que sigue actualmente su curso.

Se amplían los requisitos de honorabilidad, conocimientos y experiencia en estas entidades de crédito, que afectan ahora a todos los miembros del consejo de administración o consejo rector (caso de las cooperativas de crédito) y de la dirección general, incluyendo también las  personas con funciones de control interno o que ocupen puestos claves para el desarrollo de la actividad de la entidad. Además, dichos requisitos se someten a un proceso de evaluación que debe efectuar cada entidad, independientemente de que también lo realice el Banco de España.

Poseen conocimientos y experiencia adecuados en este contexto quienes cuenten con formación del nivel y perfil adecuado, en particular en banca y servicios financieros, y experiencia práctica relevante derivada de sus anteriores ocupaciones durante periodos de tiempo suficientemente largos. Se tendrán en cuenta  tanto los conocimientos adquiridos en un entorno académico como la experiencia en el desarrollo profesional de funciones similares en otras entidades.

En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y poderes de decisión y responsabilidades asumidos, así como el número de personas a su cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que deben gestionar.

El consejo de administración o, en su caso, el consejo rector deberá contar con miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suficiente experiencia profesional en el gobierno de entidades financieras para asegurar la capacidad efectiva del consejo de tomar decisiones de forma independiente y autónoma en beneficio de la entidad.

Para valorar el buen gobierno de una entidad de crédito se tendrá en cuenta, en relación con su consejo de administración o consejo rector:

a) la presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas de terceros.

b) la capacidad de ofrecer dedicación suficiente para llevar a cabo las funciones correspondientes.

El incumplimiento de los requisitos fundamentales señalados, en cualquiera de sus aspectos, puede llevar al Banco de España a requerir la separación de las personas afectadas.

Siendo un proyecto que va en la dirección adecuada, no podemos olvidar que los meros cambios de normas no solucionan los problemas a los que van dirigidos, si las entidades implicadas se limitan a cumplirlos sólo en la letra, o en sus niveles mínimos. Por el contrario, los nuevos requisitos de  conocimientos,  experiencia  y dedicación implican una mayor profesionalización en los procesos de selección de consejeros y personal clave externo y, al mismo tiempo, requieren planes de formación apropiados para el personal interno que pueda estar llamado a ejercer funciones clave en la entidad.

En aquellos temas que se considere necesario, por ejemplo, por sus implicaciones estratégicas para la entidad, la formación debería considerar expresamente los consejeros y la alta dirección, empleando las metodologías que se estimen convenientes en cada caso.

Móvil y banca en España

Hoy comienza en Londres la nueva edición de Finovate Europe, la versión del viejo mundo de la principal feria sobre innovación tecnológica en el ámbito financiero. Durante dos días, cada una de las 60 empresas seleccionadas deberá explicar en sólo 7 minutos cómo interactuamos con las entidades financieras. Si miramos en detalle la dinámica de estas ferias, podemos extraer varias conclusiones:

1. La mayor parte de la innovación en el mundo financiero viene de pequeñas start-ups, y rara vez son los bancos quienes exponen sus avances (BBVA es una honrosa excepción este año).
2. Ahora mismo la movilidad es la piedra angular de la innovación en el sector financiero. Cada vez estamos más conectados desde nuestros bolsillos, y menos desde nuestros escritorios.

La banca española ha sido considerada durante tiempo una de las más innovadoras de Europa, pero durante la crisis se ha ralentizado el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios. A esto se suma que, a diferencia de lo que ocurre en Reino Unido o Estados Unidos, tenemos un ecosistema menos desarrollado para la creación de empresas de base tecnológica, por lo que España tiene poco peso en eventos como el mencionado Finovate.

¿Cómo estamos posicionados en lo que se refiere a innovación bancaria y movilidad? Por el lado de la demanda, tenemos un punto de partida envidiable. España es uno de los países europeos con mayor penetración de smartphones, y también de los que más uso hacen de la banca móvil. Según datos de ComScore, la base de usuarios creció entre 2011 y 2012 un 113% en nuestro país, hasta alcanzar casi 6 millones de usuarios. Estos datos son similares a los que encontramos en el Informe Tecnocom 2012, del que se extrae que un 15,1% de los adultos españoles hace uso de la versión móvil de la web o bien de la aplicación móvil de su banco.

Fuente: Afi, a partir del Informe Tecnocom 2012

Donde todavía nos queda mucho camino por recorrer es en el entorno de los pagos móviles. En 2012 apenas el 2,7% de los españoles utilizaba su teléfono para realizar pagos o compras en comercios, algo que no es de extrañar, dada su escasa aceptación en un contexto de mercado todavía muy fragmentado. A esto se le suma una contracción del consumo que tampoco ayuda al uso de nuevos instrumentos de pago, en un momento en el que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia la clásica tarjeta de débito.

No está claro aún qué tecnología de pagos móviles será la que consiga llegar antes a una masa crítica de usuarios. Hoy encontramos en el mercado español productos basados en lectores de tarjetas para conectar a smartphones (iZettle, SumUp, SetPay y el celebérrimo Square entran en esta categoría, aunque el último no opera en nuestro país), así como teléfonos con tecnología NFC, sistemas basados en códigos QR (como éste de La Caixa) y otros basados en códigos de barras (Momo Pocket es una empresa española que ya opera con esta tecnología en Málaga).

Pese a tener esta variedad de opciones en el mercado, el Informe Tecnocom nos muestra que apenas un 17% de los españoles que no realizan pagos con su teléfono muestra un interés alto por esta funcionalidad. Para el resto, todavía existen importantes barreras de conocimiento (un 41,1% declara no saber cómo funciona o tener dificultades para usar su móvil) y una percepción de menor seguridad que, pese a ser infundada, es un obstáculo para el 29,4% de quienes no realizan pagos móviles.

Ratings cuestionados

El papel jugado por las agencias de calificación crediticia (rating), primero en la gestación de la crisis financiera, y luego tras el estallido de la misma, ha sido generalizado en casi todos los países, generando una oleada de iniciativas reguladoras en relación a dichas agencias.

En el ámbito de la Unión Europea esas iniciativas dieron como resultado, en primer lugar, la regulación 1060/2009, conocida como CRA I, que requería a las agencias de rating cumplir con rigurosas normas de conducta para evitar conflictos de interés y garantizar calidad y transparencia del proceso de calificación. Y posteriormente, la regulación 513/2011, conocida como CRA II, que otorgaba a la recién creada ESMA (European Securities and Markets Authority) plenos poderes de supervisión sobre las agencias de rating en el ámbito europeo.

Mucho más contundentes han sido las reacciones al otro lado del Atlántico, con la interposición de numerosas demandas judiciales contra agencias de calificación, por parte de agentes económicos, sobre todo inversores, que se sentían perjudicados por la actuación de dichas agencias. En un comunicado oficial del Senado a la Securities and Exchange Commission en septiembre de 2011, se estima que, sólo los fondos de pensiones estadounidenses, habrían perdido decenas de miles de millones de dólares como consecuencia de las masivas rebajas crediticias llevadas a cabo por las agencias de calificación. En esa misma comunicación se constata que de los miles de valores respaldados por hipotecas que habían sido calificados por las agencias en 2006 con la máxima calificación (AAA), casi el 90% había sido objeto de degradación entre 2008 y 2010.

Sin menoscabo de esa abrumadora evidencia estadística indicativa de calificaciones procíclicas (demasiado favorables en la época buena del ciclo, y demasiado desfavorables posteriormente), ninguna de las demandas finalizó en condena en firme de las agencias demandadas, siendo dos básicamente las razones en que descansaban dichos fallos exculpatorios. Por un lado, que el error de apreciación cometido por las agencias  no fue mayor que el cometido por los propios organismos reguladores y supervisores; y por otro, que las calificaciones constituyen solo indicadores de referencia, quedando la decisión de compra íntegramente bajo la responsabilidad de cada inversor.

Esa exigencia de responsabilidades a las agencias ha dado un nuevo giro esta semana con la presentación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos  de una demanda contra Standard &Poors, en la que le reclama 5.000 millones de dólares por las pérdidas incurridas por Western Federal Corporate Credit Union (WestCorp). El objeto de la demanda no se centra tanto en que las agencias cometieron error de apreciación en sus estimaciones de riesgo, sino en que su conducta fue intencionadamente fraudulenta haciendo prevalecer, en el propio interés comercial de las agencias, los intereses de las entidades emisoras de valores por encima de las entidades inversoras en los mismos.

Es sin duda una novedad que abre nuevas fuentes de incertidumbre en el ya viejo intento de eliminar los conflictos de intereses en una actividad muy sensible a esos conflictos; pero, sin duda, la capacidad probatoria de los argumentos esgrimidos por la acusación va a ser contestada por las agencias, en lo que promete ser un proceso largo y complejo, pues es mucho lo que hay en juego.

Cooperativas de crédito: la otra banca

La crisis financiera y la naturaleza cuasi sistémica de muchas de nuestras entidades han provocado que la atención de los supervisores y los mercados (y los clientes) se haya centrado en los bancos y cajas de ahorros. No obstante, estos dos subsistemas no son los únicos que pueblan nuestro sector bancario. El tercer grupo es el de cooperativas de crédito; por su menor tamaño agregado, no tan conocido como los anteriores para la inmensa mayoría de los clientes bancarios. Dentro de éste se distinguen las cooperativas constituidas por colectivos de profesionales (Ingenieros, Abogados o Arquitectos), las de empleo (Caja Laboral Ipar Kutxa) y las de carácter local o territorial, que se presentan bajo la denominación de Cajas Rurales.

En cualquier caso, un grupo de entidades que comparte con los otros dos mencionados las mismas funciones y actividades. Tampoco presentan ninguna limitación en su operativa bancaria diferenciándose únicamente en su particular naturaleza jurídica, empresa de carácter cooperativo.

El modelo de cooperativas de crédito, bancos cooperativos o "mutual banking", se encuentra presente tanto en los países de nuestro entorno financiero (en la Unión Europea o Estados Unidos) como en aquellos en desarrollo. Con desiguales cuotas de mercado, en una horquilla que va desde el 5% al 25%, la aportación de las cooperativas de crédito al desarrollo económico y la integración financiera de los territorios en los que operan supera con creces la aritmética de su presencia. En esta línea, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cooperativas y reestructuración» reconoce la mayor capacidad de resistencia de las cooperativas de crédito europeas a la crisis actual, ya que ningún banco cooperativo ha sufrido un concurso de acreedores en la UE.

Tras el proceso de concentración del sector bancario español, al que este subsector no ha sido ajeno, se reparten por todo el territorio nacional unas 40 cooperativas de crédito o grupos de cooperativas, con un elevado compromiso con los territorios en los que desarrollan su actividad. Salvo Cajamar (la mayor de estas entidades) que presenta una orientación nacional, el resto opera en un ámbito de  trabajo exclusivamente local o regional.

En función del criterio que tomemos, la cuota de mercado en España agregada de este grupo de entidades de crédito se situaría entre el 5% y el 12%.

Sin embargo, su relevancia en claves de resistencia a la crisis y posición de partida para contribuir a un eventual despegue económico la podemos retratar mediante el análisis de unos pocos indicadores sintéticos que son descriptivos de su fortaleza financiera: las cooperativas financian con 85 euros de depósitos de clientes cada 100 euros que conceden de inversión crediticia, presentan 6,8 euros de recursos propios por cada 100 euros de activo (en el pasado ya vimos en este blog la importancia de esta ratio) e invierten  51,2 euros por cada 100 de ingresos que generan. Por otro lado, aunque el Banco de España ya no presenta series diferenciadas, la morosidad soportada por el subsector se encontraría claramente por debajo de los otros dos agregados. Por todo ello, las cooperativas de crédito se situarían en términos ponderados a la cabeza de las ratios de gestión del sector bancario.

Pero es en la contribución al empleo y en la gestión de clientes donde se pone de manifiesto la vinculación con el territorio y las aportaciones al desarrollo económico local. Mientras que bancos y cajas de ahorros dedican menos de 8 empleados por cada 100 millones de euros de volumen gestionado, las cooperativas de crédito involucran a casi 12 empleados en la gestión de este mismo volumen de negocio, lo que se traduce en un elevado conocimiento de las condiciones y problemática financiera de sus mercados. Un análisis financiero clásico concluiría que esta relación pone de manifiesto un déficit de productividad frente a sus principales competidores; y algo de esto se produce y es necesario corregirlo. Pero desde un punto de vista competitivo la existencia de socios que no exigen retornos de mercado por sus aportaciones al capital y fomentan decididamente el modelo cooperativo de gestión permite que las cooperativas de crédito dediquen más profesionales a la gestión de clientes y alcancen zonas que otras entidades no abordan, lo que retroalimenta su modelo y su valor de franquicia local.

La transformación inteligente de este capital relacional en capital reputacional y una inversión del 65% de sus beneficios en el propio mercado hacen de las cooperativas de crédito la banca de referencia en sus ámbitos naturales de actuación.

Fuente de los gráficos: Afi a partir de datos Banco de España, UNAAC, AEB y CECA

No obstante, no le son también ajenos los retos. Entre los de corto plazo, el fortalecimiento de la eficiencia que, quizá debido a una excesiva atomización, no es fácil alcanzar o la adaptación a los próximos requisitos de buen gobierno corporativo y profesionalización de sus órganos de gobierno. Ambos a incorporar de manera que no se desvirtúe la cercanía y la sensibilidad frente al territorio o se desnaturalice el modelo de gestión cooperativa. Un modelo productivo a su manera, valioso y diferente.

Más madera para la banca europea

No deja de ser llamativo que cuando, con el visto bueno, e incluso aportación de capital, de la Comisión Europea, se da por concluido el proceso de saneamiento y capitalización del sistema bancario español, la OCDE publique una nota, “Strengthening euro area banks”, cuestionando explícitamente la fortaleza del sistema bancario de la eurozona. En el fondo, está poniendo en duda la correcta aplicación del modelo de exigencias de capital basadas en la medición de los “activos ponderados por riesgo”, que constituye la clave de bóveda del marco regulatorio de Basilea para la determinación de la solvencia de las entidades bancarias. Y, lo que es más relevante, esas dudas no se referirían tanto a los sistemas bancarios de los países periféricos, como particularmente a los de los países centrales.

En efecto, la nota señala que la capacidad de la banca europea para absorber pérdidas debiera medirse más por una ratio de capital sencilla y transparente: capital de la máxima calidad (tangible equity) sobre el tamaño del balance de las entidades (sin ponderar los activos). El nivel de esa ratio para identificar entidades bien capitalizadas habría de situarse en el 5%, según el análisis de la propia OCDE, lo que equivale a decir que el tamaño del balance de una entidad bancaria no debiera ser más de 20 veces el capital del que dispone. Resulta que este requerimiento sería, en general, más estricto que la exigencia mínima del 9% de capital de la máxima calidad (Core Tier I) sobre los activos ponderados por riesgos que la Unión Europea ha obligado a cumplir a los grandes bancos en 2012.

¿Cuánto más? El gráfico que acompaña la nota comentada es concluyente. En términos de PIB, la OCDE estima que con este nuevo benchmark los bancos de la eurozona requerirían unos 400.000 millones adicionales de capital o, lo que es lo mismo, un 4,25% del PIB del Área.

¿Y cuáles serían los países con mayores requerimientos adicionales? También el gráfico lo ilustra bien. Países centrales como Francia, Alemania, Holanda o Bélgica requerirían capital adicional por un porcentaje significativamente superior de su correspondiente PIB. No es nueva la presunción de que las ponderaciones exigidas de facto al conjunto de los activos de los bancos de esos países son más generosas, y no sólo porque a la exposición al riesgo soberano se le aplica una ponderación cero. Como tampoco lo es que, particularmente en Alemania, habría un proceso de reestructuración bancaria pendiente.    

Fuente: OECD Economic Outlook, Vol 2012/2

De forma inequívoca, la OCDE postula que son necesarios grandes cambios (más allá de la recapitalización que ya ha tenido lugar) para fortalecer la solvencia de los bancos de la eurozona. Curioso el momento elegido. El mensaje destila también que, años después del inicio de la crisis actual y a pesar de los intentos de coordinación internacional para lograr una armonización de la regulación bancaria básica a nivel internacional, el objetivo aún no está cumplido. El riesgo es que el propio mensaje sea generador de desconfianza, cuando los efectos devastadores de la crisis bancaria del último quinquenio aún no han sido superados.