Ratings cuestionados

Por: | 07 de febrero de 2013

El papel jugado por las agencias de calificación crediticia (rating), primero en la gestación de la crisis financiera, y luego tras el estallido de la misma, ha sido generalizado en casi todos los países, generando una oleada de iniciativas reguladoras en relación a dichas agencias.

En el ámbito de la Unión Europea esas iniciativas dieron como resultado, en primer lugar, la regulación 1060/2009, conocida como CRA I, que requería a las agencias de rating cumplir con rigurosas normas de conducta para evitar conflictos de interés y garantizar calidad y transparencia del proceso de calificación. Y posteriormente, la regulación 513/2011, conocida como CRA II, que otorgaba a la recién creada ESMA (European Securities and Markets Authority) plenos poderes de supervisión sobre las agencias de rating en el ámbito europeo.

Mucho más contundentes han sido las reacciones al otro lado del Atlántico, con la interposición de numerosas demandas judiciales contra agencias de calificación, por parte de agentes económicos, sobre todo inversores, que se sentían perjudicados por la actuación de dichas agencias. En un comunicado oficial del Senado a la Securities and Exchange Commission en septiembre de 2011, se estima que, sólo los fondos de pensiones estadounidenses, habrían perdido decenas de miles de millones de dólares como consecuencia de las masivas rebajas crediticias llevadas a cabo por las agencias de calificación. En esa misma comunicación se constata que de los miles de valores respaldados por hipotecas que habían sido calificados por las agencias en 2006 con la máxima calificación (AAA), casi el 90% había sido objeto de degradación entre 2008 y 2010.

Sin menoscabo de esa abrumadora evidencia estadística indicativa de calificaciones procíclicas (demasiado favorables en la época buena del ciclo, y demasiado desfavorables posteriormente), ninguna de las demandas finalizó en condena en firme de las agencias demandadas, siendo dos básicamente las razones en que descansaban dichos fallos exculpatorios. Por un lado, que el error de apreciación cometido por las agencias  no fue mayor que el cometido por los propios organismos reguladores y supervisores; y por otro, que las calificaciones constituyen solo indicadores de referencia, quedando la decisión de compra íntegramente bajo la responsabilidad de cada inversor.

Esa exigencia de responsabilidades a las agencias ha dado un nuevo giro esta semana con la presentación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos  de una demanda contra Standard &Poors, en la que le reclama 5.000 millones de dólares por las pérdidas incurridas por Western Federal Corporate Credit Union (WestCorp). El objeto de la demanda no se centra tanto en que las agencias cometieron error de apreciación en sus estimaciones de riesgo, sino en que su conducta fue intencionadamente fraudulenta haciendo prevalecer, en el propio interés comercial de las agencias, los intereses de las entidades emisoras de valores por encima de las entidades inversoras en los mismos.

Es sin duda una novedad que abre nuevas fuentes de incertidumbre en el ya viejo intento de eliminar los conflictos de intereses en una actividad muy sensible a esos conflictos; pero, sin duda, la capacidad probatoria de los argumentos esgrimidos por la acusación va a ser contestada por las agencias, en lo que promete ser un proceso largo y complejo, pues es mucho lo que hay en juego.

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