Rentabilidad-riesgo en depósitos y fondos de inversión

La difícil situación que atraviesa Chipre estos días está produciendo como efecto colateral una cierta confusión en cuanto a la seguridad del ahorro en otros países de la Eurozona. Según las condiciones fijadas por el Eurogrupo, en Chipre quedarán salvaguardados los depósitos minoristas por debajo de 100.000 euros, exactamente igual que en el resto de países de la Unión Monetaria Europea.

Podemos decir que los depósitos son instrumentos de ahorro seguros, donde el capital aportado está garantizado (hasta los citados 100.000 euros) y se recupera al vencimiento, y los rendimientos se conocen de antemano según lo estipulado en los términos y condiciones del contrato con la entidad de depósito. Precisamente, hace unas semanas veíamos en este blog algunas alternativas para comparar online este tipo de productos financieros. En Internet encontramos también herramientas que nos permiten calcular de manera sencilla la rentabilidad de nuestras imposiciones a plazo fijo, teniendo en cuenta la fiscalidad aplicable.

El atractivo de los depósitos se ha visto reforzado en los últimos años por las elevadas remuneraciones ofrecidas durante la llamada “guerra del pasivo”, en la que las entidades competían ferozmente por el ahorro. Este proceso, unido a los cambios en la fiscalidad, también tuvo como consecuencia un cambio en las estrategias de gestión de la liquidez minorista por parte de las propias entidades bancarias, que desplazaron buena parte del patrimonio en fondos de inversión a los depósitos. Así, hemos asistido a sucesivas caídas en el patrimonio gestionado en España entre 2006 y 2012; de hecho, tenemos que remontarnos a 1996 para encontrar niveles similares a los actuales, según datos de Inverco, la patronal del sector.

Para aquellos que buscan otro vehículo para canalizar su ahorro, los fondos de inversión son una alternativa que ofrece un gran abanico de posibilidades. Hace unas semanas, un artículo en el diario El País se hacía eco de los nuevos comparadores online de este tipo de productos. A los ya existentes supermercados financieros, sumamos ahora diversas aplicaciones independientes en las que es posible contrastar características de distintos productos y comparar qué fondos han tenido un mejor desempeño en un período determinado.

Sin embargo, no conviene olvidar que los fondos de inversión son productos más complejos que los depósitos. Por muy bien que se haya comportado un determinado fondo, las rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras. Además de las comisiones de gestión, el binomio rentabilidad-riesgo es otro de los parámetros fundamentales a la hora de elegir uno de estos productos. Para poder realizar comparaciones razonables, antes de utilizar las herramientas mencionadas es importante conocer el criterio de inversión de cada instrumento, que figura en el folleto correspondiente. Como hacer esa operación es inviable para un número elevado de fondos (miles, en el caso de los comparadores actuales), se recurre habitualmente a las categorías, que agrupan fondos con características similares. De este modo, sólo contrastaremos la habilidad de los gestores, y no su osadía.

Cuando tenemos una cartera de fondos de inversión, lo más probable es que nuestra entidad financiera nos informe periódicamente de la rentabilidad de la inversión. Sin embargo, si hemos diversificado nuestras posiciones en varias entidades, puede ser interesante recurrir a herramientas de cálculo de carteras. Algunas redes sociales han ido un paso más allá y permiten subir información real de carteras con diversos tipos de activos, de manera que se crean auténticas comunidades de inversores que sirven para compartir experiencias y como benchmark.

En definitiva, para tomar una decisión sobre el mejor destino para nuestros ahorros, es aconsejable utilizar las herramientas que están hoy a nuestro alcance, teniendo siempre en mente cuál es nuestro perfil de riesgo para evitar sorpresas desagradables.

El rescate a Chipre: las formas y el fondo

Aprovechando la mayor holgura, en términos de espacio, que me brinda este blog, la utilizaré hoy para expandir un poco más los argumentos volcados ayer en mi artículo publicado en El País (20 de marzo de 2013), y cuya escasez de espacio me ha obligado a comprimir en exceso.

Ciertamente cabe catalogar de esperpento el espectáculo dado por los líderes europeos y chipriotas, primero en la negociación del acuerdo, luego en el negacionismo respecto de las partes más desagradables del acuerdo; por ejemplo, parece ser que nadie (ni la CE, ni el FMI, ni Chipre) quería incluir como damnificados a los depositantes de menos de 100.000 euros, haciendo bueno el dicho “entre todos la mataron…”

Igualmente cabe criticar la improvisación que supone hacer un anuncio de esa magnitud, y proceder a un cierre bancario asociado, sin tener unas mínimas garantías de respaldo político en Chipre, con el resultado que el martes conocimos: el absoluto rechazo en el Parlamento provoca una situación de limbo y de nuevas discusiones políticas, y mientras tanto siguen los bancos cerrados, con el daño que ello hace, no solo al normal funcionamiento de la economía, sino a la reputación, de tal manera que cuantos más días dure el cierre, mayor será la pérdida de depósitos a incurrir.

Y sin embargo, más allá de todas esas torpezas en la ejecución y en la comunicación, cabe resaltar la lógica y el pragmatismo de la filosofía subyacente en el paquete de medidas.

De entrada, parece razonable que los países europeos aportantes de fondos de rescate limiten su aportación a 10.000 millones y no acepten una cifra solicitada, 17.000 millones, que representa el 100% del PIB chipriota, es decir casi el doble de lo puesto en el caso griego, tres veces lo puesto en los casos de Portugal o Irlanda, o veinte veces lo aportado en el caso español. Una cifra de esa magnitud llevaría la deuda pública chipriota a unos niveles insoportables e inmanejables.

La diferencia entre lo solicitado (17.000) y el máximo dispuestos a comprometer (10.000) se exige que salga, por un lado, de un aumento impositivo sobre sociedades (del 10% al 12,5%), de donde se espera recaudar poco más de 1.000 millones. No cabe duda que esta partida se debía haber tensado mucho más, aunque es también mucho más incierta, y dilatada en el tiempo, en términos de potencial recaudación.

Frente a ello, el grueso de la aportación interna se hace descansar sobre un impuesto especial a los depósitos bancarios, sin duda alguna atraída (la parte prestamista) por la inmediatez en la recaudación. En la propuesta inicial ese impuesto iba a ser del 10% para los de más de 100.000 euros, y del 6,75%% para los de menos de dicho importe, siendo este  polvorín que ha hecho estallar todo el paquete, al considerar que viola las garantías otorgadas a nivel europeo en octubre de 2008, en el sentido de que estarían garantizados todos los depósitos por debajo de dicho importe.

Antes de debatir sobre este aspecto, quiero recalcar que el gran error, en mi opinión, fue el de limitar ese impuesto a los depósitos bancarios, y no hacerlo extensivo a todo tipo de activos financieros, con una cierta progresividad en función del instrumento y del importe: por ejemplo más impuesto a las acciones, algo menos a los bonos, y menos a los depósitos, y dentro de estos mucho más a los depósitos mayores y menos a los de menor cuantía, incluso dejando libre de carga a los más pequeños, que no tenían por qué coincidir con la cifra de 100.000 euros.

Y aquí es donde me va a tocar explicar por qué, en mi opinión, ello no iría en contra de las garantías de depósitos aprobadas en 2008. Si se hubiera hecho extensible a todo tipo de activos financieros, la figura de impuesto sería más fácilmente digerible, frente a la de quita. Cada inversor/ahorrador recupera íntegramente su nominal invertido, pero en ese momento se le grava con un impuesto (“levy”) especial sobre el patrimonio financiero. Con ello lo que se estaría rompiendo es un principio fiscal, de no retroactividad, pero no el de la garantía de los depósitos.

Por otro lado, y al hilo de esas garantías, se me suscita una duda. La CE aprobó un marco de garantías mínimo de 100.000 euros para toda Europa, y luego por encima de dicho nivel los países podían elevarlo si querían, pero no reducirlo. Quiero recalcar aquí que la CE aprobó el marco, pero la garantía la otorga cada Estado! Y yo me pregunto ¿vale lo mismo la garantía del Estado chipriota que la del español, o la del alemán?

Si valen lo mismo, alguien deberá explicarme por qué durante los últimos cuatro años, la media de remuneración a los depósitos en Chipre ha sido entre 1,5% y 2% superior a la registrada en España, como se ilustra en el gráfico siguiente.  Ello quiere decir que el gravamen especial que ahora se pretende imponer a los depositantes chipriotas, ni siquiera elimina por completo el exceso de retribución que han obtenido frente a los depositantes españoles.

Tipos de interés de depósitos de hogares y empresas menores
a 1 año

Fuente: Afi, BCE

 

Es fácil argumentar que, con una Unión Bancaria plenamente efectiva, no existiría la actual fragmentación bancaria entre países, y se evitaría ese círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos que tanto daño viene haciendo, y que una vez más está en el corazón de los esquemas impuestos por la CE en los rescates, como ocurrió en el español. Pero no olvidemos que, cuando esa Unión Bancaria sea una realidad, no será posible que un depositante chipriota obtenga por sus depósitos casi el doble de retribución que un español, como tampoco será posible que un depositante español obtenga el doble que uno alemán, como sucede en la actualidad.  

Hay un último aspecto que creo merece la pena comentar en cuanto a la diferencia con España, que abunda en la idea de la nula comparabilidad entre la situación en ambos países. En primer lugar está la diferencia en magnitud: los depósitos de Chipre representan el 400% del PIB de su país, mientras en España apenas alcanzan el 100%. Pero mucho más importante es la forma de abordar el “burden sharing”. Mientras en Chipre se han saltado por completo la relación de prelación, al comenzar por los depósitos, que son la fuente de financiación más senior, en España se ha dejado claro el respeto a dicho principio: en el caso de las entidades con problemas, estos son soportados, en primer lugar, por los accionistas; luego las preferentes y tras ellas las subordinadas. Ello genera una barrera de protección para los depósitos mucho más potente, y creíble, que cualquier manifestación hecha por los políticos de turno.

 

Incertidumbres en el canal crediticio

En las últimas semanas hemos conocido los resultados de sendas misiones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional que se trasladaron a España a principios de año para evaluar el grado de cumplimiento del programa de reformas comprometido por el rescate bancario: aquellos compromisos/exigencias incluidos en el famoso Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés).
Los informes emitidos por ambos organismos hacen un recorrido por todos y cada uno de los mencionados compromisos/exigencias, concluyendo que hasta la fecha no solo se está cumpliendo el programa de reformas en su conjunto sino especialmente el más delicado de la recapitalización del sector bancario. Igualmente hacen mención a las extraordinarias implicaciones en términos de estabilización de las condiciones de financiación de nuestro sector bancario en los mercados financieros, así como a la necesidad de mantener la agenda de reformas para asegurar estos logros de forma permanente. Asimismo, reconocen explícitamente que no hay razones para suponer nuevas ayudas públicas a las entidades rescatadas, bien directamente bien mediante la SAREB.
De todo lo cual y de cara a las implicaciones sobre la normalización de nuestro sector bancario y, en consecuencia, sobre algunos pilares esenciales para la recuperación de la actividad económica, nos podemos felicitar.
No obstante, no todo es cara en esta moneda. Estos mismos informes advierten que, a pesar de las mejoras de las condiciones de financiación del sector bancario, no se percibe una clara reactivación del canal crediticio. Y es justo señalar que parte del problema se encuentra en el lado de la oferta, en el sector bancario.
En esta línea, las últimas encuestas del Banco Central Europeo sobre acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas en la Zona Euro ponen de manifiesto que el segundo problema de las pymes es el acceso a la financiación, sólo por detrás de la búsqueda de clientes; ambos problemas mucho más acusados en el caso de las pymes españolas.

Fuente: AFI a partir de la “Encuesta de acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas en la Zona Euro” elaborada por el BCE
De acuerdo con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, el endurecimiento de las condiciones en la concesión del crédito por parte del sector bancario es uno de los problemas para acceder a financiación bancaria, hasta el punto que sólo el 24% de las pymes lo consigue. Dicho endurecimiento, que se manifiesta en una ralentización de los plazos de respuesta y en un incremento significativo del rechazo de las solicitudes de crédito, se ha traducido también fundamentalmente en un importante incremento de los tipos de interés de las nuevas operaciones y del número y nivel de las garantías y avales, así como en una reducción considerable de plazos de financiación.

Fuente: AFI a partir de “Encuesta Cámaras sobre el acceso de las pymes a la financiación ajena” publicada por el Consejo Superior de Cámaras y a partir del BCE
Y tres cuartos de lo mismo podríamos decir de la financiación a hogares y familias. Parte de este comportamiento desde el lado de la oferta se explica por la necesidad de normalizar los ratios de financiación estructural del sector bancario español, así como de reducir los activos ponderados por riesgo para mejorar los ratios de capital. A cierre de 2012, y tras el traspaso de activos a la SAREB, en media, nuestras entidades mantienen todavía escasamente 70 euros de depósitos de clientes por cada 100 euros de inversión crediticia.

Fuente: AFI a partir de la “Encuesta de acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas en la Zona Euro” elaborada por el BCE
Otra parte de la explicación se corresponde con la incertidumbre que se respira en las entidades de crédito sobre la capacidad de pago futura de familias y pymes en un entorno económico que sigue percibiéndose deprimido.
Para estimular a las pymes y mejorar su liquidez, el Gobierno se ha propuesto poner en marcha una serie de medidas, algunas de ellas a canalizar a través de las propias entidades de crédito, con la expectativa de animar la concesión de crédito y el consiguiente impacto positivo en la normalización de este canal crediticio.  En concreto, líneas ICO y préstamos a través de entidades saneadas por un volumen conjunto de 32.000 millones de euros.
No obstante, sin entrar a valorar los problemas humanos y sociales siempre comprensibles que se encuentran detrás de las circunstancias que han motivado los recursos, la semana pasada se conoció una sentencia del Tribunal Europeo de la Unión Europea que podría introducir una nueva incertidumbre y dificultar el crecimiento del crédito bancario. Es cierto que sin relación directa con la financiación de pymes, pero que podría abundar en el clima pesimista de las entidades sobre la concesión de crédito en general.

Dicha sentencia establece que la legislación hipotecaria española es contraria a los derechos que como consumidores deberían preservarse para dotar de contenido real a la tutela judicial efectiva de éstos en los procedimientos de ejecución hipotecaria. La misma, junto a los mencionados riesgos de liquidez y de crédito, podría acrecentar el riesgo jurídico en el sector bancario español.   

Para evitar los efectos perjudiciales relacionados, específicamente sobre la nueva concesión de préstamos hipotecarios, no sólo es necesaria una correcta incorporación a la normativa española de la mencionada sentencia, sino que es imprescindible que se desarrollen los mecanismos necesarios para que se puedan realizar interpretaciones homogéneas de las clausulas de estos contratos. De esta manera, se evitará que se instale entre nuestras entidades un nuevo riesgo que pueda desincentivar adicionalmente la normalización del canal crediticio.
Siempre, pero especialmente en las actuales circunstancias, la coordinación de actuaciones y la convergencia de intereses entre las instituciones públicas y las entidades de crédito es fundamental para eliminar cualquier incertidumbre sobre el canal crediticio a fin de reactivar el consumo e inversión de familias y pymes.

"Burden sharing", próxima estación

La hoja de ruta del proceso de reestructuración y recapitalización de la banca española definida en el Memorandum of Understanding (MoU), firmado por las autoridades españolas para el acceso a las ayudas europeas, se está cumpliendo con puntualidad germana. Así lo ponen de manifiesto sendos informes de seguimiento del proceso publicados hace sólo unos días por la Comisión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. La próxima estación, a la que nos referimos en este post, es el llamado ejercicio de burden sharing exigido en el MoU, que se va a realizar ya, en este mismo mes de marzo.

Se entiende como tal el que (además de los accionistas) todos los tenedores de deuda subordinada que emitieron los bancos que ahora requieren ayudas (las populares subordinadas y preferentes) deberían absorber parcialmente las pérdidas afloradas por estas entidades y contribuir a su recapitalización. Estarían obligados a compartir una parte de la carga con el fin de minimizar el coste que podría tener para los contribuyentes la aportación de fondos públicos. De hecho, se ha modificado la legislación aplicable con el fin de hacer particularmente coercitivo para los tenedores de estos títulos el citado ejercicio de burden sharing.

Permítanme plantear y responder al tiempo algunas cuestiones acerca de las acciones que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Dejaré al margen de estas reflexiones las justas reclamaciones de aquellos tenedores afectados por malas praxis de venta de las entidades de los mencionados instrumentos.

1. ¿En qué consistirán exactamente las acciones que tendrán lugar?

Básicamente, en la mayoría de los casos se aplicará un recorte sobre el nominal de los títulos subordinados, de mayor o menor cuantía según sus características y naturaleza, y se obligará a los tenedores a canjear el importe correspondiente por instrumentos de capital[1], típicamente acciones de la entidad, pero también en algunos casos obligaciones convertibles en acciones. En las entidades del llamado Grupo 1, en las que ya es accionista mayoritario el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (BFA-Bankia, Catalunya Banc y Novagalicia Banco), los canjes se harán de forma coercitiva y por acciones. 

En algunas entidades del Grupo 2 (BMN, Liberbank) se plantearán canjes voluntarios, incluyendo en algunos casos la opción de bonos convertibles, además de acciones de la entidad, previos a los canjes coercitivos que, si fueran necesarios, se pondrían en marcha adicionalmente a continuación. Por su parte, la ejecución en Caja3 y CEISS, que también forman parte del Grupo 2, está condicionada a la concreción de su posible integración en Ibercaja y Unicaja, respectivamente.

    2. ¿Es trascendente este ejercicio en el proceso de recapitalización de las entidades afectadas? 

Lo es. La aportación de nuevo capital para las entidades afectadas, que se derivará de estas acciones, se estima en la nada despreciable cifra de unos 13.000 millones de euros (más de un 1% del PIB español), una cuarta parte de las necesidades totales de capital que se estimaron para las mismas. 

Este ejercicio, tanto por el tamaño como por sus características, impactando no sólo en inversores institucionales, sino de forma incluso mayoritaria en inversores minoristas clientes de las entidades, no tiene parangón en Europa. Conviene reseñar en todo caso que ha sido necesaria la aportación como capital de otros casi 40.000 millones de fondos públicos, adicionales a los que ya se inyectaron en etapas anteriores, cifra que triplica la que aportarán presumiblemente los tenedores de deuda subordinada y preferente.

     3. ¿Se podría reducir significativamente la mencionada aportación de fondos públicos, si se aplicasen recortes superiores a los tenedores minoristas de los títulos antes de su canje por instrumentos de capital?

 No, nótese que simplemente se traduciría en una mayor participación relativa del Estado en las entidades afectadas. Eso sí, el Estado tendría derecho en consecuencia a una mayor porción de los beneficios futuros si las entidades volviesen a ser rentables, lo cual reduciría el coste neto que soportarían los  contribuyentes por los apoyos públicos prestados.

Sin embargo, en contra de esta conclusión se ha argumentado el impacto comercial adverso en la clientela de dicho supuesto, dada la doble condición de depositante/cliente, además de  inversor minorista, de un número significativo de afectados. Esto tendría un efecto potencial contraproducente en la capacidad de generación de rentabilidad futura de la entidad y, por ende, podría impedir a la postre la reducción del coste neto para los contribuyentes de las ayudas de Estado. En definitiva, en términos efectivos no está claro a priori el balance final para las arcas públicas de aplicar recortes de mayor o menor calado.

Hay muchas más cuestiones interesantes que podrían plantearse, pero quizás harían este post innecesariamente largo. Tiempo habrá para hacerlo y, quizás, a la propia luz de los resultados que observemos en las próximas semanas en un proceso tan singular y atípico como el que va a tener lugar en nuestro país.

---

[1] Salvo en aquellos que no son perpetuos, en los que los tenedores podrán optar por depósitos o bonos senior de las entidades al mismo vencimiento que el título subordinado. 

 

 

La crisis según De Grauwe

Uno de los mejores y más respetados conocedores de la génesis y desarrollo de la Unión Monetaria Europea es el profesor de la London School of Economics, Paul de Grauwe, antiguo diputado del partido liberal belga. El pasado noviembre, durante el acto de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, se ocupaba de los desiguales efectos de esta crisis sobre el norte y el sur de la eurozona, que transcribo más o menos literalmente. Una profunda brecha que es, en principio, económica: un norte relativamente próspero, hasta ahora no muy afectado por la crisis de la deuda soberana, y un sur (incluyendo Irlanda), donde la crisis de la deuda ha golpeado con toda su fuerza, conduciendo a los países a la inestabilidad caracterizada por altos tipos de interés, austeridad presupuestaria, creciente desempleo y recesión.

En paralelo, existe otra profunda división: la existente en los análisis sobre las causas y las soluciones a la crisis de la deuda soberana. La visión predominante en Alemania y sus satélites parte del diagnóstico de que la culpa de la crisis radica en el despilfarro de los gobiernos, que llevó a unos déficits y deuda excesivos. En el lado de los remedios, la visión del norte es que se debe castigar a los gobiernos con el fin de que no intenten “volver a pecar”.

En un artículo reciente con Yuemei Ji (“Panic-driven austerity in the Eurozone and its implications”) ilustra las consecuencias de esa división. Sus conclusiones, a pesar de que algunas de ellas las he comentado hace poco (“Derretidos”), creo que merece la pena sistematizarlas aquí:

1º. Los mercados financieros han mandado: Las decisiones de austeridad adoptadas por las economías han estado estrechamente determinadas por los spreads de los bonos con los homólogos alemanes. A mayores diferenciales, mayor austeridad.

2º. Esos mercados han estado impulsados por movimientos de “pánico y temor” con efectos ensanchadores sobre los diferenciales, más allá de lo que sería razonable por los fundamentos económico-fiscales de los países. Es en estas situaciones de pánico cuando los bancos centrales han de actuar. De hecho, cuando el BCE anunció en el verano del año pasado su disposición a hacerlo las cosas cambiaron, como se aprecia en el siguiente gráfico. La reducción de los diferenciales fue tanto mayor cuanto más elevado era el nivel inicial: cayeron más aquellos en los que mayor era el temor inicial.

3º. A pesar de que los diferenciales cayeron, el ratio de la deuda pública sobre el PIB siguió aumentando. Eso quiere decir que ese ratio no es un buen predictor de variaciones en los diferenciales. O lo que es lo mismo: los descensos en la dichosa prima de riesgo desde el anuncio del BCE no parecen tener relación con variaciones en los ratios de deuda pública sobre el PIB. Fueron los sentimientos del mercado los que variaron los diferenciales. Y esos sentimientos fueron significativamente alterados cuando el BCE hizo acto de presencia.

4º. Esa evidencia cuestiona muy seriamente la pertinencia de las decisiones de los gobiernos de austeridad a ultranza, determinadas por los estados anímicos de los mercados financieros. El pánico en los mercados condujo al pánico de las autoridades europeas dictando políticas conducentes a la anorexia.

Pero, como se aprecia en el siguiente gráfico, esta austeridad no consiguió sus efectos deseados. En éste se verifica la estrecha relación entre las decisiones de austeridad introducidas en 2011 y el crecimiento del PIB en 2011-2012. Los países que introdujeron la austeridad más intensa también sufrieron las más pronunciadas caídas del PIB, algo que ya había demostrado el FMI.

5º. Ocurre, además, que esas decisiones no han conseguido sus objetivos de saneamiento de las finanzas públicas. En realidad, como se aprecia en el siguiente gráfico, cuanto más duras han sido las medidas de austeridad, mayor ha sido el subsiguiente incremento en los ratios de deuda pública sobre PIB. Y es que el denominador no ha dejado de bajar, como ilustraba el gráfico anterior.

La conclusión deja lugar a pocas dudas: la austeridad produce recesiones y, por ello, no sanea las finanzas públicas, sino todo lo contrario. Las autoridades alemanas deberían tomar buena nota de ello.

Apoyo al emprendimiento: un primer paso

Recientemente se viene hablando mucho de una futura ley de apoyo al emprendedor como una vía de salida de la crisis actual sobre la base de la creación de negocio y de empleo que puedan desarrollar las personas que se aventuren a poner en marcha nuevas empresas y que, además, tengan éxito.

El emprendimiento, la creación de nuevos negocios, es un fenómeno complejo, con diversos aspectos a considerar, de los cuales en este post sólo queremos centrarnos en los financieros. En todo caso, no es menor la necesidad de que exista una cultura que lo favorezca, sin la cual habrá pocas personas que se atrevan a correr el riesgo subsiguiente. Dicha cultura puede fomentarse a través de la educación, pero no es suficiente sólo con ésta.

También es necesario una regulación favorable, un aspecto que viene siendo muy impulsado en los últimos tiempos por la Comisión Europea, que en el día de ayer emitió una comunicación sobre las 10 normas de la UE más gravosas para las pequeñas y medianas empresas (nota de prensa en español), lo que debería inspirar una política proactiva al respecto por parte los Estados miembros, especialmente por países, como España, que hasta ahora no se han caracterizado precisamente por ello.

Sin embargo, al margen de la futura ley mencionada, el Gobierno ya ha adelantado algunos aspectos de la misma a través del reciente Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en el que, entre otras, figuran algunas medidas financieras. Todas ellas tienen en común que facilitan la financiación por inversores institucionales, lo cual es lógico, ya, los nuevos negocios incorporan mayores niveles de riesgo, que los hacen menos aptos para los inversores particulares en general.

 

Dos de estas medidas permiten que tanto las entidades aseguradoras como los fondos de pensiones puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y, además, los segundos también puedan hacerlo en entidades de capital riesgo, la fórmula que se ha desarrollado en los sistemas financieros modernos para financiar en forma de capital empresas emprendedoras. Se trata más bien de un cambio técnico, ya que el MAB, pese a su nombre, no es legalmente un mercado de valores, sino un sistema multilateral de negociación, lo que venía haciendo que no tuviera las mismas posibilidades de acoger a la inversión institucional que, por ejemplo, las bolsas.

En todo caso, ni la importancia cuantitativa que tiene en estos momentos el MAB ni la orientación que prevalece en las inversiones de aseguradoras y fondos de pensiones permiten esperar, y menos en estos momentos de crisis, un desarrollo importante de la mencionada posibilidad.

La última medida nos parece más relevante por cuanto se plantea expresamente como alternativa a la financiación bancaria de las empresas españolas, severamente restrictiva desde el inicio de la crisis. . Se trata de que las empresas españolas en general puedan emitir deuda por encima del límite que les viene imponiendo la legislación mercantil, art. 405 de la Ley de sociedades de capital (LSC): el capital social desembolsado, más las reservas y las cuentas de regularización y actualización de balances.

Esta limitación sólo se levanta, en coherencia, con lo antes señalado, para  emisiones que vayan dirigidas a inversores institucionales y se negocien en sistemas multilaterales de negociación, lo que apunta a la próxima incorporación de un mercado similar al MAB, pero para la renta fija, facilitando el desarrollo de mercados especializados en la negociación de deuda de empresas. En todo caso, no hay que olvidar dos características fundamentales que condicionarán la aceptación de estas emisiones por los inversores: la seguridad que ofrezcan los emisores y la liquidez que tengan los valores en el mercado.

Esta medida ignora que, en estos momentos, la forma de empresa societaria más utilizada con diferencia en España, que es la sociedad limitada, no puede emitir legalmente valores (art. 402 de la LSC), lo cual debería cambiarse en un inmediato futuro, sin perjuicio de que esa posibilidad se condicione a las normas de transparencia y de buen gobierno que se consideren oportunas.

En definitiva, debemos, y podemos, fomentar la empresa emprendedora y, en particular, su financiación, pero, como tantos otros aspectos de la crisis que vivimos, no está claro que la mejor forma de hacerlo sea la de dar pequeños pasos o, por el contrario, debería seguirse un enfoque integral, que, partiendo de un buen diagnóstico de la situación, ofrezca un abanico de posibles soluciones con el mayor consenso, no sólo a un nivel político, sino también de los agentes sociales implicados.

Cómo gestionar las finanzas personales en Internet

Vivir en uno de los países con mayor grado de bancarización del mundo tiene múltiples ventajas: en condiciones normales, es posible acudir a la banca para obtener financiación, el ahorro en el sistema formal está seguro y genera rendimientos, y podemos operar sobre nuestras cuentas sin necesidad de manejar efectivo, gracias a los diversos medios de pago existentes. Este último punto ofrece además una derivada interesante, en la medida en que las entidades financieras guardan una traza de todas nuestras operaciones, y esa información la podemos consultar fácilmente.

Internet y la telefonía móvil nos dan hoy acceso a la mayor parte de la operativa bancaria desde cualquier lugar. Nunca ha sido tan sencillo comprobar si nos ha llegado el recibo de la luz o qué tipo de cambio nos aplicaron en nuestro último viaje, por citar dos ejemplos. Sin embargo, la presentación de esa información al usuario se hace a menudo siguiendo la estructura de los extractos bancarios en papel, que están en proceso de extinción.

Las personas más ordenadas puede que utilicen una hoja de cálculo o incluso algún programa especializado para controlar sus ingresos y gastos, pero para la mayoría la gestión financiera personal tiene probablemente más de arte que de ciencia. ¿No sería posible que nuestro banco, o incluso un tercero, nos ofreciera algún análisis más refinado de nuestras cuentas? La idea de ofrecer a los clientes particulares una suerte de cuadro de mando online de sus finanzas personales no es nueva. Mint ofrece este servicio en Estados Unidos desde hace varios años, y su éxito ha sido tal que fue adquirido por Intuit, la empresa que está detrás de Quicken.

Captura de pantalla de Fintonic

El atractivo de estos sitios radica en una inteligente combinación de información útil para el usuario (¿me he desviado de mi presupuesto?), comparativa social (¿gasto más o menos que la gente de mi perfil?) e interactividad (foros, consultorios...). El usuario disfruta de una buena herramienta y el proveedor del servicio aprende mucho de él, lo que le permite realizar acciones comerciales personalizadas, ya sean de productos financieros o no financieros.

En España también hemos visto en los últimos años iniciativas de este tipo puestas en marcha por entidades financieras (BBVA, La Caixa, CECA...) o por empresas independientes (Strands, MoneyTrackin' y, más recientemente, Fintonic). Sin embargo, su uso está todavía lejos de ser masivo, pese a su innegable utilidad. ¿Por qué no ha despegado todavía la gestión de finanzas personales en Internet?

Podríamos citar un buen número de causas por las que todavía no ha llegado su momento álgido, pero se pueden resumir en uno: la experiencia de usuario. La gestión de finanzas personales es compleja, y precisamente por eso la tecnología debería ser capaz de simplificarla al máximo. Lo normal es que un cliente tenga cuentas en varias entidades financieras, algunas de ellas compartidas con algún familiar, realice operaciones frecuentes entre ellas... No es sencillo reflejar toda esa casuística en una aplicación. Además, la carga de la información debería ser automática, porque nadie está dispuesto a introducir manualmente todas sus operaciones, y esto también implica importantes retos técnicos que van desde la agregación de distintas fuentes de información hasta la categorización de las operaciones. Afortunadamente, las aplicaciones de finanzas personales son cada día más sencillas y potentes, por lo que pronto las veremos como una herramienta indispensable para controlar la economía familiar.