Resultados de la banca: luces y sombras

La semana pasada conocimos información significativa sobre el sector bancario español que nos debería ayudar a anticipar la evolución de nuestras entidades de crédito durante este ejercicio 2013. Parte de esa información tuvo que ver con las cuentas de resultados a cierre del primer trimestre del año de algunas de nuestras principales entidades. El resto, estrechamente relacionada con la anterior, la evolución del saldo en depósitos de clientes.

Esta última cifra, muy relevante en la medida que podría certificar una cierto traslado del efecto Chipre sobre los depósitos de residentes en España, refleja un crecimiento en el mes de marzo de unos 5.000 millones de euros (netos de amortizaciones de pagarés).  Por tanto, lejos de una contaminación, el resultado se revela positivo.

Respecto al cierre del primer trimestre, y con la información facilitada por las entidades que han hecho públicos sus resultados en España, solo las entidades que han incrementado balance por la vía de adquisiciones (el llamado efecto perímetro) han experimentado un incremento interanual de la inversión crediticia. En cambio por la parte del pasivo, se sigue observando una huida hacia la calidad (flight to quality) que capitalizan las grandes entidades al presentar tasas positivas de crecimiento de los depósitos de clientes.
De nuevo se refleja un estrechamiento de los diferenciales de clientes, entre 15 y 40 puntos básicos respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos absolutos, solo las entidades en procesos de absorción han experimentado un incremento del margen de intereses. En cambio, en la gran mayoría de entidades se produce una reducción de este margen como consecuencia de una disminución de los intereses a cobrar, por la caída del Euribor y por el incremento de los activos no rentables, y un mantenimiento de los intereses a pagar, que todavía no refleja la relajación estimada en el coste del pasivo minorista.
Fuente: Afi a partir de presentaciones de resultados de las entidades. Los datos no son exactamente comparables.

Por otro lado, el comportamiento de las comisiones a cierre del primer trimestre se ha revelado desigual entre las entidades, si bien se observa una ligera caída en línea con el descenso de la actividad bancaria. Por contra, debido a la favorable evolución de la prima de riesgo de España, intuimos que se incrementará en próximos trimestres de manera significativa la materialización de plusvalías por ventas de deuda pública, que se utilizarán para compensar saneamientos de las carteras de activos o nuevas optimizaciones de la estructura.
La evolución de los gastos de personal y administración a cierre de este primer trimestre del año reflejan un agotamiento de las primeras iniciativas de racionalización.  Por este motivo, esperamos que se produzca una aceleración del ahorro de costes derivado de los nuevos planes de racionalización presentados en las últimas semanas, pero también para compensar el descenso del margen de intereses y de comisiones que está dañando los ratios de eficiencia del sector y, en consecuencia, su competitividad.
La morosidad, como ya comentábamos en un blog anterior es otro de los indicadores relevantes que sufre incrementos significativos. Salvo por la finalización de algunos saneamientos extraordinarios pendientes por los RD-l 2 y 18/2012, se observa una menor presión de las dotaciones por depreciación de activos que en trimestres anteriores, lo que no concuerda con las estimaciones de Afi sobre e morosidad de pymes y familias para final de este año. Anticipamos que  los saneamientos se acelerarán de manera simétrica al avance de la morosidad.
La buena noticia es que los ratios de liquidez mejoran al igual que los de capital, influidos por la disminución de la inversión crediticia, el mantenimiento de los depósitos de clientes y las ampliaciones de capital exigidas por las pruebas de resistencia de mediados del ejercicio pasado.
Por último, los resultados extraordinarios también han sido protagonistas del trimestre, lo que ha permitido compensar este entrono de baja actividad: ventas de negocios complementarios o no core (fondos de pensiones o seguros), la influencia positiva de las adquisiciones de entidades o recompras de emisiones por debajo de valor contable, ventas de participaciones industriales…

En definitiva, esta rápida y breve radiografía de los datos del primer trimestre nos muestra luces y sombras: una negativa evolución de los resultados del negocio en España y una morosidad al alza en un entorno de generalizado desapalancamiento financiero y estratégico, que se mantendrá en próximos trimestres. Este mal comportamiento puede verse compensado con ejercicios de racionalización de costes y resultados por operaciones financieras y extraordinarios, que se deberán incrementar para equilibrar posibles nuevas caídas de actividad y las necesidades de saneamiento.

La reforma hipotecaria, a punto de nacer

En breve, tendremos una normativa hipotecaria renovada, que actualmente se encuentra en el Senado, bajo la forma de la Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Congreso de los Diputados, sobre una refundición de dos iniciativas previas, en las que ha introducido numerosas modificaciones:

1) El Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente a su vez del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre.

2) La Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, de iniciativa legislativa popular.

No se trata de un texto de nueva planta, ya que, en su mayor parte, se dedica a modificar hasta siete normas legales, lo que apunta a la complejidad del tema, más allá de las discusiones que se han venido manteniendo sobre su contenido, que, sin duda, no desparecerán con su aprobación final.

Aunque el Senado puede introducir modificaciones, sobre las cuales tendrá que pronunciarse definitivamente el Congreso de los Diputados, y de hecho en estos momentos los grupos de interés implicados siguen solicitando cambios, no esperamos que se produzcan alteraciones de especial calado. Por esta razón, adoptamos como base de partida el texto que ha salido del Congreso, que, además, es el primero que se dispone con la configuración que debe adoptar la futura ley.

Para simplificar, en este post nos vamos a centrar en aquellas medidas que calificamos de estructurales, por cuanto afectan a la actividad hipotecaria en general, al menos cuando la
garantía del correspondiente préstamo es la vivienda habitual, y dejamos de lado, para otra ocasión, las que van específicamente orientadas a proteger a colectivos determinados de prestatarios. Ello es debido a su particular vulnerabilidad, cuyo origen inmediato hay que situarlo, desde luego, en la profunda crisis que estamos padeciendo en estos momentos en España.

Las medidas estructurales van todas en la misma dirección, en beneficio del prestatario. Evidentemente, esto debe considerarse positivo, más en estos momentos de crisis, pero no hay que olvidar que también se elevan los riesgos y costes de entidades prestamistas, por lo que éstas pueden estar menos dispuestas a conceder estos préstamos, esenciales para acceder a la vivienda en propiedad. En todo caso, lo harán en condiciones más onerosas para los prestatarios, algo que se viene reflejando desde hace tiempo en los diferenciales que se aplican a los formalizados a tipo variable, que son la gran mayoría.

Quizás el elemento donde se producen más cambios en favor del prestatario son los intereses de demora. En primer lugar, porque se limita su cuantía a 3 veces el interés legal del dinero, lo que en estos momentos sitúa el límite en el 12%, cuando se estaban aplicando tipos mucho más elevados. En segundo lugar, dichos intereses ya no se capitalizarán, por lo que no contribuyen a incrementar la deuda que debe atender el prestatario. Por último, entran los penúltimos en el reparto de lo que pueda obtenerse con la subasta en la vivienda, que sigue este orden: 1) intereses del préstamo 2) capital del préstamo 3) intereses de demora y 4) costas judiciales.

A efectos de la subasta, la valoración de la vivienda no puede ser inferior al/75% del valor de tasación en el momento de la escritura del préstamo y, si la misma queda desierta, la entidad se adjudicaría la vivienda por el 70% de su valor, frente al 60% actual. Al mismo tiempo, se favorece la presentación de pujas en este tipo de subastas al reducir del 20% al 5% el porcentaje del aval necesario para presentarse a la misma. En la misma dirección, se amplía de 20 a 40 días el período de tiempo para depositar el importe de la adjudicación, lo que favorece la búsqueda de su financiación.

En caso de adjudicación de la vivienda a la entidad, el deudor puede participar, al 50%, en la posible plusvalía de la futura venta de la vivienda durante los siguientes 10 años.

También se establece un mínimo de 3 plazos, en principio mensuales, para poner en marcha el proceso de adjudicación de la vivienda, cuando antes bastaba con uno solo, algo que sería deseable se completara con algún porcentaje de significación del importe impagado sobre el total del préstamo, digamos un 5% o un 10%. 

Tras la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además se pueden alegar cláusulas abusivas en el proceso de adjudicación, lo cual puede tener como consecuencia su paralización o anulación.

Por último, se establece la posibilidad de aplicar quitas a la deuda que quede pendiente de pago tras la ejecución hipotecaria, siempre que se hayan cubierto determinados porcentajes de la deuda, 65% en el plazo de 5 años, o 80% en el plazo de 10 años.

En este punto vemos una debilidad de la reforma, no tanto por las quitas en sí, sino por su carácter prefijado. Lo suyo sería que este tipo de figuras se manejara dentro de un proceso de segunda oportunidad, que permita a una persona física acogerse a algún tipo de proceso concursal, pero más adaptado a sus características, para dar solución a su posible sobrendeudamiento, sea por motivos de negocios o por otras causas, como desempleo, enfermedad, etc. Es posible que en un futuro inmediato se elabore una legislación de este tipo, que sería novedosa en nuestro país.

En definitiva, dejando al margen consideraciones que sabemos que son objeto de fuerte polémica, creemos que la reforma hipotecaria que veremos en breve es netamente positiva para los prestatarios, no tanto para las entidades de crédito, pero por eso mismo debe considerarse equilibradora de una situación que, claramente, no era posible mantener por mucho tiempo.

Negocio bancario en España en 2013-14: lo comido por lo servido

No han sido desde luego buenos años para la banca -por sus negocios en España- los pasados 2011 y 2012. Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España, sus resultados agregados antes de impuestos no han dejado de caer desde su máximo histórico de casi 30.000 millones de euros que alcanzaron en 2007 (véase post que escribí el pasado mes de julio en este blog). Más aún, por primera vez en la historia reciente, el negocio bancario en España ha encadenado dos años consecutivos de pérdidas por un total de unos 100.000 millones de euros: 17.436 millones en 2011 y 84.504 millones en 2012.

Tan espectaculares cifras no provienen del comportamiento del margen antes de provisiones, que aunque se ha resentido por el difícil entorno económico y financiero, no está sometido a vaivenes de este calado. La razón fundamental estriba en las importantes dotaciones para provisiones por deterioro de la cartera crediticia, que han debido hacer las entidades como consecuencia de la morosidad y la adjudicación de activos dañados. Si dichas provisiones ya fueron de casi 45.000 millones en 2011, excediendo sobradamente un margen pre-provisiones de casi 27.000 millones en dicho año, las de 2012 han resultado ser dos veces y media superiores a las del año anterior, lo que ha devenido en una espectacular cifra final de pérdidas antes de impuestos. Obsérvese para entender la magnitud, que sólo las pérdidas de estos dos últimos años se han llevado por delante los beneficios de los cinco años anteriores (2006-2010). Véase el gráfico adjunto.

Fuente: Banco de España

Es claro que tan espectaculares cifras de dotaciones, y en particular las de 2012, están vinculadas al importante esfuerzo de saneamiento que han realizado las entidades; por mor en buena medida, conviene también decir, de las imposiciones de nuestros socios europeos para tener acceso a las ayudas al sector bancario que se negociaron en el MoU (Memorandum of Understanding) a mediados del pasado año.

La pregunta que surge inmediatamente es ¿qué sucederá este mismo año y el siguiente? Afi suele hacer este ejercicio prospectivo en el Taller de Banca que convoca semestralmente, el último de los cuales se celebró apenas hace dos semanas. Por supuesto, las adversas condiciones económicas y financieras todavía imperantes impiden anticipar una mejora muy sustancial del margen pre-provisiones del sector, a pesar del efecto positivo que, sin duda, van a tener en las entidades que han recibido las ayudas el traspaso ya realizado a la SAREB de los activos inmobiliarios dañados, así como la recapitalización pública y la privada (burden sharing) que está en proceso. Ahora bien, lo que va a seguir siendo determinante es la necesidad/obligación de seguir dotando provisiones, debido al importante crecimiento de la morosidad que aún va a tener lugar, de lo cual son indicativas las cifras de refinanciaciones (ya lo comenté en mi anterior post del 5 de abril).

Cierto es que la cifra de provisiones a realizar en estos próximos dos años¹  estará muy lejos de la de 2012, pero no lo es menos que será aún importante. Tanto como para que, en nuestras estimaciones, los beneficios antes de impuestos del bienio 2013-14 del conjunto del sector –por sus negocios en España- reflejen ese famoso dicho de “lo comido por lo servido”. Presumiblemente, habrá que esperar por tanto a 2015 (aunque no necesariamente entidad a entidad) para volver a ver cifras acumuladas de márgenes finales significativamente positivos del sector.

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^{(1) Parte de las mismas probablemente se anticipen con una próxima normativa más estricta para cubrir adecuadamente el riesgo en que se incurre en algunas refinanciaciones.}

Deuda y riqueza familiar: la clave está en los detalles

En muchas ocasiones,  del análisis más inmediato y superficial de la información económica se derivan interpretaciones engañosas de la realidad. La semana pasada, el BCE publicó la primera Encuesta Financiera de las Familias homogénea para el conjunto del área euro, a partir de las respuestas de 62.000 hogares (consultar aquí). Los resultados para el valor de su riqueza neta (el valor total de sus activos, tanto financieros como inmobiliarios, menos el valor de la deuda contraída) muestran que, en media, los hogares de los principales países periféricos son más ricos que los de los países del norte. Por ejemplo, según la encuesta, la riqueza neta de un hogar medio español es de 291.000 euros, mientras que en Alemania se sitúa en 195.000 y en Francia en 233.000 euros.

Si se limita el análisis a esta comparativa, cabría cuestionarse por qué, entonces, se considera que la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles es mayor que la de los países de su entorno, sobre todo cuando este hecho diferencial se esgrime como uno de los condicionantes que lastrará la recuperación económica a medio plazo.

En primer lugar, los datos de la encuesta están referidos, en su mayoría, a 2010, por lo que, en el caso del patrimonio inmobiliario, no queda recogido el impacto de la variación del precio de la vivienda desde entonces. En España, la riqueza inmobiliaria familiar pasó de representar un 537% del PIB en 2010 a situarse en un  451% a finales de 2012. En ese período, el precio de la vivienda cayó un 16%.

En segundo lugar, la mera comparativa del valor medio de la riqueza familiar no tiene en cuenta un aspecto tan relevante como el porcentaje de hogares que posee una vivienda en propiedad en unos países y en otros. En España, casi el 83% de los hogares es propietario de su vivienda habitual. En Italia y Portugal, esta proporción también es elevada, en torno al 70%. En cambio, en Alemania apenas un 44% de los hogares es dueño de su vivienda.

Además, y relacionado con lo anterior, si se restringe la muestra de hogares únicamente a aquellos que son propietarios de su vivienda habitual, los resultados varían de forma sustancial: la riqueza neta de un hogar alemán medio asciende a 381.000 euros;  en un hogar español se sitúa en 338.000 euros.

Al margen de estas puntualizaciones referidas a la medición de la riqueza familiar, el interés de la comparativa de la  encuesta del BCE reside en vincular la posición de endeudamiento de los hogares con su capacidad para afrontar las deudas en un entorno de adelgazamiento de sus principales fuentes de renta.

Con motivo de los cambios de hábitos detectados en los hogares españoles como consecuencia de la crisis, Afi ha creado un servicio de seguimiento de las pautas de comportamiento familiar (consultar aquí).

Como en el caso de la riqueza neta, la radiografía general del endeudamiento ofrece una visión parcial de su dimensión e impacto sobre las decisiones de gasto de las familias. La proporción de hogares españoles endeudados es similar a la que presentan Alemania o Francia (un 50% frente al 47%), aunque la brecha se incrementa en casi 10 puntos cuando se trata de hogares con una hipoteca. Tampoco las diferencias son abultadas cuando se contrasta el importe de una hipoteca media sobre la vivienda principal: mientras que en España alcanza los 54.000 euros, en Alemania, Francia o incluso Italia supera los 60.000 euros.

España se sitúa en una peor posición por el peso relativo que tiene la deuda hipotecaria en los hogares de menor renta y riqueza, y con mayor riesgo de exclusión laboral. El 78% de los hogares españoles con la renta más baja posee una vivienda en propiedad (en su mayoría, financiada con una hipoteca), cuando este porcentaje apenas alcanza el 16% en Alemania o el 30% en Francia. Este mismo patrón se replica en la segmentación de los hogares por edad de su cabeza de familia. En España, el predominio de la compra de una vivienda frente al alquiler no se materializa a medida que el cabeza de familia tiene mayor edad, como ocurre en los países del norte, sino que está presente en todos los estratos.

Esta es precisamente la causa  de la fragilidad financiera de los hogares españoles. En su conjunto, soportan un volumen de endeudamiento que supera en un 13% su renta y, cada año,  deben destinar un 20% de sus ingresos a afrontar el servicio de la deuda (ver gráfico adjunto).

Fragilidad financiera de los hogares por país  (ratios, %).

Fuente: Afi, BCE

 

Hogares propietarios de su vivienda habitual por edad del cabeza de familia: % sobre el
total de hogares en cada segmento de edad (años).  

Fuente: Afi, BCE

No es de extrañar que, en su último informe, la Comisión Europea incidiese en la posición de endeudamiento de los hogares al enumerar  los principales desequilibrios internos a los que todavía se enfrenta España. La Comisión establece el 60% como nivel de referencia para el ratio de deuda de los hogares sobre PIB. A día de hoy, este ratio en España es del 80%.  Si se mantuviese el ritmo de reducción de deuda del último año, el umbral del 60% se alcanzaría en 2016-17 (siempre que el PIB registre  crecimientos nominales superiores al 3%). Pero para ello sería necesario que los hogares hipotecados de renta media-baja mantuviesen unas tasas de ahorro mayores a las actuales. Si la renta de estos hogares no mejora, por mucho que se ajuste su gasto en consumo, difícilmente contarán con margen suficiente para pagar sus deudas.

 

2013: la hora del desapalancamiento

Fruto de las condiciones impuestas por la Comisión Europea a las entidades de crédito españolas en la órbita del FROB (grupos G1 y G2) para recibir las ayudas públicas, durante el año 2013 y, probablemente, gran parte del 2014, el “leit motiv” de gestión sea el adelgazamiento de los balances. En algunos casos, como resultado del ineludible repliegue de las entidades a sus zonas naturales; en otros casos, como consecuencia de la propia necesidad u obligación de restablecer proporciones de volumen de negocio y de estructuras de financiación más razonables.
No hay que descartar que arrastradas por la corriente, las entidades que no están en el FROB se embarquen también en operaciones de desapalancamiento.
Por dar una cifra del volumen en ciernes, entre los cierres y ventas de oficinas, las transmisiones de carteras de préstamos, de activos dudosos y fallidos o de adjudicados, y las ventas de participaciones no financieras podríamos estar hablando de una cifra ligeramente superior a 350.000 millones de euros, algo así como el 35% del PIB español.
De esta cifra, aproximadamente unos 130.000 millones corresponderían a los activos en manos de las  entidades de los grupos G1 y G2, lo que involucraría también unos 3.000 cierres y/o ventas de oficinas, un 33% del parque de oficinas de estas entidades. Si a este número añadiéramos los cierres y/o ventas planificados por el resto de entidades no FROB, estaríamos hablando de aproximadamente un 12-14% del parque total de oficinas en España, adicional a la razionalización ya realizada a la fecha.
No obstante, conviene aclarar que no todo se materializará en el periodo 2013-2014, ya que los activos en manos de la SAREB, alrededor de 50.000 millones de euros, se liquidarán en un plazo mucho más dilatado en espera del mejor momento de venta con el fin de obtener la rentabilidad comprometida con sus accionistas.

Ante tamaño reto, surgen dos preguntas: ¿qué beneficios obtendrán las entidades vendedoras? y, especialmente, ¿existe apetito inversor suficiente para absorber este volumen de desapalancamiento?

Respecto a la primera pregunta, el proceso de desapalancamiento transformará en liquidez activos financieros (préstamos, créditos, saldos por tarjetas, activos dudosos …) o inmobiliarios, muchos de ellos improductivos. Con esta liquidez, las entidades equilibrarán sus estructuras de financiación, haciéndolas mucho menos vulnerables a los mercados mayoristas y mejorando el perfil de rentabilidad al transformar los mencionados activos improductivos en productivos. Por otro lado, el desapalancamiento liberará recursos propios necesarios igualmente para mejorar la percepción de los mercados financieros y los depositantes. Si bien en este último punto la cuantía en la que se liberarán los recursos propios dependerá de la necesidad de compensar posibles pérdidas generadas en las transacciones tanto por las posibles amortizaciones aceleradas como, fundamentalmente, por las valoraciones de los ingresos futuros netos de pérdidas esperadas que realicen los inversores. Evidentemente si el neto de la liberación de recursos propios fuera negativo, el desapalancamiento solo se enfrentaría si la aportación de liquidez fuera realmente muy significativa o la penalización en recursos propios muy poco relevante.
Respecto a la segunda pregunta, en los últimos meses el interés por España se ha incrementado notablemente. Entre otras razones, a la vista que se están cumpliendo de forma escrupulosa los compromisos asumidos a través de Memorando de Entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés). Ya no solo se encuentran realizando una prospección de oportunidades  de compra de carteras inversores de un perfil de rentabilidad/riesgo más agresivo y con horizontes de inversión a corto plazo, sino que muchos inversores se están posicionando con intención de apalancar modelos de crecimiento en España a medio y largo plazo a partir de las transacciones de desapalancamiento que hagan con las entidades de crédito nacionales.
En este sentido, una reciente encuesta realizada por Rothschild y Bingham, European Distressed Debt Market Outlook 2013, pone de manifiesto que el 70% de los participantes estaban interesados en activos en los países del sur de Europa, concentrando España un 26% de ese interés.
La aproximación al mercado español se está realizando de la mano de operadores que integran verticalmente toda la cadena de valor, bien internamente o bien en colaboración con agentes locales, desde el conocimiento del mercado a las capacidades de valoración de activos y habilidades de negociación de precios o la administración y gestión de las carteras adquiridas (servicing). Por el momento los operadores no discriminan entre operaciones de compra de carteras rentables, diversificadas o no, de activos dudosos y fallidos, o de activos inmobiliarios u operaciones singulares. Tan solo aplican una única restricción: que del modelo de valoración aplicado se obtenga la rentabilidad requerida por su accionista.

En cuanto a la compraventa de oficinas, los paquetes puestos a la venta se están analizando por tres tipos de compradores: i) cajas rurales, cuyos elevados ratios de solvencia y liquidez les permitirían enfrentar compras selectivas y localizadas a fin de consolidar el dominio de su mercado y complementar su área natural de actuación, dentro de este grupo incluiríamos algunos bancos locales; ii) entidades españolas de ámbito nacional o mayoritariamente nacional cuya estrategia sea el afianzamiento o la expansión geográfica a través de compras de grandes paquetes de oficinas, incluso la defensa de su posición de mercado frente a nuevos entrantes; y iii) entidades internacionales que ven en el proceso de desapalancamiento del sector bancario español la oportunidad largamente esperada para entrar en España con un cierto negocio consolidado.

En cualquier caso, el desapalancamiento parece una oportunidad de mejora, tanto para vendedores como para compradores, si bien es necesario que converjan los intereses financieros y económicos de ambos colectivos.

La seguridad de los depósitos

La crisis de Chipre ha puesto en duda la seguridad de los depósitos efectuados en entidades de crédito. Aunque la solución finalmente adoptada respeta, como cabría esperar, los depósitos garantizados por un sistema de garantía de depósitos, que en estos momentos cubre hasta un máximo de 100.000€ por persona y entidad, no se han despejado las dudas respecto al resto de los depósitos, que pueden ser importantes en función no sólo de las cantidades, sino también de quienes, en general entidades financieras y administraciones públicas, no tienen cubiertos sus depósitos.

Este no es un problema que preocupe sólo a los depositantes, también lo hace a las entidades receptoras y, por extensión, al conjunto de la economía, en la medida que el depósito es la modalidad de financiación bancaria minorista más típica, de modo que su escasez dificultaría la suficiente concesión de créditos o la haría más dependiente de la financiación mayorista, más sujeta a los vaivenes de los mercados.

Antes de la crisis de Chipre, el tema estaba ya planteado en una iniciativa legislativa de la Comisión Europea que ha sido tratada en este blog, y que, en estos momentos, se encuentra en trámite. Se trata, en efecto, del proyecto de la futura directiva que establecerá un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, presentada a primeros de junio pasado. Dicha directiva está previsto que entre efectivamente en vigor el 1-1-2015, aunque las normas de recapitalización no lo harían, en principio, hasta el 1-1-2018. No obstante, con ocasión de la crisis de Chipre se habla de adelantar esta última fecha a la primera.

Al no estar finalizada su tramitación, no conocemos el contenido definitivo de la norma, pero, para nuestros fines, es suficiente centrar la atención en su propuesta inicial, que es coherente con los objetivos que persigue. El primero de ellos, minimizar el coste para el sector público de la resolución de la crisis de una entidad de crédito. Una de las vías de resolución es la recapitalización de la entidad para que pueda seguir funcionando como tal.

En aplicación de este principio, todos los pasivos de la entidad bancaria son susceptibles de recapitalización, excepto los expresamente excluidos, que recogemos en la siguiente tabla, en cuyos detalles para algunos elementos no consideramos necesario entrar aquí. Lo relevante para nuestros fines es que en la misma no aparecen los depósitos no garantizados.

 

Pasivos excluidos de recapitalizaciones 

Antes de deducir una inmediata preocupación por los depósitos no garantizados, es importante resaltar que la recapitalización no se aplicaría por igual a todos los pasivos no excluidos, sino siguiendo un orden de prelación (prioridad) fijado por la siguiente escala, donde es necesario agotar un nivel antes de utilizar el siguiente. En dicha tabla los depósitos no garantizados entrarían en el último de los niveles, que comparten con el resto de los pasivos no excluidos. Dentro de cada nivel, la recapitalización afecta por igual a todos los pasivos del mismo en proporción a su valor.

A destacar que la normativa española actualmente aplicable, Ley 9/2012, no contempla el último nivel, por lo que, en este aspecto, no afecta a los depósitos no garantizados.

 

Prelación de los pasivos bancarios en recapitalizaciones

 

Esta prelación es coherente con la fijada en Basilea III, que califica los recursos propios computables en términos de su capacidad de absorción de pérdidas. Por tanto, independientemente de la forma final que adopte la directiva, no podemos negar la validez de los principios a los que responde y la coherencia que mantiene.

Cuestión distinta es la importancia aún mayor que va a tener a partir de ahora para los titulares de los depósitos no garantizados la adecuada selección y diversificación de las entidades en donde coloquen sus fondos. No es algo nuevo, sino que ya venía siendo muy frecuente entre entidades financieras, pero ahora va a exigir mayor rigor, que se extenderá a otro tipo de contrapartes.

No debemos olvidar que caminamos hacia una unión bancaria europea, cuyo primer elemento, el mecanismo único de supervisión, está a punto de aprobarse definitivamente. El siguiente elemento previsto sería el mecanismo único de resolución, que en buena lógica debe esperar a que se apruebe la directiva anterior, pero cuya principal dificultad, además de la autoridad bajo la que opere, previsiblemente sea, como en otros terrenos de “solidaridad” europea, cómo se financia. En ese sentido, hay que entender los principios precedentes: unas reglas claras y bien fundamentadas son un elemento esencial para que un mecanismo de este tipo pueda funcionar adecuadamente.

Morosidad y refinanciaciones

Es bien conocido el comportamiento de la morosidad bancaria en España, que ha alcanzado tasas desconocidas en la historia reciente de nuestro país y que, sin riesgo de equivocarnos, alcanzará nuevas cotas en meses venideros. Pocas dudas cabe albergar en una economía en la que el periodo recesivo se prolongará durante 2013 con una tasa media anual de caída del PIB en el entorno del 1,5% y en el que la tasa de desempleo superará previsiblemente el 27%, con una pérdida de ocupación adicional que rondará las 400.000 personas y una nueva caída de la renta disponible de los hogares. La demanda externa, el único elemento compensador de un desplome de la demanda nacional que acumula ya nada menos que un descenso del 21% desde el inicio de la crisis, se verá además negativamente afectada por la contracción que sufrirá también este año la eurozona, nuestra principal referencia para la exportación.

El gráfico adjunto es bien elocuente de una continua senda ascendente, que se acelera en 2012. La caída de finales del año sólo es expresiva del  “desplazamiento” a la SAREB de unos 25.000 millones de activos dudosos de las carteras de créditos de bancos que han requerido ayudas públicas. Como es conocido, en dicho vehículo se han “aparcado” los activos dañados de dichas entidades relacionados básicamente con la construcción y promoción inmobiliaria. El pasado mes de enero se inició nuevamente la senda ascendente que amenaza, a tenor del cuadro macroeconómico descrito y tal y como sucedió en 2012, con elevar este año la tasa de morosidad algunos puntos adicionales.

 Tasa de morosidad bancaria en España

Fuente: Banco de España

En dicho contexto es muy interesante disponer de indicadores adelantados de ese potencial comportamiento adverso y, sin duda, algunas nuevas normas relativas a la información que las entidades de crédito deben divulgar en sus cuentas anuales ayudan en ese ejercicio de anticipación. Entre ellas se encuentra la información relacionada con las operaciones de refinanciación y reestructuración que, por cierto,  las autoridades europeas, en el marco de los compromisos asumidos en el Memorandum of Understanding para el rescate bancario, recomendaron al Banco de España que exigiese publicar a los bancos. Como puede entenderse bien, las mencionadas operaciones suministran indicios claros de una posible morosidad oculta o cuando menos futura.

Por primera vez, dicha información está siendo publicada en las memorias anuales de las entidades, correspondientes al cierre del año 2012. El gráfico posterior ilustra la relevancia de las cifras recopiladas de las memorias de las entidades ya disponibles a fecha de publicación de este post.

Tasas sobre la cartera de inversión crediticia  

Fuente: Memorias anuales 2012 de las entidades 

La barra roja recoge la tasa de morosidad declarada por las entidades a cierre de 2012. La barra azul recoge una tasa de morosidad ampliada o tasa referida a los activos dañados, entendiendo como tales los créditos morosos (barra roja) y los activos adjudicados (inmuebles, suelos,…) como consecuencia de créditos fallidos. La barra amarilla añade a la anterior las refinanciaciones que aún no han entrado en la categoría de morosas.

Las conclusiones son claras:

1. No todas las refinanciaciones han de devenir en morosidad, pero en tal ejercicio extremo eso significaría que, con la muestra representativa de entidades del gráfico anterior y con la información conocida hasta el momento, acabarían emergiendo aproximadamente siete puntos porcentuales de morosidad adicionales al casi 11% en el que se sitúa la tasa de enero.
2. El total de activos dañados de las carteras crediticias de las entidades españolas sobrepasaría el 20% como resultado de la crisis actual (supuesto un escenario de progresiva recuperación a partir de 2014).

Cierto es, como se ha señalado, (1) que no todas las refinanciaciones tienen por qué acabar en morosas y (2) que los esfuerzos realizados en provisiones y recapitalización de las entidades podrán absorber una cantidad sustancial de las pérdidas que se originen. Pero no es menos cierto que las posibilidades de una recuperación de la economía española con impacto significativo en el empleo y la demanda en un futuro cercano son bastante limitadas.

Es verdad, en definitiva, que con el proceso de reestructuración y recapitalización que se ha acometido hemos ganado tiempo y capacidad para que el sistema bancario español tolere un cierto nivel de adversidad en los próximos trimestres. El horizonte para el sector es, sin embargo, aún sombrío.

La divergencia europea

La OCDE acaba de confirmar las generalizadas presunciones sobre el comportamiento de las principales economías en estos primeros meses de 2013. Es altamente probable que las de Estados Unidos y Japón recuperen algo de crecimiento, mientras que las de la eurozona seguirán acusando las consecuencias de políticas fiscales depresivas. Especialmente las periféricas.

El comportamiento favorable de los mercados financieros antes de los episodios chipriotas no dispone de un respaldo correspondiente de la economía real. En realidad, advierte la OCDE, no conviene que nos hagamos ilusiones. El distanciamiento entre los fundamentos económicos y las variables financieras, el “sentimiento de los mercados”, puede generar una cierta frustración para aquéllos que confiaban en el carácter anticipador del veredicto de los mercados, especialmente los de
acciones.

En la eurozona, a tenor de los indicadores de confianza de empresas (el PMI Composite Output Index ha vuelto a debilitarse en marzo) y consumidores, con la excepción de Alemania, se mantienen por debajo de la línea expresiva de recuperación. Al debilitamiento de este último contribuye de forma especial el mal comportamiento del empleo en las economías periféricas, el ascenso en el paro de larga duración y la creciente proporción de desempleados que dejan de disponer de apoyos, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad.

Por inusual que resulte, es lógico que la OCDE termine por aceptar los riesgos de tensiones sociales que el actual cuadro económico de la eurozona puede generar. Un ejemplo de su tardía recomendación sobre la necesidad de que las medidas de consolidación fiscal procuren guardar el mejor equilibrio posible entre sus efectos a corto y largo plazo y sobre la desigualdad; “En particular, los grupos más desfavorecidos deben ser protegidos para mitigar el empeoramiento de las tensiones sociales en un contexto de elevadas tasas de desempleo en muchos países”.

Cualquier ejercicio de previsión debe partir de los muy débiles apoyos que puede encontrar la imprescindible recuperación de la demanda. La continuidad de la consolidación fiscal a ultranza, el desapalancamiento del sector privado y la inhibición del crédito bancario. Un cuadro apenas compensado con una política monetaria que, siendo menos expansiva que la practicada en EEUU y Japón, encuentra dificultades adicionales de transmisión a la economía real.

Lejos de reducir la incertidumbre, ante la crisis en Chipre, las soluciones adoptadas han aportado nuevos focos de inquietud sobre la seguridad de los pasivos bancarios. En realidad, la eurozona a lo largo de estos años de crisis ha ido aproximándose a esquemas en los que cada día es más explícita la desprotección de los inversores. Lejos de haber despejado completamente las dudas de inestabilidad bancaria, la continuidad de la recesión las renueva.

Si hasta la emergencia de la crisis chipriota la disposición de un único supervisor bancario era considerado el pilar fundamental del horizonte de la unión bancaria, ahora es el más perentorio sistema de aseguramiento de los depósitos el que se sitúa en primer plano. La inestabilidad bancaria, la inseguridad financiera en general, no se ha reducido precisamente tras la quita significativa en los depósitos por encima de los 100.000 euros y la introducción de la limitación a la movilidad de los capitales. Acelerar la transición a la completa unión bancaria ha pasado a convertirse en una prioridad absoluta. Con ello no se conseguirá alejar las señales recesivas, pero al menos se reducirán los riesgos de la más perversa de las combinaciones posibles.

Mientras tanto, también está en lo cierto la OCDE al recomendar estímulos a la demanda: que el BCE utilice el margen de reducción adicional de tipos de interés y de expansión cuantitativa. Dados los muy reducidos riesgos inflacionistas que pesan sobre la eurozona, y la defectuosa transmisión de la política monetaria, son especialmente necesarios los estímulos en las economías periféricas, donde los bancos siguen encontrando dificultades para abaratar sus costes de financiación y la inversión crediticia sigue contrayéndose en términos netos. Ello no debería excluir, cabe subrayar, una mayor flexibilidad en la consecución de los objetivos de consolidación fiscal. La austeridad a ultranza, ya existe evidencia más que suficiente, además de pronunciar la contracción de la demanda, no está favoreciendo la reducción de la deuda pública. Y, antes de que lo advirtiera el presidente francés, Francois Hollande, ya teníamos conciencia de que podía llegar a ser explosiva.