La divergencia europea

Por: | 02 de abril de 2013

La OCDE acaba de confirmar las generalizadas presunciones sobre el comportamiento de las principales economías en estos primeros meses de 2013. Es altamente probable que las de Estados Unidos y Japón recuperen algo de crecimiento, mientras que las de la eurozona seguirán acusando las consecuencias de políticas fiscales depresivas. Especialmente las periféricas.

El comportamiento favorable de los mercados financieros antes de los episodios chipriotas no dispone de un respaldo correspondiente de la economía real. En realidad, advierte la OCDE, no conviene que nos hagamos ilusiones. El distanciamiento entre los fundamentos económicos y las variables financieras, el “sentimiento de los mercados”, puede generar una cierta frustración para aquéllos que confiaban en el carácter anticipador del veredicto de los mercados, especialmente los de
acciones.

En la eurozona, a tenor de los indicadores de confianza de empresas (el PMI Composite Output Index ha vuelto a debilitarse en marzo) y consumidores, con la excepción de Alemania, se mantienen por debajo de la línea expresiva de recuperación. Al debilitamiento de este último contribuye de forma especial el mal comportamiento del empleo en las economías periféricas, el ascenso en el paro de larga duración y la creciente proporción de desempleados que dejan de disponer de apoyos, con el consiguiente aumento de la pobreza y la desigualdad.

Por inusual que resulte, es lógico que la OCDE termine por aceptar los riesgos de tensiones sociales que el actual cuadro económico de la eurozona puede generar. Un ejemplo de su tardía recomendación sobre la necesidad de que las medidas de consolidación fiscal procuren guardar el mejor equilibrio posible entre sus efectos a corto y largo plazo y sobre la desigualdad; “En particular, los grupos más desfavorecidos deben ser protegidos para mitigar el empeoramiento de las tensiones sociales en un contexto de elevadas tasas de desempleo en muchos países”.

Cualquier ejercicio de previsión debe partir de los muy débiles apoyos que puede encontrar la imprescindible recuperación de la demanda. La continuidad de la consolidación fiscal a ultranza, el desapalancamiento del sector privado y la inhibición del crédito bancario. Un cuadro apenas compensado con una política monetaria que, siendo menos expansiva que la practicada en EEUU y Japón, encuentra dificultades adicionales de transmisión a la economía real.

Lejos de reducir la incertidumbre, ante la crisis en Chipre, las soluciones adoptadas han aportado nuevos focos de inquietud sobre la seguridad de los pasivos bancarios. En realidad, la eurozona a lo largo de estos años de crisis ha ido aproximándose a esquemas en los que cada día es más explícita la desprotección de los inversores. Lejos de haber despejado completamente las dudas de inestabilidad bancaria, la continuidad de la recesión las renueva.

Si hasta la emergencia de la crisis chipriota la disposición de un único supervisor bancario era considerado el pilar fundamental del horizonte de la unión bancaria, ahora es el más perentorio sistema de aseguramiento de los depósitos el que se sitúa en primer plano. La inestabilidad bancaria, la inseguridad financiera en general, no se ha reducido precisamente tras la quita significativa en los depósitos por encima de los 100.000 euros y la introducción de la limitación a la movilidad de los capitales. Acelerar la transición a la completa unión bancaria ha pasado a convertirse en una prioridad absoluta. Con ello no se conseguirá alejar las señales recesivas, pero al menos se reducirán los riesgos de la más perversa de las combinaciones posibles.

Mientras tanto, también está en lo cierto la OCDE al recomendar estímulos a la demanda: que el BCE utilice el margen de reducción adicional de tipos de interés y de expansión cuantitativa. Dados los muy reducidos riesgos inflacionistas que pesan sobre la eurozona, y la defectuosa transmisión de la política monetaria, son especialmente necesarios los estímulos en las economías periféricas, donde los bancos siguen encontrando dificultades para abaratar sus costes de financiación y la inversión crediticia sigue contrayéndose en términos netos. Ello no debería excluir, cabe subrayar, una mayor flexibilidad en la consecución de los objetivos de consolidación fiscal. La austeridad a ultranza, ya existe evidencia más que suficiente, además de pronunciar la contracción de la demanda, no está favoreciendo la reducción de la deuda pública. Y, antes de que lo advirtiera el presidente francés, Francois Hollande, ya teníamos conciencia de que podía llegar a ser explosiva.

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