Yellen vs. Summers

La presidencia del banco central más importante del mundo, la Reserva Federal de EEUU, deberá renovarse al inicio del próximo año. Está prácticamente descartado que su actual inquilino, Ben Bernanke, tras dos periodos en ese cargo prorrogue su mandato. En consecuencia, el sucesor al frente de la Fed tendrá como principal responsabilidad gestionar la retirada de las decisiones excepcionales de estímulos monetarios adoptadas desde el inicio de la crisis. No es un empeño urgente, pero desde luego no será fácil. Más allá de ese tan delicado como singular cometido, deberá gobernar un sistema complejo, constituido por los 12 bancos que integran el sistema federal y más de 18.000 empleados. Además de la política monetaria, el sistema de la Reserva Federal es responsable de la regulación bancaria, aún más tras las nuevas regulaciones adoptadas, y de la gestión del sistema de pagos. Por eso es razonable que desde hace meses, y no solo en la comunidad financiera, se preste atención creciente a ese relevo. No hace falta insistir en que el impacto de cualquier decisión que se adopte en esa institución trasciende los intereses estadounidenses para marcar el paso a los demás bancos centrales y condicionar el comportamiento de la economía global.

A estas alturas son dos los candidatos más destacados: Janet Yellen y Lawrence Summers. Ambos reúnen algunas de las condiciones consideradas tradicionalmente convenientes para una posición tal: respetables académicos, conocimiento de la realidad financiera y dilatada experiencia pública al más alto nivel. Aunque, en realidad, hasta que asuman su función será difícil evaluar la capacidad para abordar propósitos tan sensibles en un momento tan singular como el actual. Las habilidades para la gestión de crisis económicas y financieras como la que se desencadenó en el verano de 2007 no es algo que se adquiera por vías convencionales. 

Ambos tienen bien acreditada  la capacidad para entender y evaluar lo que ocurre en la economía. No solo por sus bien ganadas credenciales académicas y como macroeconomistas, sino por sus años de experiencia cercanos a la actividad económica y financiera. Summers estuvo en el Tesoro con Robert Rubin en la gestión del “tequilazo” durante la presidencia de Clinton y como secretario del Tesoro y presidente del Consejo Económico con Obama. Cuenta, además, con una controvertida experiencia como rector de la Universidad de Harvard. 

Yellen es vicepresidenta de la Fed desde hace tres años, y antes fue presidenta del banco correspondiente de San Francisco. A pesar de sus claras preferencias demócratas, ha coexistido muy bien con Ben Bernanke, designado por George W. Bush en 2005.  En realidad, ha constituido el apoyo más importante a la estrategia de estímulo definida por la Fed como respuesta a la crisis. Es considerada una “paloma, claramente partidaria de ese “forward guidance” pionero de la Fed y de los avances en la transparencia con la que ese banco central viene comportándose recientemente. Con ella en la presidencia podríamos tener más seguridad de que no retirarían los estímulos monetarios de forma precipitada y, por tanto, de que confirmaría el compromiso de mantener los tipos de interés en los niveles actuales hasta que la tasa de paro no alcance el 6%. Un compromiso que sigue siendo muy importante: con independencia de la recuperación en que está inmersa esa economía, su afianzamiento está lejos de darse por descontado. 

Summers, por su parte, ha mostrado en una conferencia reciente su escepticismo acerca de la virtualidad de las tres ediciones de “Quantitative Easing” (QE) aplicados por la Fed. Además, para no pocos votantes y senadores demócratas (20 de ellos acaban de firmar un manifiesto en apoyo de Yellen) se cuestiona su grado de independencia de Wall Street. En la memoria sigue la defensa que junto a Rubin hizo de la desregulación financiera en la época Clinton. Yellen, por su parte, ha dejado clara su posición sobre el reforzamiento de las exigencias de capital de los grandes bancos en la gestión de esta crisis. 

El carácter y los estilos de dirección probablemente cuenten en la designación del presidente. Summers tiene una bien ganada reputación de autosuficiente, consciente de su brillantez. Irascible en ocasiones. De Yellen, sin embargo, es alabada su capacidad para deliberar, para encontrar consensos. Es partidaria de la adopción de decisiones en cierta medida colegiadas, como ha demostrado en las sesiones del órgano decisor en política monetaria de la Fed, el Federal Open Market Committee (FOMC). En este órgano, como sus actas han revelado, es raro que se imponga sin más una opinión aislada, por autorizada que ésta sea. En realidad, el presidente es uno más de los siete miembros del Consejo de Gobernadores y los presidentes de los 12 bancos del país, aunque solo cinco de estos últimos tienen voto, dependiendo de los años. Además de estas decisiones de política monetaria, algunas regulatorias también se adoptan colegiadamente por los siete miembros del consejo. 

Los anteriores serán sin duda factores que contarán en la decisión de Obama. Pero también es posible que lo hagan los grupos de presión de todo tipo, desde el propio staff de la Casa Blanca, hasta los partidarios de que se inaugure una fase con una mujer en la institución económica más poderosa del mundo: Yellen podría ser la primera presidenta de la Reserva Federal en sus 100 años de historia. Que su marido, el premio Nobel George Akerlof, haya sido uno de los candidatos de segunda línea, junto a Ferguson, o el anterior secretario del Tesoro Tim Geithner, también puede influir. No hay prisas para la elección, pero cuanto más espere Obama, mayor será el ruido ambiental y la sensibilidad extrema a cualquier movimiento o afirmación de los dos principales candidatos, por banal que en otro contexto pudiera resultar.

El fraude con tarjetas cae en Europa

A nadie que siga de cerca el sector financiero se le escapa que las áreas de medios de pago son de las más innovadoras y dinámicas dentro de la banca. No en vano son las encargadas de responder de manera ágil a la progresiva sofisticación de los ciudadanos y a la sustitución del dinero en efectivo en las transacciones cotidianas. Sin embargo, el fraude en el uso de estos instrumentos es uno de los quebraderos de cabeza para autoridades y entidades financieras. Según los datos publicados por el Banco Central Europeo en su reciente informe sobre fraude con tarjetas de pago, en 2011 se alcanzaron 1.160 millones de euros en uso fraudulento de tarjetas emitidas en la zona única de pagos en euros (SEPA). Esta cifra supone una caída desde el 0,04% del importe de las operaciones totales en 2010 al 0,036% en 2011. 

 

Fuente: Banco Central Europeo

Básicamente, el fraude en tarjetas se puede clasificar en tres tipos. El primero es aquél en el que no se utiliza una tarjeta física para la operación fraudulenta (tarjeta no presente o CNP, por sus siglas en inglés). Habitualmente se trata de compras por teléfono, correo postal o a través de Internet. Esta modalidad se dio en el 56% de los casos dentro del área SEPA en 2011.

El segundo tipo de fraude se da en terminales punto de venta (TPV o POS, en sus siglas inglesas), y a él se le atribuye un 25% del total. Por último, el 20% del fraude se localizó en cajeros automáticos. En el 51% de los casos en los que sí existía una tarjeta física, ésta era un duplicado o una falsificación, mientras que en otro 40% se trató de tarjetas perdidas o robadas. El reparto del fraude en España es del 55% en POS (el máximo de toda la zona SEPA), 34% del tipo CNP y 11% en cajeros automáticos.

Si distinguimos entre tarjetas de crédito (incluyendo las tarjetas de cargo o débito diferido) y de débito, las primeras presentan un mayor nivel de fraude CNP (68% del total) y apenas un 7% de fraude en cajeros, mientras que las de débito llegan al 34% en cajeros y al 18% en POS.

En promedio, el 93% de operaciones con tarjeta se realizan en el mismo país de origen, y un 5% tiene carácter transfronterizo dentro del área SEPA. En España, las transacciones domésticas suponen el 96% del valor de las operaciones. Este dato es relevante porque la estadística nos dice que las operaciones fuera del área SEPA apenas suman el 2% del total, mientras que están detrás del 25% del fraude con tarjetas (en 2010 era el 26%). Esto se debe a la existencia de menores requisitos de seguridad fuera de Europa, en buena medida por el retraso en la adopción global del estándar EMV (que incluye un chip criptográfico en la tarjeta y la hace más difícil de falsificar).

Según publica Interpol en su informe de situación del fraude con tarjetas en la Unión Europea, la mayor parte del uso fraudulento corresponde a redes de crimen organizado, que actúan globalmente. Estados Unidos es el destino preferido para realizar operaciones con tarjetas europeas falsificadas, seguido de República Dominicana, Colombia, Rusia, Brasil y México. Por este motivo, no es de extrañar que en una estudio realizado por la propia Interpol, los encuestados identificaran como principal reto para el mercado de pagos las operaciones transfronterizas (4,4 puntos sobre 5).

El texto de la nueva Directiva europea de servicios de pago (PSD2) trata de proteger mejor a los consumidores contra el fraude, los posibles abusos y los incidentes de pago. En los casos de operaciones de pago con tarjetas no autorizadas, las pérdidas para los consumidores quedarían acotadas a un máximo de 50 euros (frente a los 150 actuales), aunque en la práctica muchas entidades financieras ya tienen como política comercial asumir íntegramente el riesgo de fraude de los titulares de sus tarjetas.

´Start-ups’ en banca

Existen pocas dudas a la hora de considerar el negocio bancario como extraordinariamente maduro, cuando no obsoleto, y por tanto escasamente representativo de un sector atractivo para la aparición de start-ups. Y sin embargo, en el mismo se están dando las condiciones para facilitar la aparición de nuevos entrantes, que rompan la inercia en la que se han instalado los existentes, especialmente en cuanto a la (no) función de financiación a la economía.

La ausencia de crédito a los sectores productivos comienza a ser una pesadilla. Cada mes que aparecen datos sobre crédito al sector privado se rompen récords a la baja en cuanto a caída del saldo vivo, como ha ocurrido con los datos de mayo recientemente publicados en España. Incluso ajustando para tener en cuenta el traspaso de activos a SAREB (en una entrada anterior del blog explicábamos las distorsiones estadísticas de dichos traspasos) el saldo vivo de crédito alcanza una caída interanual cercana al 9%.

Fuente: Afi

Pero no sólo en España es fuente de preocupación el mal funcionamiento del sistema crediticio, si bien en otros países se toman decisiones más innovadoras. El caso más paradigmático, en cuanto a decisiones para desatascar el crédito, es sin duda el del Reino Unido. Hace exactamente un año, en ese país se puso en marcha el mecanismo conocido como “Funding for Lending Scheme” (FLS), destinado precisamente a estimular el crédito a familias y empresas no financieras. Los bancos acogidos al esquema recibirían financiación del Banco de Inglaterra en un importe igual al 5% de su saldo inicial de préstamos elegibles vivos, más el 100% de los incrementos de saldo, en su caso. Y a un coste extraordinariamente reducido: 0,25% para los bancos que incrementasen crédito, coste que se iría incrementando a razón de 0,25% adicional por cada 1% de caída del crédito, hasta un coste máximo del 1,5% para bancos con caída de crédito superior al 5%.

Pues bien, el seguimiento trimestral que viene realizándose de la evolución del FLS no es precisamente alentador. Al término del primer trimestre de 2013 (es decir, tras tres trimestres de funcionamiento del FLS) el saldo vivo de crédito elegible para dicho esquema no solo no ha crecido, sino que ha caído algo más de un 1% en tres trimestres, si bien el último período computado ha moderado el ritmo de caída.

Lejos de arrojar la toalla, los dirigentes británicos han dado un paso adicional que puede catalogarse de rupturista, bajo la premisa básica de que, si los que están no cumplen su cometido, habrá que facilitar la entrada de nuevos competidores. Y eso es lo que subyace tras el importante cambio de tono por parte de las dos nuevas agencias que, desde abril de este año, han sustituido a la extinta Financial Services Authority (FSA). Se trata de la Prudential Regulation Authority (PRA), y la Financial Conduct Authority (FCA), que integran el modelo conocido como “twin-peaks”: la primera dedicada a asegurar la estabilidad del sistema financiero, y la segunda a proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros.

Ambas agencias supervisoras han relajado extraordinariamente las exigencias de solvencia y liquidez para las creación de nuevos bancos, en aras de facilitar la aparición de nuevos competidores que actúen como dinamizadores de la intermediación financiera. Especialmente relevante es la exigencia de capital, que se limitará al 4,5% de capital básico, sin exigencia alguna del “buffer de conservación de capital”, ya que al fin y al cabo nacen sin legados tóxicos del pasado.

La nueva norma cambia radicalmente respecto a la que existía hasta ahora. Con ella se exigía más capital a los nuevos bancos que a los existentes, con el argumento de su mayor riesgo y el hecho de no contar con un valor de franquicia en sus inicios. A partir de ahora, no es que se igualen, sino que se supone que los bancos existentes no tienen apenas valor de franquicia, y sin embargo pueden tener “pecados que purgar todavía no confesados”. Frente a ellos, un nuevo banco tal vez no tenga valor de franquicia, pero tampoco tiene pecados que confesar, y por tanto hay que darle el beneficio de la duda y exigirle menos que a los existentes.

Remuneración bajo control

Uno de los elementos que ha podido pasar desapercibido en la nueva Directiva de Recursos propios (CRD IV) es el que tiene que ver con los esquemas de remuneración a directivos y empleados, cuya inclusión se justifica en la relación causa efecto entre remuneración y exposición al riesgo.

Siendo múltiples y complejas las causas de la asunción de riesgos, los reguladores y supervisores han reconocido que esquemas de remuneración inadecuados han podido ser un factor multiplicador de la excesiva exposición al riesgo que está en el origen de la actual crisis financiera.

A fin de asegurar que los esquemas de remuneración no incorporasen incentivos para incrementar la exposición al riesgo en perjuicio de una prudente gestión o de unos criterios técnicos adecuados, ya en su día la Directiva de Requerimientos de Capital III (CRD III de 24 de noviembre de 2010) introdujo una serie de obligaciones sobre las políticas y prácticas de remuneración de directivos y personal cuyas actividades pueden incidir en el perfil de riesgo de las entidades de crédito:

• Especificar principios que aseguren que la estructura de remuneración no alienta la asunción excesiva de riesgos ni genera riesgos morales ajustándose al perfil de riesgo, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad.
• Alinear la política de remuneraciones con los objetivos del personal y con los intereses a largo plazo de su entidad de crédito.
• Definir, asimismo, políticas de remuneración variables que aseguren que los incentivos se ajustan a los intereses a largo plazo de la entidad de crédito.
• Soportar en los resultados a largo plazo la valoración de los componentes de la remuneración basados en el rendimiento teniendo en cuenta los riesgos vivos asociados a esos resultados y evaluándolos en un marco plurianual, de entre tres y cinco años.
• Establecer una remuneración variable en una proporción equilibrada de la remuneración total.
• Concentrar no menos del 50% de la remuneración variable en instrumentos no monetarios vinculados a acciones u otros instrumentos vinculados con las acciones de la entidad.
• Aplazar en dicho periodo de tres a cinco años al menos entre el 40% y el 60% de la remuneración variable.
• Establecer un comité de remuneraciones en aquellas entidades de crédito importantes en tamaño y complejidad.

Entre estas categorías de empleados debían encontrarse, como mínimo, los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, los que ejercen funciones de control y cualquier otro empleado cuya remuneración total, incluidas las disposiciones en materia de beneficios discrecionales de pensiones, se sitúe en el mismo baremo que los altos directivos y los empleados que asumen riesgos.

La CRD IV adicionalmente limita el componente variable al 100% del componente fijo de la remuneración total, salvo que una mayoría cualificada de socios apruebe una mayor proporción, nunca superior al 200%, y también introduce una mayor transparencia e información a revelar en relación al número de personas que ganan más de 1 millón de euros por año.

En relación con este último punto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar para los 28 estados miembros de la Unión Europea, salvo Polonia, y para los ejercicios de 2010 y 2011, la relación del personal con una retribución superior al millón de euros. Dichos datos han sido recogidos por las autoridades nacionales y enviados a la EBA para su publicación conjunta.

Según se recoge en la tabla siguiente, a diciembre de 2011, 125 personas formaban parte de este colectivo en España, un 0,05% del total de empleados del sector bancario, cuya remuneración media total ascendía a 2,4 millones de euros. La remuneración variable se situaba en un 185% de la fija, muy por encima del límite fijado ahora por la CRD IV, si bien en la proporción de remuneración diferida, 45%, se halla en el entorno indicado por la CRD III.

En línea con España, la remuneración variable del agregado de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido (los sectores bancarios comparables en términos económicos y financieros) igualmente se sitúa por encima del límite del 100%, con un 320%, si bien la proporción que se difiere es un 65%, superior en 20 puntos al caso español.

Más allá del grado de cumplimiento de las limitaciones de las CRD III y CRD IV, llama la atención que a las puertas del peor ejercicio de la banca española (2012), la remuneración media de la alta dirección y personal clave aumentase un 8%, mientras que en los países de la comparativa disminuyó más de un 33%.

 

El segundo pilar de la unión bancaria europea

Mientras la aprobación final del primer pilar, el mecanismo único de supervisión (MUS), tiene que esperar, como muy pronto, al mes de septiembre para ver su aprobación final, la Comisión Europea (CE) presentó el pasado día 10 el segundo, el mecanismo único de resolución (MUR), que puede tener una gestación mucho más larga a tenor de las discrepancias que ya han manifestado algunos Estados al respecto. Del MUR no se dispone, en estos momentos, de texto en español, que se podrá localizar en los próximos días como COM(2013) 520.

Conviene recordar que la unión bancaria europea tiene como objetivo fundamental romper el círculo vicioso que ha generado la crisis actual entre los riesgos bancarios y soberanos y evitar la fragmentación financiera de la zona euro, y lo intenta hacer desde dos vías distintas, pero complementarias, para cada uno de ambos pilares.

El MUS, al poner la supervisión bancaria de la zona euro bajo el Banco Central Europeo (BCE), aumenta la confianza en la misma y lo hace de forma permanente, dado que la supervisión es, por su propia naturaleza, una tarea continuada, que es de esperar que el BCE ejerza con rigor. Su funcionamiento está previsto que lo paguen los propios bancos supervisados a través de tasas.

El MUR, en cambio, persigue la solución de las crisis bancarias en el mismo ámbito que el MUS, una tarea mucho más esporádica que la anterior, con independencia de que la crisis actual la haya hecho bastante frecuente en muchos países. Por el contrario, puede requerir, aunque sea temporalmente, un volumen de recursos importante que, como muestra precisamente la crisis actual, es mejor tener preparados previamente, al margen de los gastos de funcionamiento del mecanismo. Unos y otros serán aportados por los bancos, ya que uno de los principios básicos de la resolución de crisis bancarias en la Unión Europea (UE) es minimizar el coste de las mismas para el sector público.

Este objetivo da lugar a una discusión muy importante en torno a quién y de qué forma asume el coste de las crisis, que, propiamente, no forma parte del MUR, sino que se viene discutiendo ante la futura directiva para el rescate y resolución de entidades de crédito, a través de la participación en dicho coste de los accionistas y otros acreedores de los bancos, por lo que no la vamos a considerar aquí, remitiéndonos al último texto disponible en español de la misma, acordado en el Consejo ECOFIN del pasado mes de junio.

Lo específico del MUR, y lo que va a suponer dificultades para su aprobación final, es su marco institucional y su financiación. En concreto, ¿quién decide la resolución de una entidad bancaria y cómo se paga la misma, si los recursos privados no son suficientes para ello? Para lo primero, en contra de la opinión de algunos países, se ha propuesto la propia Comisión Europea (CE), si bien con el apoyo de una nueva agencia de la UE, la Junta Única de Resolución, compuesta por representantes del BCE, la CE y las autoridades nacionales de resolución, como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el caso español, que serían las encargadas de ejecutar la resolución en sus respectivas jurisdicciones.

Para la financiación se prevé un Fondo Único de Resolución Bancaria, de nivel europeo, una cuestión muy importante, si se pretende romper el mencionado círculo vicioso, lo que no sería posible manteniendo una financiación nacional por parte de los países implicados, pero que plantea conflictos bien conocidos a ese nivel entre los países pagadores y los beneficiarios.

En todo caso, a dicho Fondo se le dota de una escasa potencia financiera, ya que su nivel objetivo sería acumular el 1% de los depósitos garantizados de los países participantes en el MUR en 10 años, en condiciones normales. La propia CE estima que esto supondría un total de 55.000 millones €, cuando sólo la capitalización de los bancos españoles ha requerido del orden de los 40.000 millones.  Es verdad que, al recaer la mayor parte de los costes de la resolución en los accionistas y otros acreedores privados, sólo se necesitaría una financiación del sector público para posibles desajustes temporales y, en su caso, insuficiencia de los primeros, pero no deja de ser llamativa tanta distancia entre los deseos y la realidad.

El MUR echa a andar como una propuesta de reglamento que deben aprobar tanto el Parlamento Europeo como el Consejo ECOFIN. Como decimos, existen fuertes discrepancias por parte de algunos países, y de forma destacada por Alemania, que incluso exige una modificación de los Tratados de la UE, que hacen difícil prever cuál será su configuración final.

Dado que la unión bancaria es un objetivo deseable, particularmente por países como España, y que, de forma incompleta, no conseguiría romper el mencionado círculo vicioso, esperamos que se avance todo lo posible en una configuración efectiva del MUR, a ser posible para la fecha prevista en el último Consejo Europeo: antes de que concluya la actual legislatura del Parlamento Europeo, en la primera mitad de 2014.

Panorama bancario: todavía un entorno complicado

Acaba de hacerse público el informe con la tercera revisión del Programa de Asistencia Financiera para la recapitalización de las entidades bancarias españolas, después de la firma del Memorandum of Understanding (MoU) entre el gobierno español y la Comisión Europea hace un año aproximadamente. A seis meses del plazo acordado para la finalización de dicho programa, que no del proceso de reestructuración bancaria bajo el marco de ayudas de Estado, que se espera se prolongue durante otros cuatro años, cabe preguntarse por el balance de su aplicación así como por la percepción de mercado existente.

Cumpliendo con las formalidades a las que están obligadas los propios redactores del informe, la Comisión Europea y el BCE, impresiona la evaluación que hacen de las 32 condicionalidades recogidas en una tabla final, en la que domina abrumadoramente el calificativo “implemented”. Dicho de otro modo, los evaluadores se muestran bastante satisfechos de la ejecución general en tiempo y forma de los compromisos que asumieron las autoridades españolas, y que permitieron entonces disponer de una línea de 100 mil millones, de la que se han utilizado 41,3 mil millones hasta el momento.

La lectura entre líneas de la situación actual del sector bancario español no es sin embargo tan optimista. La terapia impuesta se ha cumplido con fidelidad, fortaleciendo notablemente al paciente, pero los resultados del tratamiento distan de asegurar todavía la inexistencia de riesgos de recaída.

De la capacidad actual para absorber riesgos del sector son expresivos tanto un nivel medio de provisiones sobre la cartera crediticia de casi el 8%, como un nivel de recursos propios de la mayor calidad (Tier I) cercano al 10%, cuando a finales de 2008 tales ratios eran respectivamente el 2,4% y el 8,1%. También han salido de sus balances en torno a 100 mil millones de activos dañados destino a la SAREB y, en fin, ha tenido lugar en paralelo una reestructuración sectorial reductora de su dimensión y de sus costes operativos en más de un 20%.

No está claro, sin embargo, que esto sea suficiente para sortear sin problemas el  inmediato futuro. Particularmente, como consecuencia de un horizonte de crecimiento económico que todavía es amenazante en Europa y por ende en España; tanto como para que el FMI haya revisado a la baja la previsión de nuestro país de 2014 dejando en un 0% lo que antes al menos era un crecimiento positivo del 0,7%.

En este contexto se mantendrá muy débil la generación de ingresos netos en la parte más alta de la cuenta de resultados, al tiempo que aumentará más la presión sobre la calidad de los activos de los balances bancarios, acelerando el crecimiento de las tasas de morosidad de empresas y familias. El punto mas alto de dichas tasas puede que se retrase algo más en el tiempo, siendo ya probablemente difícil dejarlo atrás antes de finales del próximo año.

Pero además hay que sumar impactos adversos de naturaleza singular en las cuentas de resultados, como el de carácter sobrevenido que tienen las decisiones judiciales sobre las cláusulas suelo que muchas entidades tenían formalizadas en sus carteras de préstamos hipotecarios. También tendrá efecto el ejercicio de transparencia al que han sido obligadas en su gestión de las refinanciaciones, que muy probablemente haga aflorar una morosidad mayor que la declarada.

 

Otra fuente emergente de preocupación es la calidad del capital de algunas de las entidades, particularmente de las que han sido recapitalizadas, consecuencia del extraordinario volumen de los activos fiscales diferidos (DTA o deferred tax assets en terminología anglosajona) en comparación con sus homólogas europeas. Estos activos habrán de deducirse del capital a efectos regulatorios en el nuevo marco de Basilea III ya que, salvo cambios de la normativa fiscal española, no está asegurada su materialización en supuestos de resolución y/o liquidación de la entidad[1].

No hace falta abundar en cada una de estas fuentes de problemas para las entidades, por lo demás ya abordadas individualmente en entradas anteriores de este blog, para advertir la dureza del camino aún pendiente. Dureza que, en nuestra opinión, determinará en 2013, y por tercer año consecutivo, nuevas pérdidas del sector por sus negocios en España. Además, tampoco está garantizada la vuelta a los números negros en 2014.

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[1] Bien es cierto que a este asunto es probable que se le encuentre alguna solución técnica razonable.

SAREB: precio y valor

Se ha cumplido ya medio año desde la creación de SAREB (sociedad para la gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria), y poco más de un trimestre desde que la misma está plenamente operativa. Ya ha llevado a cabo actuaciones de venta y de alquiler, tanto a través de canales minoristas, como en la colocación de grandes paquetes de activos inmobiliarios a inversores institucionales, como la conocida operación “bull”, actualmente en proceso de adjudicación entre los inversores que han presentado ofertas.

Como ya comentamos en una entrada anterior de este blog el elevado volumen de activos que SAREB debe poner en el mercado le confiere un carácter de potencial “señalizador” en cuanto a los precios de referencia en el mercado inmobiliario. Ésta es tanto más necesaria cuanto el volumen de operaciones en dicho mercado ha sido muy escaso, lo que ha restado representatividad a los indicadores sobre precios que cabe extraer de las transacciones realizadas.

Es en dicho contexto en el que cobra una gran relevancia la diferenciación entre precio y valor: el primero haría referencia al punto que equilibra oferta y demanda en un momento dado, mientras el segundo tiene un componente más estructural, de valor económico a medio y largo plazo, en el horizonte de un ciclo completo. Esa diferencia semántica, y sobre todo temporal, cobra una especial relevancia en el caso de SAREB, que cuenta con un plazo de quince años para enajenar todos los activos, inmobiliarios y financieros, que ha recibido de las entidades receptoras de ayudas públicas. Si éstas hubiesen tenido que vender rápidamente en mercado dichos activos habrían soportado recortes de valoración mucho más intensos que los registrados al traspasar a SAREB.

¿Cuánto más? Esa respuesta nos la brinda la propia Comisión Europea (CE), en unos indicadores que apenas han recibido atención en los medios, ni en los numerosos ejercicios de estimación de las ayudas de Estado concedidas a la banca en España.

Para cada una de las entidades receptoras de ayudas públicas, la CE hizo público el correspondiente comunicado sobre la decisión de concesión de cada ayuda (ver, a modo de ejemplo, el correspondiente a Catalunya Caixa), con el detalle de las mismas. Bien, pues en dicho detalle se diferenciaban tres grandes componentes: en primer lugar las emisiones de bonos garantizados; en segundo lugar, los diferentes montos recibidos en capitalización (preferentes o capital); y en tercer lugar las ayudas de Estado implícitas en los traspasos de activos a SAREB.

En este epígrafe se recoge, como la propia CE explica, la diferencia entre los precios a que se han transferido los activos a SAREB, y los que se habrían obtenido en caso de ventas forzadas por cada entidad al mercado. En el caso mencionado de Catalunya Caixa, las ayudas de Estado incluidas en dicho epígrafe se elevan a 1.600 millones de euros. Si tenemos en cuenta que dicha entidad traspasó un importe total de 6.700 millones (tasados mediante el concepto de valor económico) la CE está reconociendo que una venta de dichos activos de forma forzada solo se podría realizar con un recorte adicional de un 24% (el porcentaje que representan 1.600 millones sobre 6.700) sobre el valor de trasferencia a SAREB.

Esa misma información se recoge, en los respectivos comunicados de la CE, para todas las entidades que han traspasado activos a SAREB, lo que nos permite construir la tabla adjunta, que eleva a casi 20.000 millones los importes considerados por la CE como ayudas de Estado, adicionales a las garantías concedidas, y a las inyecciones de capital o de preferentes realizadas por el FROB.

 

Pero más allá de esa consideración como ayudas de Estado, el ejercicio de comparación pone de manifiesto la enorme brecha existente entre valor y precio de los activos inmobiliarios, en un momento en que el mercado es claramente asimétrico, y un intento de equilibrar oferta y demanda en el corto plazo solo podría conseguirse con fortísimos recortes de precio.

De ahí que sea extraordinariamente importante la forma como gestiona SAREB, combinando un razonable intento por vender pronto, con el no menos importante de preservar un valor para los activos que, hoy por hoy, está muy por encima del precio al que se podrían vender de forma rápida y masiva.  

 

 

La solvencia de los activos fiscales bancarios

En el marco de las necesidades de elevar significativamente la cantidad y calidad de los recursos propios de las entidades de crédito, uno de los aspectos novedosos y controvertidos  de lo que ha venido en denominarse Basilea III es el tratamiento de los activos por impuestos diferidos que dependen de rendimientos futuros. Los activos por impuestos diferidos (DTA, Deferred Tax Assets, en terminología inglesa) los podemos incluir dentro del conjunto de filtros y deducciones de recursos propios que se hacen más exigentes con Basilea III, cuyo objetivo es incrementar la mencionada calidad del capital.

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 12 (NIC 12), los activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre los beneficios a recuperar en periodos futuros, relacionadas con:

(a) las diferencias temporarias deducibles (divergencias entre el importe en libros de un activo o un pasivo, y el valor que constituye la base fiscal del mismo);

(b) la compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y

(c) la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.

Aunque a efectos de la normativa fiscal y contable, las empresas poseen un periodo de 18 años para compensar dichos activos por impuestos diferidos, la nueva normativa de solvencia prima el carácter contingente (incertidumbre) de estos derechos frente a la Hacienda Pública a la hora de establecer esta deducción, así como la falta de efectividad del importe de los recursos propios invertido en activos fiscales a la hora de proteger a los depositantes. Es por ello que Basilea III incorpora un calendario de progresiva deducción de los DTA del cómputo del capital de nivel 1 ordinario.

En el caso del sector bancario español, el importe total de los activos por impuestos diferidos ascendería a unos 71.000 millones de euros, que se quedarían en torno a los 60.000 millones después de compensar con los pasivos por impuestos diferidos. La mayor parte de estos activos por impuestos diferidos se habría generado por la compensación de pérdidas en el proceso de saneamiento de las carteras de créditos a la clientela, bien directamente contra resultados del ejercicio, bien contra reservas en las combinaciones de negocio (fusiones).

En consecuencia, aquellas entidades cuyo volumen de activos por impuestos diferidos fuera más significativo verían penalizadas significativamente por la vía de esta deducción sus ratios de solvencia, con la consiguiente necesidad de urgente recapitalización en los casos en que dicha deducción pudiera suponer un incumplimiento de los mínimos regulatorios. En el conjunto  del sector bancario español, el importe de los activos por impuestos diferidos netos sobre patrimonio neto ascendería al 28%, lo que podría implicar una caída de la solvencia entre el 20% y el 30% si se aplicara desde hoy mismo esta deducción al 100%, si bien se da una elevada dispersión.

 

* Activos fiscales diferidos netos de pasivos fiscales diferidos y patrimonio neto obtenido de balances públicos consolidados, estando el patrimonio neto de las entidades recapitalizadas ajustado por las inyecciones de capital y los procesos de gestión de instrumentos híbridos en curso.

Por esta razón, se está negociando en estas semanas un tratamiento de los activos por impuestos diferidos que pudiera eliminar dicha naturaleza contingente y, en consecuencia, permitiera que no se incluyeran dentro de la base de deducciones del capital de nivel 1 ordinario, por lo que la solvencia de nuestras entidades no se encontraría puesta en cuestión. Entre las alternativas que se barajan están aquellas que se aplican en países de nuestro entorno económico y normativo.

Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido, incluso EEUU, han optado, en base a la mencionada NIC 1,2 por lo que se denomina carry back fiscal, que consiste en el reembolso por parte de Hacienda de cantidades pagadas en momentos anteriores. El horizonte temporal de la devolución de las cantidades pagadas iría entre los 12 meses en Europa y los 24 meses en EEUU, si bien los importes compensables no podrían exceder de una proporción del capital de nivel 1 ordinario.

Italia, por su parte, optó en 2011 por la transformación de los activos por impuestos diferidos en créditos fiscales frente a Hacienda, compensables con cualquier obligación de carácter fiscal (IVA…) transmisibles a terceros e incluso reembolsables en una parte de los mismos.

Una tercera alternativa, derivada de la anterior, podría ser que el Estado concediera un aval en lugar de reconocer un préstamo, lo que igualmente eliminaría la incertidumbre sobre su cobro futuro y, en consecuencia, la deducibilidad de recursos propios. No obstante, la mejor alternativa para las entidades sería la entrega de Deuda Pública por el importe de los activos por impuestos diferidos, que no solo eliminaría esta deducción de recursos propios, sino que podría ser descontable en el BCE o trasmisible a terceros con mucha mayor facilidad.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que cualquiera de las alternativas descritas no suponen un impacto negativo para la Hacienda Pública en la medida en que dichos importes en la actualidad ya compensarían bases imponibles positivas futuras. Aspecto diferente sería el impacto sobre el stock de deuda pública o su consideración como déficit de alguna de las alternativas descritas.