Un foco de atención del FMI en su reciente evaluación anual de la eurozona, en el marco del denominado artículo IV, ha sido el nivel de endeudamiento de sus economías integrantes y el impacto potencial sobre su crecimiento. Los dos gráficos de esta entrada, que se recogen en dicho informe, son bien expresivos del tamaño actual y de la evolución reciente de dicho endeudamiento en los países del área con registros más adversos, así como en países de referencia. También permite visualizar por colores (azulado, verde y anaranjado) esta información para cada uno de los tres grandes sectores que soportan el endeudamiento agregado: familias, empresas no financieras y sector público, respectivamente.
El gráfico de la izquierda ilustra niveles de endeudamiento superiores al 300% del PIB en países como Irlanda, Portugal, Grecia y España, a cierta distancia de países como Alemania y Francia. Y sobre todo con perfiles de evolución bien dispares: crecimiento relativo limitado de esta ratio en los dos últimos (e incluso en Italia) si se compara con la intensidad con la que se produce el aumento del apalancamiento financiero en los primeros.
El gráfico de la derecha ilustra, por otra parte, el grado de sobreendeudamiento específico de cada uno de los sectores sobre una referencia del 60% del PIB en cada uno de los países. Las intersecciones reflejan en qué medida el sobreendeudamiento es más o menos generalizado. A saber: en países como Portugal, Irlanda y España los tres sectores definirían un endeudamiento superior al 60% del PIB; en Grecia lo sobrepasarían las familias y el sector público y en Bélgica las empresas y el sector público. Finalmente, en Francia e Italia sólo la sobrepasaría el sector público, mientras que en Alemania, por ejemplo, ninguno de los tres sectores superaría tal referencia.
Es evidente la elevada correlación entre tamaño del endeudamiento, crecimiento del mismo y su generalización entre los distintos sectores. Es bien conocido por otra parte cómo, en general, se filtran en periodos de bonanza los altos niveles desde las familias hacia las empresas. Estas responden al aumento de los niveles de consumo y de inversión de las primeras con aumentos en la capacidad instalada y, por ende, de la financiación necesaria y su apalancamiento.
No es menos cierto que ante un shock en los precios de los activos (léase p.e. los precios inmobiliarios) y/o aumento de la incertidumbre y de la volatilidad, la función de reacción que tiene lugar puede deprimir abruptamente por el contrario la demanda (consumo e inversión) y la renta, así como el valor del colateral de los préstamos bancarios. Se disparan las tasas de morosidad y se deterioran en definitiva la calidad de los balances del sistema bancario, presionando las cuentas del sector público que está obligado a sostenerlo, más allá de lo que ya lo hace el desplome de los ingresos impositivos y el aumento de los gastos como consecuencia de la propia caída de la actividad económica.
Esta es la situación en la que se han visto inmersos los países con mayor apalancamiento, cuya vulnerabilidad se ha acrecentado por los efectos de retroalimentación no fáciles de quebrar en una situación como esta. Tanto más cuanto más dañado haya resultado quien ha de suministrar mayoritariamente el flujo crediticio a la economía real: el sistema bancario.
Tiene razón el FMI cuando señala como precondición la necesidad de que estén constituidos buffers de capital y niveles de provisión adecuados para absorber pérdidas en el sistema bancario. Eso genera incentivos en el fondo para la limpieza de balances y la reestructuración de operaciones frente a familias y empresas facilitando el desapalancamiento y reduciendo la mortalidad empresarial. Este paso ya se ha dado aparentemente en buena medida en Europa (también en España más recientemente), con permiso de la nueva evaluación que, antes de que el BCE tome las riendas de la supervisión el próximo ejercicio, se llevará a cabo.
Tirando de la experiencia estadounidense señala, sin embargo, otras condiciones necesarias. En cuanto a política microeconómica, la implantación de procedimientos para la insolvencia empresarial y personal más flexibles o el desarrollo de la financiación no bancaria son especialmente sugeridos. Con una orientación macroeconómica, hace un guiño hacia la forma en que la Reserva Federal ha instrumentado su política monetaria, y marca como prioridad la restauración de los mecanismos de transmisión de la misma, ahora mismo particularmente rotos todavía en los países de la periferia.