Impacto de Basilea III en la banca europea

La European Banking Authority (EBA) acaba de publicar su análisis semestral sobre la adaptación de la banca europea a Basilea III, es decir, a la nueva normativa en materia de solvencia que se ha desarrollado a la sombra de la crisis financiera internacional de 2007. Esta normativa está previsto que entre en vigor en 2014.

Se trata de un ejercicio que consiste en aplicar a los balances de diciembre de 2012 de una serie de bancos europeos, 170 en esta ocasión, las nuevas normas para el cálculo del capital y de los activos ponderados por riesgo (el coeficiente de solvencia es la ratio entre ambas medidas) y comparar los resultados de aplicar la normativa vigente con los requerimientos de la nueva normativa (para estimar si hay suficiente capital en el sistema) y con los resultados de estudios anteriores.

Para poder interpretar los resultados es necesario tener en cuenta que la aplicación de Basilea III se hace de forma completa, es decir, sin tener en cuenta los periodos de transición. Estos periodos, que son habituales para permitir la adaptación suave en el tiempo de las entidades a cambios normativos relevantes, son muchas veces ignorados por los mercados, que exigen desde el momento del anuncio de un cambio normativo su cumplimiento inmediato, sin tener en cuenta la existencia de calendarios de adaptación.

Los principales cambios de Basilea III son los siguientes:

1. Nueva definición de capital. Se trata de que el capital a efectos del coeficiente de solvencia sea realmente capaz de absorber pérdidas. Se penalizan figuras como las emisiones subordinadas, buscando primar otras más eficaces como el capital suscrito y las reservas no distribuidas.
2. Mayores deducciones en la cifra de capital. Es el caso de los activos fiscales diferidos, cuyo tratamiento a estos efectos está siendo justo ahora negociado por el sector bancario español con el Gobierno y con la Unión Europea.
3. Aumento de los requerimientos mínimos de capital por determinadas posiciones. Basilea III exige más capital a aquellas posiciones que durante los primeros años de la crisis registraron pérdidas muy superiores a las “previsibles” en función de su clasificación de riesgo con la normativa anterior. Nos referimos a la actividad de trading en general, derivados OTC (negociados fuera de una cámara de compensación) determinado tipo de titulizaciones… Exigir más requerimientos de capital equivale a aumentar los Activos Ponderados por Riesgo (APR), que es la medida de riesgo que se utiliza en la normativa de solvencia.
4. Aumento del coeficiente de solvencia exigido. Una de las novedades de Basilea III es la exigencia de colchones (excesos) de capital para poder distribuir libremente los beneficios. En la práctica, estos colchones se convierten en un aumento del coeficiente de solvencia exigido.

El informe propone medir el impacto de la nueva normativa sobre la solvencia de las entidades estimando la diferencia en el exceso de capital bajo uno y otro régimen. Así, con Basilea III el exceso de capital se verá reducido en 5,6 puntos porcentuales de media en el grupo de los bancos más grandes e internacionalizados de la muestra (42 de los 170 bancos que participan). 

Tal y como se observa en el gráfico, prácticamente la mitad de esta reducción es debida a los colchones de capital, algo previsible. Sólo el 4% de esta reducción es debida a la definición de capital, si bien es cierto que el concepto de coeficiente que se utiliza en el estudio se limita al capital de primera categoría.

 Las modificaciones en la forma de medir el riesgo, es decir, el aumento de APR de determinadas actividades y exposiciones, supone el 23% del impacto. Destaca dentro de este concepto la introducción de una exigencia de capital por Credit Value Adjustment, es decir, por el impacto que en la valoración de posiciones de la cartera de negociación pueden tener los ajustes del spread crediticio.

 Las deducciones de capital son también muy significativas, suponen nada menos que un 28% del impacto total. Aquí la partida más relevante es la de los fondos de comercio, mientras que el impacto de la deducción de los activos fiscales diferidos es menos relevante.

 Sin lugar a dudas, si el estudio se centrara en los bancos españoles, la partida de activos fiscales diferidos cobraría una importancia muy significativa. Este tipo de activos son el resultado de pérdidas de ejercicios anteriores (bases imponibles negativas) y de provisiones que no son fiscalmente deducibles por no responder a pérdidas ya registradas. En España, en los últimos dos años se ha generado una cifra muy importante de activos fiscales diferidos de ambos tipos. No es de extrañar que su tratamiento a efectos de deducción de capital en Basilea III sea en la actualidad el objeto de negociación más importante de la banca española con el Gobierno español y la autoridad bancaria europea.  

Bancos más capitalizados y menos rentables

Sin lugar a dudas una de las herencias de esta crisis será una drástica redefinición del marco operativo en el que se va a desenvolver el negocio bancario en el futuro. No me refiero a la casuística específica del negocio bancario en España, al que hemos tenido ocasión de dedicar numerosas entradas anteriores de este blog. Quisiera poner el acento en esta ocasión en la transformación que se está produciendo en el sistema bancario internacional: hacia un negocio menos apalancado, más líquido y más transparente y, en definitiva, más blindado a la asunción excesiva de riesgos. Esta es la orientación de la reforma regulatoria emprendida a nivel internacional (con Basilea III como pieza central) pero también es una exigencia que han venido a imponer los propios mercados.

Un interesante trabajo publicado este mismo mes en el boletín trimestral del BIS (Bank for International Settlements) analiza el grado de reforzamiento de los niveles de capital y el modo en que lo están logrando una muestra representativa de 82 grandes bancos globales, tanto de países avanzados como emergentes, durante los últimos tres años de la crisis, 2009-2012. El análisis se centra en la variación de la relación entre recursos propios básicos (common equity) sobre los activos ponderados por riesgo de los balances bancarios de las entidades.

Dicha ratio constituye una pieza central del nuevo marco regulatorio, mucho más exigente que el anterior, y  ha pasado en los bancos internacionalmente activos desde el 5,7% a finales de 2009 hasta niveles cercanos al 9% al cierre de 2012; es decir, el colchón de capital de máxima calidad añadido ha aumentado en torno a un 50% en este periodo. Dicho incremento podría deberse a incrementos de los niveles de capital de las entidades y/o a la reducción del tamaño del balance de las mismas y/o a cambios en su estructura hacia exposiciones con riesgos más reducidos.

El gráfico adjunto[1] muestra cuál ha sido el origen de las variaciones al alza de dicha ratio en todas las submuestras que se contemplan en el análisis, aunque con diferente intensidad y procedencia según los casos. En todos ellos, salvo en la muestra de bancos de países emergentes, la restructuración de los balances hacia exposiciones de menor riesgo ha compensado sobradamente el reducido crecimiento de los balances, siendo en todo caso las mayores dotaciones de capital las que han hecho aumentar tan considerablemente la ratio de capital y reducir por tanto su apalancamiento. Si bien los bancos de países emergentes han aumentado más aún incluso sus niveles de capital, el efecto positivo sobre la ratio se ha visto en buena medida compensado por el fuerte crecimiento de sus balances cuya composición se ha orientado además hacia activos de más  riesgo frente a sus referencias previas.     

Cabe preguntarse en segunda derivada cuál ha sido la fuente principal de ese aumento de los niveles de capital de los bancos que han permitido el aumento tan destacado de su coeficiente de solvencia. El gráfico posterior ilustra con claridad que, sin ser despreciables la contribución de otras fuentes como la emisión de nuevo capital (señalado en amarillo), el protagonismo general radica en los beneficios no distribuidos por las entidades (sombreado azul-sombreado granate); esto último es especialmente cierto para los países emergentes y Estados Unidos. En Europa y en otras economías avanzadas, la contribución de ambas fuentes es más pareja, lo que tiene que ver con la menor capacidad de generación de márgenes que han tenido sus bancos en este periodo.

 

Como ilustra la tabla siguiente, también recogida en el citado informe, los dividendos pagados sobre el total de beneficios de los bancos (payout ratio) se han desplomado desde una media cercana al 40% en los años pre-crisis hasta el 27% en los últimos años. Destacan los bancos estadounidenses, que han bajado su payout desde casi el 60% hasta el 20%. En el otro extremo, los bancos de países emergentes lo habrían aumentado desde el 27% al 30%. Ni que decir tiene que, en paralelo, la rentabilidad sobre el capital (return on equity) también se ha desplomado desde niveles medios cercanos al 20% para el conjunto de la muestra antes del inicio de la crisis hasta referencias cercanas al 8%.

 

En definitiva, el tsunami regulatorio y las propias exigencias de los mercados han propiciado un fuerte aumento del colchón de capital disponible de los sistemas bancarios a costa fundamentalmente de la remuneración a los accionistas, sin minusvalorar desde luego las nuevas emisiones de capital que también han diluido a aquellos y que en no pocas ocasiones han sido atendidas por los gobiernos en forma de rescates públicos. Es probable que la tendencia al reforzamiento de los niveles de capital se mantenga, sobre todo en algunas zonas (piénsese en Europa y en el nuevo ejercicio de estrés que está por llegar), y por consiguiente que las rentabilidades sobre el capital permanezcan bajas hasta que se alcancen los colchones adecuados. No es fácil saber dónde estará posteriormente el punto de equilibrio. Bien es cierto que con toda probabilidad estará por debajo de la rentabilidad del 20% pre-crisis. No sólo porque el denominador (la base de capital) será muy superior en el nuevo marco; también porque a los bancos presumiblemente más solventes le serán exigibles rentabilidades significativamente inferiores. Bancos más utilities, banca más aburrida.

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[1] Nótese que en dicho cuadro y siguientes por G-SIB se entienden los catalogados como Global Systemically Important Banks

Competitividad e instituciones

El hecho quizás más destacado del inicio de este nuevo curso económico es la pérdida de fuelle de las economías emergentes. Además de acusar la larga fase de lento crecimiento de las economías avanzadas consecuente con la duración de la crisis, han recibido el impacto de las advertencias de retirada de los estímulos monetarios cuantitativos en EEUU. La menor intensidad de los flujos de entrada de capital, además de originar tensiones monetarias y cambiarias, ha acelerado el enfriamiento de algunas economías. Desde luego de las que en mayor medida han venido contribuyendo al impulso de la economía global en la última década. Los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), sin ir más lejos. Se espera que dos de las economías avanzadas, las de EEUU y Japón, tomen parcialmente el relevo en la tracción del crecimiento durante el próximo año.

Esto no significa necesariamente que la capacidad competitiva de las economías emergentes vaya a atenuarse. Todo lo contrario. En realidad, la competencia global seguirá siendo la nota dominante. Asumir ese escenario de intensidad competitiva es particularmente relevante para las economías en las que la demanda interna sigue debilitada. Es el caso de la economía española. La continuidad del buen comportamiento en los últimos años de las exportaciones de bienes y servicios no está garantizada. No solo es necesario que la demanda de los principales mercados donde se han introducido las empresas españolas siga aumentando. Es preciso igualmente que las mejoras competitivas no se atenúen. Eso quiere decir que a las ventajas en costes hasta ahora dominantes hay que añadirles las otras en las que las economías más competitivas basan sus buenos registros. Estos pueden apreciarse en el recientemente difundido “Global Competitiveness Report” del World Economic Forum, ahora comprensivo de 148 economías, publicado durante los últimos 30 años.

La definición de competitividad en la que se ampara la construcción del índice es fácil de asumir: el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Parten del hecho de que la productividad determina la rentabilidad de las inversiones que se realizan en una economía, que a su vez constituyen los determinantes de sus tasas de crecimiento. Como se sabe, ese índice contempla un repertorio amplio de factores de competitividad basados en 12 pilares, estructurados en el siguiente esquema.

De la somera revisión de esos pilares se deduce la importancia de la intensidad inversora de las economías como determinantes en última instancia de la competitividad y de la prosperidad, así como de la tensión reformista tendente a mejorar la calidad de las instituciones y el eficiente funcionamiento de los mercados. Esas condiciones son las que propician la emergencia de capacidades para que se creen bienes y servicios de elevado valor añadido, mejora de los procesos y modelos de negocio adaptados a las nuevas exigencias globales, basados en la innovación.

Aunque las economías avanzadas, desde luego las europeas, se encuentran dominando primeras posiciones de la clasificación, no son escasas las convencionalmente consideradas en vías de desarrollo, denominación cada día menos relevante. Si hubiera que identificar un solo denominador común a las que ocupan las primeras posiciones este sería la fortaleza del entorno institucional: la estructura legal y administrativa en el seno de la cual interactúan los agentes económicos. La calidad de las instituciones constituye uno de los factores más repetidamente invocados por quienes toman decisiones de inversión: desde la ecuanimidad en las actuaciones hasta la transparencia con que se conducen, pasando por la eficacia de las funciones públicas o la existencia de corrupción.

No es nada nuevo, pero es verdad que ese peso específico de las instituciones ha sido destacado en la gestión de la crisis económica y financiera actual. El papel de los gobiernos, los supervisores y otro tipo de instituciones ayudan a explicar errores y aciertos en la desigual salida de la crisis de las distintas economías, así como en su influencia en las instituciones multilaterales. Ello no debe impedir destacar la calidad de las instituciones y de los agentes privados, desde la fiabilidad de la contabilidad y el riego de las prácticas informativas, hasta la existencia mayor o menor de prácticas fraudulentas en las actividades económicas.

Como se aprecia en la tabla general, España se encuentra en las posiciones más rezagadas de las economías avanzadas: en el puesto 35º, desde el 36º del año anterior. El gráfico específico muestra la distancia en cada uno de los pilares a la frontera de las economías basadas en la innovación. Así, en el tamaño del mercado o en la dotación de infraestructuras la posición es claramente favorable, mientras que en las condiciones de financiación, calidad de las instituciones o innovación es peor que ese promedio. La conclusión es clara: para que los esfuerzos exportadores sean sostenibles y se traduzcan en mayor contribución al crecimiento económico es necesario que las ventajas competitivas se amparen en factores mucho más amplios que la contención o el descenso de los salarios. Esto último siempre es más difícil de exhibir frente a esas economías emergentes que seguirán batallando en los próximos años.

De próxima publicación en la revista Empresa Global nº 133 - Octubre 2013 (Afi Ediciones Empresa Global)

 

Planificar la jubilación tras la reforma de las pensiones

La anunciada reforma de las pensiones es uno de los temas de actualidad que más atención mediática está despertando, y no sin razón. Según el plan presentado por el Gobierno, que ofrece algunas modificaciones sustanciales sobre el trabajo del comité de expertos, las pensiones dejarán de estar ligadas al índice de precios al consumo (IPC) a partir de 2014, y pasarán a actualizarse conforme a una fórmula que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema. Además, para evitar la devaluación nominal y contener los excesos de las épocas de bonanza, la revalorización estará siempre en una horquilla entre el 0,25% y el valor del IPC+0,25%.

Por otro lado, si la propuesta del Gobierno prospera, a partir de 2019 se introducirá también un factor de sostenibilidad que ajustara el cálculo de la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida. Estos cambios supondrían un importante ahorro para la Seguridad Social y permitirían prolongar la viabilidad del modelo de reparto que existe en España. 

Gasto en pensiones de jubilación contributivas

Fuente: Afi, Seguridad Social

 

Tomar las decisiones adecuadas para asegurarnos una jubilación confortable tiene hoy algo de arte y bastante de ciencia, pero con la anunciada reforma de las pensiones los cálculos se harán todavía más complejos. El proceso de planificación de la jubilación se basa en anticipar la evolución de nuestro ahorro y de nuestro poder adquisitivo durante los próximos 20 o 30 años.

Para un determinado IPC promedio esperado, se puede calcular de manera sencilla cuánto dinero necesitaremos en la fecha de nuestra jubilación para mantener un nivel de vida equiparable al que tenemos hoy, o al que consideramos que nos gustaría tener cuando nos liberemos de cargas como hipotecas, hijos viviendo en el hogar familiar, etc. La siguiente operación sería identificar cuánto valdrá nuestro ahorro y nuestras inversiones en esa misma fecha, asumiendo diversas hipótesis de revalorización de esos activos, dependiendo del perfil de riesgo.

El último dato para completar el análisis es el valor de la prestación pública a la que tendremos derecho, algo fácil de calcular cuando las pensiones se actualizan con el IPC. Así pues, "jugando" con la inflación y la rentabilidad del ahorro se puede determinar cuánto dinero es necesario ahorrar para tener una situación holgada durante la jubilación. Algunas herramientas disponibles en Internet (nosotros mismos hemos hecho incluso versiones para móviles) nos permiten hacer estas operaciones de manera sencilla y muy gráfica.

Los cambios en el actual modelo de pensiones son sin duda necesarios para hacerlo sostenible. Sin embargo, desde el punto de vista del ciudadano preocupado por su pensión, es necesario reflexionar sobre los retos que plantea el nuevo escenario, previendo un esfuerzo adicional en forma de ahorro o productos de previsión para amortiguar la previsible pérdida de valor de las pensiones públicas, que hasta ahora constituían buena parte de los ingresos de las clases pasivas en nuestro país. Esta conclusión puede resultar desalentadora en un momento en el que el paro se mantiene disparado y la caída de rentas del trabajo es notable, pero no conviene perderla de vista, especialmente cuando la recuperación económica sea una realidad.

Educación para las finanzas

[Artículo escrito por Borja Foncillas, socio director del área de Desarrollo de Afi]

La presidencia rusa del G20, que comenzó el 1 de diciembre del año pasado, aprovechó la cumbre de jefes de estado y de gobierno celebrada en San Petersburgo la semana pasada para presentar un documento de la OCDE titulado "Advancing National Strategies for Financial Education".  El mismo incluye un análisis detallado de las iniciativas adoptadas en el ámbito de la educación financiera por parte de 21 países (la mayoría del G20 más algunos invitados).

Aunque el informe está enfocado al análisis de las estrategias nacionales en educación financiera, a lo largo del mismo se hace referencia a estos tres ámbitos, estrechamente relacionados:

• La inclusión financiera, que se refiere a las iniciativas encaminadas a facilitar el acceso a un conjunto de productos financieros –ahorros, crédito, seguro y pagos– a los segmentos más desfavorecidos de la población.
• La protección al consumidor, que es el conjunto de normas e instrumentos que rigen las relaciones de consumo de productos entre proveedores y consumidores.
• La educación financiera propiamente dicha que, según la OCDE, es "el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar".

El informe comienza con un análisis de la situación de implantación de estrategias nacionales de educación financiera en el mundo:

 

Llama la atención que países avanzados como Francia e Italia no han diseñado aún ninguna estrategia nacional en el ámbito de la educación financiera.

Otros aspectos destacados del informe son los siguientes:

• Como cabría pensar, el ámbito de población al que las iniciativas están dirigidas en países desarrollados incluye a todos los segmentos de la población (niños, jóvenes, mayores, emprendedores…) y en los países con menor grado de desarrollo se centra más en los segmentos más desfavorecidos, concibiendo a menudo su estrategia en educación financiera como una herramienta para lograr la inclusión financiera de su población.
• La mujer es considerada como un segmento de población necesitado de una estrategia específica , incluso en los países desarrollados
• Dentro de la Unión Europea existe mucha heterogeneidad en cuanto a enfoque y grado de desarrollo e implantación de dichas estrategias. Entre las iniciativas más destacadas están  Reino Unido (MoneyAdvise), Holanda (por ser una iniciativa que aúna administración pública, sector privado y sociedad civil) o Francia que, pese a no disponer de una estrategia nacional específica, cuenta con un proyecto de creación de la ciudad de la economía y el dinero, un museo divulgativo de la economía, el dinero y las finanzas con un área de exposiciones de 2.400 m². Aunque la UE ha generado iniciativas de colaboración en este ámbito, aún está lejos de haber logrado generar economías de escala que beneficien a los países en sus estrategias de educación financiera.
• Muy pocos países disponen de herramientas de medición de impacto de sus iniciativas. En este sentido, cabe recordar que la última oleada (2012) de evaluaciones del informe PISA incluía ya preguntas para medir el conocimiento de alumnos de 15 años sobre conceptos básicos de economía. Desafortunadamente, no se espera la publicación de resultados hasta junio de 2014.
• En cuanto a la financiación de iniciativas, no todos los países emplean sólo fondos públicos. En el caso de Sudáfrica, las entidades financieras están obligadas a emplear hasta un 0,4% de su beneficio después de impuestos en iniciativas de educación financiera. El mencionado servicio MoneyAdvise de Reino Unido se financia con una tasa específica creada por la FCA, el regulador de servicios financieros.
• El componente más habitual de las estrategias analizadas es la introducción de educación financiera en colegios, seguida de la creación de portales de información y recursos educativos.
• Se asume de forma generalizada que la educación financiera no sólo contribuye a mejorar el bienestar del usuario de servicios financieros, sino que beneficia a las propias entidades financieras (posibilidad de comercialización de más productos y con mayor grado de sofisticación) y al sistema en su globalidad.
• El entorno obliga cada vez más a que el individuo asuma la responsabilidad de su bienestar futuro y protección, especialmente en economías desarrolladas y emergentes, y no sólo en cuanto a garantizar una pensión razonable, sino también  para financiar necesidades sanitarias de largo plazo, asegurar riesgos y cubrir necesidades familiares.
• Por lo general, el ciudadano medio está razonablemente bien capacitado para la gestión de sus finanzas a corto plazo, pero  presenta grandes carencias en cuanto al ahorro a largo plazo, la gestión efectiva del crédito, la selección de productos financieros adecuados a su perfil y la capacidad para tomar decisiones financieras informadas.

En mi opinión, se echan en falta en este informe y -en muchos casos- en el debate sobre la educación financiera, algunas cuestiones, de corte más operativo, como:

• Cómo incluir, además de a los no educados financieramente, a los maleducados financieramente. Desgraciadamente, al igual que por lo general todos nos consideramos excelentes conductores, también solemos considerar que tenemos un nivel de conocimientos financieros superiores a los que realmente tenemos. Cómo hacer llegar la educación financiera a quien la necesita y en el momento en que la necesita, acompañando al individuo en el momento en que detecte necesidades o vaya a tomar decisiones.
• Cómo aunar educación financiera con herramientas robustas de gestión de finanzas personales.
• Cómo enseñar más y mejor, usando enfoques alternativos como la gamificación.
• Cómo usar a los alumnos como difusores y prescriptores de educación financiera en sus propias familias.
• Cómo integrar los contenidos y herramientas de educación financiera desarrollados con la información y conversación que genera el propio sistema financiero con sus clientes.
• Y, por qué no, la consideración del personal de las entidades financieras como un segmento de población a tener en cuenta dentro de las estrategias nacionales de educación financiera.

El dólar, rey de las divisas

Puntual a su cita trienal, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) acaba de publicar la última evaluación (Triennial Central Bank Survey),  de la actividad en el mercado mundial de compraventa de divisas, correspondiente a 2013, y que viene realizando desde 1989 con periodicidad trienal, habiéndose convertido ya en todo un observatorio clásico del mercado de divisas.

Desde la evaluación anterior, en 2010, la actividad de compraventa de divisas en el mundo ha registrado un incremento del 33%, alcanzando los 5,3 billones (de los nuestros, es decir de doce cifras) de dólares de negociación diaria, lo que equivaldría a unos 1.200 billones de dólares al año. Para dar una idea de la magnitud de esa cifra, baste recordar que el volumen del comercio internacional (de bienes y de servicios) se eleva a unos 25 billones de dólares anuales. Es decir que los mercados de divisas estarían moviendo casi 50 veces el volumen de intercambios comerciales en el mundo, o casi 80 veces el volumen de reservas internacionales de divisas, estimadas en unos 15 billones de dólares.

De una magnitud semejante, tan alejada de cualquier medida económica estructural, se deriva la dificultad de cualquier país para afrontar, si no es en el marco de esquemas de coordinación internacional (movimientos especulativos desatados contra sus divisas).

Junto a la cifra agregada, del informe cabe destacar la distribución por instrumentos, por divisas implicadas en los cruces, y por plazas financieras de realización de las transacciones.

Quizá lo menos relevante, y con pocas variaciones respecto a 2010, sea la distribución por instrumentos, donde el mercado de contado representa algo menos del 40%, el de opciones un 6%, y el de plazo (suma del plazo outright y el swap) algo más del 50%.

Mucho más relevante es la distribución por plazas y divisas, en las que se pone de manifiesto una extraordinaria concentración de la actividad. En el caso de las divisas, destaca la extraordinaria hegemonía del dólar, que se halla presente en el 87% de las transacciones, con una elevación de 2% respecto a 2010 (téngase en cuenta que el total debe medirse sobre 200%, y no sobre 100%, en la medida en que toda transacción implica a dos divisas).

Por el contrario el euro, que se halla presente en el 33% de las transacciones, ha visto reducir en casi 6% esa presencia respecto de 2010. Probablemente ha pesado en dicho descenso la crisis de la deuda europea de los tres últimos años y los riesgos que en algunos momentos surgieron respecto a la propia supervivencia del euro. En todo caso, y aunque esos riesgos hoy hayan desaparecido, se rompe la tendencia creciente que, desde su creación en 1999 y hasta 2010, había tenido el euro como moneda de referencia en los mercados de divisas, y que a algunos optimistas les hacía anticipar un posible “sorpasso” sobre el dólar. Nada más lejos de la realidad: la moneda estadounidense exhibe un intratable dominio en el ranking de contratación de divisas.

 

De hecho, el yen japonés también avanza significativamente y, aunque no cabe pensar que desplace al euro de la segunda posición, reduce claramente distancias: la moneda nipona se halla presente en el 23% de las transacciones, 4% más que en 2010, y a tan sólo 10% del euro, cuando en 2010 eran 20 puntos porcentuales los que separaban a ambas divisas.

Por otra parte, y en paralelo con el creciente peso de los emergentes en la economía mundial, sus monedas también avanzan significativamente, especialmente en los casos del peso mexicano (octava posición, con presencia en el 2,5% de las transacciones), y del renminbi chino (novena posición, y cuota del 2,2%). En todo caso, y en línea con el razonamiento anterior sobre desvinculación de las divisas respecto del comercio internacional, ambos países, así como otros emergentes, pesan mucho menos en los mercados de divisas de lo que lo hacen en las transacciones económicas internacionales. 

 Al margen de las transacciones comerciales, esa misma concentración por divisas se pone también de manifiesto en el análisis de las plazas en las que tienen lugar las transacciones de divisas. Londres sigue siendo la plaza dominante, con un 40% de peso (3% más que en 2010), mientras que Nueva York mantiene la segunda posición con el 19% (1% más que en 2010). A continuación se sitúan las tres grandes plazas financieras asiáticas, Singapur, Tokio y Hong Kong, con aproximadamente un 5% cada una de cuota mundial. Muy lejos de todos ellos quedan las plazas financieras de la Eurozona, ninguna de las cuales alcanza el 3%, y en agregado no llegan al 10%. 

 

 

 

 

La regulación bancaria pendiente

Si en la entrada anterior de este blog destacábamos los principales hitos pendientes para el sistema bancario español, merece la pena completar este análisis con un avance de la agenda reguladora en curso, que sin duda va a estar cargada, especialmente en el marco de la Unión Europea, en el que centramos la atención.

La respuesta coordinada a la crisis actual en los ámbitos mundial y europeo ha hecho que en la elaboración de la regulación bancaria española intervengan ahora más organismos, algunos de ellos creados expresamente con ocasión de la crisis, como refleja el cuadro que se acompaña.

En primer lugar, está la denominada unión bancaria (UB), en particular los dos pilares en los que descansa:

-        el mecanismo único de supervisión

-        el mecanismo único de resolución de crisis bancarias.

La aprobación definitiva del primero se ha venido retrasando, pero debe efectuarse en breve, una vez que se pronuncie favorablemente el Parlamento Europeo, tras lo cual el Banco Central Europeo (BCE), como nuevo supervisor, debe ponerlo en marcha, no sólo desde el punto de vista normativo, sino también con los recursos humanos y técnicos necesarios. Se estima que dentro de aproximadamente un año el mecanismo entrará en pleno funcionamiento.

El segundo acaba de echar a andar a mediados del mes de julio y tiene un difícil camino por delante, pero constituye un complemento necesario del anterior. A su vez, aunque no forme parte de la unión bancaria, se apoya en una directiva sobre la resolución de crisis bancarias en la UE, que también está pendiente, la primera vez que se intenta armonizar este tema a este nivel.

Dicha directiva tuvo un especial protagonismo con ocasión de la crisis de Chipre y el papel de los depósitos, especialmente los garantizados, en la solución de las crisis bancarias. Dada la relevancia de ambas piezas de regulación y la estrecha relación que existe entre ambas, el último Consejo Europeo, de 27-28 de junio pasado,  propuso su aprobación en lo que queda de legislatura del Parlamento Europeo, antes de las elecciones previstas para mediados de 2014, de forma que entraran en vigor en enero de 2015, aunque el tema más espinoso, las recapitalizaciones, está previsto que lo haga tres años después.

Siendo muy importante la unión bancaria, no hay que olvidar que no es sino una etapa más hacia una unión económica y monetaria mejor construida y más resistente a los embates de una crisis como la que estamos viviendo.  Esto va más allá de la regulación bancaria, pero sería miope conformarnos con la evolución positiva que viene registrando últimamente la prima de riesgo  y no aprovechar la ocasión para reparar de la mejor forma posible las deficiencias estructurales de la unión monetaria. Muchos esperan, tal vez demasiado, un camino más abierto en esta dirección tras la celebración de las inmediatas elecciones en Alemania, pero resulta prudente esperar a sus resultados y al color del gobierno que salga de ellas.

No acaban aquí las novedades más relevantes de la regulación bancaria. En estrecha conexión con la cumbre del G-20 que se está celebrando en estos momentos y, en particular, de las iniciativas sobre el mismo tema adoptadas por el Consejo de Estabilidad Financiera, la Comisión Europea aprobó ayer una Comunicación sobre banca en la sombra, COM(2013) 614, o banca paralela, cuya delimitación depende estrechamente de lo que entendamos por banca propiamente dicha. Entre otros temas, la comunicación nos recuerda que la UE todavía tiene que pronunciarse por una posible reforma de la estructura del negocio bancario, que ya se han planteado algunos países dentro y fuera de la misma.

Finalmente, el nuevo curso verá la implantación efectiva en la UE y, por tanto, también en España, de Basilea III, las nuevas normas sobre solvencia en sentido amplio de las entidades de crédito, cuya entrada en vigor se iniciará el 1 de enero de 2014. Las normas básicas están ya aprobadas y publicadas, pero exigen una normativa de desarrollo que, en esta ocasión, no va a depender tanto de las autoridades nacionales como de la Autoridad Bancaria Europea, que lleva tiempo preparándola:

1)    Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

 

2)    Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

En definitiva, esperamos que el nuevo curso sea muy intenso en el ámbito de la regulación bancaria, tanto en su cantidad como, sobre todo, en su relevancia, pero no podemos olvidar que la regulación no es un fin en sí misma, sino un medio, en estos momentos una palanca más de salida de la crisis actual y, sobre todo, de ayuda a la financiación sostenible de nuestra débil economía real.

 

Asuntos pendientes de la reestructuración bancaria

Tras el paréntesis veraniego, que este año ha transcurrido sin grandes sustos en los mercados financieros domésticos, retomamos la publicación de este blog con una breve recapitulación de los asuntos pendientes en el proceso de reestructuración del sector bancario español y que previsiblemente se concretarán en los próximos cuatro meses.

Nuestro punto de partida es la cuantificación de las ayudas públicas recibidas hasta ahora por el sector bancario español. El Banco de España acaba de publicar una nota informativa sobre las ayudas públicas a la banca desde que se inició el proceso de recapitalización del sistema bancario español en 2009. El cuadro adjunto muestra la cuantía de las ayudas públicas por entidad receptora.

  

Las ayudas públicas, no devueltas, ascienden a 60.379 millones de euros. Esta cifra no incorpora tres partidas que, aun requiriendo la aprobación de la Comisión Europea, tienen una naturaleza diferente, por lo que no pueden sumarse directamente a las cifras del cuadro adjunto. Son las siguientes:

1. Los avales del Estado a emisiones de entidades de crédito, que en los tres programas realizados (2008, 2009 y 2012) supusieron cerca de 108.000 millones de euros. Estos avales, que tienen un coste para la entidad beneficiaria, se cancelan con el vencimiento de las emisiones, por lo que se trataría de un riesgo contingente que no puede ser tratado de igual forma que una aportación de capital o la suscripción de instrumentos híbridos de capital por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) o por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). De hecho, a junio de 2013 se habían cancelado avales por un importe superior al 50% del total concedido (según información de la AEB).
2. Los esquemas de protección de carteras de activos (EPA) formalizados en algunos procesos de integración (Unnim, Banco de Valencia, CAM, CCM y CajaSur). Se trata de garantías parciales a carteras de activos (préstamos e inmuebles adjudicados) por un importe total neto contable de 35.681 millones de euros. La pérdida esperada por estas garantías a diciembre de 2012 era de 6.506 millones de euros. Nótese que la pérdida final sólo se conocerá a vencimiento de cada esquema de protección.
3. La participación pública en la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tampoco se incluye en la tabla y asciende a 2.192 millones de euros.

Se trata de un resumen útil para identificar los asuntes pendientes en este proceso. Antes, sin embargo, una llamada de atención al último párrafo de la nota publicada por el Banco de España: aboga por la publicación de “…información armonizada y rigurosa sobre los programas de asistencia a la recapitalización de los diferentes sistemas bancarios nacionales llevados a cabo en los últimos años”. Efectivamente, se trata de un ámbito falto de armonizar en el seno de la Unión Europea. En cuanto a la información ofrecida, además de la que elabora cada país, la Comisión Europea publica la resolución caso a caso de las ayudas públicas analizadas y anualmente realiza un informe sobre las ayudas de estado de los Estados miembros. En todo caso el párrafo mencionado casi parece una “queja” del Banco de España. Y nos parece especialmente relevante de cara a un tratamiento homogéneo en el proceso en marcha de Unión Bancaria (sobre todo en lo que respecta a la supervisión única).

En cuanto a los bancos que han recibido ayuda pública, antes de fin de año conoceremos el grado de aceptación de la oferta pública de adquisición que previsiblemente lanzará Unicaja Banco sobre Banco CEISS, y que irá acompañada de una oferta de canje de los bonos contingentes convertibles (CoCos) de Banco CEISS por instrumentos de similar naturaleza de Unicaja Banco. Recordemos que la entrada del FROB en el capital de Banco CEISS (adquiriendo la mayoría) está pendiente del éxito de esta operación.

Un segundo acontecimiento será la venta anunciada por el FROB de NCG Banco y Catalunya Banc. Probablemente la venta de la primera entidad se produzca después de la venta del Banco EVO, una de las principales apuestas de negocio de la entidad gallega.

En lo que respecta al conjunto del sistema bancario, con los estados financieros de septiembre conoceremos con detalle el tratamiento final que cada entidad le ha dado a las operaciones refinanciadas, así como su impacto en morosidad y cuenta de resultados (ya las cuentas de junio recogían en buena medida esta reclasificación). Recordemos que el Banco de España aclaró en mayo la normativa vigente, estableciendo una serie de requisitos para que las operaciones refinanciadas se mantengan como operaciones normales. Lo curioso del caso es que este hecho, del que se hizo eco el informe trimestral del Fondo Monetario Internacional sobre la evolución del proceso de reestructuración bancaria en España, ha abierto un debate sobre armonización de las calificaciones de las operaciones crediticias en Europa, en concreto sobre la calificación de operación subestándar en la normativa española.

Otro tema candente es el proceso de “Asset Quality Review” que se realizará a la banca europea como paso previo a los “test de stress” previstos en 2014. Ambos procesos son necesarios antes de que el BCE asuma la responsabilidad de la supervisión bancaria de las principales entidades europeas.

Un último tema que debería definirse en estos meses nos parece relevante. Nos referimos a la posibilidad de que España solicite una ampliación del Programa de Asistencia Financiera mediante el que se ponían a disposición del FROB hasta 100.000 millones de euros para la recapitalización del sistema bancario español. Hasta la fecha el FROB ha dispuesto de algo menos de 40.000 millones de euros, por lo que siguen disponibles 60.000 millones. El periodo de disposición vence a finales de este año. Con los datos que conocemos no parecen necesarias ayudas adicionales. De hecho el gobierno así lo ha puesto de manifiesto en varias ocasiones. Adicionalmente, tampoco está claro si una ampliación en el periodo de disposición acarrearía una modificación de condiciones. Sin embargo, tener acceso a una fuente de financiación barata y prácticamente inmediata puede tener mucho valor en circunstancias extraordinarias, que no previsibles.