Tras la reciente publicación y entrada en vigor del reglamento que permite poner en marcha el mecanismo único de supervisión (MUS), puede decirse que la unión bancaria ha echado a andar de forma efectiva, aunque habrá que esperar, en principio, un año, como máximo, para que el MUS esté en pleno funcionamiento.
Recuérdese que la unión bancaria persigue desvincular los riesgos bancarios de los soberanos dentro del área euro, evitando así la fragmentación financiera que se observa actualmente dentro de dicha área, que afecta negativamente a los prestatarios de los países más débiles, entre ellos España, y de modo particular a sus pequeñas y medianas empresas. Para ello, el MUS es una condición necesaria, pero no suficiente, por lo que debe ser completado por el mecanismo único de resolución (MUR) de crisis bancarias.
Sobre el MUR se han producido recientemente avances que, en principio, muestran que no existen insuperables obstáculos técnicos para su puesta en marcha, lo que no impide que sí los pueda haber de carácter político. En primer lugar, se ha publicado un resumen de la presidencia del Consejo de la UE, que corresponde ahora a Lituania, sobre el estado de la cuestión. En segundo, el BCE ha emitido su dictamen sobre el mismo, preceptivo, pero no vinculante.
Sin embargo, no deseamos orientar este post a los avances anteriores, sino a otro documento reciente del BCE, que permite conocer las características estructurales y sus cambios recientes del sistema bancario del área euro, teniendo en cuenta las diferencias entre los países que la componen. Dado que en la unión bancaria pueden participar países de la UE que no sean del área euro, aunque algunos no se planteen hacerlo, como el Reino Unido, hemos preferido acudir a los datos para toda la UE en los que se basa el documento mencionado.
Como se observa en el gráfico adjunto, las características de los sistemas bancarios de la UE son muy distintas, no sólo por su tamaño, por supuesto, sino también en aspectos tales como su profundidad sobre el PIB (aportamos dos medidas, la total y la puramente crediticia), su concentración (cuota de mercado de las 5 mayores entidades), densidad de oficinas (una variable donde tradicionalmente ha destacado España, sólo superada por Chipre), y penetración exterior (a través de filiales y sucursales de otros países).
Desde la perspectiva de la unión bancaria en general y, más concretamente, del MUR, la característica más divergente es la amplitud de tamaño de todos los países implicados, entre los que Estonia no llega al 0,05% del total, que no casa bien con la existencia de unos órganos donde, en principio, todos los países cuentan igual, algo que ya le ocurre al BCE con la política monetaria. De ahí las reticencias alemanas, teniendo en cuenta que las aportaciones al MUR, que a fin de cuentas debería tener capacidad de rellenar los “agujeros” que dejen las aportaciones de los inversores de las propias entidades en crisis, lo que se denomina el “bail-in”, serían en función de los tamaños de los respectivos sistemas bancarios.
No parece éste un argumento fundamental, aparte que no es nuevo. En primer lugar, en el BCE determinadas decisiones, que tienen que ver con el interés financiero de los países, como es el reparto de sus beneficios, ya está previsto que se tomen por mayoría cualificada. En segundo, en el documento de la presidencia antes aludido, aunque se admite que la Comisión Europea dé cobertura legal al órgano que decide sobre la solución de las crisis, la Junta Única de Resolución, algo que ya ocurre con las Autoridades Europeas de Supervisión: EBA (banca), ESMA (valores), EIOPA (seguros y fondos de pensiones), por sus siglas en inglés, se abre paso un control a posteriori por el Consejo, donde predomina la mayoría cualificada, que también existe ahora para esas autoridades, compartido con el Parlamento Europeo.
Con estas premisas en mente, parece que el problema en estos momentos no es que llegue el MUR, que lo hará pronto o tarde, sino que lo haga, como ha señalado el Consejo Europeo, antes de que caduque la actual legislatura del Parlamento Europeo, lo que implica aprovechar lo que queda de año para intentar conseguir el acuerdo en el seno del Consejo ECOFIN.
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