Depósitos o fondos

El alivio de la posición de liquidez de los bancos –nadie duda que el Banco Central Europeo (BCE) va a continuar aportando liquidez “barata”, y el mercado de emisiones viene mostrando un extraordinario apetito por el papel emitido por entidades financieras españolas- ha terminado por anular cualquier atisbo de guerra por los depósitos de hogares, sin necesidad de ningún tipo de pacto entre entidades, ni de recomendaciones por parte de supervisores.

Esa ausencia de presión por ganar cuota de mercado entre los depósitos bancarios, unida a la constatación de que los reducidos tipos de interés oficiales –el “repo” del BCE, sobre todo- van a acompañarnos durante una larga temporada, ha ejercido una sistemática presión a la baja sobre la rentabilidad que los bancos pagan por los depósitos. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, correspondiente a los depósitos de hogares, la bajada ha sido mucho más intensa en los tipos marginales, es decir los que se aplican a los saldos de nueva captación y/o renovación (línea azul). En media para el conjunto de entidades dicha retribución ha bajado desde 2,84% al cierre de 2012, en plena lucha por captación de depósitos, hasta el 1,46% en enero de 2014, es decir un descenso de 1,38 p.p. muy superior al experimentado por los tipos oficiales (Euribor a un año, sobre todo), indicativo de esa mucho menor presión por la captación de depósitos. 

Esa reducción de tipos de interés es más lenta en el caso del saldo vivo de depósitos en las entidades financieras (línea roja), que es el relevante a efectos de su margen de intermediación. Por consiguiente, el efecto neto de las reducciones de tipos les llega a las entidades con un cierto decalaje, y se beneficiarán de la bajada a lo largo del presente año, lo que permitirá al sistema bancario revertir parcialmente el fuerte descenso (-18%) de su margen de intermediación registrado en 2013.

Pero el acusado descenso en la remuneración de los depósitos no es inocuo desde la perspectiva de los ahorradores a la hora de decidir el destino de sus ahorros. Ante la imposibilidad de obtener rentabilidades decentes, tanto en depósitos como en valores de deuda pública a corto plazo (las Letras del Tesoro a doce meses remuneran un escaso 0,5%), los ahorradores buscan fórmulas de inversión con mayor potencial de rentabilidad, aun asumiendo mayor riesgo, como ya comentábamos en una anterior entrada de este blog. 

Por esta razón,  se viene produciendo un intenso desplazamiento desde depósitos hacia fondos de inversión, como ilustra el gráfico adjunto, que refleja la variación trimestral de depósitos (incluye pagarés bancarios) y de suscripciones netas en fondos de inversión.

Y dentro de los fondos, también se ha producido una clara recomposición, con auténtico descalabro de los garantizados (los reducidos tipos de interés no permiten “comprar las opciones” necesarias para garantizar el capital invertido), y fuerte incremento neto en los de renta variable y en los de renta fija a largo en euros. Categorías estas en las que es posible obtener rentabilidades más elevadas, aunque asumiendo riesgos de pérdida no desdeñables.

Por otra parte, aunque ese desplazamiento pueda responder a una mayor propensión al riesgo por parte de los ahorradores en busca de rentabilidad, hay que reconocer que también las entidades financieras se ven beneficiadas por el mismo. Las comisiones por la gestión de los fondos de sus clientes son, especialmente en los fondos con mayor perfil de rentabilidad y riesgo -que son precisamente los que más han visto incrementarse las suscripciones-  sustancialmente superiores al margen que se le puede obtener a un depósito remunerado al 1,46%, por no decir en el caso de depósitos más caros.

De ahí cabe deducir que probablemente no están las entidades financieras descontentas con ese trasvase; incluso no sería descartable que haya habido por su parte cierta proactividad en cuanto a inducir una mayor preferencia de los ahorradores por los fondos y en detrimento de los depósitos: la propia caída en la retribución ofertada en estos es ya de por sí suficiente elemento incentivador del trasvase hacia fondos.

 

Crédito hipotecario a la europea

Recientemente se ha publicado la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, que apenas ha recibido atención en nuestro país.

En primer lugar, porque la transposición de la misma a la normativa nacional no es exigible hasta el 21-3-2016, pero también porque en España existe una tradición previa de legislación protectora del consumidor en este ámbito y otros más amplios, entre la que podemos destacar la Orden EHA/2899/2011 y la Circular del Banco de España 5/2012, por lo que no se requerirán muchos cambios para adaptarse a dicha Directiva.

Sin embargo, al margen de otras iniciativas previas de la Comisión Europea, como un libro verde y un libro blanco, es la primera vez en casi 30 años que se llega a un texto legal en este ámbito en la UE, cuando en el programa fundacional del mercado único europeo, COM(85)310, sin habernos incorporado todavía a las entonces Comunidades Europeas, ya figuraba una  propuesta de Directiva sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en ese ámbito, COM(84)730, que no llegó a traducirse en una norma al considerarse que el tema lo resolvería el propio desarrollo del mercado único bancario.

Hasta ahora no ha sido así, y es difícil esperar que lo sea en el futuro previsible. La razón se deriva de la misma naturaleza del crédito hipotecario, que no es sólo un producto financiero, sino que lleva asociado una garantía (la hipoteca). Esto es lo que lo convierte en una forma eficiente de financiar la adquisición de un bien como la vivienda, regulada por el derecho civil de cada país, incluyendo, en su caso, los trámites notariales y registrales requeridos.

La Directiva comentada apenas trata de los aspectos sustantivos de este tipo de crédito, sino que, como indica su título, es una norma de protección de los consumidores. Aun así, no elude aspectos que han sido polémicos en nuestro país, como los desahucios o la dación en pago, pero no los soluciona de forma taxativa. Respecto a los primeros, pide que se adopten medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución, al mismo tiempo que permite limitar los recargos al consumidor en caso de impago. En relación con la segunda, no permite impedir que se pueda acordar el reembolso del crédito a través de ella.

Pide también que se adopten medidas que faciliten el reembolso en aquellos casos en que la deuda no quede saldada al término del procedimiento de ejecución, con el fin de proteger al consumidor. Es aquí donde se echa en falta en España lo que ya existe en otros países de nuestro entorno: un procedimiento ágil y eficiente de resolver el sobrendeudamiento personal o familiar, especialmente si éste se debe a causas no imputables al deudor, como el desempleo o la enfermedad.

El crédito hipotecario, que siempre ha tenido un interés estratégico para la generalidad de las entidades bancarias por las posibilidades de vinculación o fidelización de los clientes, incluso de venta cruzada de otros productos, resulta muy sensible a la eficacia de la garantía que lo sustenta. No es de extrañar que, como muestran los gráficos siguientes, dejando aparte los factores de demanda, la crisis actual haya provocado tanto una importante reducción del crédito concedido, como, al mismo tiempo, un encarecimiento de éste, medido en términos del diferencial medio respecto al tipo interbancario (Euribor).

 

 

 

 

La Directiva no olvida que la protección del consumidor debe apoyarse también en la posesión por éste de los conocimientos adecuados para que tome sus decisiones de la forma más acorde con sus intereses, es decir lo que se denomina la educación financiera. También en este tema llevamos recorrido cierto camino en España. Al margen de otras iniciativas más generales, podemos destacar la Guía de acceso al crédito hipotecario, elaborada por el Banco de España, precisamente cumpliendo una exigencia legal.

Cura de adelgazamiento bancario

El Banco de España ha dado a conocer en su último boletín estadístico los balances agregados del sistema bancario español, en base individual, así como sus cuentas de resultados de 2013. Aprovechando esta publicación, déjenme que haga una breve reseña de estas cuentas que, por lo demás, ilustran fenómenos a los que de forma reiterada nos hemos referido en algunas de las entradas de este blog.

El más evidente de ellos es, como puede observarse en el cuadro adjunto, la sustancial reducción del balance agregado, con una caída de casi el 12% de su tamaño. Es fácil observar, por otra parte, que la disminución de la cartera crediticia supone, por el lado del activo, más de la mitad de los 400.000  millones de euros de la contracción del balance.

Esa contracción está reflejada casi íntegramente, por el lado del pasivo, en las menores necesidades de financiación en mercados mayoristas (consistente con la conocida menor apelación de la banca española al BCE y el menor volumen de financiación interbancaria y de emisiones neta de valores). De hecho, se ha mantenido prácticamente estable el volumen total de depósitos captados por la banca, en tanto que, y merece la pena destacarlo, el patrimonio neto (que incluye los fondos propios) ha vuelto a aumentar en 2013 merced a las ampliaciones de capital y la retención de beneficios en el sector.

Balance del sistema bancario español

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Afi, Banco de España

La lectura del cuadro que recoge la cuenta de resultados agregada del sector proporciona también una conclusión principal y no menos contundente y explícita: la vuelta a los números negros después de dos años es sencillamente el  resultado de las menores dotaciones, tras  las extraordinarias a las que fueron obligadas las entidades bancarias en 2012 para sanear fuertemente sus balances. Dicho de otro modo, el margen de explotación (el derivado del negocio típico de las entidades, antes de imputar dichas pérdidas y los resultados extraordinarios) apenas si ha contribuido marginalmente.

Cuenta de resultados del sistema bancario español

Fuente: Afi, Banco de España

¿Qué cabe extrapolar para 2014? Probablemente algo no muy distinto a lo ocurrido en 2013, pero con una intensidad bien diferente:

1. A pesar del probable aumento significativo de las nuevas concesiones de crédito, la cartera crediticia total seguirá reduciendo su tamaño, fundamentalmente por mor de las amortizaciones. En consecuencia, el balance bancario agregado podría contraerse de nuevo, aunque de forma mucho más leve, en un contexto (plausible) de cierta estabilidad del volumen de las carteras de valores. También se seguirá reduciendo en consecuencia el peso relativo de la financiación mayorista y continuará la deseada senda de aumento de la ratio del crédito que es financiado con depósitos.
2. En lo que se refiere a los resultados, el contexto de tipos muy bajos y la mencionada reducción del volumen de negocio típico impedirá previsiblemente un aumento mínimamente sustancial del margen de explotación de la banca. En consecuencia, y de nuevo, la última línea de la cuenta de resultados quedará a merced de las dotaciones adicionales por deterioro de los activos, asumiendo el más que probable aumento de la mora que aún se producirá en 2014. Dichas dotaciones serán inferiores de nuevo en el presente ejercicio, pero su capacidad de contribución a la mejora de los resultados de este año serán obviamente mucho menor dado el punto de partida.

Deflación: otra amenaza a la eurozona

La estabilidad de los precios, objetivo fundamental que orienta la política monetaria que define el BCE, no obliga únicamente a impedir grandes elevaciones de los mismos: también a velar porque no haya descensos excesivos. Ambos son contraproducentes.

En la eurozona ya son varios los meses en los que la tasa de variación de los precios -la general y la subyacente- se encuentra por debajo del 1%, en el 0,8% el pasado febrero. Recordemos que el objetivo de estabilidad de precios que tiene asignado el BCE tiene como referencia una tasa de inflación medida por el índice armonizado de precios al consumo “por debajo, pero cercana al 2%, en el medio plazo”. En algunas economías, la española sin ir más lejos, esa tasa está próxima a cero. No es la primera vez que nos enfrentamos a caídas en el nivel general de precios: en 2009 el conjunto de la eurozona, y dentro de ella algunas economías, definieron variaciones negativas durante varios meses. El temor a la deflación –descenso continuado en el nivel general de precios- ha entrado en escena y, con ella, la memoria de lo ocurrido en Japón durante casi veinte años.

Esa ausencia de inflación coexiste con ritmos tibios de crecimiento de la demanda, que no permitirán a la eurozona crecer más del 1,5% este año y tasas medias de desempleo del 12%. La normalización de la actividad crediticia es lenta y la fragmentación financiera sigue siendo explícita, poco acorde con un área monetaria común. Además, la competitividad de las exportaciones fuera de la eurozona sigue erosionada por un tipo de cambio del euro apreciado frente a las principales divisas. Son condiciones que en cualquier banco central habrían motivado decisiones en la dirección de evitar males mayores a los que ya se están padeciendo. Pero el BCE, a tenor de la comparecencia de su presidente tras la última reunión de su Consejo de Gobierno, apenas dio muestras de inquietud.

Es verdad que la caracterización más estricta de un proceso deflacionista -descensos de precios generalizados en bienes y en el seno de diversas economías, y que se realimentan entre ellos- asumida por el propio presidente del BCE puede quedar algo distante de la “desinflación” que por el momento está experimentado la eurozona. Es cierto también que salvo en tres países la tasa de inflación se encuentra hoy en territorio positivo. Y que hasta ahora los descensos en precios no son de todos los bienes. En el caso de España, los datos de febrero señalan que el 40% de los artículos del IPC registran tasas de variación negativas, frente al 20% del promedio europeo.

Lo que ya está menos claro es que ese tercer rasgo de la definición más estricta, la posibilidad de realimentación de las expectativas desinflacionistas, no exista en la actualidad. Algunos colegas miran a este respecto lo que expresan los tipos de interés a dos y cinco años en los mercados de bonos y señalan que si asumiéramos su capacidad de anticipación, la inflación va a seguir siendo peligrosamente baja durante, al menos, esos plazos. El bono alemán con vencimiento a dos años cotiza en el 0,17% y el español en el 0,87%; el cinco años en el 0,70% y 2%, respectivamente. Si creyéramos que esos tipos incorporan la inflación a esos plazos, es posible que las negociaciones en algunas rentas, los salarios por ejemplo, y en otros precios o tarifas, pudieran llegar a asumir como verosímiles esas tasas de inflación implícitas en los bonos. Y mal asunto, para la demanda nacional y para la salud bancaria, si la renta disponible de las familias sigue bajando en economías como la española. Es verdad que los bonos a diez años ya tienen rendimientos algo más elevados, pero la experiencia japonesa nos dice que las expectativas de los bonos con vencimiento a tan largo plazo pueden ser engañosas.

Con todo, no hace falta llegar a esa caracterización extrema del fenómeno de la deflación para intentar anticipar sus efectos. Veamos primero las ventajas. La más evidente de una senda desinflacionista es la preservación del poder adquisitivo de las rentas. Desde luego de aquellos agentes que tengan la suerte de tener asegurada la percepción de las mismas, sean del trabajo o del capital. Los que sean ahorradores netos están también de suerte. Además, la caída de los precios, por sí sola (si las demás variables que determinan la competitividad no se mueven), es también un reforzamiento de la competitividad de las exportaciones. Siempre y cuando, claro está, nuestros principales socios comerciales no se vean inmersos en la misma corriente descendente de precios. Y aquí volvería a ser muy conveniente que en las economías del norte de la eurozona hubiera algo más de inflación, de mayor impulso a la demanda, en definitiva.

Efectivamente, son los acreedores los que salen ganando cuando la inflación desciende. Los que tengan deudas lo pasarán mal: pagarán más en términos reales. Y los españoles -las familias, las empresas y las AAPP-, a pesar del desapalancamiento reciente, somos importantes deudores y tenemos una de las tasas más bajas de inflación: del 0% en febrero. Precisamente las economías más endeudadas de la eurozona son las que ahora tienen una inflación menor. Una baja tasa de variación de los precios significa mayor stock de deuda y mayor carga de intereses en términos reales. Este es el peor de los efectos, con capacidad suficiente para compensar ese favorable que es sin duda el ajuste en precios relativos comentado en el párrafo anterior que podría llegar a intensificar la competitividad exterior de nuestras empresas.

Tampoco es precisamente saludable el efecto sobre todas las formas de gasto que origina: si los precios van a seguir bajando dejamos para más adelante la reposición del tresillo o incluso la inversión más necesaria en nuestras empresas. Y ese tipo de espiral en momentos como el actual no es precisamente aconsejable en la eurozona.

Son razones para que el BCE no caiga en la complacencia, ni tampoco eche en saco roto la experiencia japonesa: su colega el Banco de Japón tardó en reaccionar y ahora le está costando convencer a propios y extraños de que la inflación repuntará en su economía. El propio FMI (http://blog-imfdirect.imf.org/2014/03/04/euro-area-deflation-versus-lowflation/) acaba de advertir sobre sus peligros en la eurozona. Es verdad que a Draghi le están marcando los halcones dirigidos por Jens Weidman del Bundesbank, respaldado por una gran mayoría de alemanes que mantienen una intensa aversión a la inflación. Pero mejor sería no flirtear con la deflación, una señora peligrosamente pegajosa y devoradora de crecimiento de las economías. Por mucho que quiera guardar equilibrios en su consejo de gobierno, el presidente del BCE no debería asumir excesivos riesgos. Y el de la caída excesiva de los precios no es menor sobre la todavía precaria recuperación de la eurozona. Ante situaciones económicas excepcionales, decisiones de la misma naturaleza, aunque se salten las convenciones al uso en Alemania. 

 

Artículo de próxima publicación en la revista Empresa Global nº 139 - abril 2014, editada por Afi

 

¿Es Bitcoin una forma de dinero?

Si el lector se ha mantenido informado en el último año, el término Bitcoin le resultará familiar. Puede que incluso haya llegado a comprender el sistema criptográfico que soporta esta singular forma de dinero fiduciario carente de autoridad central y, por tanto, basada en la confianza en la comunidad de usuarios. En este tiempo hemos pasado del práctico desconocimiento de la “criptodivisa” a recibir una avalancha de noticias sobre sus récords de cotización contra el dólar y su alta volatilidad. Más recientemente hemos conocido algunas quiebras sonadas relacionadas con la moneda virtual, como la de la pionera casa de cambio Mt Gox, que podría llegar a desencadenar la aprobación de una regulación específica en Japón. Es más, ahora parece que el misterioso creador de Bitcoin, con el nombre (o alias) de Satoshi Nakamoto, ha sido identificado en Estados Unidos por una reportera de Newsweek.

Evolución de la tasa de cambio USD/BTC

Fuente: www.coindesk.com

Evolución de las búsquedas del término “Bitcoin” en todo el mundo

Fuente: www.google.es

Para aquellos interesados en la relación cada vez más estrecha entre las tecnologías de la información y el sistema financiero, la aparición de Bitcoin supone un ejercicio intelectual tremendamente estimulante. No está ligado a ningún bien tangible, no hay ningún gobierno que lo respalde, ni existía hasta hace poco ningún marco normativo que lo amparase o que fiscalizase su funcionamiento. Su base monetaria está limitada a priori a un máximo de 21 millones de bitcoins, pero se manejan fracciones de hasta 8 decimales de cada unidad. En definitiva, Bitcoin es algo distinto a todo lo que habíamos conocido hasta ahora, crea una nueva categoría y ni siquiera está claro que deba considerarse una moneda. De hecho, algunos países como Suecia ya han sugerido que podría llegar a regularse como un nuevo tipo de activo financiero.

Esta nueva concepción se aleja del propósito con el que fue creado originalmente, que no es otro que actuar como una forma mejorada de dinero electrónico. Para que esta promesa pudiera cumplirse sería necesario que Bitcoin cumpliese las funciones básicas de almacén de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Como hemos visto, la alta volatilidad del precio expresado en moneda fuerte lo convierte en un pésimo almacén de valor para cualquier ciudadano de a pie. Más bien se comporta como un activo especulativo, que tiene el riesgo añadido de estar altamente concentrado. En diciembre conocimos que 927 personas poseen la mitad de toda la masa actual de bitcoins, que al precio de cotización actual tiene un valor teórico cercano a los 7.800 millones de dólares.

Distribución de cuentas de Bitcoin (diciembre de 2013)

  

Fuente: www.businessinsider.com

Como unidad de cuenta, la utilidad de Bitcoin es igualmente discutible, dado que no existe ningún bien que se produzca o venda originalmente en esta unidad, de modo que carece de anclaje real que permita utilizarlo con esta finalidad. Las operaciones de comercio electrónico que se realizan en esta moneda se acuerdan generalmente en otras divisas fuertes y son únicamente convertidas a bitcoins para llevar a cabo de manera sencilla y económica la transacción.

Con esto llegamos al último de los atributos propios del dinero, que es la función de medio de pago. Como decíamos, es en ésta en la que pusieron el foco los creadores de Bitcoin. Desde el punto de vista práctico, pagar con bitcoins es rápido, gratuito y las operaciones no pueden ser revocadas, por lo que es idóneo para generar confianza en operaciones de comercio electrónico. Sin embargo, operar de manera segura con esta moneda es todavía complejo y requiere conocimientos técnicos que no están al alcance del ciudadano medio. Para colmo, la compra de bitcoins con una tarjeta o a través de una transferencia es posible, pero resulta difícil o muy onerosa por la característica de irrevocabilidad, lo que supone una gran barrera de entrada.

Desapalancamiento empresarial

La necesidad de desapalancamiento en la economía española, y especialmente en su sector empresarial –también en las familias, pero de ellas no voy a hablar hoy- ha venido siendo objeto de atención en todos los análisis de organismos internacionales.  Los más   recientes son los del Fondo Monetario Internacional (“debt ratios may have much further to fall...”), en su quinto y último informe de evaluación del sistema bancario español, o el del Banco Central Europeo, en un reciente estudio sobre desapalancamiento empresarial en el área euro, en el que argumenta que la deuda empresarial en España, que ha caído 15 puntos sobre el PIB, debe caer otros tantos, como ilustra el gráfico adjunto tomado de dicho estudio.

 

                                Fuente: BCE.

Y, sin embargo, apenas se ha prestado atención a otra dimensión del desapalancamiento empresarial, la del equilibrio financiero de las empresas, entendido como una apropiada mezcla entre deuda y recursos propios. Una visión estructural de dicho equilibrio (o ausencia del mismo) la podemos obtener de las cuentas financieras, para el agregado de las empresas no financieras, en el buen entendimiento de que dichos agregados encierran realidades bien distintas entre diferentes empresas.

El gráfico adjunto muestra la evolución, desde el inicio del siglo XXI,  de las cuatro principales fuentes de financiación en el agregado de las empresas no financieras españolas: por un lado los recursos propios y por otro la deuda, en la que distinguimos tres categorías: la deuda comercial –sobre todo crédito de proveedores-, y la deuda financiera, a su vez distinguiendo entre la de corto y largo plazo respectivamente.

 

 Fuente: Afi, con datos de las Cuentas Financieras de la Economía Española

Antes de la crisis, el agregado de empresas presentaba un razonable equilibrio financiero, con la deuda total (la suma de los tres componentes mencionados) moviéndose entre el 95% y el 105% de los recursos propios. Ese equilibrio se rompe en 2008, en que el ratio deuda/recursos propios se dispara hasta el 140%, al confluir un fuerte aumento del endeudamiento –por la inercia de una concesión que no se frenaría hasta dos años más tarde- con un absoluto hundimiento de los recursos propios, valorados a precios de mercado –esa valoración a mercado, o “razonable”, es la pertinente para evitar la disolución empresarial, y por tanto garantizar la supervivencia-

Bien, pues desde 2008 hasta la actualidad se ha dado la vuelta completamente a ese ratio de endeudamiento, y cierra 2013 con un nivel cercano al 100%, similar al de los años 2005 o 2006. Ese reequilibrio financiero ha descansado tanto en una intensa contracción de la deuda como en un fuerte incremento de los recursos propios.

La deuda total de las empresas cae, desde 2008 hasta la fecha, en casi 350.000 millones, aproximadamente a partes iguales entre la deuda comercial y la financiera; y dentro de ésta la caída ha sido mucho más pronunciada en los préstamos a corto que en los de largo plazo. Probablemente dicha diferencia de comportamiento esté recogiendo el efecto de numerosas refinanciaciones, que han sustituido deudas a corto plazo por otras a más largo, y con un coste financiero mucho más elevado.

Al mismo tiempo que reducían la deuda, las empresas españolas llevaban a cabo una importante mejora en sus recursos propios, que se incrementaban en casi 190.000 millones, repartidos aproximadamente a partes iguales entre las sociedades anónimas (cotizadas o no), y las sociedades limitadas, muchas de ellas asociadas a pequeños negocios autónomos.

En el caso de las sociedades anónimas, una buena parte (casi un 50%) del incremento de los recursos propios se derivaba de un efecto valoración, y el resto de aportaciones de nuevos recursos propios, por ejemplo vía retención de beneficios. Tal efecto valoración no existe, por el contrario, en el caso de sociedades limitadas, que han visto crecer sus recursos propios en casi 100.000 millones desde 2008 hasta la actualidad. Sin duda alguna, muchas pequeñas y microempresas –entre ellas los 3 millones de autónomos censados en España- se han visto obligadas a aportar recursos propios, o a incrementar su autofinanciación, en un contexto de restricción crediticia, incluyendo el crédito comercial.

Ese reforzamiento de los recursos es absolutamente imprescindible, y muchas empresas se han quedado en el camino al no poder aportarlos; por ello cobra más virtualidad que nunca el desarrollo de mecanismos que permitan convertir deuda en recursos propios en aquellas empresas que, siendo viables, no pueden hacer frente a sus actuales niveles de endeudamiento, ni tienen capacidad para aportar recursos propios.