Depósitos mejor garantizados

El pasado día 13 se publicaron dos Directivas que están en la base de la unión bancaria o, si se prefiere, de la normativa unificada (single rule book) del mercado único en este sector. Por un lado, la relativa a los sistemas de garantía de depósitos, a la que dedicamos este post; por otro, la de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de la que hemos hablado en otras ocasiones.

Conviene recordar que la garantía de depósitos nace en Estados Unidos en 1933 como consecuencia del crash bursátil de 1929 con objeto de reducir los llamados pánicos bancarios, es decir las retiradas masivas de los depósitos ante la desconfianza más o menos generalizada en la salud de las entidades. Retiradas que no hicieron más que agravar la crisis de las entidades afectadas y, con ellas, de la economía en general. En España no vieron la luz hasta 1977 como consecuencia de otra crisis bancaria, la que comenzó a mediados de los años 70 en nuestro país.

Desde 1994 están armonizados en la Unión Europea a través de una Directiva a la que sustituirá la nueva en breve. El problema no reside en la cobertura de los depósitos, que se elevó hasta los 100.000€ como consecuencia de la crisis actual, sino, fundamentalmente, en su financiación, que no estaba armonizada en absoluto. Hasta tal punto era así que no todos los países tenían prefinanciado su sistema con aportaciones de las entidades, en el sentido de que se podía contar de antemano con éstas, como ha sido siempre el caso en España.

Esto no quiere decir que dichas aportaciones sean necesariamente suficientes para cubrir los costes de las crisis. La historia, reciente y pasada, del fondo de garantía en nuestro país es un buen ejemplo de ello.

La tabla adjunta permite ver las principales diferencias que se observan en las dos normativas europeas de garantía de depósitos. Como puede observarse, ahora existe un objetivo de financiación de la garantía de depósitos, que debe alcanzar, como norma general, el 0,8% de los depósitos cubiertos. Este objetivo debe conseguirse, sobre todo, mediante aportaciones de las entidades. Su fórmula precisa está pendiente de determinar por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), ya que se pretende que tengan en cuenta el riesgo de su negocio.

De ser insuficientes estas aportaciones, las entidades deberían contribuir de forma extraordinaria a través de lo que en España denominamos derramas, que se han debido aplicar como consecuencia de la crisis actual. Los sistemas de garantía de depósitos pueden acudir también con la nueva norma a fuentes de financiación alternativas y, en particular, a préstamos entre ellos en determinadas condiciones.

Contar con una financiación previa debe aumentar la confianza de los depositantes en estos sistemas, que también se potencia con una importante reducción del plazo para el reintegro de los depósitos, de 20 días hábiles prorrogables por otros 10 a sólo 7, pero con la posibilidad de que exista un período transitorio escalonado para llegar  a este último plazo. En ese caso, los depositantes tendrán acceso, en un plazo de cinco días, a un importe adecuado, que no se especifica, con el fin de cubrir su sustento.

Sin negar la relevancia de esta reducción, conviene recordar que en España, durante la crisis actual, el fondo de garantía de depósitos ha hecho muchas cosas, pero entre ellas no ha estado precisamente el reembolso de los depósitos de entidades en crisis, que se supone que es su principal misión.

Otros cambios que figuran en la tabla favorecen a los depositantes, pero, sobre todo, desde la perspectiva de la unión bancaria, y de la relativa polémica levantada en torno a si ésta exige o no un sistema de garantía único, debemos destacar que la nueva norma apunta en esa dirección, aunque no la impone. En efecto, se prevé expresamente la existencia de sistemas de garantía transfronterizos, bien de nueva creación o por fusión de los previamente existentes, pero siempre con el acuerdo de los países implicados.

No todos los depósitos están cubiertos, tanto en la anterior normativa como la actual, que armoniza más estas exclusiones. Incluso permite que se puedan incluir los vinculados a fondos de pensiones personales o de pymes y los de pequeñas autoridades locales.

Sobreendeudamiento español y BCE

Es lugar común, con razón, asumir que en la reciente crisis internacional el sobreendeudamiento de familias y empresas ha tenido un efecto amplificador devastador sobre la economía española. El interesante monográfico capítulo 2 sobre su endeudamiento, que incluye el informe anual del Banco de España publicado la pasada semana, ilustra en detalle y con claridad el paso cambiado con el que nuestro país ha debido afrontar un shock externo sin precedentes. Sobre todo, un shock que pronto activó bombas de relojería internas depresoras del consumo, la inversión y el empleo hasta límites desconocidos en muchas décadas.

Como señala el informe y puede advertirse en los gráficos adjuntos, la deuda de las familias escaló del 31% del PIB en 1995, por debajo de los países de nuestro entorno, hasta el 83% en 2007 tras crecer a una tasa media del 17% cuando el PIB nominal lo hacía al 7,5%. Aun cuando se ha reducido posteriormente, en términos de renta disponible el ratio es actualmente incluso superior al de Estados Unidos.

  

 Fuente: Banco de España, Informe Anual 2013

El aumento de la deuda de las empresas no financieras no fue menor. Pasó en el mismo periodo desde niveles cercanos al 40% hasta el 132% del PIB. Muy por encima de los países mas representativos del área euro, Reino Unido o Estados Unidos, como también puede apreciarse. Aunque es bien conocido que estuvo liderada por el sector inmobiliario, el aumento del apalancamiento fue generalizado en todos los sectores de la economía.

El filtrado de esta situación insostenible hacia el sector público, vía déficits provocados por el colapso de la economía, terminó propiciando también el consecuente aumento del endeudamiento público (en este caso ya durante los años de crisis). Con ratios cercanas al 100% del PIB como puede verse en el gráfico correspondiente, se sitúa actualmente en niveles cercanos a la media de la eurozona cuando antes era sustancialmente inferior.

Por su parte, teniendo en cuenta el alto grado de bancarización de la economía española, su sistema bancario primero financió la descomunal expansión del crédito al sector privado llegando a  multiplicar por tres su balance agregado. Para ello recurrió a fuertes emisiones de deuda en los mercados internacionales, el principal exponente del aumento de los pasivos financieros de la economía española. Después, durante la crisis, y con sus balances ya muy debilitados, pasó además a financiar una parte significativa del abultado crecimiento del endeudamiento público. Otra parte sustancial fue absorbida también mediante adquisición directa por los no residentes. Se conformó así el peligroso círculo vicioso que a punto estuvo de arrastrar hacia el rescate internacional a la economía española, y que, finalmente, quedó limitado formalmente al del sector bancario.

El saldo final del proceso de endeudamiento masivo, que no ha tenido en paralelo un aumento de los activos frente al exterior por el propio patrón de crecimiento de la economía, es un aumento de la negativa posición de inversión internacional de España[1]  hasta referencias del 98% del PIB a finales de 2013. Esta cifra es expresiva de una situación extraordinariamente anómala y delicada. Compárese con los países de referencia en el gráfico anterior. De hecho, sólo países que como Grecia, Portugal o Irlanda debieron ser rescatados definen un nivel superior al español.

Está fuera de toda duda la necesidad de volver a registros mas confortables que reduzcan la notable vulnerabilidad de la economía española como consecuencia de esta posición extrema. Lo que no es menos cierto es que la reducción del endeudamiento debe hacerse a ritmos tales que no ahogue el necesario crecimiento económico. Crecimiento, que además de paliar los efectos sobre la economía real de la crisis, debería contribuir al tiempo a la reconducción de la ratio de apalancamiento.

Ese acompasamiento no es fácil, y de eso es bien indicativo la experiencia española reciente. Como muestran los gráficos de más abajo, tomados del mismo informe, el desapalancamiento nada despreciable de los hogares y las empresas no financieras durante los últimos tres años se ha producido sin que el crecimiento económico apenas contribuya a reducir el peso del endeudamiento. Tampoco la inflación. Toda la variación se explica por los flujos netos de deuda negativos (amortizaciones muy superiores a flujos de nueva financiación) en el caso de los hogares, complementado en el caso de las empresas por la liquidación de préstamos fallidos y revaluaciones.

Fuente: Banco de España, Informe Anual 2013

El reto en la coyuntura actual está en que el protagonismo en la reducción del apalancamiento de la economía española lo tome en mucha mayor medida el crecimiento económico, con la colaboración de un aumento ordenado de los precios (de la inflación en definitiva): de la segunda y tercera barra de los gráficos anteriores en vez de las cuarta y quinta.

El horizonte de posible japonización de la economía europea, y singularmente de la española, no invitaba precisamente a ser optimista. Ese horizonte es el que ha propiciado una reacción tan contundente como tardía del BCE. Más vale tarde, pero el territorio es inexplorado y los resultados están lejos de estar garantizados. Niveles tan bajos de inflación como los que aún después del anuncio de las medidas del BCE anticipan los mercados, seguirían haciendo muy duro el proceso de recuperación de países tan endeudados como el nuestro. Su eficacia habrá que evaluarla no obstante más a medio plazo y, en su caso, España y el resto de países periféricos serían los más beneficiados en términos relativos. Algunos dudan de tal eficacia, y para muestra la visión crítica/pesimista de W. Münchau este mismo domingo en Financial Times.

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[1] El neto de sus activos y pasivos financieros frente al exterior

Balanza de rentas e inversión exterior

Hace apenas medio año, en este mismo blog, llamábamos la atención sobre el vuelco que se venía produciendo desde inicios de 2013 en los flujos de inversión directa entre España y el exterior. Destacábamos el fuerte incremento de los flujos de inversión desde el exterior hacia España –en gran medida indicativos de una renovada confianza internacional en los activos españoles- y el parón, o incluso reversión, en los flujos de inversión española en el exterior, que atribuíamos sobre todo a la urgencia de las compañías españolas más internacionalizadas por reducir su endeudamiento mediante enajenación de activos en el exterior, aun a costa de deteriorar su posición competitiva global.

Bien, pues recordando el dicho de “aquellos polvos trajeron estos lodos”, hemos comenzado ya a comprobar los efectos colaterales de esas decisiones previas. Para ello, analizamos la recientemente publicada balanza de pagos española, correspondiente al primer trimestre de 2014, y que ha desatado algunas alarmas, al interrumpir la tendencia de corrección del déficit corriente que se venía observando de forma ininterrumpida desde el inicio de la crisis. Concretamente, el primer trimestre de 2014 se ha saldado con un déficit corriente de 8.200 millones de euros, que casi dobla los 4.300 de déficit registrados en el primer trimestre de 2013, año que terminó con superávit corriente por primera vez en casi 15 años.

La mitad de ese deterioro de la balanza corriente (unos 2.000 millones) y, sin duda, la que ha generado más interés mediático, tiene que ver con el comportamiento de la balanza comercial, que rompe con la tendencia de mejora de trimestres –y años- anteriores, al producirse un fuerte incremento de las importaciones (9% interanual),muy superior al de las exportaciones o a los ingresos por turismo (3% de incremento en ambas partidas).

Pero la otra mitad del deterioro en la balanza corriente procede de los efectos colaterales de los cambios en la posición de inversión internacional, concretamente sus implicaciones sobre la balanza de rentas, que recoge el saldo entre las rentas percibidas del, y las pagadas al, exterior. El saldo negativo de dicha balanza de rentas en el primer trimestre de 2014 se eleva nada menos que a 6.300 millones, es decir, un incremento del 43% respecto a los 4.400 millones registrados en el primer trimestre de 2013.

 A su vez, ese deterioro de la balanza de rentas responde casi a partes iguales a un incremento en las rentas pagadas al exterior (13.200 millones en el primer trimestre de 2014, frente a 12.400 el mismo periodo de 2013), como a un fuerte descenso en las percibidas por las inversiones de España en el  resto del mundo. Estas caen de 8.000 millones el año pasado a 6.900 millones en el presente ejercicio, un descenso del 14% que viene explicado por las anteriormente mencionadas desinversiones de cartera exterior por las empresas españolas en los primeros meses del pasado año.

Es cierto que las rentas dependen tanto de los activos y pasivos sobre los que aplican (la posición de inversión) como de las rentabilidades y/o costes asociados a los mismos, y no cabe duda que estos últimos vienen registrando importantes tendencias a la baja en el último año y medio. Pero ello no es óbice para que las rentas pagadas al exterior se hayan incrementado en un 8%, poniendo de manifiesto que el efecto derivado de un mayor volumen de financiación exterior supera al derivado de menores tipos de interés a pagar por la misma.

Por el contrario, en la posición española frente al exterior ambos efectos (volumen invertido y rentabilidad) operan en la misma dirección, provocando ese mencionado descenso del 14% en las rentas percibidas del exterior, descenso que mucho me temo que no vaya a quedar ahí sino que continúe en los próximos trimestres.

En apoyo de dicha anticipación cabe utilizar el siguiente gráfico, abarcando dos décadas completas, y que relaciona los flujos de inversión española en el exterior (en todas sus categorías, es decir inversión directa, de cartera, y otras inversiones a corto plazo) con los ingresos por rentas percibidas del exterior. Si menoscabo de estimaciones estadísticas finas, parece fuera de toda duda la estrecha relación entre los flujos de inversión exterior y las rentas percibidas un año más tarde. Vamos, que deshacerse hoy de inversiones exteriores es hipotecar las rentas futuras; acaso, ¿alguien lo dudaba?.

Community banking en alza

El community banking, o banca de proximidad, ha mostrado ser un modelo de negocio con una mayor capacidad de resistencia frente a la reciente crisis financiera y económica. Especialmente porque la cercanía al cliente permitió conocer más de cerca las fortalezas y debilidades del autónomo, del emprendedor, de la pyme o de las familias, y porque el compromiso con las iniciativas en favor de la propia comunidad promovieron el desarrollo económico y social en ámbitos radicalmente distintos a los del sector promoción y construcción.

Y tras el proceso de reestructuración parece que con más ganas de captar cuota de mercado, como anticipábamos en un blog de finales del pasado año.

Sin embargo, el modelo de banca local ha experimentado un profundo proceso de transformación en los últimos 20 años. Al inicio de los noventa la actividad bancaria local estaba protagonizada tanto por las cooperativas de crédito como por las cajas de ahorro, pero el proceso de expansión territorial de estas últimas así como su reciente transformación tras la crisis, ha provocado que el community banking se haya quedado mayoritariamente en el subsegmento de las cooperativas de crédito, los pequeños bancos locales y las dos cajas de ahorro que aún mantienen el estatus original.

El sector bancario español se caracterizó por el binomio bancos-cajas de ahorro, en el que las cooperativas de crédito eran una singularidad. Sin embargo, mientras que las cajas de ahorros se han reorientado tras su recapitalización hacia bancos más nacionales, las cooperativas de crédito fieles al modelo de communituy banking mantienen la orientación de negocio y geográfica, lo que les permitirá aprovechar la oportunidad que supone ocupar parte del espacio dejado por las cajas de ahorro.

Tanto la localización de las oficinas como el propio proceso de transformación del subsector de cajas de ahorro tras la crisis ponen de manifiesto la fidelidad de las cooperativas de crédito (cajas rurales, la mayoría) a sus territorios y a sus señas de identidad.

En lo que respecta a la localización de oficinas, desde 1995 el porcentaje de las oficinas de las cajas de ahorro en la comunidad de origen se reduce desde el 82% hasta el 60%, mientras que el peso de las oficinas fuera de las comunidades autónomas originarias se incrementa del 18% al 40%. Pero no sólo la proporción de oficinas fuera de la comunidad de origen aumenta durante el período considerado sino que las oficinas en el territorio originario se reducen un 4%.

Evolución de las oficinas de las cajas de ahorro en la comunidad original

Fuente Afi a partir de CECA

Por su parte, las cooperativas de crédito ofrecen un claro contraste respecto a la evolución de las cajas de ahorro. En 2000 el 83% de las oficinas se encontraban ubicadas en la comunidad de origen, mientras que en 2010 ese porcentaje únicamente se había reducido hasta el 74%. Una reducción en 9 puntos porcentuales frente a los 22 puntos de las cajas de ahorro.

Evolución de las oficinas de las cooperativas de crédito en la comunidad original  

Fuente: Afi a partir de UNAAC

En lo que respecta al proceso de transformación, la reducción del número de cajas de ahorros (de 45 a 12), la reducción significativa del número de oficinas y plantilla para reducir el exceso de capacidad, el proceso de transformación societaria (la mayoría ejercen la actividad a través de bancos) o la nacionalización de alguna de ellas mediante la entrada en el accionariado del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), han provocado que la comunidad de origen prácticamente ya no se identifica en muchas de ellas.

Sin embargo, el proceso de integración de las cooperativas de crédito mediante fusiones o a través de sistemas institucionales de protección ha servido para profundizar en la apuesta por el territorio ya que la mayoría de las integraciones se han producido entre entidades de áreas limítrofes, que han servido para fortalecer su posición en el territorio.

En definitiva, a pesar de la progresiva reducción del número de entidades locales dedicadas al community banking, la importancia de este modelo bancario se ha incrementado en los últimos años. No solo porque la banca de proximidad ha sido capaz de sortear la reciente crisis de forma menos traumática sino porque se ha convertido en un pilar esencial en el sostenimiento de las finanzas y la economía regional transformándose en una pieza clave del sistema bancario español. Razones por las que la banca local está ganado cuota de mercado y por la que esperamos que pueda converger a los niveles del 20-30% que presenta en algunos países de nuestro entorno financiero.

En este sentido, y como comentábamos en un blog anterior, entendimos que el informe final de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo del pasado mes de enero pidiera “una reforma del marco legal de las cooperativas de crédito” para preservar sus saneados ratios financieros pero especialmente el carácter de “bien” imprescindible para el desarrollo económico de la comunidad.