Morosidad y financiación en las pymes

[NOTA: El post de hoy lo escriben como invitados José Antonio Herce (Director Asociado de Afi) y Pablo Hernández (Consultor del Área de Economía Aplicada de Afi)]

La hondura de la crisis económica ha supuesto un reto de primera magnitud para la supervivencia de muchas empresas. El racionamiento crediticio y la prolongada atonía de la demanda interna han dado como resultado la extinción de muchas de ellas, especialmente pymes, quienes han comprimido su estructura y sus márgenes hasta extremos que harían inviable a una gran empresa si ésta no pudiese recurrir a los mercados exteriores. En este sentido, las pymes no han podido sustituir fácilmente un mercado doméstico menguante porque, entre otras razones, se encuentran insuficientemente internacionalizadas. Y, a pesar de que pueden postergar en el medio plazo la realización de nuevas inversiones y aplazar su correspondiente financiación, no están en condiciones de sobrevivir sin poder sufragar su circulante o sin descontar sus derechos de cobro contra clientes. 

El pasado día 22 de julio se presentó públicamente el primer número del nuevo Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, un proyecto que nace al abrigo de la colaboración entre CEPYME y el Ministerio de Industria, y en la que Analistas Financieros Internacionales (Afi) ofrece apoyo técnico. El propósito de esta nueva iniciativa es, cuanto menos, ambicioso. Y no es otro que servir de referencia para el seguimiento y la vigilancia de un problema que tiene una incidencia muy negativa en las actividades empresariales: la morosidad. Además, trata de tomar de manera simultánea el pulso de las empresas en cuanto a la financiación de sus actividades, y en particular, de sus actividades corrientes.

La morosidad comercial es un fenómeno del que no existe una métrica estándar o comúnmente aceptada – como si existe en otros órdenes que afectan al desempeño empresarial, en el ámbito del mercado laboral o de indicadores de actividad, por ejemplo - sino solo indicadores parciales y dispersos, surgidos a partir de metodologías heterogéneas. Dichos indicadores, a pesar de que permiten percibir de alguna forma la grave situación por la que atraviesan las empresas en esta materia, resultan insuficientes a todas luces como instrumentos de diagnóstico y herramientas generales de seguimiento. En este sentido, el Boletín es un proyecto pionero al plasmar en sus contenidos, por un lado, los resultados de una encuesta a pequeñas y medianas empresas en la que se obtiene información de base y directa sobre éste y otros fenómenos de interés. Por otro, al recopilar y sintetizar los principales indicadores existentes que proceden de otras fuentes, y proveer de medidas sintéticas del alcance de la morosidad empresarial y su repercusión.

Con respecto a los contenidos del Boletín, precisamente, el anhelo de disponer de un indicador que permitiese caracterizar de manera sencilla la evolución de la morosidad fue una de las motivaciones centrales y originarias. Este indicador, que se nutre de fuentes oficiales y empresariales en su cálculo, denominado Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME), condensa las dos dimensiones básicas del fenómeno: los periodos medios de pago y el tasa de crédito comercial en retraso de pago sobre su plazo legal. Hasta el momento, la trayectoria del indicador ha sido claramente descendente desde el estallido de la crisis, si bien ha repuntado levemente en los dos últimos trimestres. Esto es atribuible a la caída de ambos componentes del ISME, aunque el repunte del indicador sintético está dominado por la remontada de la tasa de crédito comercial en retraso de pago, como puede verse en los siguientes gráficos. Paralelamente, según los resultados de la encuesta, el 60% del tejido de pequeñas y medianas empresas sufre problemas de morosidad. 

Fuente: Afi a partir de Cepyme e Informa

Pero, ¿cómo es posible que la morosidad esté aparentemente disminuyendo y al mismo tiempo las empresas lo señalen como un importante lastre para su actividad?

La evidencia indica que ambos componentes se han venido reduciendo durante la crisis, especialmente en sus momentos más graves. Los periodos medios de pago se han ido ajustando a nuevas regulaciones de plazos de pago más exigentes, a lo que ha contribuido también la desaparición de empresas insolventes que ha tenido lugar durante la crisis, lo que ha acabado reduciendo, paradójicamente, tanto el crédito comercial vivo como la proporción del mismo en mora. Por todo ello, las empresas se han vuelto mucho más selectivas con el crédito comercial concedido, ante la dificultad (y carestía), por otra parte, de recurrir al descuento comercial en los canales bancarios tradicionales. Y todo ello, en un contexto de crisis que naturalmente ha provocado la disminución de la facturación y, por ende, del crédito comercial. Este comportamiento pro cíclico de la morosidad en términos agregados podría ser un ‘’hecho estilizado’’ de las crisis financieras en España, en cuanto se viene reproduciendo un repunte leve de la morosidad en la coyuntura actual de recuperación, algo que ya se observó en el periodo de los llamados “brotes verdes”, entre finales de 2010 y comienzos de 2011.

Por otra parte, uno de los datos quizá más preocupantes que se desprenden de los resultados de la encuesta que se realiza ad hoc para el Boletín es que un 24% de las empresas considera que no va a cobrar jamás el 10% (o más) de su facturación. Especialmente preocupante porque para muchas empresas ese mismo 10% de su facturación representa el propio margen empresarial, es decir, la renta del pequeño empresario y su familia.

Fuente: Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial

Según las estimaciones que se obtienen en el informe, el conjunto del crédito comercial interempresarial tuvo para las empresas prestamistas un coste imputado de 1.612 millones de euros en el primer trimestre del año, de los cuales más de 1.000 millones corresponde a la parte de dicho crédito en retraso de pago. Esto es, en términos relativos, alrededor de un 0,1% del PIB. Sin duda, la información derivada de la encuesta sobre morosidad y financiación permitirá un conocimiento mucho más ajustado a la realidad de las pymes y de las implicaciones de la morosidad sobre la financiación. En esta nueva andadura se difundirá con carácter periódico el análisis minucioso de la realidad y las tendencias en materia de cobros y pagos y financiación de este segmento de empresas. Iniciativas de este estilo resultan cruciales para poder incidir con éxito desde las instancias públicas y asociativas en la solución de estos graves problemas que, en definitiva, constituyen otro lastre a la competitividad de nuestro tejido empresarial - especialmente aquél que tiene más complicado competir en mercados exclusivamente domésticos.

La mayor apuesta comercial de la historia

La singularidad y severidad de la crisis está acarreando consecuencias de diverso alcance. Entre ellas, alteraciones en la escena competitiva global. No solo por la desigual capacidad competitiva de algunas economías obligadas a devaluaciones internas con el fin de compensar con la pujanza de sus exportaciones la debilidad del mercado interno, sino igualmente para aquellas que han de buscar vías de intensificación y diversificación del comercio. Un exponente de ello es el lanzamiento de la negociación entre EEUU y UE bajo el enunciado de “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, al que el lector permitirá que le preste una atención mayor que a otros asuntos, amparándome en dos razones: la ausencia de discusión en nuestro país y la trascendencia económica, y también financiera, que puede llegar a tener si dicha alianza llega a buen fin.

Iniciadas las negociaciones en junio del año pasado, y con la expectativa de concluirlas el año que viene, el objetivo es reducir limitaciones de todo tipo a los flujos de comercio e inversión a ambos lados del Atlántico. De paso, sortear las limitaciones en el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de sus procedimientos y lentitud. Todo ello con la esperanza de que esa liberalización adicional aumente el potencial de crecimiento de ambas economías.

El acuerdo descansaría sobre tres pilares básicos:

a)    Acceso a los mercados, mediante la eliminación de barreras aduaneras y otras barreras al intercambio de bienes y servicios, permitiendo un mayor acceso a los mercados públicos y facilitando más la inversión.

b)    Mejora de la coherencia y cooperación regulatoria, eliminando barreras regulatorias innecesarias, especialmente las burocráticas.

c)     Mejora de la cooperación en el establecimiento de estándares internacionales.

Dada la reducción ya existente de barreras arancelarias en el comercio de bienes y servicios, son los dos últimos puntos los potencialmente más generadores de ventajas. Que las instituciones reguladoras de ambos bloques cooperen en la búsqueda de limitaciones por razón de salud o de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, evitaría tensiones proteccionistas innecesarias e impedimentos a la entrada en los mercados respectivos, especialmente de las empresas de menor dimensión. La UE ha estimado que esas barreras burocráticas equivaldrían hoy a barreras arancelarias convencionales de cuantía comprendida entre el 10 % y 20 %.

El acceso a los mercados públicos, a las licitaciones de compras de bienes y servicios de las Administraciones Públicas y a dotar de transparencia a esas operaciones, constituye otra de las vías diferenciales, como lo es la posibilidad de homogenizar normas protectoras de los inversores.

De llegar a concretarse, el TTIP constituiría el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado: el área de libre comercio más extensa del mundo. Y también el de mayor impacto en el volumen de comercio. No en vano las dos economías que lo pretenden suscribir son las mayores, representativas de casi la mitad del PIB global. También las que mantienen los mayores flujos recíprocos de comercio.

Los partidarios del acuerdo argumentan que constituiría una oportunidad de excepción para crear un mecanismo de cooperación institucional sin  precedentes con el fin de reducir divergencias reguladoras sobre el comercio y la inversión internacional. Y es cierto que su significación, en principio, tendría un alcance político, de señalización global, que es difícil de minimizar: la ilustración de un compromiso que a su vez facilitaría esa alianza entre EEUU y Europa que en ocasiones da muestras de debilidad.

Más allá de esas ventajas políticas, el argumentario fundamental para su lanzamiento es lógicamente económico. La lectura más favorable del acuerdo es que el desmantelamiento de barreras así como la armonización de estándares técnicos impulsará el crecimiento y crearía numerosos puestos de trabajo. La trascendencia de los vínculos entre ambos es ya considerable: EEUU es el principal socio comercial e inversor en Europa, con gran diferencia respecto a otras economías o bloques comerciales. La inversión de las empresas multinacionales estadounidenses en la UE representa el 56% de la inversión directa de EEUU en el extranjero en los últimos 14 años, que emplean a más de 4 millones de trabajadores europeos. Un 33% del comercio global en bienes y un 42% del de servicios tienen lugar entre ambos bloques. Las empresas de la UE son también los principales inversores en EEUU. Estas cifras son razones, por tanto, para fortalecer la seguridad y afianzar esos vínculos.

La versión oficial de la UE sostiene que la concreción de ese acuerdo impulsaría el crecimiento del PIB entre 0,5% y 1% anual. A pesar del nivel reducido de los aranceles, dado el volumen tan importante de intercambios entre ambas economías –más de 2.000 millones de dólares diarios- cualquier reducción sería favorecedora del crecimiento económico. Eso sería especialmente favorable para Europa en áreas donde la protección americana es más evidente y la competitividad europea mayor, como los textiles, la cerámica o los transformados alimenticios. Se trataría de un shock positivo, equivalente a un gran paquete impulsor del crecimiento, pero sin usar el dinero del contribuyente.

A las ventajas que obtendrían los suscriptores del acuerdo habría que añadir las que ejercería sobre la economía mundial. Su estimación es menos fácil, pero es cierto que si esas economías crecen también lo haría su demanda (de materias primas, por ejemplo) del resto del mundo. En todo caso, la señal de compromiso por el libre comercio de esas dos grandes potencias sería favorable y los estándares adoptados servirían de referencia al resto de los actores comerciales.

Frente a esas ventajas no faltan valoraciones menos entusiastas. La primera derivaría del decreciente peso específico que ambos bloques tienen en la escena económica global. Los escépticos destacan, además, que las ventajas sobre la situación actual no serían tan importantes, dado el amplio grado de liberalización que ya existe en el comercio entre ambas economías. En el momento actual las tarifas entre ambos bloques se sitúan en promedio en el 4%.

Entre los manifiestamente escépticos se encuentra Paul Krugman, que considera que desde los niveles actuales es difícil y costoso conseguir mayores cotas de liberalización del comercio: “hay poco proteccionismo que eliminar .En la medida en que puedan diferenciarse de las estimaciones anteriores, podrían identificarse algunas de las principales objeciones de ese acuerdo.

La primera es la propia naturaleza bilateral del acuerdo: el recurrente dilema entre regionalización y globalización. Recurrir a los acuerdos de este tipo pone en entredicho la utilidad de la propia OMC y sugiere que la conveniencia de centrar los esfuerzos en mejorar la autoridad y agilidad de la OMC hasta ahora no ha resultado muy exitosa a la luz de la vigente Ronda Doha de negociaciones comerciales.

El otro conjunto de objeciones más destacado es el que defienden organizaciones de consumidores y ecologistas. A uno y a otro lado del Atlántico se desconfía de las consecuencias que ese acuerdo pueda tener sobre las relajaciones de normas vinculadas a la salud e higiene de los alimentos, a los derechos de los trabajadores o al medio ambiente. La oposición se hace más intensa al reclamar una mayor transparencia en las negociaciones, hasta el punto de que el ministro de finanzas de Baviera, por ejemplo, ha reclamado un referéndum para su aprobación desde el temor de que constituye una seria amenaza no solo para su país, sino para el conjunto de Europa.

Habrán de ser los resultados de las negociaciones en curso los que vayan esclareciendo esas consecuencias hoy solo estimadas, o temidas. Ocasión tendremos de ocuparnos de ello, porque es verdad que si se acaba formalizando, el comercio global abordará una etapa claramente diferenciada. Por el momento, es solo una apuesta.

 

Publicado en la Revista “Empresa Global” nº 142, Julio-agosto 2014

 

Pagos con tarjeta más baratos

A partir del próximo 1 de septiembre entrará en vigor la nueva normativa relativa a la limitación de las tasas de intercambio en operaciones con tarjeta de crédito o débito, establecida en el Real Decreto-ley 8/2014, del 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La medida adelanta la aplicación del Reglamento de la Comisión Europea sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta. El objetivo de esta regulación es "incentivar el uso de las tarjetas de pago y dar lugar a una mayor aceptación de las mismas, fomentando la innovación en el sector en esta área, en especial, respecto de los pagos de pequeño importe". 

La nueva normativa sólo afecta a los llamados esquemas de cuatro partes (como Visa y Mastercard), por lo que es de esperar que aumente la brecha de uso con los esquemas de tres partes, cuyo principal representante en el ámbito bancario en España es American Express. En la siguiente figura se explica el funcionamiento básico de este tipo de esquemas y del propio concepto de tasa de intercambio (lo que paga el banco adquirente al banco emisor). En definitiva, la expectativa es que la reducción de las tasas de intercambio tendrá un efecto a la baja sobre las tasas de descuento, que es el importe que los bancos adquirentes cobran a los comercios por cada pago con tarjeta.

Flujo de comisiones en un esquema de tarjetas de cuatro partes

 Fuente: Informe Tecnocom 2013

Con carácter general, los límites máximos a las tasas de intercambio serán a partir de septiembre el 0,3% del importe de las operaciones a crédito y el 0,2% de las operaciones a débito (con un máximo de 7 céntimos, en el caso de estas últimas). Las transacciones de bajo valor (por debajo de 20 euros) se situarán en 0,2% para crédito y 0,1% para débito. Actualmente el intercambio de operaciones de débito tiene un coste de unos 25 céntimos de euro, mientras que las operaciones de crédito pagan entre 0,6% y 0,71%, según las estadísticas del Banco de España.

De los múltiples conceptos por los que las entidades de crédito perciben comisiones por operaciones no financieras, las comisiones percibidas por la operativa con tarjetas de débito y crédito se engloban en la categoría de “Comisiones percibidas por cobros y pagos”. Esta categoría incluye, además, comisiones por mantenimiento de cuentas a la vista, órdenes de pago, cheques y efectos.

De acuerdo con los datos de Banco de España, las comisiones percibidas por servicios de cobros y pagos ascendieron a unos 4.700 millones de euros en 2013, representando el 35% del total de comisiones no financieras. Si bien todas las categorías de comisiones han registrado descensos desde 2008 por el menor volumen de actividad económica, las comisiones por cobros y pagos son las que más se han reducido, con una descenso acumulado del 25% desde 2008, frente a la caída del 14% del conjunto de comisiones percibidas. Según las estimaciones que hemos realizado en Afi, la aplicación de la nueva normativa tendrá un impacto negativo cercano a los 408 millones de euros en 2015, lo que supondría una reducción adicional de un 9% sobre el importe de 2013.

Sistema bancario español. Composición de las comisiones percibidas en 2013

  

 Fuente: Afi, Banco de España

Es de esperar que con esta nueva normativa se produzca una mayor asimetría en los ingresos que reciben los emisores en concepto de tasas de intercambio por operaciones de débito y de crédito (de un reparto del 42%-58% pasaríamos a uno del 35%-65%). En consecuencia, las entidades más dependientes del débito (por ejemplo, aquellas con mayor cuota en cuentas corrientes) se verán más afectadas, mientras que las entidades que han apostado en mayor medida por un modelo de crédito saldrían menos perjudicadas por la nueva normativa.

Por otra parte, se espera que esta medida implique un mayor uso y, sobre todo, una mayor aceptación de los pagos con tarjeta; situación que debería incidir a medio plazo en un mayor crecimiento en el número de transacciones, pero será difícil que compense la caída de la tasa de intercambio. Ante este escenario, las entidades se verán obligadas a tomar medidas para compensar este efecto de caída de sus ingresos por comisiones. Algunas de ellas podrían ser las siguientes:

• Incrementar las comisiones por mantenimiento.
• Eliminar las tarjetas gratuitas sin vinculación con la entidad.
• Realizar recortes en los servicios de valor añadido ligados a los medios de pago (seguros, programas de fidelización...) o empezar a ofrecer tarjetas con un menú de servicios a la carta.
• Desarrollar acuerdos con comercios para conseguir descuentos y promociones a los titulares de tarjeta, aumentando así su disposición a utilizarla y a pagar por ella.
• Búsqueda de fuentes alternativas de ingresos, principalmente ligadas a la financiación (revolving, financiación oportunista, etc.).

Mercados alternativos

Transcurridas ya dos semanas desde el estallido del caso Gowex, merece la pena hacer algunas reflexiones en frio, y extraer algunas lecciones, para no caer tampoco en movimientos pendulares, especialmente en cuanto a generalización de comportamientos claramente contrarios a las buenas prácticas de mercado.

La primera reflexión es que fallaron mecanismos de detección de falsedades en las cuentas. Las compañías pueden ir mejor o peor de lo anticipado, y sus precios fluctuar –tanto más cuanto mayor sea el componente de expectativas en su plan de negocio – pero las cuentas deben ser creíbles, sea quien sea el auditor de cuentas (grande o pequeño) y sea cual sea el mercado en el que cotiza la compañía (alternativo, o mercado regular).

Una segunda reflexión nos lleva al papel jugado por Gotham, y a cómo pasó en pocos días de ser villano a héroe, al destapar unas dudas que concluyeron con la confesión de falsedad de cuentas. La actuación de Gotham ha vuelto a abrir el debate sobre las posiciones cortas en Bolsa, en la medida en que dicha firma publicó su demoledor informe tras haber tomado posiciones cortas sobre Gowex, lo cual ha hecho aflorar furibundas críticas, o acusaciones de conflicto de intereses, etc. Yo no veo ninguno, siempre y cuando en los informes publicados por Gotham se dejase constancia de que efectivamente tenía esas posiciones cortas abiertas.

No creo que deba ser  un  problema que alguien analice –invirtiendo tiempo y recursos en ello- una empresa, y tras concluir que tiene buenos fundamentos, invierta en la misma)  y haga públicos sus análisis, eso sí dejando claro que ya se ha posicionado en la compra. Igual de legítimo es el caso contario, que es lo que hace regularmente Gotham: sospecha de algunos valores que puedan estar sobrevalorados; investiga, y si confirma sus sospechas, toma posiciones en corto, y luego publica sus análisis, dejando constancia de que ha tomado esas posiciones. Cuestión distinta sería que no llevase ese reconocimiento de posiciones tomadas.

La tercera reflexión que quiero compartir es la referente al papel de los mercados alternativos de valores. En los días sucesivos al estallido de Gowex se ha producido una auténtica lapidación del MAB, con abandono del mismo por parte de varias compañías, y no pocos anuncios apocalípticos sobre su supervivencia, desde la percepción de que la protección al inversor no estaría suficientemente garantizada en los mismos.

Me parece razonable que aparezca ese tipo de respuestas emocionales a la emergencia de escándalos como el de Gowex, pero no se debe generalizar. En primer lugar porque la historia nos ha enseñado cómo problemas de no credibilidad de cuentas pueden aparecer en empresas consideradas emblemáticas (Enron, Parmalat, Pescanova), cotizadas en mercados considerados fuera de toda duda en cuanto a intensidad reguladora y supervisora. De hecho, la propia Gowex cotizaba no sólo en el MAB, sino también en Alternext, el segmento alternativo de la poderosa NYSE-Euronext, uno de los tres mayores mercados bursátiles del mundo.

Respecto al futuro de los mercados alternativos, cabe resaltar que la recientemente aprobada Directiva MIFID 2 (véase nuestra reciente entrada en este blog), precisamente introduce como novedad los denominados Mercados de PYME en Expansión, como una tipología de mercados con “etiqueta” europea. Todos los incluidos en esta tipología deberán cumplir elevados estándares de transparencia y protección al inversor –eso sí, asumiendo éste los riesgos derivados de una inversión que puede oscilar intensamente- al tiempo que se reducirán las cargas administrativas –sobre todo en términos de frecuencia, plazos e intensidad del reporting- para las empresas emisoras de valores.

Esa mayor flexibilidad estará solo disponible para las pyme, consideradas como tal si  tienen un valor de mercado inferior a 200 millones de euros. En todo caso, y en aras de no incorporar una rigidez excesiva en cuanto al denominado “efecto ascensor” –es decir, que una empresa pase del mercado alternativo a su homólogo “de mayores”- se permite que esos mercados SME-GM mantengan cierta proporción de empresas grandes –de más de 200 millones de capitalización- siempre que no supere el 50% de empresas cotizadas, y dando un plazo de entre 2 y 3 años para subsanar ese requisitos cuando el mismo se incumpla.

Se pretende con ello, dotar de un cierto marco de estabilidad a unos mercados en los que la volatilidad de los precios es algo absolutamente consustancial, que no debe traducirse en una excesiva variabilidad del censo de entidades cotizadas. La confianza de los inversores es crucial para el éxito de los mismos, y en última instancia para consolidar un mecanismo de financiación empresarial muy necesitado en Europa, y que no debe verse truncado por casos de malas prácticas, como la que se acaba de generar en España con Gowex.

La educación financiera de nuestros jóvenes

La presentación ayer de la publicación PISA 2012 Results: Students and Money. Financial Literacy Skills for the 21st Century por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la celebración ayer y hoy en Madrid, de forma sincronizada, del Congreso PISA Finanzas para la vida, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), son motivos más que suficiente para ocuparnos de la educación financiera en nuestro país, más en concreto de la de nuestros jóvenes.

Es la primera vez que se hace un estudio sobre este tema a escala internacional sobre los jóvenes de 15 años. Ha incluido 18 países o territorios, 13 de ellos de la OCDE, dentro de la evaluación educativa más general que es PISA (Programme for International Student Assessment) de la que no nos ocupamos en este post. Esto quiere decir que no se ha valorado la comprensión de chicas y chicos de los diferentes instrumentos financieros, complejos o no, sino una serie de destrezas para ver en qué medida pueden enfrentarse a situaciones de naturaleza financiera propias de su edad, como, por ejemplo, una cuenta corriente bancaria.

Esto no hace menos relevantes los resultados. Inquirir sobre la educación general que reciben y cómo la asimilan puede poner de manifiesto su capacidad de disponer de conocimientos científicos, técnicos o culturales en el futuro que contribuyan al progreso del país. También cabe decir lo mismo de la educación financiera de los jóvenes. A fin de cuentas, ésta debería ser la primera línea de protección, en este caso de autodefensa, de los consumidores de productos y servicios financieros.

España no sale bien parada, ya que se sitúa por debajo de la media de los países analizados. No deberíamos hacer demasiado hincapié en ello sin embargo, ya que se trata de una encuesta que como tal debe someterse a criterios de significación estadística. Según ellos, nuestro país se sitúa al mismo nivel nada menos que Estados Unidos, Rusia o Francia, así como Croacia o Israel. Nos parece más relevante señalar la distancia que nos aleja de los países más avanzados, en este caso una región de China. Y, si no queremos ir tan lejos, tenemos en segundo lugar a Bélgica, concretamente a su comunidad flamenca.

En efecto, la educación es un proceso en el que importa todo el camino y nuestro país lleva tiempo intentado mejorar su posición con iniciativas tanto públicas como privadas. En el primer caso destacamos el Plan de Educación Financiera fruto de la colaboración entre el Banco de España y la CNMV, que se plasma en el portal  Finanzas para todos. La Fundación Afi colabora con ambas instituciones en la promoción de la educación financiera en nuestro país. Para el segundo resulta suficiente acudir a la Red Española de Educación Financiera, patrocinada por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

No faltan, pues, iniciativas. Otra cuestión es que sean suficientes a la luz de las posibilidades de progreso que se deprenden de los resultados anteriores. Habrá que ver si en el futuro las evaluaciones de este tipo nos permiten comprobar si somos capaces o no de reducir la distancia que nos aleja de los primeros puestos. En este sentido, conviene resaltar algo que se desprende del propio estudio. Como parece lógico esperar, existe una elevada correlación entre el nivel de educación general, concretamente en lengua y matemáticas, y la educación financiera, pero no en todos los países va siempre en la misma dirección. España es uno de ellos, donde la mayor excelencia en los dos primeros ámbitos se traduce en un menor nivel de educación financiera.

Esta realidad pone de manifiesto, por un lado, que la educación financiera tiene entidad por sí misma y no es reducible, ni sustituible, por otros tipos de educación. Por otro, apunta a que debe tener una adecuada presencia formal en el sistema educativo para que produzca los efectos positivos que se esperan de ella. 

Encrucijada del sistema financiero

Se están operando grandes cambios en la fisonomía del sistema financiero internacional tras la reciente crisis. La publicación hace unos días del informe anual del Banco de Pagos Internacionales[1] es una buena excusa para listar algunos de ellos, de los que, por otra parte, se hace eco en su capítulo VI. En esta entrada los recopilo y ordeno de forma sintética, destacando algunas de las principales evidencias y reflexiones que se realizan en dicho informe:

1. Los bancos han conseguido reforzar y recomponer finalmente su base de capital. Lo han propiciado las mayores exigencias regulatorias y, más aún, la propia presión de los mercados que asistieron atónitos durante los años iniciales de la crisis a la disolución como azucarillos de los recursos propios de muchas y muy grandes entidades.
2. El capital de mayor calidad que soporta los balances bancarios es hoy sustancialmente superior al de entonces y proviene fundamentalmente de la retención de beneficios de las entidades. No tanto en las entidades europeas, cuya capacidad de generación de márgenes está siendo singularmente reducida, al operar todavía en un entorno económico deprimido.                                                                                                                                                                             
3. También ha contribuido al aumento de sus coeficientes de solvencia la reducción de los activos ponderados por riesgo (de su denominador), en un proceso de reingeniería por parte de las entidades (al menos parcialmente) al que deberían prestar mas atención los supervisores.
4. No obstante, en algunas zonas (Europa de nuevo) la reducción del mencionado denominador está determinada también por una reducción de los balances bancarios y/o una recomposición de los mismos. En efecto, el volumen de préstamos bancarios no ha dejado de caer en Europa, dejando hueco por otra parte para el aumento de las carteras de deuda soberana. Por el contrario, los préstamos bancarios en Estados Unidos mantienen un crecimiento robusto desde hace ya dos o tres años.
5. Este fenómeno es paralelo a la senda divergente que mantienen las ratios de préstamos morosos a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos caen con claridad en los últimos años, mientras en Europa sólo recientemente estamos asistiendo a un punto de inflexión.
6. Por supuesto, 4 y 5 están relacionados con el muy diferente enfoque y diligencia con los que se ha afrontado la crisis económica así como la limpieza y reestructuración de los balances bancarios.
7. La relación precio/valor contable de los bancos sigue siendo baja en términos históricos a pesar de su recuperación hasta niveles en torno a la unidad (por debajo aún los europeos). Los factores que lo explican son fundamentalmente los todavía reducidos niveles de rentabilidad de los activos bancarios y las dudas que en algunos casos aún subsisten sobre su calidad (especialmente en Europa, que esperemos despeje el ejercicio pilotado por la Autoridad Bancaria Europea y el BCE en su ámbito de actuación).
8. Una tendencia muy destacada, y que no siendo novedosa no ha dejado de acentuarse durante los años de crisis, es el ascenso del sector de la gestión de activos (grandes fondos de una u otra naturaleza). Tanto más cuanto que los bancos se han retirado de algunas líneas de negocio y actividades en los mercados de capitales. Se está produciendo además una concentración creciente en pocos actores. Dado que son responsables de la inversión de grandes carteras  su papel es cada vez más relevante en la determinación de los costes de financiación de los gobiernos, empresas y hogares. Esa sustitución de algunas funciones, mas localizadas antes dentro del propio sistema bancario, requieren desde luego una atención mas especial (su regulación y supervisión) pensando en clave de estabilidad del sistema financiero internacional.
9.  El crédito bancario a empresas está menguando en favor de la financiación basada en mercados, sobre todo en los países avanzados y, dentro de estos, en los europeos. Estos ha sido más proclives históricamente a la financiación intermediada a través del sistema bancario (el caso español es probablemente el más paradigmático). Están siendo factores determinantes el propio afianzamiento del sector de gestión de activos señalado en 8, pero no menos el hecho de que la banca haya reducido su ventaja relativa en cuanto a costes de financiación. De hecho, estos llegan a ser incluso superiores a los que soportan los propios prestatarios corporativos con acceso directo a los mercados. El que la brecha entre las calificaciones crediticias medias de la banca se haya reducido (si no invertido) frente a las empresas no bancarias, no es sino otra expresión de este mismo fenómeno que probablemente esté para quedarse.
10. La atención que merece en el informe el negocio asegurador como  tercer gran subsector de las entidades financieras es menor en términos relativos. Probablemente porque, con algunas notables excepciones, las compañías aseguradoras han navegado mejor en el temporal al disponer de más amplios colchones de capital. Dicho esto, se destaca con razón el reto y el riesgo que, especialmente en el negocio de vida, supone un horizonte de tipos de interés tan bajos como los que se han consolidado en el largo plazo.   

No son desde luego todas, pero sí algunas de las grandes tendencias sobre las que está configurándose un renovado sistema financiero internacional.

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[1] Organización internacional singular bien conocida, radicada en Basilea, que fomenta la cooperación financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos centrales.

 

Desapalancamiento sin crecimiento

No por manida deja de tener virtualidad la frase que afirma que sin crecimiento no se pueden pagar las deudas; de ahí la permanente insistencia en que un país tan endeudado como el nuestro necesita el crecimiento con mayor intensidad que otros. En varias ocasiones nos hemos hecho eco de esa necesidad, como puede verse en  entradas anteriores de este blog. 

En un contexto semejante no queremos dejar pasar la oportunidad de destacar el análisis que el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) en su recientemente publicado informe anual  realiza del proceso de desapalancamiento llevado a cabo en tres países que, según la terminología del propio BIS, han sufrido recesiones de balance: Estados Unidos, el Reino Unido y España.

Los tres países alcanzaron en los primeros años de la crisis niveles de endeudamiento privado (empresas y familias) extraordinariamente elevados, del 175% sobre el PIB en Estados Unidos, 205% en Reino Unido, y 230% en España. Desde entonces los tres países han visto reducir ese endeudamiento en aproximadamente 20 puntos porcentuales, lo que permite al BIS enfatizar que nuestro país necesita niveles adicionales de desapalancamiento privado.

Pero más allá del nivel absoluto, y de la sostenibilidad del mismo, quiero recalcar en esta ocasión la diferente dinámica con la que en los tres países se ha producido una reducción aparentemente similar en términos de PIB (20%). Para ello utilizaremos el gráfico adjunto, tomado directamente del mencionado informe anual del BIS.

Destaca en primer lugar la diferente rapidez con la que se inició el proceso. Mientras en Estados Unidos el endeudamiento privado alcanzaba su techo a mediados de 2009 y de inmediato iniciaba su corrección, en el Reino Unido se mantenía estable antes de descender  un año más tarde. En el caso español, el endeudamiento incluso continuaba su ascenso durante todo 2009 y buena parte de 2010, antes de  iniciar su corrección.

Pero sobre todo cabe destacar la aportación de los dos componentes (deuda nominal y PIB) de la ratio de endeudamiento privado, en cada uno de los tres países. En el caso de Estados Unidos toda la corrección del ratio de endeudamiento se debe al crecimiento del PIB; de hecho en más del 100%, en la medida en que la deuda nominal ha continuado aumentando. Podemos identificar un perfil similar, si bien más moderado, en el Reino Unido. El crecimiento nominal del PIB ha contribuido extraordinariamente a reducir el nivel de endeudamiento, al tiempo que la deuda nominal registraba una variación acumulada de signo positivo, aunque  en una magnitud muy inferior a la observada en Estados Unidos.

El caso español es radicalmente diferente. La evolución del PIB nominal ha sido negativa, en acumulado desde 2009, contribuyendo a incrementar el ratio de endeudamiento “ceteris paribus”, de tal manera que la reducción de este ratio ha debido descansar íntegramente –de hecho en más que ese 20% sobre el PIB anteriormente mencionado-  en una reducción del nominal de la deuda. Una reducción de ese calibre, en un país cuyo multiplicador de deuda por unidad de crédito venía siendo muy superior al de los otros dos mencionados, sin duda ha tenido un efecto realimentador mucho más dañino. Sobre todo en un contexto en el que, como el propio BIS reconoce entre líneas, la política monetaria ha sido mucho más acomodaticia en esos dos países, haciendo mucho más digerible el necesario proceso de desapalancamiento privado.