La crisis financiera actual ha producido un buen número de iniciativas normativas que, especialmente en el ámbito internacional, han estado dirigidas en su mayor parte a solventar los efectos de la crisis sobre las entidades afectadas y/o a prevenir en lo posible que se vuelva a repetir. Esto ha podido justificar en ocasiones la sensación de que los reguladores se han preocupado más por las entidades financieras que por sus ciudadanos.
Sin embargo, esto no siempre ha sido así y, desde luego, no debería serlo. Por ejemplo, a finales del pasado mes de agosto se publicaba la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
Esta norma introduce la inclusión financiera en la normativa de la Unión Europea con carácter jurídicamente vinculante, concretamente como un derecho de los residentes legales en ella a abrir una cuenta de pago básica, ya que, aunque la Comisión Europea (CE) había aprobado una recomendación sobre el tema en julio de 2011, ésta no tenía dicho carácter y, en todo caso, no había sido seguida apenas por los Estados miembros.
La relevancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social de los diferentes países acaba de recibir un importante respaldo por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución ha publicado esta misma semana su quinta encuesta anual sobre el tema (Financial Access Survey (FAS)), que presenta la importante novedad de incluir por primera vez datos sobre pagos por teléfono móvil, a través de los cuales algunos países en desarrollo han podido impulsar de forma notable la inclusión financiera de sus poblaciones.
Podría parecer que la inclusión financiera no resulta un objetivo muy relevante para la UE y, en particular, para España. Sin embargo, la situación es muy diferente entre los países, como muestra el gráfico siguiente. Según los datos del Banco Mundial difundidos por la CE, el porcentaje de consumidores sin una cuenta de pago es del 14% en el conjunto de la UE y de un 7% para España. El porcentaje oscila entre el prácticamente 0% de Dinamarca y Finlandia, y el 55% de Rumania o el 47% de Bulgaria. Se estima que el total de consumidores mayores de 15 años sin cuenta de pago en la UE asciende a 58 millones, de los cuales 25 millones desearían tener una. Se trata, por tanto, de un objetivo de política pública muy importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
En efecto, aunque la Directiva mencionada trata también otros temas, como la transparencia y la comparativa de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago en la UE, los traslados de estas cuentas dentro de un Estado miembro y la facilitación de apertura de cuentas transfronteriza para los consumidores, su principal novedad es el reconocimiento del derecho de los consumidores a abrir y utilizar cuentas de pago básicas en la UE.
Consumidores sin cuenta de pago
Una cuenta de pago básica permite depositar fondos, retirar dinero en efectivo, efectuar pagos a terceros y recibir pagos de estos, incluidas las transferencias, los adeudos domiciliados y las operaciones de pago por tarjeta. Si el Estado miembro lo autoriza, pueden aceptar descubiertos, posiblemente en una cuantía y duración limitadas.
Este tipo de cuenta puede ser gratuita, pero, en todo caso, las comisiones que conlleven deben ser razonables, teniendo en cuenta los niveles nacionales de renta y las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito en cada país por los servicios prestados con las cuentas de pago. Los Estados miembros pueden requerir a las entidades que diferencien esas comisiones en función del nivel de inclusión financiera de las personas, favoreciendo a las más vulnerables.
La Directiva debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales, en general antes de septiembre de 2016, pero la apuesta por la inclusión financiera en la UE ya está en marcha. Como afirma el FMI en el comunicado antes citado, existe una fuerte correlación positiva entre el incremento en el uso de los servicios bancarios y el aumento en el producto interior bruto (PIB) per cápita. Dado que este último es muy débil en la UE en los últimos tiempos, no debe menospreciarse ninguna palanca disponible por intentar mejorarlo, máxime si, como es el caso que nos ocupa, también puede ayudar a mejorar la imagen de las entidades financieras entre la ciudadanía.
Hay 1 Comentarios
La frase “los reguladores se han preocupado más por las entidades financieras que por sus ciudadanos”, creo que expresa todavía hoy en día un reflejo de la realidad.
Publicado por: Jose maria Sanz | 18/12/2014 9:53:56