Crédito versus deuda pública

Hace unos meses dedicábamos este mismo post a resaltar cómo los bancos habían reducido sus tenencias de deuda pública en los meses finales de 2013. La pretensión era  presentar un balance de cierre –el que se iba a tomar como base para los ejercicios de evaluación por el Banco Central Europeo- con menor exposición a la deuda pública, en aras de minimizar la posible penalización en los tests de estrés.

Una vez pasado ese punto de corte, las decisiones sobre compra o venta de deuda pública por parte de los bancos ya no se iban a ver condicionadas por aspectos normativos o supervisores, y quedaban a la libre elección entre las diferentes alternativas de inversión. Y es en este punto donde hay que lamentar el comportamiento tan opuesto, y sin duda contra natura, que están teniendo las dos partidas más relevantes en el activo de los balances bancarios: la deuda pública y el crédito al sector privado.

Este último, que sin duda debería constituir el principal foco de negocio del sistema bancario, lleva arrastrando su agonía desde hace casi cuatro años, y en lo que va del presente año incluso ha acelerado su ritmo de caída. El saldo vivo de crédito a sectores residentes (familias y hogares) ha caído más de 60.000 millones en los siete primeros meses del año, en un proceso de desapalancamiento generalizado que provoca que los vencimientos –y en algunos casos cancelaciones anticipadas) superan a la nueva concesión. El neto es esa caída en el saldo vivo del crédito lo que, unido al intenso descenso de los tipos de interés de referencia, ejerce una fuerte presión a la baja sobre los ingresos financieros procedentes de la inversión crediticia.

Es probablemente la necesidad de compensar esas caídas con fuentes de ingresos financieros adicionales, lo que lleva al sistema bancario a seguir incrementando sus tenencias de deuda pública, una vez pasado el mencionado punto de corte al cierre de 2013. Los bancos españoles han incrementado sus tenencias de deuda pública en los ocho primeros meses del año en casi 45.000 millones de euros. Con estas compras, que claramente superan ya a las ventas realizadas de cara a los ejercicios de evaluación, las carteras de deuda pública de los bancos alcanzan los 320.000 millones, en torno al 10,5% de su balance total, y sin duda una fuente considerable de ingresos financieros con la que compensar parcialmente la caída del crédito.

El hecho de que se haya comprado ya más deuda pública que la que se vendió en los meses finales de 2013 no va a permitir, en todo caso, repetir la importante aportación que dicha inversión realizó a los ingresos financieros del pasado año, cifrados en unos 17.000 millones de euros para el conjunto del sistema. La razón no es otra que el fuerte descenso que ha tenido lugar en las rentabilidades de la deuda pública, de tal manera que las nuevas compras devengan un tipo de interés muy inferior al de los vencimientos y/o ventas realizadas en el pasado año. Por ello, en la estrategia de intensificar las compras en este año cabe atisbar un cierto componente de “doblar la apuesta” en busca de rentabilidad.

Los tipos de interés han caído y se necesita tener mucho más volumen invertido para mantener un cierto nivel de ingresos financieros, aun a costa de incurrir en riesgo de mercado, asociado a potenciales episodios de repliegue en los mercados, como el que tuvo lugar a principio de septiembre por el temor a los resultados de la votación en Escocia. En la otra cara de la moneda, esas tenencias de deuda se pueden beneficiar de importantes plusvalías, en el caso de que el BCE finalmente llevase a cabo operaciones de compra de deuda pública (Quantitative Easing) al estilo de las llevadas a cabo por su homóloga la Reserva Federal estadounidense.

Al margen de esos aspectos sobre riesgo de mercado, lo que parece claro es que el negocio bancario en nuestro país está adquiriendo una deriva poco deseable, en la que el crédito a las actividades productivas pierde peso de forma alarmante frente a la financiación del sector público. El BCE deberá emplearse muy a fondo para cambiar esa tendencia, y a juzgar por el poco entusiasmo que ha despertado entre las entidades españolas la primera ronda de inyecciones (TLTRO) instauradas para reactivar el crédito, no cabe ser muy optimistas respecto a que consiga su objetivo.

TLTRO: último cuarto para el BCE (*)

La primera subasta de las TLTRO (targeted longer-term refinancing operations) ha dado en el aro. Las entidades europeas captaron 82.600 millones de euros, sólo un 20% del máximo al que pueden recurrir en estas dos primeras subastas programadas para septiembre y diciembre de este año.  Aunque no hay datos individuales oficiales sobre la asignación de los fondos, parece probable que las solicitudes se hayan concentrado en la banca periférica. En el caso de la española, la liquidez captada podría haber ascendido a 15.000 millones de euros, cerca de un 30% de su capacidad de petición, una proporción similar a la que podría haber pedido Italia. Mientras que Grecia estaría en proporciones cercanas al 50% del total. Entre los tres países periféricos habrían pedido la mitad del total de la cantidad asignada en esta primera subasta.

Si bien es cierto que el importe ha sido menor a lo esperado por los analistas, no debería sorprender que las entidades estén esperando a la subasta de diciembre. Sobre todo teniendo en cuenta su práctica coincidencia en el tiempo con el vencimiento de las LTRO (enero y febrero de 2015) en las que las entidades europeas, pese a la devolución anticipada de parte de los importes pedidos, tienen que devolver 315.000 millones de euros, de los cuales 135.000 millones de euros lo harán las entidades españolas.

El ahorro en costes financieros durante estos tres meses con la financiación a través de las subastas ordinarias de del BCE, con un tipo de interés menor que el de las TLTRO, la falta de productos de bajo riesgo y rentabilidad aceptable (con la deuda de España rondando el 2% de interés a diez años) y el aumento en el consumo de capital por riesgo de interés en hipotéticas inversiones a largo plazo son tres factores añadidos para decidirse por dilatar la espera.

Pero no son las únicas razones, y ni siquiera las más importantes. La publicación de los resultados de los test de estrés durante el próximo mes de octubre eliminará la incertidumbre sobre la salud financiera de cada entidad y podría condicionar la petición final de fondos de las entidades al BCE.

No obstante, no se puede obviar que la espera para la petición de fondos al BCE puede ser una nueva señal inequívoca de que la liquidez ha dejado de ser un problema para la mayoría de las entidades europeas. Los esfuerzos del BCE para  tratar de reactivar el crédito en Europa con el objetivo último de dar el impulso necesario a la economía para no convertir al viejo continente en el nuevo Japón podrían no ser suficientes si los síntomas de la enfermedad han confundido el tratamiento.

La ausencia del crédito no está en la falta de liquidez de las entidades, sino en otros factores estructurales de la economía y de la banca de cada país. De hecho, la evolución del crédito en los últimos meses está siendo muy dispar entre países. En España continúa el desapalancamiento, pero a un ritmo progresivamente más bajo, situación similar a la de Portugal. En Irlanda u Holanda, sin embargo, la caída del crédito se está acelerando, mientras que en Francia, Alemania e Italia se mantiene estable e incluso tiene un comportamiento alcista. Ante esta situación desigual parece difícil que las mismas medidas puedan aportar un resultado eficaz para todos los países de la zona euro. 

Al BCE se le agota el tiempo, y aunque hace todo lo que puede, parece que hasta ahora no es suficiente. La próxima carga de profundidad, como es la puesta en marcha del programa de compras de titulizaciones (ABS) y covered bonds, podría ser una medida de más calado que las propias TLTRO. El impacto que puede tener en el crédito podría ser mucho mayor por el efecto triple en liquidez, en riesgo de crédito y en capital, al poder transferir el riesgo del crédito titulizado.

No obstante, la inclusión de los covered bonds en el programa parece ser un nuevo balón al aro, al dar por supuesto que lo que necesita el Sistema Financiero Europeo es nueva liquidez con la compra directa de productos de calidad (covered bonds y, probablemente, sólo tramos ABS senior de bajo riesgo).

Tal vez Draghi sorprenda y anuncie en octubre compras de tramos de riesgo intermedio de ABS, que acompañado a las TLTRO, sea por fin el detonante para el resurgir del crédito en Europa y, consecuentemente, de la economía. Al fin y al cabo estamos en los últimos minutos y no hay margen de error. Toca jugar al ataque y encestar, a ser posible un triple, no vaya a ser que estemos dando el campeonato por ganado antes de haberlo jugado…

(*) Con Óscar Ibáñez, consultor de Banca y Seguros de Afi

Apuesta por la inclusión financiera

La crisis financiera actual ha producido un buen número de iniciativas normativas que, especialmente en el ámbito internacional, han estado dirigidas en su mayor parte a solventar los efectos de la crisis sobre las entidades afectadas y/o a prevenir en lo posible que se vuelva a repetir. Esto ha podido justificar en ocasiones la sensación de que los reguladores se han preocupado más por las entidades financieras que por sus ciudadanos.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así y, desde luego, no debería serlo. Por ejemplo, a finales del pasado mes de agosto se publicaba la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.

Esta norma introduce la inclusión financiera en la normativa de la Unión Europea con carácter jurídicamente vinculante, concretamente como un derecho de los residentes legales en ella a abrir una cuenta de pago básica, ya que, aunque la Comisión Europea (CE) había aprobado una recomendación sobre el tema en julio de 2011, ésta no tenía dicho carácter y, en todo caso, no había sido seguida apenas por los Estados miembros.

La relevancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social de los diferentes países acaba de recibir un importante respaldo por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución ha publicado esta misma semana su quinta encuesta anual sobre el tema (Financial Access Survey (FAS)), que presenta la importante novedad de incluir por primera vez datos sobre pagos por teléfono móvil, a través de los cuales algunos países en desarrollo han podido impulsar de forma notable la inclusión financiera de sus poblaciones.

Podría parecer que la inclusión financiera no resulta un objetivo muy relevante para la UE y, en particular, para España. Sin embargo, la situación es muy diferente entre los países, como muestra el gráfico siguiente. Según los datos del Banco Mundial difundidos por la CE, el porcentaje de consumidores sin una cuenta de pago es del 14% en el conjunto de la UE y de un 7% para España. El porcentaje oscila entre el prácticamente 0% de Dinamarca y Finlandia, y el 55% de Rumania o el 47% de Bulgaria. Se estima que el total de consumidores mayores de 15 años sin cuenta de pago en la UE asciende a 58 millones, de los cuales 25 millones desearían tener una. Se trata, por tanto, de un objetivo de política pública muy importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

En efecto, aunque la Directiva mencionada trata también otros temas, como la transparencia y la comparativa de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago en la UE, los traslados de estas cuentas dentro de un Estado miembro y la facilitación de apertura de cuentas transfronteriza para los consumidores, su principal novedad es el reconocimiento del derecho de los consumidores a abrir y utilizar cuentas de pago básicas en la UE.

Consumidores sin cuenta de pago

 

Una cuenta de pago básica permite depositar fondos, retirar dinero en efectivo, efectuar pagos a terceros y recibir pagos de estos, incluidas las transferencias, los adeudos domiciliados y las operaciones de pago por tarjeta. Si el Estado miembro lo autoriza, pueden aceptar descubiertos, posiblemente en una cuantía y duración limitadas.

Este tipo de cuenta puede ser gratuita, pero, en todo caso, las comisiones que conlleven deben ser razonables, teniendo en cuenta los niveles nacionales de renta y las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito en cada país por los servicios prestados con las cuentas de pago. Los Estados miembros pueden requerir a las entidades que diferencien esas comisiones en función del nivel de inclusión financiera de las personas, favoreciendo a las más vulnerables.

La Directiva debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales, en general antes de septiembre de 2016, pero la apuesta por la inclusión financiera en la UE ya está en marcha. Como afirma el FMI en el comunicado antes citado, existe una fuerte correlación positiva entre el incremento en el uso de los servicios bancarios y el aumento en el producto interior bruto (PIB) per cápita. Dado que este último es muy débil en la UE en los últimos tiempos, no debe menospreciarse ninguna palanca disponible por intentar mejorarlo, máxime si, como es el caso que nos ocupa, también puede ayudar a mejorar la imagen de las entidades financieras entre la ciudadanía.

La banca europea y su recapitalización pública

Los retos a los que se vienen enfrentando las políticas públicas europeas son de una naturaleza y una dimensión desconocidas hasta la fecha. Los riesgos de un tercer periodo recesivo desde que se inició la crisis en algunos de los países del área euro, que el BCE y los gobiernos con falta evidente de complicidad suficiente y desigual fortuna están tratando de conjurar, es el último episodio. En este marco, y previo a la asunción de las funciones supervisoras de las entidades bancarias del área euro, merece la pena hacer un balance de la extraordinaria contribución que el sector público ha debido hacer a la recapitalización de la banca europea. A saber, el sector ha recibido desde el inicio de la crisis más de 400.000 millones de euros en ayudas públicas de capital. Esta cifra se multiplicaría casi por cuatro si se considerasen también otros apoyos recibidos (garantías, avales, líneas de liquidez,…).

Una parte de la citada inyección de capital volverá las arcas públicas, pero no será despreciable el importe que los contribuyentes no recuperarán. En este contexto debe entenderse los sustanciales cambios que se están operando en los mecanismos de supervisión y de resolución de las entidades bancarias en el ámbito europeo.

Existen, por lo demás, diferencias notables entre países en cuanto al tiempo, cantidades y características particulares de las entidades beneficiarias de dicho apoyo público. Aprovechando una nota específica elaborada por la unidad de análisis bancario de Afi, utilizando fuentes públicas de la Unión Europea[1], déjenme que haga una breve reseña:

1. La inyección pública de capital a la banca no ha sido un fenómeno  aislado en algunos países. Ha tenido lugar en dos terceras partes de los países de la Unión Europea (en 18 de 28 países).
2. Ese apoyo público no se ha producido simultáneamente en todos ellos. La celeridad con la que países como el Reino Unido (y también otros países centrales europeos) capitalizaron a sus bancos, contrasta con la tardanza con la que otros (como España) lo hicieron.
3. En términos absolutos, el país que más desembolso realizó fue Reino Unido (más de 80.000 millones de euros), seguido de cerca por Alemania, Irlanda y España, que inyectaron cantidades cercanas a los 60.000. El resto se sitúa en cifras significativamente inferiores.
4. En términos relativos sobre el PIB, la posición sin embargo es bien distinta como puede advertirse en el gráfico adjunto. Desde esta perspectiva destaca sobremanera Irlanda, que ha llegado a inyectar capital por casi un 40% de su PIB, seguida de Grecia (casi un 20%) y Chipre (en torno a un 10%). España se sitúa en una zona intermedia con un nada despreciable 5,7%, muy por encima de los otros tres grandes países de la eurozona (Alemania, Francia e Italia por este orden).
5. Las diferencias también son notables en cuanto a la tipología, grado de concentración en entidades de las inyecciones realizadas y la cuota que representaban dichas entidades en el total de los activos bancarios del país. En el caso del Reino Unido la práctica totalidad se concentró en dos entidades (RBS y Lloyds) que acaparaban cerca de un tercio de los activos bancarios británicos. Un peso similar definían las cinco entidades receptoras de capital en Irlanda, si bien la aportación de capital público ha sido sustancialmente mayor. En el otro extremo, la inyección de capital público ha sido muy generalizada en Portugal y Grecia, afectando a las principales entidades de estos dos países representativas globalmente del 62% y el 74% respectivamente del total de sus activos bancarios. Comparativamente, España es un caso singular al ser recapitalizadas numerosas entidades, pero en el marco de un proceso de concentración sectorial. Por tanto, en general, y con la excepción de Bankia, entidades relativamente pequeñas (todas del subsector cajas) que no han llegado a representar más del 25% de los activos bancarios españoles. De hecho, como es bien conocido, ninguno de los principales bancos del país ha necesitado ayudas.

 

Recapitulando, y más allá del evidente protagonismo que ha tenido el sector público en el salvamento y fortalecimiento de la banca europea, lo que resulta manifiesto es el muy diferente patrón observado por país. En definitiva, la muy diferente idiosincrasia del negocio bancario europeo y, por supuesto en el pasado, las grandes diferencias con las que los gobiernos han enfrentado “sus crisis bancarias locales”. El primer factor pervive en la actualidad y probablemente se extienda en el tiempo: estamos lejos aún de un sector bancario verdaderamente integrado dentro de la Unión Europea. El segundo es de suponer que desaparezca en buena medida con el nuevo marco europeo de supervisión y resolución de crisis bancarias.    

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[1] Fundamentalmente puede verse en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm?locale=en

Los próximos cincuenta años

Algunos lectores pensarán que no es el momento para hacer ejercicios demasiado largos de prospección. Apenas empiezan a emerger señales de recuperación en algunas economías, y las dudas sobre el crecimiento potencial siguen presidiendo todos los ejercicios de anticipación, a plazos más razonables. No deja de ser sugerente, sin embargo, tratar de levantar la vista un poco y, asumiendo que no se acaba el mundo, identificar posibles tendencias, o prestar atención a quienes dedican a ese ejercicio algo de atención. A ese propósito he dedicado unos días este verano, tomando como referencia algunos trabajos que discuten la vigencia de un “estancamiento secular” en las economías avanzadas y el informe de la OCDE “Policy Challenges for the Next 50 Years”, de julio pasado.

El objetivo de ese Policy paper es identificar y analizar algunos de los retos que las economías avanzadas enfrentan en el próximo medio siglo, siempre que las tendencias globales hoy subyacentes de crecimiento económico, comercio, desigualdad y presiones medioambientales, mantengan su vigencia. Es decir, se supone que no ocurre nada suficientemente importante que altere la dinámica de integración global. Es verdad que puede ser mucho suponer, pero tampoco es tan descabellado. Resumo esas tendencias.

1. Cambios en la distribución del poder económico a favor de las emergentes, en especial las asiáticas. En realidad las economías que hoy no pertenecen a ese club de las avanzadas que sigue siendo la OCDE, contribuirán al PIB global en mayor medida que las pertenecientes a esa organización, tal como ya hemos observado en los últimos años.
   
   
2. Hasta 2060 el crecimiento económico global será significativamente inferior al registrado en las últimas décadas. En concreto, en los dos grupos de avanzadas y las emergentes pertenecientes al G20 será del 2,7% entre 2010 y 2060, frente al 3,4% correspondiente a 1996-2010. En todo el mundo el crecimiento será del 3% anual. Las emergentes irán perdiendo esa tracción diferencial gradualmente, debido a condiciones demográficas menos favorables en la mayoría de los países. Y es que el envejecimiento de la población y el consiguiente descenso en la población activa no es algo exclusivo de las economías avanzadas. En consecuencia, los avances en el PIB por habitante pasarán a depender en mayor medida de aumentos en la productividad, de la acumulación de habilidades y, en todo caso, de ganancias en la productividad total de los factores impulsadas por la innovación y el capital basado en el conocimiento.
   
   
3. El deterioro del medioambiente constituirá una restricción importante al crecimiento de las economías emergentes más dinámicas, las asiáticas.
   
   
4. La dinámica de globalización continuará, pero a un ritmo más lento. Con todo, el crecimiento de regiones como la eurozona dependerán en gran medida de las exportaciones a esas economías asiáticas. En 2060 pueden llegar a representar un 15% del PIB, tanto como el comercio en el seno del área monetaria. Esos avances en el grado de integración global también expondrá a todas las economías a shocks globales, a desequilibrios, haciendo menos eficaces las herramientas nacionales de política económica. En la medida en que las habilidades, la intensidad de capital y los patrones de consumo convergerán hacia los vigentes en las economías de la OCDE, las estructuras de producción también lo harán.

Llegados a este punto la OCDE se plantea qué cambios de política económica serán necesarios para mejorar el crecimiento económico. Identifica cuatro áreas fundamentales:

     a) Aceleración de la integración global, incluyendo los flujos migratorios.

     b) Fortalecimiento de las instituciones con el fin de hacer frente a shocks como los demográficos.

     c) Reducción de las emisiones a la atmósfera con el fin de mitigar el cambio climático.

     d) Aprovechamiento de la economía basada en el conocimiento, que será el principal vector de crecimiento económico en el futuro.

Para cada uno de los anteriores bloques se definen algunas acciones concretas, y se destacan los “trade-offs” a los que las autoridades han de enfrentarse. En mi opinión creo que merece la pena destacar el reto que supone profundizar en la cuarta de las direcciones antes citada con la neutralización de la desigualdad derivada de la diferencia de habilidades de los trabajadores. Los ajustes estructurales en las empresas antes las exigencias de desplazamientos hacia actividades más productivas también constituirán presiones en esa dirección. La OCDE advierte que de mantenerse las actuales tendencias la desigualdad en la percepción de rentas del trabajo podrá crecer en los países avanzados más del 30% en 2060, hasta alcanzar el grado de desigualdad que hoy es observado en Estados Unidos. Atender esas desigualdades y las consiguientes tensiones sociales con adecuadas políticas redistributivas es una de las condiciones necesarias para garantizar la propia estabilidad del crecimiento económico. No será un empeño fácil dadas las restricciones fiscales que pueden seguir imperando sobre las políticas nacionales y las amenazas asociadas a la deslocalización de actividades productivas.

A pesar de que pasen cincuenta años, en la escena central de la política económica, de la asignación de recursos públicos, volverán a situarse prioridades tales como la igualdad de oportunidades, especialmente en educación. Como se ve, algo no muy distinto a lo que hoy constituye una de las principales prioridades. De su atención dependerá que esa transición al próximo medio siglo sea suficientemente llevadera.

 

 

Este artículo ha sido publicado en la revista ‘Empresa Global’ (nº 143, septiembre)

BCE: reformas y competitividad

Una vez más se ha puesto de manifiesto que el Banco Central Europeo (BCE) es la única institución europea con capacidad y determinación para tomar decisiones en una Europa cuyo acercamiento a la situación que lleva viviendo Japón es cada vez más obvio. De hecho, si algo cabe objetar al BCE ha sido su tardanza en reconocer que la inflación hace mucho tiempo que dejó de ser un problema en la eurozona, y en cambio el fantasma de la deflación es cada vez más tangible. Resulta patético recordar cómo mes tras mes desde el inicio del año, el BCE venía poniendo paños calientes al descenso de la inflación, aludiendo a la Semana Santa, la climatología, la energía, o lo que fuera, con tal de no reconocer una tendencia de fondo que nos acercaba peligrosamente a un enquistamiento deflacionario.

Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca, y bienvenida sea esa nueva andanada de artillería desplegada ayer por el BCE, de la mano de un programa de compra de activos respaldados por préstamos a empresas no financieras, ya existentes o de nueva generación, así como activos respaldados por crédito hipotecario.  Con todo, el diablo está en los detalles, y habrá que ver si esa compra no queda limitada a activos de alta calidad crediticia o “seniority”, dejando fuera del programa a aquellos activos y/o tramos, con mayor riesgo y mayor consumo de capital.

Si así fuera, se continuaría intensificando una situación de clara “bipolarización” en el ámbito de la financiación empresarial, especialmente en nuestro país. Aquellas empresas con clara percepción de solvencia pueden apelar a financiación en unas condiciones extremadamente favorables, en una guerra de las entidades financieras por crecer en dicho segmentos, que en algunos casos trae reminiscencias de la burbuja inmobiliaria. Por el contrario, aquellas empresas con mayor componente de riesgo, o de nueva creación, se encuentran con un racionamiento financiero, que les impide captar financiación prácticamente a ningún precio.

Ese es claramente el mensaje que emerge de la última edición (correspondiente al periodo 2013-2014) del Global Competitiveness Report paradójicamente publicado el mismo día que el BCE desplegaba su artillería. España mantiene un nada halagüeño puesto 35 (entre un total de 144 países) en el ranking mundial de competitividad, misma posición que hace un año.

Más que esa posición agregada merece resaltarse las enormes dicotomías entre varios de los aspectos que definen la competitividad. Mientras España puntúa muy alto en infraestructuras, en sanidad, y en número (que no calidad) de personas con formación superior, lo hace extraordinariamente mal en calidad institucional y en rigideces de mercado, no solo del mercado laboral sino de los de bienes y servicios.

Pero ciñéndonos al ámbito financiero, la competitividad española se ve lastrada por una muy adversa capacidad de apelar a fuentes de financiación de riesgo, donde ocupa la posición 100. Ello unido a una sonrojante posición 118 en cuanto a burocracia para crear nuevas empresas, hace de nuestro país uno de los más claros destinatarios de esas demandas del presidente del BCE, Mario Draghi, para acometer reformas estructurales sin las que las decisiones del BCE son claramente insuficientes.

 

Bipolarización bancaria

El pasado domingo Caixabank anunció la adquisición del 100% de las acciones de Barclays Bank SAU en manos de Barclays Bank PLC, su matriz británica. Este acuerdo supone la adquisición del negocio en España de Barclays por 800 millones de euros. El perímetro de la operación incluye el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa, lo cual supone unos activos de 21.600 millones de euros, quedando en manos de la entidad británica el negocio de banca de inversión y el de tarjetas (Barclaycard).

Recordemos que entre finales de 2013 y principios de 2014 Barclays España ya realizó ventas de negocio bancario en los mercados de Madrid y Castilla-La Mancha a Caja Rural Castilla-La Mancha en una estrategia de reposicionamiento hacia los segmentos considerados prioritarios para la entidad, banca privada y banca personal. Sin embrago, esta estrategia de reposición ha finalizado con la venta de todo el negocio a uno de los principales operadores bancarios en España. Recordemos igualmente que la matriz ya había calificado sus actividades en España (y en el resto de Europa continental) como no estratégicas para el grupo británico.

Esta operación corporativa supone para Caixabank un reforzamiento de su posición competitiva en segmentos de rentas altas, el 32% de los clientes minoristas pertenecen al segmento de banca personal, profundizando al tiempo en el negocio de particulares en España.

Geográficamente, Caixabank ganaría presencia fundamentalmente en Madrid, donde se concentra más de un tercio de las oficinas adquiridas, superando a Banco Santander, hasta ahora segunda entidad por cuota en esta Comunidad. Por el contrario, en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias se produciría un mayor grado de solapamiento de sucursales.

El precio a pagar por Caixabank, que se ajustará en función del patrimonio neto de Barclays España a cierre de 2014, supone una valoración relativa de 0,47 veces el patrimonio neto estimado para esa fecha (1.700 millones de euros), muy similar a la ratio pagada por BBVA en la adjudicación de Catalunya Banc. Por tanto, surgirá un fondo de comercio negativo o bad will por unos 900 millones de euros, ya que el precio a pagar será inferior al valor contable de los activos adquiridos. Impacto positivo que se reflejará en la cuenta de resultados de la adquirente en el momento de la toma de control del nuevo negocio.

No obstante, este patrimonio neto debe ser ajustado por los costes de reestructuración relacionados con el redimensionamiento de la nueva entidad, previstos en 300 millones de euros, así como por la pérdida esperada de la cartera de crédito y otros ajustes a valor razonable que se estiman en 400 millones de euros. Considerando ambas cifras, el precio de la transacción se fijaría en el 80% del patrimonio neto adquirido.

Este proceso de reestructuración repercutiría, según estimaciones del adquirente, en sinergias de costes por el 42% de los costes de explotación de Barclays España (porcentaje similar al estimado por BBVA en el contexto de la compra de Catalunya Banc), cifrando los ahorros en 150 millones de euros a partir del año 2016.

La operación, que se prevé cerrar en el mes de diciembre de 2014 o principios de 2015, supone la tercera de envergadura para Caixabank, tras las adquisiciones de Banca Cívica y Banco de Valencia en el año 2012. Por otro lado, supone la segunda gran operación de integración del año, tras la compra de Catalunya Banc por BBVA.

Principales entidades de crédito españolas (mar-14, miles de millones de euros)

Fuente: Afi, AEB, CECA, UNACC (estados consolidados, excepto Santander y BBVA)

Estas dos operaciones, junto a la integración de Caja 3 en Ibercaja, la adquisición de Banco CEISS por Unicaja, la creación de Abanca, fusión de Novagalicia Banco y Banco Echeverría, por mencionar algunas de las operaciones de integración de los últimos meses, son ejemplos del proceso de bipolarización de la banca española. Proceso del que han resultado dos grandes grupos de entidades: entidades grandes o muy grandes y de ámbito nacional, incluso internacional, y entidades de ámbito local, reducido o muy especializado, de un tamaño muy inferior comparado con el de las anteriores.

Aunque el número de entidades del primer grupo es muy inferior al del segundo, las entidades de ámbito nacional concentran en torno al 95% del negocio. Sin embargo, desde un punto de vista de los micromercados, la cuota de mercado relativa de las entidades locales en sus territorios de actuación se puede situar entre el 20% y el 40%.

Distribución de negocio bancario en España por tipología de entidades

 

Fuente: Afi a partir de AEB, CECA, UNACC, CNMV y AIAF