Hacia unas nuevas cédulas hipotecarias*

 (*) Con Óscar Ibáñez, consultor de Banca y Seguros de Afi

Recientemente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera ha lanzado una consulta pública muy poco habitual, abierta hasta el 24 de noviembre, sobre la mejora del marco regulatorio de los bonos garantizados (covered bonds en la terminología internacional), cuya principal manifestación en nuestro país son las cédulas hipotecarias.

No se trata del texto de una posible norma para que se hagan propuestas o comentarios, sino de un conjunto de cuestiones, 30, no cerradas, para las que se piden respuestas o sugerencias por parte de los interesados. Se espera que, posteriormente, esto se traduzca en los cambios normativos que sean precisos.

El tema es muy relevante dado que las condiciones de la actividad crediticia de nuestros bancos dependen estrechamente de las posibilidades que tienen estos de financiarla. Esto es especialmente cierto de su actividad hipotecaria, debido a su orientación al medio y largo plazo. Los últimos datos disponibles permiten hablar de una cierta recuperación de esta actividad en España dentro de la crisis en la que vivimos.

La cuestión clave que subyace en la consulta es el alto nivel de pignoración de los activos en el balance de las entidades bancarias españolas, debido, en una elevada medida, a las particularidades de las cédulas. Esto supone un alto nivel de asset encumbrance (nivel de activos comprometidos en una entidad), con todo lo que implica de obstáculo para la financiación no garantizada de las entidades (emisión de deuda senior convencional, por ejemplo).

Dicha financiación no garantizada (unsecured) se encarece,dado que para sus tenedores disminuye la masa activa a la que se podrían dirigir en caso de quiebra de la entidad. Este encarecimiento hace que los bancos tengan preferencia por la colocación de productos garantizados, con menor coste, condicionando los pasivos de las entidades susceptibles de recapitalización, precisamente cuando las nuevas normas de resolución exigen disponer de un importe mínimo de dichos pasivos para hacer posible esta vía de solución de crisis bancarias.

El hecho de que el Tesoro pida desde el inicio la colaboración “ciudadana” para cambiar la normativa sobre el instrumento ya da una idea de la complejidad del rediseño del producto. El mayor obstáculo es el mecanismo de garantía pignoraticia de las cédulas. A diferencia de lo que sucede en otros covered bonds europeos, garantizados sólo por unos activos específicos, en España toda la cartera hipotecaria (no titulizada) de la entidad emisora sirve como garantía. Esto explica el elevado nivel de asset encumbrance en relación con otros países de nuestro entorno, como se observa en el gráfico

 

 

Planteado así el problema, la solución pasa por disminuir la garantía del producto: el Tesoro sugiere que sólo sean respaldados por los activos de más calidad de la entidad (cartera elegible) o incluso sólo por una parte de ésta. Eso sí, cualquier disminución de la garantía tendría un efecto directo en el riesgo y, por tanto, en el rating del instrumento.

Esto podría ir acompañado de una reducción en el límite de emisión de cédulas por las entidades. Actualmente, este límite por ley es del 80% de la cartera elegible (préstamos con LTV, loan to value, bajos), mientras que la cartera colateral es toda la cartera hipotecaria no adscrita a bonos. Obviamente, las entidades tendrían ahora menos capacidad de emisión.

En todo caso, hay que tener claro dos principios: (i) es imposible hacer modificación alguna de la regulación de las cédulas sin tener establecido un buen marco transitorio, ya que hay casi 400 mil millones de cédulas emitidas); y (ii) es necesario homogeneizar nuestros covered bonds con los existentes en otros países europeos, lo que sugiere que las iniciativas más eficaces en esta dirección pueden venir de Europa.

Test de estrés: de la solvencia al crédito

(David Ruiz, consultor senior del Área de Banca y Seguros de Afi)

El pasado domingo se presentaron los resultados de la revisión del nivel de capital ordinario de nivel 1 (por sus siglas en inglés CET1, Common Equity Tier 1) de las 130 entidades más importantes del área euro. Evaluación que se ha realizado a través de dos procesos de revisión complementarios:

• La revisión de la calidad de los activos en balance a 31/12/13, conocido como AQR (siglas de Asset Quality Review), cuyos resultados ajustaban el CET1 de partida para el siguiente proceso. Y de los dos el que a nuestro juicio es más relevante por el alcance del análisis de los balances (por encima del 50%) y, en consecuencia, por las dudas que despeja sobre el nivel de saneamiento de las entidades analizadas.
• La revisión de la resistencia de las entidades de crédito ante dos escenarios macroeconómicos, uno base y otro adverso, en el período 2014-16, conocido como test de estrés, cuyos niveles mínimos de CET1 se habían fijado en el 8% en el escenario base y en el 5,5% en el escenario adverso, y cuyos shocks, entre otros, afectaban a su exposición al riesgo de crédito, de mercado, soberano o las titulizaciones.

Los resultados comunicados por el Banco Central Europeo (BCE) han arrojado unas necesidades de capital agregadas de 24.617 millones de euros, repartidas entre 25 entidades de 11 países.

Por su parte, el AQR ha otorgado unas necesidades de capital de 10.700 millones de euros, lo que supone una reducción del CET1 del 11,8% pre-evaluación al 11,4%. Por su parte, los test de estrés en el escenario adverso han arrojado unas necesidades de 11.200 millones de euros, reduciendo adicionalmente la ratio de CET1 hasta el 8,4%.

Necesidades agregadas de capital (miles de millones de euros)

Fuente: Afi a partir de BCE.

Sin embargo, las iniciativas desarrolladas por las entidades entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2014 han reducido dicho déficit hasta 9.500 millones de euros finales repartidos únicamente entre 13 entidades.

Desglose de las necesidades de capital por entidades (millones de euros)

 

Fuente: Afi a partir de BCE.

Las entidades con déficit disponen hasta el 10 de noviembre para presentar planes de recapitalización. En el caso de déficits en el AQR o en el escenario base el plazo para cumplir las necesidades de capital será de seis meses y de nueve meses en el escenario adverso.

Los resultados de la banca española son positivos, ya que solamente una de las 15 entidades analizadas ha presentado un reducido déficit de capital en el AQR que, por otra parte, ha sido sobradamente compensado durante los nueve primeros meses de 2014. Mientras que ninguna de las 15 entidades españolas presenta déficit de capital en los test de estrés.

Como anticipábamos en anteriores post, los buenos resultados de las entidades españolas son consecuencia del importante proceso de saneamiento y recapitalización del sector realizado en los tres últimos años y de unos escenarios macroeconómicos para 2014-16 que no son especialmente adversos al hacerse eco de la fuerte corrección y saneamiento que ha registrado la economía española.

Por países, los sistemas bancarios más débiles son Italia, Portugal, Chipre y Grecia que, en total, acaparan el 89% de las necesidades de capital identificadas.

Desglose de las necesidades de capital por países (millones de euros)

 

Fuente: Afi a partir de BCE.

Estos cuatro países presentan la mayor dispersión entre las distintas fases de la evaluación coexistiendo entidades con necesidades de capital con otras aprobadas en el ejercicio. España destaca por el reducido rango de dispersión, fruto del esfuerzo en recapitalización efectuado por el sector al hilo del ejercicio de estrés realizado en 2012 y de las exigencias del Memorándum de Entendimiento (el famoso MoU).

Concretamente, en la banca española, el impacto del escenario adverso ha supuesto 1,5 puntos porcentuales sobre el CET1 ajustado por AQR, muy por debajo de la media europea (2,7 puntos porcentuales).

Banca europea. CET 1 en AQR y test de estrés

 

Fuente: Afi a partir de BCE.

Con la comunicación de estos resultados termina el proceso de evaluación de la banca europea previo a la supervisión bancaria única que se iniciará el próximo mes de noviembre, y se espera que este análisis global haya contribuido a fortalecer los balances de las entidades de crédito, mejorar su nivel de transparencia y generar confianza en el sistema bancario europeo, despejando las posibles incertidumbres que todavía existieran.

Es pronto para concluir que ya se dan las condiciones suficientes para que el crédito vuelva a fluir a la economía real, pero era necesario asegurar públicamente que las principales entidades bancarias del área euro son solventes, una condición necesaria para volver a prestar.

Radiografiando la eurobanca

EL BCE acaba de publicar el destacable informe Banking Structures Report en el que, como en otros años, analiza la situación y los cambios operados en la estructura de mercado del sistema bancario de la eurozona. Déjenme que, como aperitivo y para contextualizar la copiosa información que sobre la salud del mismo hará pública este próximo fin de semana[1], desgrane a partir de dicho informe algunas observaciones que al respecto de dicha estructura me parecen más que interesantes.

1. A finales de 2013 el censo de entidades bancarias de la eurozona era de 5.948 habiéndose reducido en más de 700 las existentes en 2008, al inicio de la crisis. Durante ésta se aceleró el proceso de concentración, pero de forma heterogénea por países y, en cualquier caso, dominando la integración de entidades locales dentro de cada uno de ellos.
2. El volumen de activos bancarios se redujo un año más en este periodo; hasta 26,8 billones de euros desde los 33,5 billones de 2008. Esta reducción ha estado impulsada por la “limpieza” de los balances bancarios y por el proceso de desapalancamiento en el que ha estado inmerso el sector. Curioso es que buena parte de la reducción, nada menos que un 50% aproximadamente, está relacionada con la contracción de las posiciones en derivados mantenidas por grandes entidades muy orientadas a la banca de inversión (y muy localizadas en algunos países, Alemania singularmente). 
3. Es obvio que estamos extremadamente lejos de un verdadero mercado bancario integrado en la eurozona. Basta poner de manifiesto que en los cinco países donde se concentra el 80% de los activos de la eurozona (Alemania, Francia, Italia, España y Holanda) el mercado está dominado completamente por bancos locales. Estos acaparan, sin excepción, en torno al 90% de los activos bancarios de cada país. Por añadidura, los modelos de negocio (particularmente los minoristas) difieren sustancialmente entre ellos: a) grandes diferencias en cuanto al censo bancario (1.734 entidades en Alemania por 204 en España, por ejemplo), b) también en el grado de concentración en número de operantes (31% del total de activos las cinco primeras entidades alemanas, por el 56% de las cinco primeras españolas),  c) los ratios relativos de número de oficinas (2.271 personas “atendidas” por cada una en el primer caso por 1.362 en el segundo) y, finalmente, d) ratios de empleados donde, por el contrario, la población o el volumen de activos por cada uno son significativamente menores en Alemania que en España. 
4. Junto a estas notables diferencias estructurales, que se reflejan en la composición de balances, ratios de eficiencia y cuentas de resultados dispares, en la que desde luego incide también poderosamente la situación diferencial en términos de coyuntura económica de cada país, conviven sin embargo tendencias comunes en la mayoría de los sistemas de la eurozona. Piénsese por ejemplo en la progresiva reducción de la dependencia de la financiación mayorista frente al aumento de la financiación vía depósitos de la clientela, la mejoría relativa de los márgenes y de la eficiencia o el aumento significativo de los niveles de solvencia (hasta niveles cercanos al 13% desde niveles cercanos al 8% en 2008) merced tanto a la reducción de los activos ponderados por riesgo como al aumento del capital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regulación y supervisión común de las entidades bancarias del área probablemente ayuden a intensificar algunas de estas y otras tendencias comunes, pero no es menos cierto que pervivirán aún durante mucho tiempo algunas de las diferencias idiosincráticas nacionales apuntadas. Todavía están por ver verdaderos procesos de concentración transnacionales dentro de la eurozona que propicien que los servicios bancarios dentro de la misma se presten de manera más permeable, común e integrados.

Acabará formando parte de las “preocupaciones” del nuevo supervisor compartido, el BCE.  No obstante, es difícil que su atención inicial vaya más allá de velar por la salud de las distintas especies que ahora conforman la fauna bancaria bajo su supervisión. De dicha salud, por cierto, este próximo domingo conoceremos un rico diagnóstico individual referido a los 123 bancos mas representativos, bancos que acumulan el 85% de los activos del área.

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[1] Resultados del ejercicio de revisión de la calidad de los activos y de las pruebas de estrés a las que han estado sometidos los principales bancos estos últimos meses, antes de que el BCE asuma sus nuevas funciones de supervisor bancario.

La combinación venenosa

Esa es la constituida por un crecimiento económico y una inflación inferiores a los esperados. Es uno de los legados de la crisis tan amenazante como difícil de neutralizar, en el conjunto de la economía mundial, pero especialmente en las economías periféricas de la eurozona, donde las políticas aplicadas y su secuencia no han sido precisamente las más adecuadas. No es nuevo, pero la crudeza del diagnóstico cobra toda su dimensión si quien lo formula y documenta son autores como los que suscriben la edición de este año del “Geneva Report” (Luigi Buttiglione, Philip R. Lane, Lucrezia Reichlin y Vincent Reinhart), “Deleveraging? What Deleveraging?” editado por el CEPR y el ICMB.

Y es que están en lo cierto cuando subrayan que el desapalancamiento en curso, coincidente con el reducido crecimiento nominal en diversas áreas de la economía global, interactúan conformando un círculo vicioso en el que este último hace más difícil el primero y el desapalancamiento acentúa el debilitamiento del crecimiento. Además, la presencia de una inflación baja no facilita precisamente esa digestión del elevado endeudamiento público y privado. El endeudamiento, a pesar de los esfuerzos por reducirlo, ha alcanzado nuevos máximos, al tiempo que se extiende a países adicionales a los que en mayor medida sufrieron la crisis, China por ejemplo.

El estudio es, en efecto, una muy buena contribución para analizar esa dinámica de la deuda que subyace en las dificultades para superar la crisis, especialmente en la eurozona, aunque no solo. Son conclusiones compatibles en gran medida con las alcanzadas por aquellos que advierten de las amenazas de un “estancamiento secular”, especialmente en la eurozona.

La particularización en las economías periféricas del área monetaria es inquietante. Los niveles de deuda de todos los agentes –familias, empresas y sector público– de Irlanda, España y Portugal los hace especialmente vulnerables a futuros shocks externos, debido a la cuantía de su posición internacional neta.

Las recomendaciones son claras. La policía monetaria del BCE no ha de bajar la guardia en su empeño antideflacionista y de reanimación del crédito. Tendrá que hacer lo mismo, o más, que hicieron hace tiempo sus colegas la Fed y el Banco de Inglaterra. Y conviene que no se demore.

Pero puede que la tardía agresividad del BCE no sea suficiente y sea necesario apoyar esos empeños por superar el “círculo venenoso” con políticas fiscales más flexibles que las hasta ahora practicadas. Sin perder de vista el necesario saneamiento de las finanzas públicas que ha de operarse en el seno del área monetaria, este no tiene por qué concretarse en el corto plazo. Será necesario igualmente que las economías con las finanzas públicas saneadas intensifiquen sus inversiones públicas. Con todo, al lector de este trabajo le queda la sensación de que no será fácil digerir volúmenes de deuda como los que se reflejan en los gráficos adjuntos, y las alternativas de reestructuración no pueden descartarse si el crecimiento económico no se intensifica pronto y considerablemente.

 

 

 Artículo publicado en la revista Empresa Global nº 144 – octubre 2014

Nuevas vías de financiación para la pyme

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. Aunque todavía debe pasar por su tramitación parlamentaria, creemos conveniente dedicar este post al análisis general de dicho proyecto, que incorpora temas que ya han sido tratados en  post anteriores de este blog, y algunos de los cuales lo serán también en el futuro inmediato.

El proyecto descansa sobre una realidad que se observa claramente en el gráfico que acompañamos, aunque muestre diferencias según los sectores de destino: la gran dependencia de la financiación bancaria de la pequeña y mediana empresa (pyme). Por eso, la primera parte del proyecto establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a estas empresas, por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo, de modo que las empresas puedan disponer de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería.

Otra obligación de la entidad de crédito es facilitar a la pyme, en un formato estandarizado, información sobre su situación financiera e historial de pagos. Incluso, las mismas entidades deben de poner a disposición de las pymes un informe de su calificación crediticia, basado en una metodología común y modelos que elaborará el Banco de España. Se trata que las buenas pymes puedan hacer valer sus referencias ante las instancias donde busquen su financiación.

Una segunda parte proporciona un nuevo régimen jurídico a los establecimientos financieros de crédito, que perdieron la consideración de entidades de crédito, con objeto de no verse demasiado constreñidos con el nuevo marco de solvencia que denominamos Basilea III. Sus actividades especializadas están muy orientadas a la pyme en ámbitos tales como el leasing, el factoring o la financiación de bienes de equipo.

La tercera parte del proyecto hace lo mismo con la titulización, que, al afectar a las posibilidades de refinanciar en el mercado los créditos, influye decisivamente en la concesión de los mismos y sus condiciones. Se trata de un ámbito donde España venía destacando en su entorno europeo antes de la crisis, pero que ha quedado muy afectado por esta, por lo que se le dota de mayores grados de flexibilidad.

A continuación, se incorporan mejoras en el acceso y funcionamiento de los mercados de capitales, entre las que destacamos la posibilidad de que las sociedades limitadas puedan emitir obligaciones, cuando hasta ahora lo tenían vedado, siendo, con diferencia, la figura societaria más utilizada por la empresa española. Las posibilidades que se le abren al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) son amplias, pero no hay que olvidar que las emisiones de las pymes tienden a ser de dimensión reducida, y, por tanto, poco líquidas, lo que dificulta su aceptación por el mercado.

La ley regulará también las plataformas de financiación participativa, el denominado crowdfunding en el argot internacional, a las que dota de un régimen jurídico novedoso en nuestro país. Estas plataformas vienen a representar una vía de financiación directa entre empresas e inversores. Es interesante la distinción que se efectúa entre inversores acreditados y no acreditados, similar a la de inversores profesionales y los que no lo son de los mercados de valores. Los primeros no tienen limitaciones para invertir a través de estas plataformas, pero los segundos sí.

La parte sustantiva del proyecto se cierra con el refuerzo de la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su objetivo principal, que es facilitar la financiación de las empresas, no puede menoscabar, en relación con los mercados que deben aportarla, ni su integridad ni la protección de los inversores, especialmente de los minoristas. Si no fuera así, la inseguridad y la desconfianza harían inútil la apelación a dichos mercados.