Las barbas del vecino

Por: | 27 de enero de 2015

La semana pasada conocimos la reforma del sector cooperativo de crédito italiano. Entre los platos fuertes de dicha reforma, la transformación de las 10 mayores cooperativas en sociedades anónimas en un horizonte de no más de 18 meses. Todo ello con la vista puesta en facilitar a corto plazo fusiones entre las mismas cooperativas o con otras entidades bancarias.

En los últimos años los cooperativistas italianos habían frustrado algunos posibles procesos de integración surgidos bien a iniciativa de los propios gestores o bien de las insinuaciones de reguladores y supervisores. Entre otros motivos, debido a un modelo de gobierno corporativo que asigna a cada socio un solo voto independientemente del tamaño de su participación.

El ejecutivo italiano cree que esta reforma ayudará al necesario proceso de consolidación y fortalecimiento de un sector bancario en el que conviven más de 600 entidades, y que, con su aprobación, está mandando un claro mensaje a inversores y mercados. En palabras del propio presidente Mateo Renzi,: “Hay demasiados bancos y demasiado poco crédito”.  No obstante, este decreto aún tiene que pasar el correspondiente trámite parlamentario en los próximos dos meses y vencer la oposición de no pocos sectores sociales, entre ellos el de la Iglesia Católica.

 

Gráfico 27 enero

 

Esta iniciativa, que destierra uno de los principios básicos del cooperativismo: “un socio, un voto”, no debería preocupar en lo que se refiere a una posible reforma de las cooperativas de crédito españolas. Nuestro ordenamiento jurídico recoge particularidades que permiten que el ejercicio de los derechos políticos de los socios se pueda ajustar a la proporción de capital que posean, de forma similar al funcionamiento de las sociedades anónimas.

El artículo 9,2, de la Ley 13/1989, de Cooperativas de Crédito, admite que el voto de los socios pueda ser proporcional a sus aportaciones en el capital social, y al mismo tiempo impide la concentración del voto y fomenta la participación del socio por la vía de limitar el importe total de las aportaciones de cada socio al 20% del capital social en caso de una persona jurídica o al 2,5% cuando se trate de una persona física (art. 7,3 de la misma Ley).

Por otro lado, y lo que es más importante, aproximadamente el 50% de las 81 cooperativas existentes al inicio de la crisis han finalizado procesos de integración, lo que pone de manifiesto un extraordinario ejercicio de responsabilidad con los tiempos, de gestión y de visión de los administradores de estas entidades.

 

Gráfico 2  - 27 enero

 

Sin embargo, lejos de las iniciativas normativas oficiales, el propio sector en los dos últimos años ha tratado de trasladar sus propias inquietudes. El informe anual 2013 del Consejo Mundial de Cooperativas de crédito (WOCCU, “World Council of Credit Unions”) hacía énfasis en cuatro grandes retos para el movimiento cooperativo de crédito a nivel mundial: i) el incremento de la carga regulatoria tras la crisis financiera, ii) la innovación en los medios de pago y el acceso a servicios bancarios a través de telefonía móvil, iii) el aumento de la educación financiera de socios y clientes, y iv) la sostenibilidad de la cooperativas de crédito más pequeñas.

Recientemente en noviembre de 2014, el Congreso Internacional sobre el "Futuro de las cooperativas de crédito a la vista de las tendencias regulatorias globales" organizado por la Confederación de Cooperativas de Crédito de Oceanía (OCCUL, “Oceania Confederation of Credit Union Leagues”), profundizaba en el primero de los anteriores retos, destacando siete áreas de trabajo:

  • El fortalecimiento del gobierno corporativo y la rendición de cuentas a la Asamblea General, a los clientes y al resto de grupos de interés.
  • La incorporación a la gestión y a la administración de las cooperativas de crédito de las personas más aptas y honorables (“fit and proper”).
  • El fortalecimiento y la actualización de los conocimientos y las experiencias de los gestores y administradores.
  • El desarrollo de mejores y más profundos marcos de gestión y control del riesgo, desde los niveles más operativos a los más estratégicos, profundizando en la independencia y la segregación de funciones.
  • El desarrollo de productos y servicios adecuados y adaptados a las necesidades de socios y clientes, huyendo de la innovación financiera cuando no aporte valor a la tipología propia de socios y clientes.
  • La protección del socio y el cliente eliminando prácticas impropias, deshonestas y desleales en la provisión de productos y servicios.

Si bien las anteriores coinciden fundamentalmente con las grandes reformas iniciadas por el Financial Stability Board (FSB), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Comisión Europea, la principal queja del sector en dicho congreso se dirigió hacia la falta de adaptación de esas tendencias regulatorias globales a un modelo de negocio propio y unas necesidades particulares del cooperativismo de crédito, reconocidos incluso por los propios reguladores y supervisores.

Sin dudar del necesario incremento en la calidad de la regulación, la capacidad de los reguladores para emitir normas y de las cooperativas de crédito para cumplir con ellas es todo un reto. Encontrar el equilibrio entre los dos, así como el modelo apropiado para el movimiento cooperativo de crédito en Europa y en el resto del mundo, es el gran desafío para los reguladores y los regulados.

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Veremos a ver si ése desafío como decís en el post de los reguladores y los regulados se hace efectivo, tengo mis serias dudas la verdad.

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