Vienen los FILPE

Los FILPE son los fondos de inversión a largo plazo europeos, un nuevo tipo de institución financiera que ha nacido recientemente casi a la chita callando, con el Reglamento (UE) 2015/760, aplicable desde el 9-12-2015, una norma sobre la cual los Estados miembros no pueden añadir ningún otro requisito en el ámbito regulado por la misma (art. 1.3). Por tanto, se trata de un producto genuinamente europeo, sujeto a un código normativo muy unificado, una tendencia que va cobrando progresivamente fuerza.

Aunque la actual Comisión Europea los sitúa dentro de uno de sus proyectos bandera, la unión de los mercados de capitales (UMC), véase el post de este blog sobre la misma, ya habían sido propuestos a finales de junio de 2013 por la anterior Comisión dentro de la Estrategia Europa 2020. Entre medias, ha transcurrido su tramitación y aprobación final.

Los FILPE son un tipo particular de fondos de inversión alternativa (FIA), que la Unión Europea no armoniza como tales, sino a sus gestores (GFIA), a través de la Directiva 2011/61/UE, pero que en este caso sí lo hace, y de forma total, dada la trascendencia que se le asigna al instrumento y sus características específicas. En este post pretendemos proporcionar una visión general de los FILPE, sin entrar en sus diversos detalles.

En principio, su denominación hace pensar en la financiación de infraestructuras (de transporte, de producción o distribución de energía sostenible, sociales (vivienda u hospitales), o nuevos sistemas y tecnologías que reducen la utilización de recursos y energía), pero también incluye expresamente la financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes), uno de los objetivos que persigue la UMC. En principio, se trata de empresas no cotizadas, pero no se excluyen las que lo sean, siempre que su capitalización no exceda de los 500 millones de euros. En ambos ámbitos pueden servir de vehículos de inversión del Grupo del Banco Europeo de Inversiones.

Ente los inversores, se piensa en fondos de pensiones, empresas de seguros, fundaciones, municipios y otras entidades que deban hacer frente a pasivos periódicos y recurrentes y que busquen rendimientos a largo plazo en el marco de estructuras bien reguladas. No están excluidos los inversores minoristas, pero sí sujetos a condiciones especiales, teniendo muy en cuenta que el instrumento no dispone de las mismas posibilidades de liquidez que otro tipo de fondos.

En efecto, en principio, no confieren derechos de reembolso antes del vencimiento del fondo, aunque esto no impide que sus acciones o participaciones puedan negociarse en un mercado secundario, algo que parece obligado en este tipo de instrumento. En todo caso, pueden contemplar dichos derechos con antelación de forma clara siempre que lo permita su estrategia de inversión.

Los inversores minoristas cuya cartera no supere los 500.000 €, además de pasar un test de idoneidad y disponer del asesoramiento adecuado, no pueden invertir en FILPE más del 10% de su cartera y siempre que el importe inicial invertido en ellos no sea inferior a 10.000€. No se trata, pues, de un instrumento apto para inversores poco o nada sofisticados.

Dadas las necesidades de crecimiento que presenta actualmente la economía europea, y, dentro de ella, la nuestra, no podemos sino saludar positivamente el nacimiento de este tipo de instrumento. Al mismo tiempo, sus características apuntan a un grupo de inversores importante, pero en todo caso limitado, por lo que no deberíamos poner en él todas nuestras esperanzas. Eso sí, las dificultades aconsejan disponer de todas las herramientas posibles para estimular el crecimiento. Esta es una de ellas, dentro de la citada UMC, cuyos detalles todavía deben concretarse.

“Fat banking”

Perdón por el anglicismo, pero no encuentro una palabra en castellano que no sea malsonante para indicar una excesiva presencia de activos bancarios en Europa no relacionados con la actividad natural de intermediación entre el ahorro y la inversión.

En varias ocasiones hemos recalcado el excesivo sesgo que Europa tiene hacia los flujos financieros basados en la intermediación bancaria, en contraposición a los sistemas financieros anglosajones, en los cuales cobra mucha mayor importancia los flujos directos a través de los mercados de capitales. Sin duda, la corrección de ese sesgo es uno de los objetivos que subyacen en la iniciativa de la actual Comisión Europea de impulsar una Unión de Mercados de Capitales (UMC).

Pero no es precisamente de la UMC de lo que quiero hablar hoy; ya en una anterior entrada en este blog  nos hacíamos eco de la misma, y sin duda en futuras lo seguiremos haciendo, respecto al plan de acción que la CE pondrá en marcha en los próximos meses.

El mismo comisario europeo (Jonathan Hill) encargado de impulsar la UMC es también responsable de Estabilidad Financiera, y recientemente publicaba un excelente y exhaustivo informe sobre Estabilidad e Integración Financiera en Europa, del cual me han llamado la atención algunos gráficos que reproduzco en su integridad. En ellos se presenta, para el conjunto de la banca europea y desglosada por países por países, la clasificación de sus activos y pasivos entre lo que se denominan “core” y “non-core”. Los primeros incluyen la financiación a familias y empresas no financieras (tanto en forma de crédito como de valores). En medio incorpora la financiación al sector público –en una decisión un tanto salomónica y políticamente correcta-, mientras que como “non-core” se considera a todos los restantes activos y pasivos.

La fotografía que emerge del gráfico siguiente es suficientemente ilustrativa, y sin duda hace bueno el calificativo de “fat banking” (la traducción literal sería “con grasa”, obesa, o inflada), en la medida en que más del 60% de los activos y pasivos bancarios en la eurozona son de naturaleza “non-core”. Sin embargo, menos de la tercera parte (algo menos de 10 billones, sobre los 31 billones de activos totales) son de naturaleza “core”, es decir intermediación con empresas y familias.

De hecho, como puede comprobarse en la parte derecha del gráfico, este tipo de activos “core” lleva cinco años con crecimiento nulo o negativo, al tiempo que los “non-core” registraban fuertes oscilaciones, probablemente una evidencia adicional de un cierto carácter superfluo, y en cierta medida especulativo. 

El mismo análisis para toda la Unión Europea pone de manifiesto un perfil similar. Sobre 44 billones de activos, apenas 13,4 billones (es decir, menos de un tercio) son de carácter “core”, unos 3,4 billones son financiación al sector público, y el grueso de los balances bancarios (26,7 billones) corresponden a activos “non-core”.

A la vista de tal desproporción, y desde la doble perspectiva de estabilidad financiera y de reequilibrio entre bancos y mercados –los dos ámbitos de responsabilidad del Comisario Hill-, es más que comprensible su impulso a una Unión de Mercados de Capitales que abra el abanico de nuevas fuentes de financiación al margen de los bancos… y que haga estos se dediquen más a la intermediación y menos a otras actividades de riesgo.

Por cierto, en el análisis por países puede comprobarse cómo España es de los países en los que el peso de los activos “non-core” es más reducido, en torno al 35%, indicando un modelo de negocio más concentrado en intermediación financiera entre familias y empresas, aunque también es de los que presenta un peso más elevado en cuanto a financiación del sector público, como por otra parte analizábamos en una entrada anterior de este blog.

¿Más reformas financieras?

La Comisión Europea (CE) emitió ayer sus recomendaciones específicas por país para 2015 y 2016, con el lema ’’hay que redoblar los esfuerzos para consolidar la recuperación’’, entre las cuales sólo nos vamos a ocupar en esta entrada de nuestro país, y, en concreto. de su sistema financiero.

A punto de acabar una legislatura que ha sido testigo de uno de los más profundos cambios en la regulación de nuestro sistema financiero, si no el más intenso en nuestra historia reciente, no deja de ser llamativo que la recomendación sobre dicho sistema sea “completar la reforma del sector de cajas de ahorros, incluyendo medidas legislativas, y completar la reestructuración y privatización de las cajas de ahorros de propiedad pública” (actualmente bancos y sólo quedan dos).

Parece que todavía hay una obsesión en los organismos internacionales por nuestra crisis y las cajas de ahorros, parte de las cuales jugaron un importante protagonismo en ella, pero eso ya pasó. Ahora los problemas y las prioridades son otras.

Resulta llamativo porque en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD (2015) 28, disponible en español, se mencionan, pp. 81-82, otras recomendaciones y realizaciones efectuadas en 2014, por lo que se da a entender que sólo queda pendiente lo mencionado. Y no es así.

Sin abandonar el campo regulatorio, hace unos días, salía del Congreso aprobado por la correspondiente comisión, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, para continuar su tramitación en el Senado. De esta forma, salvo que se produzca un terremoto político inesperado, cabe esperar que la ley se apruebe antes de que concluya la legislatura.

Con ello, estaremos plenamente preparados para asumir el nuevo marco de solución de crisis bancarias en la Unión Europea (UE), no sólo de cajas de ahorros, incorporándonos así al segundo pilar de la unión bancaria (UB): el mecanismo único de resolución (MUR).

En el otro sentido, pero sobre el mismo tema, unos días antes entraba en el Congreso, para iniciar su tramitación parlamentaria, por el trámite de urgencia, el Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución (FUR), la parte intergubernamental del MUR, sin la cual no se hubiera aprobado este. Dentro de su brevedad, dieciséis páginas, es suficientemente expresivo de los recelos que, en cuestiones de dinero, existen entre los países de la UE. Entre otras cosas ha llevado a que el proceso de adaptación al nuevo sistema dure ocho años. Y eso que en este caso, la mayoría de ese dinero no procede de los respectivos presupuestos públicos, sino de las entidades bancarias de cada país.

Como forma de ver lo que queremos decir, el gráfico siguiente compara el régimen de utilización de los dineros del MUR durante y después del citado período transitorio. Del mismo se deduce que, durante ese período, no se cumple, salvo parcialmente, el objetivo básico de la UB de desnacionalizar las crisis de entidades y, más en concreto, de romper la interrelación que se ha dado entre los riesgos soberanos y bancarios. Todo ello sin entrar en la dimensión que puede adoptar la próxima crisis.

 

Estas son reformas mucho más importantes, y de alcance más amplio, que las que tienen que ver con las cajas de ahorros. Aparte de las privatizaciones aludidas, en estos momentos sólo están pendientes de aprobación un par de disposiciones secundarias sobre las fundaciones bancarias, más que las cajas de ahorros, que ya tuvieron una nueva ley. En todo caso, se podría hacer una nueva, si bien ya no queda mucho tiempo, para las cooperativas de crédito, aunque sólo sea porque la actualmente vigente data de 1989. Eran otros tiempos.

Creemos que la preocupación actual sobre nuestros sistemas financiero y bancario no es tanto la situación de unas entidades concretas, o de todo un sector, sino que cumpla, con la mayor eficacia, con su papel financiador de la economía real, que necesita crecer, aunque sólo sea por el elevado nivel de desempleo que nos ha dejado la crisis. En este sentido, recordamos nuestro último post, sobre la Ley de fomento de la financiación empresarial.  

¿Más reformas? Por supuesto, mientras el sistema financiero no cumpla adecuadamente su papel, debe ser reformado en aquellos aspectos que se consideren convenientes. Sin embargo creemos que estas reformas deben ser más amplias y variadas que las que señala la recomendación de la CE para nuestro país. Por otro lado, no puede olvidarse que las reformas tienen unas consecuencias y unos costes para las entidades, que, entre otros motivos, por la crisis, no tienen en estos momentos, como señalan varios post recientes de este blog, su mejor entorno. 

A vueltas con la rentabilidad bancaria (*)

En anteriores entradas de este blog comentábamos la consolidación de la mejora de los resultados del sector bancario español en el año 2014, si bien hacíamos algunas matizaciones respecto a la rentabilidad de los accionistas (ROE, por sus siglas en inglés). Y es que las mayores exigencias de solvencia establecidas por Basilea III elevan considerablemente la cantidad y la calidad del capital con el que tiene que operar el sector, lo que sin duda dificulta la generación de rentabilidades estables por encima de los dos dígitos similares a las del periodo previo a la crisis. Por supuesto, sin perjuicio del aumento que cabe anticipar sobre los niveles actuales como consecuencia del logro de un crecimiento económico más sostenido.

ROE del sector bancario español

 

Fuente: Banco de España y Afi, Taller de Banca, mayo 2015

Precisamente, y al respecto, en el último Taller de Banca organizado por la Escuela de Finanzas de Afi la pasada semana analizamos la sensibilidad del ROE a algunos parámetros determinantes de la rentabilidad bancaria: apalancamiento del sector, coste del riesgo (provisiones que deben realizar), diferenciales de crédito y gastos de explotación. Para ello, tomamos como punto de partida la cuenta de resultados del sector bancario español de 2014 y medimos el impacto que tienen en dichos resultados alteraciones en cada uno de los citados parámetros (ceteris paribus el resto de ellos).  

De dicho análisis se infiere, como se refleja en la tabla posterior, lo siguiente:

• Apalancamiento: a cierre de 2014, el peso del capital sobre los activos totales era del 7,8%, un 46% superior a nivel de 2006 cuando suponía sólo el 5,5%. De haberse mantenido la proporción de capital de 2006, el ROE de 2014 habría sido 2,3 puntos porcentuales superior al registrado.
• Coste del riesgo: la disminución de la morosidad (-12%) registrada en 2014 no ha sido suficiente para situar el coste del riesgo, medido como el cociente entre las provisiones por deterioro y el crédito, en el nivel medio del periodo 2000-2007 (0,43% del crédito frente al 0,89% de 2014). El impacto positivo en ROE de la reducción a poco más de la mitad del coste del riesgo es de 2,9 puntos porcentuales, magnitud que refleja la elevada sensibilidad de la rentabilidad del sector a la calidad de los balances bancarios.
• Diferenciales de crédito: el margen de maniobra de los gestores sobre la rentabilidad del crédito se ciñe básicamente a los diferenciales aplicados a las nuevas operaciones de crédito. Las políticas monetarias del BCE y la mayor presión competitiva provocaron que las entidades empezaran a reducir los diferenciales del nuevo crédito a mitad de 2014 para no perder cuota de mercado. Si los spreads aplicados a las nuevas formalizaciones hubieran sido 100 puntos básicos superiores el impacto estimado en ROE hubiera sido de 1,8 puntos porcentuales. Es decir, el ROE del sector habría sido de un 7,3% en lugar del 5,4% registrado en 2014.
• Gastos de explotación: la caída de los gastos de explotación en 2014 fue de un 2,6%, si bien en términos relativos aumentaron ligeramente por el descenso de los activos totales. Si los gastos de explotación se hubieran situado en torno a 0,82% de los activos totales medios, es decir, 10 puntos básicos por debajo de la cota registrada en 2014, el impacto positivo en ROE hubiera sido de 1,1 puntos porcentuales. 

 

Análisis de sensibilidad del ROE.

 

Fuente: Afi, Taller de Banca, mayo 2015

 

Obviamente el análisis anterior es un mero ejercicio teórico de los convencionalmente denominados “what if…” o “que habría pasado si …”. La probabilidad de cumplimiento de cada una de las premisas consideradas es, sin embargo, bien diferente, de tal modo que:

1. El apalancamiento no volverá a niveles inferiores, sino mas bien todo lo contrario, como consecuencia de la tendencia regulatoria.
2. Los diferenciales crediticios no aumentarán, sino probablemente también todo lo contrario, por el propio proceso generado por la dinámica competitiva en un contexto de mayor normalización de la actividad económica.
3. Sí queda margen, en cambio, para la vuelta a estándares más reducidos en la evolución del coste del riesgo, aunque alcanzar los niveles medios de 2000-07 sea una visión demasiado optimista.
4. También hay margen para la reducción de los gastos de explotación, pero esta posibilidad es quizás ya menos destacada después de la importante reestructuración que ya ha acometido el sector. No obstante, el crecimiento del negocio al calor del aumento de la actividad económica ayudará a reducir esta ratio así como a mejorar algunos márgenes por otras vías.  

Por tanto, parece difícil, como hemos anticipado al comienzo de este post, que la banca española en su conjunto pueda definir en estos próximos años rentabilidades superiores a los dos dígitos.

 

(*) Junto con Itziar Sola, analista de banca en Afi