Pase lo que pase con Grecia, el área euro debe resolver las debilidades estructurales que tiene desde que se implantó la moneda única y que la crisis actual ha puesto de manifiesto. Este es el objetivo del Informe de los 5 Presidentes (Comisión Europea, Consejo Europeo, Eurogrupo, Banco Central Europeo, a los que se ha unido en esta ocasión el del Parlamento Europeo) que se publicó el pasado día 22 de junio, donde se diseña una hoja de ruta para profundizar en la unión económica y monetaria (UEM).
Como suele ser habitual en estos casos, la hoja de ruta contempla tres etapas, de las cuales la que tiene más interés es la inmediata, cuyo horizonte temporal es el 30 de junio de 2017, utilizando los instrumentos y tratados actuales para estimular la competitividad y la convergencia estructural, consiguiendo políticas fiscales responsables al nivel nacional y del área euro, completando la unión financiera y fortaleciendo la responsabilidad democrática.
La siguiente etapa completaría la estructura de la UEM con acciones de mayor alcance para hacer el proceso de convergencia más vinculante, por ejemplo a través de un conjunto de benchmarks para la convergencia comúnmente acordados que podrían ser de tipo legal, además de una tesorería para el área euro.
La fase final, antes de 2025, es donde se supone que tendremos el funcionamiento “definitivo” de una UEM genuina y profunda. Aparte de la lejanía de este horizonte, llama la atención que apenas se esbocen las características de esta etapa, lo que sugiere el largo y difícil camino que hay que recorrer previamente.
Como en otras ocasiones similares, el informe de los 5 presidentes se desarrolla en torno a unas uniones, que apuntan hacia la idea de que, de haber solución, tiene que ser con más Europa y no menos, lo que no implica que el punto de llegada y el camino a seguir no sean relevantes, todo lo contrario.
La unión económica se plantea en términosde convergencia, crecimiento y empleo, propugnando un sistema de autoridades de competitividad para el área euro, una implementación reforzada del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos y un semestre europeo revisado.
La unión financiera propone un fondo de garantía de depósitos común (European Deposit Insurance Scheme), que podría funcionar como un reaseguro de los fondos de garantía nacionales.
La unión fiscal trata de prevenir políticas fiscales insostenibles, que no sólo perjudican la estabilidad económica de la UE, sino también la estabilidad financiera. Se propone la creación de un Consejo Fiscal Europeo consultivo, que coordinaría y complementaría los consejos similares a nivel nacional. Suministraría un análisis independiente a nivel europeo sobre el funcionamiento de los presupuestos en relación con los objetivos económicos fijados en la estructura de gobernanza fiscal de la UE.
La mayor integración en el área euro implica una mayor interdependencia y más poderes compartidos, lo que requiere más transparencia sobre quien decide y qué. En este sentido, se propone una mayor implicación y control por los parlamentos, a niveles europeo y nacional, especialmente por lo que se refiere a las recomendaciones específicas por país, a los programas de reformas nacionales y al informe anual de crecimiento.
Se intenta combinar la competitividad global de la UEM con un alto nivel de cohesión social, lo que implica un buen funcionamiento de los mercados de trabajo y los sistemas de bienestar social.
En estos momentos, no se ha presentado ninguna iniciativa basada en este informe, pero la crisis de Grecia no ayuda. No hay que olvidar que este tipo de informes mezclan propuestas concretas, algunas de ellas funcionado, como es la unión bancaria, con ideas muy generales, que, siendo válidas, no siempre se plasman en la práctica, debido a las dificultades políticas con que se enfrentan.
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