La Unión de los Mercados de Capitales gana en concreción

Cuando se cumple un año desde el inicio de la supervisión bancaria común por el BCE, primero de los pilares de la Unión Bancaria lanzada en julio de 2012, asistimos a un intento de concreción del otro proyecto que puede acelerar la integración financiera de Europa: la Unión de los Mercados de Capitales (CMU).

A finales del pasado septiembre el comisario británico se ha encargado de pasar a limpio los propósitos de creación de la “Unión de los Mercados de Capitales”, una de las principales iniciativas del Presidente de la Comisión Europea, de la que dio cuenta en su toma de posesión en julio del año pasado.

En el lanzamiento de ese horizonte se parte de un diagnóstico en el que ha influido de forma significativa la naturaleza bancaria de la crisis en la mayoría de las economías. La bancarización excesiva en algunos sistemas financieros y la dependencia excesiva de la financiación externa han sido dos condiciones que ayudan a entender la diferencia de las consecuencias de la crisis a uno y otro lado del Atlántico. Esa bancarización podría explicar el reducido desarrollo de los mercados de capitales en el Viejo Continente. El crecimiento económico y su estabilidad podrían verse favorecidos si existiera un mayor equilibrio entre bancos y mercados en la canalización del ahorro. Su asignación a decisiones de inversión empresarial, en especial de las pymes sería más fluido, en todo caso.

La larga convalecencia de los sistemas bancarios, los niveles relativamente elevados de morosidad y las presiones regulatorias son algunas razones que no invitan a confiar en crecimientos importantes del crédito bancario a corto y medio plazo.

Los objetivos enunciados son el desarrollo e integración de los mercados de capitales con el fin de ampliar y mejorar las condiciones de financiación de las empresas europeas. Ello equivale a reducir la dependencia de la financiación bancaria de las pymes sobre la que escribí en el número anterior de Empresa Global (La dependencia bancaria de las pymes. Empresa Global nº 155. Octubre 2015).

Ahora se ha concretado algo más el plan, con iniciativas que tratan de favorecer los procesos de titulización así como canalizar inversiones de las compañías de seguros hacia proyectos de infraestructuras, que también están entre las iniciativas del presidente Juncker.

La potenciación de los fondos de capital riesgo también se encuentra entre las prioridades. Pero tendrán que adaptar su regulación y cambiar inercias culturales muy presentes en la mayoría de los sistemas financieros nacionales. Y todo ello, a un ritmo pausado, como se hacen la mayoría de las cosas en la UE. Es el caso, por ejemplo, de la muy necesaria armonización de la legislación sobre quiebras empresariales, que no estará hasta finales del año que viene. La homogenización también ha de tener lugar en las normativas fiscales o en las infraestructuras de los mercados. Con todo, el horizonte es conveniente, y bueno sería que las autoridades comunitarias, pero también las nacionales, lo asumieran como prioritario. Una razón adicional a las estrictas de conveniencia económica, es la participación en la misma del Reino Unido, titubeante hoy sobre su vinculación futura a la UE. 

Artículo de reciente aparición en la Revista Empresa Global nº 156, noviembre 2015. Afi Ediciones Empresa Global

Finanzas de colores

La semana pasada el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) aprobó la Orden sobre información y clasificación de productos financieros, ya publicada en el BOE. Partía de una iniciativa previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el MINECO entendió, con buena lógica, que debía extenderse a todos los productos financieros para inversores minoristas.

En efecto, durante la crisis se han detectado anomalías en la distribución de determinados productos financieros para dichos inversores, lo que se ha traducido en un elevado número de reclamaciones y, sobre todo, en una importante pérdida de reputación de las entidades financieras. En este sentido, la orden es una buena iniciativa, pero no tenemos claro que sea suficientemente apropiada para ayudar a restaurar la imagen del sector.

En primer lugar, se trata de una iniciativa nacional, lo cual en principio no puede considerarse negativo, pero tiene que respetar las regulaciones ya aprobadas al respecto en el seno de la Unión Europea. Por esta razón, están excluidos de la orden las populares participaciones y acciones de instituciones de inversión colectiva y la novedosa categoría de productos empaquetados (PRIIP, packaged retail and insurance-based investment products), sobre los que tuvimos ocasión de escribir un post en este blog. En ambos casos, está regulado un documento de datos fundamentales para el inversor.

Sobre todo, se trata de una clasificación de productos que pueden considerare seguros o muy seguros, puesto que de las seis categorías que contempla, sólo una, la seis, un auténtico cajón de sastre, es claramente arriesgada para los inversores minoristas, por lo que la orden puede servir de información subliminal de hacia dónde deben dirigirse este tipo de inversores. No nos parece negativo este hecho, pero sí se debería precisar más el contenido de dicha categoría, que esconde niveles de riesgo muy diferentes.

Por otro lado, la exclusión de la deuda pública de la orden, por su carácter seguro, puede hacer olvidar que, aún si se supone libre de riesgo de impago, tiene riesgo de mercado, que en ocasiones puede ser muy pronunciado, como se ha visto en esta crisis y también en otras épocas. 

 

Con objeto de ser más incisiva en el cumplimiento de sus objetivos, haciendo bueno aquello de que una imagen vale más que 1.000 palabras, la orden fija dos opciones para ilustrar los niveles de riesgo. Una son los colores, de verde a rojo (el denominado enfoque del semáforo). La otra es el indicador de riesgo, aparentemente un número quebrado, pero que no lo es.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del riesgo, se debe informar a los inversores de dos importantes propiedades de los productos a través de sendas alertas. La primera es la alerta sobre liquidez, entendida sobre todo en términos de la recuperación anticipada del producto, que se plasma en la valoración de un conjunto de circunstancias y en la emisión de uno o varios mensajes descriptivos de las mismas cuando estén presentes.

La segunda es la alerta sobre complejidad, que sólo contempla una alerta un tanto ambigua: producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Es el mismo tipo de problema antes apuntado para la categoría seis de productos: se ponen todos los que sean complejos en el mismo saco, cuando los niveles de complejidad pueden ser muy diferentes.

Con todas sus insuficiencias, lo importante es cómo se aplique en la práctica la norma, que parece algo compleja, de hecho da un plazo de tres meses para aplicarla, pero al mismo tiempo muy relevante, para que centre los esfuerzos de la educación financiera de los clientes por parte de las entidades e instituciones. De puertas adentro, exige la formación adecuada del personal que debe atender a esos clientes e informar sobre su contenido y sus implicaciones. Si no es así, no desplegará plenamente sus efectos.

Las cuentas de los bancos

 

Acaba de conocerse el Informe de Estabilidad Financiera que con periodicidad semestral publica el Banco de España.  A la habitual evaluación de riesgos macroeconómicos y financieros, le sigue la correspondiente a los específicos riesgos bancarios, con una atención singular a la rentabilidad y a la solvencia del sector. Déjenme que recoja en esta entrada las principales conclusiones que revelan las cifras agregadas a junio de 2015, que proporciona el citado informe:

1. El resultado consolidado del conjunto de las entidades españolas en la primera mitad de 2015 ha superado los 11.000 millones de euros, con un incremento cercano al 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el resultado neto por los negocios en España ha crecido un 3% y no alcanza en dicho periodo los 6.000 millones como puede observarse en el cuadro adjunto. Dicho de otro modo, casi la mitad de los resultados del sector tienen su origen en el negocio fuera de España y, en consecuencia, se concentran además fundamentalmente en las dos primeras grandes entidades.
2. Los resultados generados por el negocio local, es decir, la práctica totalidad para la mayoría de las entidades españolas, siguen siendo bajos. El ROE medio de las entidades por sus negocios en España se sitúa en el entorno del 5%, muy por debajo del rango entre el 8% y el 10% de coste de capital que el BCE estima para la mayoría de la banca europea, según el propio Banco de España se encarga de remarcar.
3. Más aún, el pequeño incremento de los resultados en España es fruto fundamentalmente de las menores dotaciones por el deterioro de activos, al calor de la mejora de las condiciones económicas, ya que, incluso en este contexto más favorable, el margen de explotación se contrae significativamente en el semestre. El entorno de tipos extremadamente bajos (que persistirá), la caída del resultado de operaciones financieras (que también persistirá al haberse realizado ya una buena parte de las plusvalías acumuladas con la bajada de tipos), y el propio peso de los activos improductivos a los que nos referíamos en una anterior entrada de este blog, son los responsables básicos de este mal comportamiento, que, en definitiva, no tiene visos de truncarse en un par de años al menos.
4. Si a la anterior consideración sobre el negocio en España se suma que la importante exposición que la banca española tiene en economías emergentes, cuya desaceleración se ha intensificado recientemente, el panorama para la mejora de la rentabilidad del sector (incluyendo ahora el negocio fuera de España, aunque esto afecte casi exclusivamente a las dos grandes entidades) no es muy halagüeña.
5. Con todo, la capacidad de resistencia del sector, medido por sus ratios de solvencia no ha dejado de mejorar, incluso en términos relativos respecto a sus homólogos europeos. Bien es cierto que el reciente aumento de las ratios es consecuencia fundamentalmente de las ampliaciones de capital de las dos entidades de mayor tamaño. A pesar de ello, la ratio de capital de mayor calidad (el capital ordinario de nivel 1 o CET1 por sus siglas en inglés) se sitúa aun ligeramente por debajo de la media europea según el último informe Risk Dashboard trimestral que acaba así mismo de publicar la Autoridad Bancaria Europea.

 Solvencia de la banca europea: ratio CET1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad Bancaria Europea 

En cualquier caso, de la salud comparada serán más expresivos los resultados que conoceremos el próximo año de los nuevos tests de stress, a los que va a ser sometida el conjunto de la banca europea, como se ha anunciado ayer mismo.

Un año de Unión Bancaria

En esta semana (el 4 de noviembre) se cumple un año desde que el Banco Central Europeo (BCE), a través del Mecanismo Único de Supervisión (MUS, o SSM por sus siglas en inglés) iniciaba formalmente su actividad, de forma directa sobre las 130 mayores entidades bancarias de la eurozona, y de forma indirecta –conjuntamente con las autoridades supervisoras nacionales- sobre las restantes entidades (más de 5.000). El inicio de la supervisión única, con la que nacía formalmente la Unión Bancaria, había sido precedido por un ambicioso ejercicio de transparencia y evaluación global, que sin duda allanó el camino para una supervisión que habría de llevarse a cabo sobre bases homogéneas.

El primer año de la supervisión única ha descansado fundamentalmente en la efectiva implantación de los denominados Equipos Conjuntos de Supervisión (más conocidos como JST por su acrónimo en inglés), con una composición aproximada de un tercio de sus miembros procedentes del BCE, y dos tercios de las correspondientes autoridades supervisoras nacionales. Una estructura mixta con esa composición permite garantizar un aterrizaje ordenado del nuevo marco supervisor, incorporando una metodología y “cadena de mando” única –el tercio procedente del BCE- pero sin renunciar al conocimiento del terreno por parte de los inspectores ubicados en las autoridades supervisoras nacionales. Esa mezcla, sin embargo, incorpora una mayor complejidad y pesadez burocrática, cuando no redundancias y duplicidades en cuanto a la información requerida a las entidades supervisadas, lo que ha supuesto para éstas un esfuerzo añadido.

Sin menoscabo de ese esfuerzo extra requerido a los supervisados, lo cierto es que el cometido del MUS en su primer año de actuación se ha podido realizar en un entorno de relativa tranquilidad y ausencia de perturbaciones en los sistemas bancarios europeos. Excepción hecha, claro está, de la crisis en Grecia durante la primera mitad del año 2015, con implicaciones muy adversas sobre las posiciones de deuda pública en los balances bancarios.

Por cierto, esa crisis griega se resolvió con la firma de un tercer programa de rescate por importe de 80.000 millones, incluyendo en ellos unos 25.000 que se estimaban como necesarios para capitalizar los bancos de aquel país. Pues bien, el ejercicio de evaluación de la banca griega llevado a cabo por el BCE, y cuyos resultados han sido publicados esta misma semana, estima en 14.400 millones las necesidades de capitalización. Es decir, un importe sustancialmente inferior a esos 25.000 millones inicialmente anticipados, lo cual cabe ser interpretado también en el marco de relativa tranquilidad en el que la supervisión bancaria ha podido desarrollar su actividad durante su primer año.

De cara al futuro, el BCE, y su brazo supervisor, deberán reorientar sus prioridades hacia lo que en estos momentos se percibe como el “talón de Aquiles” de la banca europea: la sostenibilidad de su modelo, y especialmente la capacidad de generación de margen recurrente en un entorno de apenas crecimiento del negocio y tipos de interés cercanos a cero durante un prolongado periodo de tiempo.

Frente al enfoque tradicional de mirar únicamente a la situación estática de las entidades, esa especial consideración al modelo de negocio constituye la esencia de un nuevo marco supervisor mucho más proactivo, en el que también se otorga una importancia extraordinaria al buen gobierno corporativo de las entidades supervisadas.