Radiografía del crédito bancario en España

Lejos están los extraordinarios volúmenes de crédito que al inicio de la crisis “inflaban” los balances bancarios. Pasados estos años, su saldo vivo se ha reducido en medio billón de euros desde su máximo de algo más de 1,8 billones alcanzado en 2010. No ha dejado de caer desde entonces en este largo proceso de desapalancamiento de la economía española.

Tampoco ha sido homogénea la caída por segmentos receptores del crédito. Mientras las administraciones públicas mantienen un volumen similar al de entonces, hogares y fundamentalmente empresas concentran dicha caída. Estos dos últimos segmentos acumulan algo más del 90% del crédito vivo, con ligero predominio ahora del destinado a hogares frente al evidente dominio del crédito a empresas existente al inicio de la crisis. Ello es consecuencia de una caída desde máximos cercana al 40% del crédito a empresas y que “sólo” es del 20% en el crédito a hogares.

Menos visibilidad tiene en las estadísticas la distribución del crédito concedido por entidades. La publicación por éstas de sus cuentas anuales de 2015, de las que ya conocemos las más relevantes, proporciona la oportunidad de ampliar el análisis a esta otra perspectiva.

El cuadro y el gráfico de más abajo recogen la información al respecto de las principales entidades conocida hasta ahora, desagregando el crédito vivo concedido a finales de 2015 entre hogares, empresas y administraciones públicas (se excluye el crédito concedido a otras entidades financieras)[1].

De dicha información se desprende:

1. Un 40% del crédito a estos tres sectores se encuentra concentrado, por este orden, en Caixabank, BBVA y Santander. A continuación son otras tres entidades, Sabadell, Bankia y Popular, también por este orden, quienes con magnitudes parecidas acumulan un 20% adicional. Después, un grupo de entidades medianas-pequeñas completan hasta cerca de un 80% de la tarta del crédito bancario español. El resto está ya muy repartido entre entidades más pequeñas y con ubicación más local. No se puede decir por tanto que la concesión de crédito se encuentre excesivamente concentrada en España, si bien es cierto que lo está mucho más que antes del proceso de reestructuración bancaria operado en los últimos años.
2. Por otra parte, sigue destacando sobremanera el mayor peso relativo del crédito orientado a hogares sobre el de empresa en aquellos bancos que tienen su origen en el antiguo subsector de cajas. En concreto Caixabank, Bankia, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja, Liberbank, BMN y Abanca definen una proporción del crédito a hogares sobre el total que se sitúa en el rango 60%-75% aproximadamente. Por el contrario, en los “antiguos bancos”, con la excepción de BBVA y Bankinter en los que se da un reparto más equilibrado, domina con claridad la actividad crediticia orientada a empresas. También constituye un hecho diferencial que los tres grandes, y en particular BBVA, definen en general un mayor peso relativo del crédito a las administraciones públicas.

En los próximos meses veremos si las renovadas medidas heterodoxas que el BCE acaba de adoptar, para impulsar el crédito y favorecer que las expectativas inflacionistas se alineen con 2% marcado como objetivo orientador de la política monetaria, surten efecto. No lo suficiente nos tememos en el caso español, como para que ya deje de caer el crédito bancario en el año en curso.

 

[1] Si se tuvieran en cuenta algunos detalles (p.e. las filiales bancarias que operan en España de algunas de las entidades de la tabla) el tamaño de sus carteras de crédito así como, en consecuencia, su peso agregado sobre el total del sistema sería algo superior (aproximadamente un 85% frente al 78% que refleja la tabla)

El MUS publica su primer informe anual real

El mecanismo único de supervisión (MUS) ya había emitido un primer informe anual hace un año, pero había entrado en vigor el 4 de noviembre de 2014, por lo que, desde luego, no se refería a ese período de tiempo. Por tanto, el documento que acaba de presentar, Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE, es el que, por primera vez, se refiere a un año completo. Ambos están disponibles en español.

En el arranque del informe, en el prólogo de la presidenta del Consejo de Supervisión, el órgano encargado del gobierno del MUS, nos enteramos que éste no debería llamarse así, sino supervisión bancaria europea, pero la propia presidenta apunta algunos motivos por los que puede seguir empleándose ese término. A fin de cuentas, el MUS forma parte de la unión bancaria, que hasta el momento consta de dos mecanismos, el otro es el mecanismo único de resolución, y está pendiente en estos momentos de que se desarrolle un tercero: un fondo de garantía de depósitos europeo, al que dedicamos un post en este mismo blog, Hacia una garantía de depósitos europea

La homogeneización de la supervisión en la unión bancaria descansa en dos pilares. El primero es el desarrollo de una metodología común, utilizada por primera vez en 2015, que ha dado lugar al proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), cuyos elementos pueden observarse en el siguiente gráfico, extraído del informe anual que estamos comentando.

Metodología del proceso de revisión y evaluación supervisora

Fuente: BCE. Informe Anual del MUS 2015

El segundo pilar son las opciones y discrecionalidades nacionales (OND por sus siglas en inglés) reconocidas por la regulación bancaria europea a los supervisores o reguladores nacionales, de las cuales el BCE ha decidido armonizar unas 122 a través de un reglamento y una guía que aprobó la semana pasada y que entrará en vigor el próximo mes de octubre. Es un esfuerzo muy importante por construir un marco regulador único, pero que no puede estar completo mientras existan otras OND.

Como suele ser habitual en este tipo de informes, su presentación se aprovecha para analizar la situación de las entidades supervisadas; es decir de la banca del área euro, que en su conjunto ha mejorado de forma significativa en 2015, con una rentabilidad del capital (ROE) del 4,6%, frente al 2,8% un año antes[1], pero que sigue siendo muy baja, lo que explica que una de las prioridades del MUS para 2016 sea la sostenibilidad del modelo de negocio y el riesgo de rentabilidad. Otras prioridades son:

• Riesgo de crédito, en particular los préstamos dudosos y morosos
• Adecuación de capital
• Gobierno interno y calidad de la información
• Liquidez

Esto quiere decir que el MUS va a seguir teniendo mucho trabajo como supervisor, con 129 grupos bancarios significativos y un total de 1.117 entidades individuales bajo supervisión directa, y no tanto como autoridad que autoriza nuevas entidades, que sólo ha tenido 37 en 2015, un indicador más de que el negocio bancario no es el que era.  

 

[1] En nuestra nota Radiografía del Sistema bancario español en 2015 hemos analizado su evolución en base a los datos de la actividad de sus entidades en nuestro país, por lo que no resulta del todo comparable con los datos manejados por el MUS, que son a nivel consolidado. Con esta cautela, nos llama la atención que, siendo el ROE de 2015 prácticamente similar en España (4,3%) y el área euro (4,6%), en Europa aumenta, mientras que en España disminuye (desde el 5,2%), en gran medida por la fuerte reducción del  resultado por operaciones financieras (ROF), por su propia naturaleza muy dependiente de los mercados.

Sin productividad no hay futuro

Hacer las cosas mejor, esto es, producir más pero combinando de forma más eficiente los inputs, es la obsesión de cualquier empresario. También de cualquiera preocupado por la economía de un país. Se trata de conseguir crecer a través de ese itinerario virtuoso que, sin menoscabo del grado de utilización de factores, los emplea mejor con el tiempo: consigue que crezca la productividad, en definitiva. Para que ello sea posible es necesario, en primer lugar, que haya buenos empresarios, capaces de gestionar bien las distintas aportaciones factoriales, pero también de asimilar o generar innovaciones suficientes que empujen esa calidad de la gestión. Si eso se consigue, si la eficiencia o productividad mejora continuamente, lo hará también el PIB por habitante, el indicador de bienestar que todavía sigue siendo el más expresivo para los economistas. Las grandes diferencias que en horizontes largos se observa en la renta per cápita de los países acaban siendo explicadas por diferencias en la productividad del trabajo, como nos ha recordado la OCDE en un estudio específico (“The Future of Productivity”) del que está tomado el gráfico que acompaña a estas notas. La pertinencia de ese trabajo viene amparada en el descenso observado en los últimos años en el crecimiento de la productividad, cuestionando hasta qué punto se trata de un fenómeno más o menos pasajero o algo que ha llegado para quedarse.

El gráfico compara el comportamiento de los dos principales componentes de las variaciones en el PIB por habitante: la contribución del trabajo empleado (horas trabajadas por habitante) y la de la productividad del trabajo (PIB por hora trabajada) de los miembros de la OCDE frente al promedio de las 17 economías con mejor PIB per cápita en 2013.

Fuente: OCDE, “The Future of Productivity”

Para que la productividad avance, la innovación es clave, ya lo sabemos. Y asimilar las innovaciones e ideas valiosas disponibles es tan importante como generarlas. Sin necesidad de remontarse mucho en el tiempo, lo hemos observado en la discontinuidad tecnológica más reciente, la que provocaron las TIC y la subsiguiente extensión de la digitalización a un número creciente de actividades económicas. Así ocurrió en la economía estadunidense a partir de mediados de los noventa, cuando las TIC registraron una amplia difusión. Europa quedó más rezagada.

Entre los daños generados por la crisis, la reducción del crecimiento de la productividad aparece como uno de los más inquietantes. Y en su explicación es la ausencia de inversión en capital basado en el conocimiento la razón fundamental. Por eso la primera medida que recomienda la OCDE es mejorar la inversión pública, y la correspondiente organización de la misma, en investigación básica. El apoyo a los sistemas universitarios y la más estrecha colaboración de las universidades con las empresas son piezas esenciales. Junto a ello, la mayor apertura y conectividad internacional con el fin de facilitar la asimilación de innovaciones o la diversificación de las instituciones e instrumentos financieros, son elementos importantes.

No son recetas originales, es verdad, pero cuando siguen apoyadas en nueva y amplia evidencia como la que aporta el trabajo de la OCDE merece la pena asumirla como prioridad de la política económica. Convendría tomar buena nota en nuestro país en un momento en el que se dan a conocer intenciones, programas y prioridades de quienes aspiran a formar gobierno. 

Artículo de reciente aparición en la revista Empresa Global nº 160. Marzo 2016. Ediciones Empresa Global

Resolución Bancaria Ibérica: España, Portugal, Andorra

Coincidiendo con la entrada en vigor de la segunda parte de la Unión Bancaria, referida al Mecanismo Único de Resolución, han cobrado protagonismo recientemente, por diferentes motivos, los procesos de resolución bancaria utilizados en los tres países de la península ibérica: España, Portugal y Andorra.

En el caso español, la reciente publicación por la Comisión Europea, de su informe de evaluación del Programa de Asistencia al Sector Financiero en España, evaluación que pretende extraer lecciones para futuros procesos de resolución bancaria.

En el caso portugués, por entrar en la recta final para la adjudicación en subasta del Novo Banco, entidad creada como versión “banco bueno” del Banco Espirito Santo (BES), intervenido en verano de 2014.

Y finalmente en el caso de Andorra, al concluirse el proceso de segregación de activos a Vall Banc, el “banco bueno” creado para facilitar la resolución de Banca Privada d´Andorra (BPA), justo un año tras la intervención de dicha entidad como reacción del Gobierno de Andorra a la nota de la FINCEN estadounidense calificando a dicho banco como altamente sospechoso de blanqueo de dinero (“primary money laundering concern”).

Con motivo de esa coincidencia en el tiempo, creemos apropiado realizar un ejercicio pedagógico comparando los diferentes procesos de resolución bancaria seguidos en los tres países. La principal diferencia radica en la elección del modelo “banco malo” frente a “banco bueno”. En el primer modelo, de los bancos intervenidos se segregan los activos problemáticos, que son transferidos a un “banco malo” para su aparcamiento y venta ordenada en un horizonte temporal dilatado. Por el contrario, en el segundo modelo lo que se segregan son los activos y pasivos no problemáticos a un banco de nueva creación (el denominado “banco bueno”) para su rápida enajenación, en tanto que los activos problemáticos, y los pasivos asociados, permanecen en los bancos originales, condenados a soportar las cargas del ajuste durante tiempo indefinido.

En el caso español se optó por el primero de dichos modelos, es decir, creación de un “banco malo” (SAREB, aunque formalmente dicha entidad no sea un banco) al que se le transfieren los activos problemáticos, quedando por tanto los bancos originales (Bankia, Novagalicia, Catalunya Bank, etc.) limpios de dichos activos y por tanto con mejores posibilidades de venderse. Por el contrario, Portugal y Andorra han utilizado el método de “banco bueno”, mediante el cual se traspasan a un banco de nueva creación los activos y pasivos sobre los que no existe duda de su calidad, y se dejan los restantes activos y pasivos en los bancos originales.

¿Qué modalidad es más apropiada? Pues depende de la “patología” que afecta a los activos / pasivos problemáticos que han causado los problemas en los bancos intervenidos.

En el caso español, como la patología estaba bien identificada y era muy específica (activos vinculados a riesgo inmobiliario) lo más eficiente era ubicar todos ellos en una sociedad (SAREB) que se especializaría en la gestión de dichos activos, con un horizonte temporal suficientemente dilatado (15 años).

En el caso portugués, y más específicamente en la intervención de BES, sus activos problemáticos se hallaban mucho más dispersos (no solo sectorialmente, abarcando incluso participación en el sector del petróleo, sino geográficamente, incluyendo activos en Angola), por lo que resultaba mucho más eficiente y manejable la identificación de activos y pasivos “buenos” a transferir a Novo Banco, el cual se halla en la fase final de su adjudicación en subasta.

Finalmente, en el caso andorrano es todavía más clara la optimalidad del modelo de “banco bueno”, localizado en Vall Banc, cuyo proceso de adjudicación en subasta también se halla abierto. En este caso, la “patología” de  los activos (o más bien pasivos) problemáticos era mucho más abierta y contingente (a su origen, no totalmente identificado o lícito), lo que claramente aconsejaba la creación de un banco bueno (el mencionado Vall Banc) al que se le transfiriesen exclusivamente los activos/pasivos libres de cualquier sospecha de la patología que suscitó el proceso de intervención de BPA.

Por otra parte, conviene recalcar que, en los casos de Portugal y Andorra,  sus respectivos procesos de resolución bancaria  se están llevando a cabo bajo plena operatividad de la Directiva Europea de Resolución Bancaria (BRRD),  en vigor desde 01/01/2015, lo que no fue el caso en la resolución bancaria en España, cuando no existía la mencionada Directiva. Probablemente la ausencia de dicho marco legal en el caso español ha sido un factor explicativo (que no el único) de las numerosas reclamaciones judiciales contra las decisiones tomadas en cuanto a la imputación de pérdidas (“burden sharing”) a accionistas y preferentistas. Esa posibilidad de reclamación es mucho menor ahora en Portugal o Andorra, al estar ya en vigor la mencionada Directiva (o la Ley andorrana que replica dicha Directiva), que otorga el necesario marco legal para la imputación de pérdidas a accionistas y acreedores subordinados, en un proceso de resolución bancaria.

Retraso en el mercado único de valores

Aunque los actos correspondientes deben adoptarse por los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE), toda la industria europea de valores cuenta con el retraso de un año, hasta el 3 de enero de 2018, que ha propuesto la Comisión Europea para aplicar las dos nuevas normas básicas llamadas a regular el mercado único de valores: la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID2 por sus siglas en inglés, teniendo en cuenta que es la segunda con ese nombre) y el Reglamento 600/2014, con la misma denominación (MiFIR por el mismo criterio).

El retraso está plenamente justificado por la adaptación que tienen que efectuar los sistemas de negociación y las empresas de servicios de inversión a las nuevas exigencias, pero afecta también a las medidas de mayor protección a la clientela que se derivan de la nueva normativa. Sin embargo, también debe relacionarse con la extensión y complejidad del mercado único de valores, ya que todas sus normas básicas de la UE han sufrido retrasos en su aplicación a lo largo del tiempo.

La primera de ellas, la Directiva 93/22/CEE, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DSI, por sus siglas en inglés) se aprobó con el mercado único ya empezado, su inicio fue el 1 de enero de 1993, y no entró en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995. La sustituyó la Directiva 2004/39/CEE (MiFID por el mismo criterio señalado), actualmente vigente, que se publicó inicialmente sin fechas (la correspondiente corrección de errores no apareció hasta el 16 de febrero de 2005), y cuya aplicación se aplazó al 1 de noviembre de 2007 por la Directiva 2006/31/CE. Por tanto, el aplazamiento actual no constituye ninguna novedad.

La complejidad del mercado único de valores se deriva de la amplitud y el dinamismo de su ámbito, que incluye los instrumentos financieros (no sólo valores, como las acciones y las obligaciones, sino también instrumentos derivados), los sistemas de negociación (no sólo los mercados propiamente dichos, que en España se denominan mercados secundarios oficiales), las empresas de servicios de inversión, los propios servicios de inversión y auxiliares (estos últimos por sí solos no definen una empresa de inversión), a los que se unirán los servicios de suministro de datos, como manifestación de la relevancia que ha adquirido en los mercados de valores actuales la difusión de la información, y los clientes.

Estos clientes pueden ser de tres tipos: minoristas, con la mayor protección, profesionales, con la menor protección, y contrapartes elegibles, generalmente otras entidades financieras, que no es que no sean clientes, sino que no gozan de ninguna protección como tales.

En nuestra opinión, el retraso en la aplicación de las nuevas normas proporciona más tiempo en la preparación de las entidades ante sus diversas exigencias, pero no debe disminuir la necesidad de una planificación e intensidad adecuadas de la misma, especialmente en sus relaciones con la clientela, que, entre otras cosas, conlleva que las personas que la atiendan, especialmente si se trata de clientes minoristas, estén suficientemente informadas y formadas para prestarles los servicios que precisen con honestidad, imparcialidad y profesionalidad.

Estresando de nuevo a la banca

La EBA (la Autoridad Bancaria Europea, por sus siglas en inglés) hizo público hace unos días las características del ejercicio de estrés al que van a ser sometidas las entidades bancarias europeas este año. Como antecedente cabe recordar el ejercicio similar que se llevó a cabo en 2014, y que en el caso de las entidades que iban a quedar sujetas a la supervisión del BCE desde finales de dicho año, estuvo acompañado además de un proceso previo de revisión de la calidad de los activos de sus balances bancarios.

Con razón, las pruebas de estrés que se han puesto ahora en marcha han suscitado menos expectación que las anteriores. No sólo no son novedosas, sino que además:

1. Dejan de estar acompañadas de esa revisión de la calidad de los activos bancarios. Parece natural que así sea cuando las entidades sujetas de la eurozona ya están bajo la órbita supervisora y vigilancia continuada del BCE (en el anterior lo estaban previamente a las respectivas autoridades nacionales).
2. A diferencia del ejercicio de 2014, y precisamente por el mismo motivo, el objetivo no es identificar posibles necesidades de capital que exijan una recapitalización inmediata, sino valorar vulnerabilidades y el impacto del escenario adverso que se maneja.
3. Incluso la evaluación tiene ahora un alcance menor (51 bancos de 15 países frente a los 123 bancos que tomaron parte en 2014), si bien con una elevada cobertura media de los activos bancarios de la eurozona que alcanza el 70%, y sube hasta el 87% en España, donde serán seis los bancos participantes.

Por lo demás, aunque se introducen algunas novedades, los cambios metodológicos no son sustanciales.

¿Qué valor tendrá este nuevo ejercicio? Desde luego proporcionará una información no despreciable como ejercicio de sensibilidad a los escenarios (base y adverso) que se han planteado y contribuirá a la mayor transparencia de un sector tan sensible.

Lo cierto, en cualquier caso, es que más allá del propio ejercicio probablemente haya que anticipar un panorama pesimista para la estabilidad de un sector en el que:

1. Con alta probabilidad va a seguir vigente un “escenario de tipos cero” durante el periodo de tres años contemplado (2016-18), con riesgos cada vez mayores de que opere la “trampa de liquidez keynesiana” en un contexto de débil crecimiento económico.
2. A pesar del proceso de recapitalización bancaria nada despreciable llevado a cabo en la eurozona en estos últimos años, se mantienen focos de vulnerabilidad evidentes en algunas entidades e incluso países. Piénsese en el desplome reciente de entidades como el Deutsche Bank, la banca italiana,… más allá de lo que lo ha hecho el conjunto del sector.
3. Los nuevos entrantes y el cambio vertiginoso que impone la transformación digital amenazan la supervivencia a medio plazo de muchas entidades.

Con una visión de luces más cortas, no va a ser fácil (no lo está siendo) en este contexto el papel del BCE en su doble condición de ejecutor de la política monetaria de la eurozona, al tiempo que de supervisor y garante de la estabilidad de su sector bancario. Demasiadas novedades y retos en el horizonte. “Entretenimiento” asegurado para investigadores y analistas.