Un paseo por la regulación financiera pendiente

Dada la situación actual de nuestro Parlamento y, consecuentemente, del Gobierno, no puede resultar extraño que lleve tiempo prácticamente desaparecida del mapa la producción de nueva regulación financiera española, más allá de las circulares del Banco de España y la CNMV, que, en general, desarrollan normas que les facultan para ello.

En cambio, en el seno de la Unión Europea (UE) ha continuado el desarrollo del mercado único y de la unión bancaria, con la consiguiente aparición de nuevas normas, que en su gran parte son de aplicación directa y no necesitan de legislación nacional que las aplique.

A la vista de las inmediatas vacaciones, habíamos concebido inicialmente este post como un repaso de normas nacionales que están pendientes de aprobar exigidas por directivas de la UE, y cuyos plazos en algunos casos ya están sobrepasados, lo que puede tener consecuencias sancionadoras para nuestro país, pero que preferimos contemplar como tareas pendientes que deben acometerse cuanto antes.

Además, la regulación pendiente más relevante tiene como característica común el afectar, de uno u otro modo, a la protección de los consumidores, lo cual, además de perjudicar a estos, no contribuye a despejar la mala imagen de las entidades financieras a raíz de la crisis actual.

El cuadro siguiente recoge tres importantes directivas de la UE que, afectando al sistema financiero, están en estos momentos pendientes de trasponer al derecho español. En el caso de la tercera, ha sido el propio mercado el que ha presionado para posponer por un año su implementación, ante los cambios tan intensos que trae consigo.

*Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo

**Anteproyecto de Ley XX/2016, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

El análisis que venimos efectuando en este post se ha visto reafirmado un tanto sorpresivamente por el anteproyecto de ley que figura en segundo lugar en el cuadro anterior, que, desde este martes y hasta el próximo 15 de septiembre, ha sometido a audiencia pública la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (SGTPF). Al anteproyecto que figura en primer lugar no se le ha dado, hasta ahora, continuidad.

Si la ley se aprueba en términos similares a los del reciente anteproyecto, no sólo tendrá por objeto la trasposición de la Directiva 2014/17/UE, sobre la que elaboramos en su momento un post  en este blog, Crédito hipotecario a la europea,  sino que extenderá su ámbito de aplicación a los contratos que celebren los prestatarios (siempre personas físicas) con personas físicas o jurídicas que de manera profesional realicen alguna de las siguientes actividades:

1. La concesión de préstamos o créditos con garantía hipotecaria sobre una vivienda bajo la forma de pago aplazado, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación.
2. La concesión de préstamos o créditos cuya finalidad sea la adquisición o conservación de terrenos o edificios construidos o por construir.
3. La intermediación para la celebración de una de las modalidades de contrato a que se refieren las letras anteriores.

Es obvio que la SGTPF pretende ganar tiempo con esta audiencia pública para que el Gobierno elabore cuanto antes el correspondiente proyecto de ley y subsiguientemente lo aprueben las Cortes Generales.

Un capítulo del anteproyecto contiene normas de transparencia, incluyendo requisitos de conocimientos y competencia aplicables al personal que atienda a los clientes de este tipo de préstamos. Otro desarrolla el régimen jurídico de los intermediarios de crédito inmobiliario, sus representantes y los prestamistas. Y un tercero se refiere al régimen sancionador, que debe apoyar el cumplimiento efectivo de la norma.

Dada la elevada importancia del crédito hipotecario en nuestro país para la financiación de la vivienda, esperamos que el anteproyecto pueda convertirse en ley lo más pronto posible.

Crédito: la caída que no cesa

Los datos de negocio bancario de mayo confirman lo que ya anticipábamos hace mes y medio al valorar el potencial efecto que las decisiones de Banco Central Europeo (BCE) tendrían sobre el crédito bancario. Concretamente, advertíamos de que la extensión del programa de compra de activos del BCE para incluir bonos emitidos por empresas no financieras tendría un claro efecto de desbancarización sobre las empresas susceptibles de emitir bonos. En tal caso, y en la medida en que el crédito a grandes empresas es mucho mayor en volumen que el concedido a pequeñas y medianas, el efecto neto sería una mayor presión a la caída del saldo vivo de crédito bancario.

Efectivamente, los datos de mayo publicados esta semana confirman ese efecto que anticipábamos. El crédito al sector privado (empresas y hogares) se sitúa en 1,2 billones, con un descenso de 43.000 millones en lo que va de año y 68.000 en los últimos doce meses, acelerando la tasa interanual de caída hasta el -5.2%, frente al -3% que venía registrando en los meses previos al anuncio del BCE.

Es posible que  existan otras causas adicionales para explicar la caída del crédito, entre ellas la incertidumbre política, que puede estar ralentizando algunos proyectos empresariales; pero no cabe duda de que las medidas del BCE incorporan un claro incentivo a la desbancarización de las grandes empresas, y la evidencia es clara al respecto. Durante el primer trimestre de 2016, el agregado de empresas no financieras españolas había llevado a cabo emisiones de bonos por un importe que no alcanzó los 1.000 millones de euros. Ese mismo agregado de empresas realizó emisiones por un importe cercano a los 7.000 millones entre abril y mayo, es decir tras conocerse la decisión del BCE de incluir bonos corporativos en su programa de compra de activos.

Es cierto que el avance de junio permite anticipar una fuerte contracción de las emisiones empresariales de bonos, en parte por el “accidente” asociado al Brexit, pero no parece que vaya a ser suficiente para restaurar un ritmo de evolución del crédito bancario mínimamente aceptable para garantizar la sostenibilidad de las cuentas de resultados del sector.

En todo caso, la reacción de éste debe dirigirse a tratar de compensar en la medida de lo posible esa caída de crédito (y por tanto de ingresos financieros asociados al mismo) con una menor base de pasivos caros. Y esa es efectivamente la otra lectura que cabe realizar de los datos de negocio bancario en mayo: aceleración en el proceso de conversión de pasivos, que ya viene registrándose desde hace más de un año. Concretamente, en una primera mitad de año (a falta de junio) con variación nula de depósitos de clientes, se produce un nuevo trasvase de 35.000 millones desde depósitos a plazo (que caen un 17% interanual) hacia depósitos a la vista, que aceleran su crecimiento hasta el 15% interanual.

Dos factores explican este comportamiento. Por un lado, con menos crédito vivo existe menos presión para mantener saldos de pasivos estables, en aras de las futuras exigencias de liquidez en el marco de Basilea III. Y por otro lado, en el actual (y previsible durante un periodo sustancial) marco de tipo cero o negativos, los depósitos a la vista ofrecen más posibilidades que los depósitos a plazo para alcanzar un tipo efectivo negativo, al considerar conjuntamente la remuneración nominal y las comisiones de gestión asociadas.

Esa presión por aliviar los costes financieros e incrementar las comisiones es, por otra parte, mayor si se tiene en cuenta el tercer factor a destacar de los datos bancarios en mayo, como es la ralentización en la mejora del crédito dudoso. Este se ha reducido en 1.300 millones de euros  en mayo, y en 7.700  millones en lo que va de año, lo que contrasta con los 30.000 que se redujo en 2015. Si a ello se le une el efecto “base” de un crédito cuya caída se acelera, la tasa de mora va a corregirse muy lentamente desde su actual nivel de 9,9%. De hecho,  tan sólo ha corregido 0,30% desde el cierre de 2015,  lo que hace prácticamente imposible repetir el buen comportamiento del año pasado, en el que la tasa de mora se redujo en 2,4 puntos porcentuales.

Más tentaciones proteccionistas

Cuando las cosas van mal, o cuando no se sabe muy bien cómo irán, emergen temores, entre ellos al entorno. La introspección, el proteccionismo es una de las tentaciones de algunos gobiernos, en muchas ocasiones presionados por grupos domésticos que tratan de priorizar la defensa del statu quo. Y la concreción de esos temores en decisiones políticas acaba por lo general con desenlaces en los que la mayoría de la gente acaba perdiendo. El actual es uno de esos momentos que invita a la inquietud. Me voy a limitar a destacar algunos rasgos que justifican esa preocupación:

1. El comercio internacional lleva cinco años descendiendo, creciendo menos de lo que lo hace el PIB global. Una primera razón para ahuyentar temores podría ser la creciente influencia de los servicios en la estructura sectorial de algunas economías. Desde luego en la china, donde ya suponen el 50% de la formación del PIB.

2. Pero también inquieta la adopción de decisiones concretas que limitan o penalizan las importaciones. La Organización Mundial de Comercio ha destacado que entre mediados de octubre del pasado año y mediados de mayo de este las economías del G20 han introducido medidas proteccionistas al ritmo más rápido desde 2008, cuando estalló la crisis financiera.

3. Imposición de aranceles y otras barreras en una de las más importantes economías del mundo. Reducción del volumen de comercio. Y la excesiva duración de las conversaciones con las instituciones europeas no hará sino aumentar la incertidumbre, y el debate en otros países acerca de los beneficios e inconvenientes de la pertenencia a la UE.

4. La retórica del candidato republicano a la presidencia de EEUU. Son explícitas sus intenciones de limitar el comercio, mediante la imposición de penalizaciones a las importaciones de China y México o cuestionando aspectos básicos de algunos acuerdos suscritos por su país actualmente en vigor como el NAFTA. También es conocida su oposición a las pretensiones de la actual administración de alcanzar un ambicioso acuerdo entre los doce países del acuerdo transpacífico.

5. Oposición al acuerdo de EEUU con la UE.

Los peligros avanzan. Daños al crecimiento de la economía global y a la mejora del bienestar de la mayoría. Escasas posibilidades de crecer por encima del modesto 3,2% que el FMI anticipa para el conjunto de la economía global. Y tampoco lo hará la productividad, necesaria para que se registren aumentos de la inversión. Aumentará la inestabilidad financiera internacional. Es razonable que el propio FMI, entre otras instituciones, haya advertido al respecto. No sería bueno un parón en la dinámica de globalización como el que supuso el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es verdad que estas cosas pueden derivar en palabras mayores.

Artículo de reciente aparición en la revista Empresa Global nº 164 Julio-agosto 2016. Ediciones Empresa Global

El impacto del ‘Brexit’ en los servicios financieros de la City

* Enrique Titos, director asociado de Afi, ha escrito este post junto a Esteban Sánchez

Una de las ramificaciones de la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea se centra en el potencial impacto para que Londres siga siendo la plaza financiera por excelencia de la Unión. Y una de las primeras amenazas es la pérdida de la condición de sede de las actividades de clearing internacional o cámara de compensación en distintos mercados financieros.

Los argumentos de no discriminación vencieron las reticencias del Banco Central Europeo, que cuestionó hace varios años si las actividades en euros, consideradas sistémicas, podían estar radicadas en las cámaras de un país que decidió no compartir la moneda europea. 

Reino Unido ha gozado de varias excepciones: rechazó ser parte del espacio Schengen de libre circulación de personas y ha sido un firme opositor a buena parte de la legislación de Bruselas. El Reino Unido siempre estuvo más cómodo en una UE concebida más como espacio de libre comercio que como construcción para una mayor integración política de sus miembros. Con la hipotética salida de la UE, buena parte de las decisiones tomadas entonces volverán a estar encima de la mesa de negociación. 

Las finanzas, seguros y servicios profesionales relacionados son claves para la economía británica. Representan el 11,8% de PIB británico, el 11,5% de la recaudación total de impuestos y emplean a 2 millones de personas o el 7% de la población activa, con fuerte concentración en las áreas cercanas a la City londinense. Dado que no representan una industria física, en teoría podría pensarse que pueden trasladarse de forma relativamente fácil a otro lugar. Físicamente hablando, no se necesita más que espacio de calidad, tecnología y conexiones de alta velocidad y el personal apropiado.

Pero la red que integra un centro financiero como Londres es mucho más que todo eso. Es el dominio del inglés como idioma universal de los negocios. Es la capacidad de atraer, retener y desarrollar el mejor talento con una interacción entre empresa y centro educativo que lidere la innovación. Es la capacidad de dar a instituciones y empresas con operaciones globales la plataforma para negociar con cualquier parte el mundo y muy especialmente con la UE, principal mercado de proximidad del Reino Unido, al que destina el 44% de sus exportaciones totales. Es el entorno legal seguro y testado regido por el common law, sin una constitución escrita y donde lo que no está prohibido o regulado está permitido. Londres es, por estas y otras razones, el centro financiero más importante de Europa y uno de los mayores del mundo. Además, como causa o como efecto, es el país de desembarco en Europa de la mayoría de inversores y operadores que provienen del continente asiático y americano. Londres es el centro líder del Global Financial Centres Index en su edición de Marzo 2016 (en el cuadro que sigue están los primeros cinco centros mundiales, seguidos de los principales centros de la Unión Europea).

Una de las claves de la consolidación de la City de Londres son los derechos de prestación de servicios financieros desde Londres al resto de países de la UE (“passporting rights”), lo que ha permitido que las firmas basadas en el Reino Unido puedan operar en cualquier país de la Unión estando sólo reguladas por las instituciones británicas, sin necesidad de estar sometidas a reguladores locales en cada país (salvo necesidad de regulación nacional específica o bespoke regulation). La salida de la UE debería implicar la pérdida de los derechos de pasaporte europeo y no en vano es una preocupación estratégica para las firmas ubicadas en Reino Unido con actividad en la UE. Algunos políticos europeos ya se han pronunciado al respecto y no son poco los países que ya están tendiendo puente de plata a las empresas ubicadas en Reino Unido para que deslocalicen parte o la totalidad de sus los servicios financieros ahora ubicados en las allí. 

Otra razón para abandonar Londres sería la existencia de dos regulaciones, una local británica y otra en el país elegido para ubicar la licencia que da derecho al pasaporte europeo, lo que haría más costosa la prestación de servicios desde Reino Unido. No obstante, hay precedentes de prestación de servicios financieros desde Noruega o Suiza que no son miembros de la UE pero que a través de la pertenencia al Espacio Económico Europeo o a través de acuerdos comerciales pueden vender en países de la Unión.

El Reino Unido ofrece un marco de disponibilidad de financiación en todas las fases de desarrollo empresarial, un gran pool de talento local e internacional con centros de investigación tecnológica y científica de gran perfil y pragmatismo aplicativo, una regulación cercana a la innovación y al emprendimiento que no tiene parangón en el resto de los sistemas europeos,  y una cultura financiera a nivel individual, corporativo e institucional que permite florecer un ecosistema tremendamente competitivo y de difícil réplica. La consultora E&Y en su informe UK FinTech - On the cutting edge cataloga los mayores centros competitivos de Fintech a nivel mundial y sitúa a Londres como el principal centro mundial en FinTech (a menor puntuación mayor posición en el ranking).

En este momento, varios países de la UE están reflexionando cuando no ofreciendo abiertamente la relocalización de servicios y entre ellas se encuentran París, Frankfurt, Dublín, Luxemburgo e incluso, Madrid. En la industria de los fondos de inversión, Luxemburgo ya tiene una posición destacada en la domiciliación de fondos y, cada vez más, en la inmensa industria de gestión de activos. Dublín también tiene una activa posición en el registro de emisiones de deuda y tiene una avanzada estrategia en la localización de servicios financieros para instituciones. París y Frankfurt son opciones con gran peso político y sede de instituciones como el Banco Central Europeo. 

No obstante, es dudoso que ninguno de los oponentes a Londres vaya a concitar las ventajas globales que reporta Londres en un plazo corto de tiempo. Son demasiadas las ventajas de tipo cultural y de capacidad instalada en funcionamiento que tiene Londres como para que una decisión rápida revierta el actual estatus.  Además, Londres va a usar toda su nueva autonomía legislativa para incentivar la localización de industrias en su territorio, y así hay que entender la propuesta del canciller George Osborne de reducir el tipo fiscal para empresas desde el 20%  a menos del 15%. Tampoco cualquier capital tiene la capacidad de crear espacios de negocios bien localizados que acojan la inmensa industria de Londres.

Como bien explica este texto de Ambroise Evans Pritchard, editor internacional de negocios de The Telegraph y defensor del Brexit, las ventajas ya construidas por Londres no harán sencilla la creación de una competencia en el continente a la plaza financiera de Londres. De otra parte, el complejo y abierto proceso que se inicie tras la invocación del artículo 50 (cuando el Reino Unido se decida a hacerlo) va suponer una negociación en todos frentes políticos, económicos y de seguridad. Durante los dos años posteriores a la invocación de dicho artículo, las leyes existentes seguirán siendo las aplicables,  por lo que sólo estamos asistiendo a los primeros escarceos y posicionamientos. Mientras tanto, no es previsible que se tomen grandes decisiones de reubicación de servicios financieros fuera del Reino Unido.

 

La banca obligada a informar a la pyme

El Banco de España acaba de publicar una circular que, en desarrollo de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, debe facilitar la captación de fondos por las pequeñas y medianas empresas (pyme), la inmensa mayoría de las existentes en nuestro país.

Para ello, se especifica el contenido y el formato del documento Información Financiera-Pyme y se desarrolla la metodología y el modelo-plantilla para la elaboración de un informe estandarizado de evaluación de la calidad del riesgo, que también formará parte del citado documento.

La idea es calificar el riesgo de cada pyme o empresario autónomo desde el punto de vista de la entidad prestamista en algunas de las categorías del cuadro adjunto, sobre la base de tres tipos de variables:

1. La situación financiera del acreditado, a través del análisis de sus estados financieros, en su caso auditados, y la aplicación de unos ratios, en principio los mismos que utiliza la Central de Balances del Banco de España, pero, si no es posible, otros que permitan evaluar, al menos, las siguientes áreas:

     a) Actividad.

     b) Rentabilidad.

     c) Liquidez.

     d) Nivel de endeudamiento.

     e) Solvencia.

2. Variables cualitativas, en base al conocimiento que la entidad tiene de su cliente y, en su caso, del apoyo que recibe por parte de sus socios o del grupo económico al que pertenece.

3. Variables conductuales, que valoran la evolución del comportamiento del acreditado en las relaciones contractuales con la entidad.

Como toda valoración es, de algún modo relativa, la circular exige que la entidad proporcione a sus acreditados, junto con la calificación de su riesgo, información sobre su posición relativa en el sector en el que desarrolla su actividad para el ejercicio económico más reciente respecto del que se dispone de información. Todo ello con el apoyo de la Central de Balances, que de esta forma aumenta su utilidad para el sistema financiero y empresarial de nuestro país, después de haberse convertido, con el paso de los años, en un importante instrumento de análisis.

Nuevamente, nos encontramos con una norma que exige importantes cambios en el comportamiento de las entidades bancarias ante sus clientes, en este caso empresas de reducida dimensión, que, a su vez, alteran los sistemas de información de las entidades y provocan nuevas necesidades de formación de su personal. Es por ello, que la norma no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, para dar tiempo suficiente a que las entidades se preparen en una y otra dirección. No hay que olvidar el importante cambio que se ha producido en el tratamiento del riesgo de crédito por la Circular 4/2016, véase nuestro post sobre ella.

No podemos decir que las nuevas normas resuelvan todos los problemas que la financiación de las pyme plantea para ambas partes, pero un mejor conocimiento de los prestatarios y la utilización de técnicas básicas comunes de evaluación por parte de los prestamistas, deberían favorecer a los primeros, especialmente si son realmente buenos con los segundos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Banca italiana: la cuadratura del círculo

Ha llegado la hora para la banca italiana. No pueden pasar muchos días antes de que las sus autoridades nacionales y las europeas adopten una decisión de alcance similar al rescate de la banca española en 2012. No es sostenible la presencia en sus balances de 360 mil millones de euros de activos dañados (mucho más que en el caso español) con niveles de provisiones y capital insuficientes. Caídas del entorno del 60% de la banca italiana cotizada en lo que va de año, y de una valoración media que no alcanza actualmente el 30% de sus recursos propios (su valor en libros), es reveladora de una situación no ya preocupante, sino extrema y exigente de una intervención inmediata de las autoridades. Desde luego en algunas entidades singulares, como es el caso del Monte del Paschi di Siena. Debe impedirse no ya una erosión adicional de la delicada situación del sector, sino de la propia capacidad de las autoridades por embridar un problema que amenaza con contaminar al conjunto de la banca e incluso de la economía europea.

 

Fuente: Afi, Blomberg

¿Cuáles son los antecedentes? Un sector en permanente reconversión en las últimas décadas que ha sorteado sorprendentemente hasta ahora el obligado saneamiento que exigía la reciente crisis. Tras las fusiones y adquisiciones acaecidas en las dos décadas anteriores, en la que (i) se privatizaron el grueso de los bancos estatales y (ii) las “cajas de ahorros” italianas se transformaron en bancos comerciales gestionados en gran medida por fundaciones públicas, dos grandes entidades, Unicredit e Intesa Sanpaolo, acaparan ahora conjuntamente el 47% de los activos bancarios de aquel país. El resto de entidades significativas[1] (una docena de entidades más) concentran otro 25%, mientras que el 28% restante del total de los activos bancarios se distribuye entre las aproximadamente 500 entidades pequeñas adicionales que conforman el sistema bancario italiano. En definitiva, en un extremo dos grandes entidades de ámbito nacional (pero que aun así no están dentro de las verdaderamente grandes europeas) y, en el otro extremo, una larga cola de entidades que operan a nivel regional o local dan forma a lo que es el cuarto sistema bancario (tras el español) por volumen de activos gestionados de la eurozona.

Datos a 31-12-2015

Fuente: Afi, Bruegel, SNL 

  ¿Cuál es el diagnóstico? La mencionada pesada losa de activos dañados (la mayor en términos absolutos de la banca europea y la segunda en términos relativos tras la banca griega) que, por más que se concentre especialmente en algunas entidades, afecta de manera generalizada al conjunto del sistema. Este es el principal elemento de preocupación en relación al resto de la banca europea, con la que desde luego comparte en cualquier caso otras debilidades propias de un contexto macroeconómico todavía débil, un escenario tipos muy bajos durante un horizonte prolongado y una estructura de negocio en transición que se traduce en unos niveles de rentabilidad que van a estar muy alejados durante algún tiempo del coste de capital.

En nuestra opinión, esta doble condición impide a todas luces que pueda producirse una recapitalización privada del sistema bancario de aquél país, una iniciativa perseguida sin éxito por el gobierno italiano a lo largo de los últimos meses con fórmulas pretendidamente imaginativas y claramente insuficientes (por ejemplo, el fondo Atlante).

 

La serie “core” se compone de una media simple de las tasas de morosidad de los sistemas bancarios de Autria, Bélgica, Francia y Holanda. Alemania no está incluida por falta de información.

Fuente: Afi, Bruegel, IMF.

¿Cuáles son las principales diferencias respecto al marco general en el que se han producido otros rescates bancarios acometidos en Europa en los últimos años? Las diferencias positivas tienen que ver con (i) la propia experiencia acumulada (amplia) en rescates bancarios, (ii) con que el presumible rescate se produciría en un contexto económico menos estresado y, desde luego, (iii) bajo condiciones financieras más llevaderas. Los mercados ahora funcionan razonablemente bien y los problemas, tanto de absorción de la emisiones de deuda soberana como los de liquidez, que entonces estrangularon la financiación bancaria, están “superados” (cantidad y precio) en el marco de la actual política monetaria expansiva del BCE.

La principal diferencia, que curiosamente ahora juega en contra[2] es que en sentido estricto el rescate debe producirse en el nuevo marco de resolución puesto en marcha a nivel europeo: bail-in extenso y suficiente previo en su caso al bail-out, es decir, previo a la utilización de fondos públicos. Cuando esto significa que miles de ahorradores italianos, tenedores no ya sólo de deuda subordinada sino también de deuda senior convencional, deben quedar expuestos a la absorción de pérdidas de los bancos, aparece un grave problema no sólo de índole político sino además económico. Nótese que nada menos que casi 250 mil millones de euros del ahorro de los hogares italianos se encuentra localizado en bonos bancarios[3]: esta exposición minorista a deuda bancaria excede con mucho a la de hogares españoles en la crisis bancaria de nuestro país y, para ponerla en contexto cabe señalar que las familias italianas acumulan en fondos de inversión en torno a 375 mil millones. En definitiva, nada garantiza que el daño potencial en términos de desconfianza de la base de clientes de la banca italiana no sea superior a la restauración de confianza pretendida con las ortodoxas y tan razonables reglas de rescate bancario (en condiciones normales).

¿Es posible conseguir la cuadratura del círculo?

La cuadratura del círculo requiere en este caso posibilitar la asistencia pública sin atentar contra las reglas de la Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), en vigor precisamente desde comienzos de este año. Requiere en definitiva una interpretación suficientemente flexible de la misma y de la coyuntura económica y bancaria actual.

La que está tomando un cierto cuerpo es una línea de razonamiento en la que:

• se asumiría la necesidad de una “recapitalización preventiva” entendiendo que la mayoría de los bancos son perfectamente viables y no les sería aplicable el proceso de resolución,
• situación que evidenciarían con claridad (y oportunamente) los ejercicios de estrés de la EBA cuyos resultados se conocerán precisamente a finales de este mismo mes,
• y siendo palmario que en un contexto en el que de forma generalizada (no sólo los italianos, aunque estos lo hacen en extremo) los bancos europeos cotizan por debajo de su valor en libros,  levantar suficiente capital privado como el necesario no parecería abordable,
• se facilitaría que el gobierno italiano inyectase capital de manera temporal y bajo condiciones muy estrictas (orientadas a la recuperación de los fondos puestos por los contribuyentes)[4] en las entidades en las que fuese necesario.

De hecho tal línea de razonamiento podría hacer extensible un marco como éste más allá de la propia banca italiana, ante la evidencia de que aún pueden quedar problemas bancarios en Europa no completamente resueltos más allá de las fronteras de aquel país.

En cualquier caso la instrumentación no sería fácil en Italia, ya que además de las entidades significativas que requerirían de recapitalización, la inyección de capital habría de ser presumiblemente relevante en la larga cola de 500 entidades pequeñas que, como antes se señalaba, concentran más de una cuarta parte de los activos bancarios del país. Realmente debería conllevar en paralelo un proceso de concentración/reestructuración que, por cierto, no podría ser ajeno a la prevista reforma de las leyes de las cooperativas de crédito italianas (una parte notable de esas pequeñas entidades locales)..

No es fácil anticipar si será una vía como la descrita (en línea con lo que desearía el gobierno italiano) o una más cercana a la ortodoxa, pivotando más sobre procesos de resolución, lo que se ponga finalmente en marcha. Presumimos no obstante que estará más cercana a la primera, que en volumen rondará los 40.000 o 50.000 millones de euros que se han venido manejando y que se concretará rápido; en los próximos días o semanas.

Los riesgos de la inacción o del mero retraso en la necesaria toma de decisiones consensuadas entre las autoridades italianas y europeas son evidentes: contaminación sectorial y riesgo de reversión del proceso de recuperación económica aún en fase embrionaria.

 

[1] Aquellas cuyo balance consolidado superan los 30 mil millones según la clasificación de la Supervisión europea.

[2] Entiéndase la reflexión en clave de mera flexibilidad operativa

[3] Datos de finales de 2014

[4] Se empieza a manejar como referencia el programa Tarp que puso en marcha Estados Unidos en 2008 y que finalizó exitosamente con la recuperación íntegra de los fondos aportados por el gobierno.,