Educación financiera comparada

No es la primera vez que abordamos en estas páginas la necesidad de fortalecer la educación financiera de todos los ciudadanos como uno de los fundamentos en que asentar el desarrollo de los mercados financieros y, en general, la eficiencia de los sistemas financieros. La crisis que todavía colea ha dejado suficiente constancia de esa necesidad de que los consumidores de servicios financieros dispongan de capacidad de interlocución con los operadores financieros. Probablemente no se habría evitado, pero de existir un conocimiento suficiente, los perjuicios quizás habrían sido menores, menos indiscriminados, probablemente.

Por mucho que mejoren la regulación y supervisión de los operadores financieros, las finanzas van a seguir siendo una pieza esencial del funcionamiento de las economías. Los mercados seguirán avanzando en la definición de nuevos productos y servicios, en las técnicas de transferencia de riesgos a los individuos. Por eso es importante que se asuma como prioridad la disposición de elementos de juicio, de conocimiento suficiente del funcionamiento y de las consecuencias de la evolución de la actividad financiera, de sus fundamentos. Desde luego, en sociedades como la nuestra, donde la administración de los ahorros será esencial para el bienestar de una población cada día más envejecida. En mayor medida si tenemos presentes las amenazas que pesan en muchos países sobre los sistemas públicos de pensiones y la continuidad del elevado endeudamiento público y privado.

Es por ello que, aun cuando gran parte de las iniciativas que los gobiernos vienen poniendo en marcha están dirigidas a jóvenes estudiantes, la población adulta ha de seguir siendo destinataria principal de ese empeño culturizador. Con frecuencia, cuando se habla de inclusión financiera solo se piensa en poblaciones de países menos desarrollados, o en los emigrantes en las economías avanzadas. Pero la evidencia revela (entre otros, el reciente informe de la OCDE, “Financial Education in Europe”), que el analfabetismo financiero está muy extendido en las economías que forman parte de ese selecto club que es la OCDE.

Desde 2012 el programa PISA de la OCDE incorpora mediciones del grado de alfabetización financiera de los estudiantes con 15 años. Se trata de evaluar las habilidades que se consideran esenciales para abordar las decisiones financieras que van a necesitar en el futuro. Las cuestiones que se plantean para medir los conocimientos pueden considerarse insuficientes, pero sirven para hacerse una primera y aproximada idea. Se trata, por ejemplo, de verificar si se sabe calcular el interés, tanto simple como compuesto, que devengará una suma ahorrada. Y solo uno de cuatro evaluados lo hace bien, con excepciones favorables en Estonia, Holanda y Noruega.

Entre los países evaluados están 12 europeos, España entre ellos. Los resultados no son precisamente favorables, manteniéndose al igual que los resultados del PISA, por debajo de la media. La tabla adjunta ayudaría a entender la necesidad de intensificar las acciones alfabetizadoras, como lo hace el Plan de Educación Financiera que el Banco de España y la CNMV lanzaron en 2008 o su revisión para el periodo 2013-2017. Por el bien de todos, convendría que no nos acordáramos de Santa Bárbara cuando truena, o de la educación financiera solo el día del año oficialmente asignado a su celebración.

Provisiones a la europea

Nada más comenzar la semana, el Banco Central Europeo (BCE), en su papel de supervisor bancario, ha lanzado una importante consulta pública que pretende elaborar una guía para la política de gestión y dotación de provisiones de las entidades dentro del ámbito del mecanismo único de supervisión (MUS) para cubrirse de los riesgos derivados de los préstamos problemáticos (non-perfoming) que puedan tener en sus carteras. Dicha consulta concluye el próximo 15 de noviembre.

No se trata solo de determinar el nivel apropiado de las provisiones, sino de definir un conjunto de buenas prácticas de identificación, clasificación y gestión de los préstamos problemáticos, que impliquen a todos los niveles afectados de las entidades, comenzando por sus consejos de administración y su alta dirección.

La consulta  va acompañada del primer inventario de prácticas nacionales sobre dichos préstamos, que sólo se refiere a 8 países, entre ellos España, pero que resultan suficientes para reflejar la variedad de las cuestiones legales, contables y fiscales implicadas, que han dificultado hasta la fecha una armonización internacional de estas provisiones.

Esto explica que el BCE pretenda elaborar una normativa blanda, como es una guía, en lugar de algo más exigente para lo que no tiene competencias. En este sentido, se trata de un enfoque que contrasta con el tradicionalmente seguido por el Banco de España a través de las sucesivas circulares contables para las entidades de crédito. La actualmente vigente, Circular 4/2004, se vio sometida hace escasos meses a una importante renovación de su contenido en este punto a través de la Circular 4/2016, que dio nueva redacción a su anejo IX, sobre análisis y cobertura del riesgo de crédito.

Con ser importante, las provisiones no solo plantean un problema de armonización internacional, sino que, como consecuencia de la crisis, tienen un peso muy elevado, especialmente en algunos países, como muestran los siguientes gráficos que maneja el BCE para un conjunto de grupos bancarios europeos significativos.

En definitiva, los préstamos problemáticos suponen un importante círculo vicioso que perjudica a las entidades y que en los casos más extremos pueden llegar a su desaparición, o en todo caso su pérdida de independencia, como se ha podido ver en varias ocasiones, dentro y fuera de España, durante la crisis. Las provisiones, que no son otra cosa que dotaciones con cargo a los beneficios, no sólo reducen estos, sino que se ven condicionadas por su cuantía, que tiende a disminuir por la propia crisis.

En todo caso, el BCE es muy consciente de que, con los altos niveles de préstamos problemáticos detectados en algunas entidades, se necesitará tiempo para que rebajar dichos niveles a cifras más razonables. Esto no reduce, sino todo lo contrario, la necesidad de desarrollar una política de gestión del riesgo de crédito orientada precisamente a ese objetivo.