La Unión Europea, en su propósito de alcanzar una transición hacia una economía descarbonizada en 2050, ha establecido una serie de objetivos vinculados a incrementar la inversión en energías renovables, una mejora de la eficiencia energética y una reducción de las emisiones de CO2. En este sentido, y de acuerdo a los datos analizados por la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos 40 años las inversiones en eficiencia energética han reducido el consumo total de energía final en un 60%, situando este ámbito de actuación como un elemento clave de las mejoras pasadas. No obstante, el mantenimiento de la política actual no augure el éxito de este ambicioso objetivo.
Por ello, desde el punto de vista del propósito de alcanzar una mejora sustancial de la eficiencia energética en los próximos años (-30% en 2030 en la UE) son necesario nuevos y mejores incentivos que permitan capturar en mayor medida el potencial de ahorro que este tipo de proyectos ofrece en la actualidad. Los proyectos destinados a reducir el consumo de energía por unidad de producción económica ya ofrecen tasas de rendimiento financiero importantes que siguen sin incentivar su desarrollo per se, tal y como muestran diversas plataformas de intercambio de datos sobre este tipo de proyectos, aunque con un periodo de maduración en algunos casos elevado.
Para ello es necesario incluir la eficiencia energética como sector prioritario en proyectos de inversión vinculados al gasto público, mejorar su tratamiento en materia de ayudas de Estado y contabilidad nacional o una nueva regulación bancaria que facilite la inversión en este ámbito.
Más allá del desarrollo de incentivos públicos, es necesario impulsar servicios financieros apropiados para favorecer inversiones que en muchos casos tienen una dispersión numérica, sectorial y geográfica desordenada y dispersa.
En primer lugar, es necesario integrar el conocimiento financiero con la evaluación técnica mediante la cooperación entre entidades de ambos entornos, de forma que el conocimiento de los riesgos y oportunidades de ambos permita estimar en mejor medida los flujos financieros de los proyectos. Las empresas de servicios energéticos (ESEs) han surgido en este entorno ofreciendo contratos basados en la mejora de rendimiento energético de los proyectos que desarrollan. Son además capaces de ejercer de agregadores de proyectos y por lo tanto actuar como un mecanismo de financiación de inversiones para este fin.
Por otro lado, las entidades financieras más preparadas pueden llegar a preparar líneas específicas de financiación de este tipo de proyectos. No obstante, hasta ahora han tratado de aprovechar líneas de garantía parcial ofrecida por bancos de desarrollo como el que ofrece el Banco Europeo de Inversiones a través del PF4EE, principalmente destinadas a los primeros promotores proyectos de forma que sirvan de aprendizaje interno y ejemplo externo. Un papel similar han jugado los fondos reembolsables puestos en marcha por administraciones públicas del que el London Energy Efficiency Fund es un buen ejemplo, financiado en este caso con fondos FEDER.
Desde el punto de vista del usuario, encontramos los proyectos de gestión de la demanda energética (DSM en sus siglas en inglés) que tratan de influir en el patrón de consumo influyendo en cuanto y cuando consumo. Los programas de DSM se basan en la solidez financiera, organizativa y técnica de las principales empresas de servicios públicos para realizar numerosas inversiones a pequeña escala en eficiencia energética.
Finalmente, cabe destacar la creación de protocolos o herramientas de análisis de financiación de proyectos de eficiencia energética como el desarrollado por el IPEEC en el marco del G20 o la Fundación Clinton mediante la colaboración de diversos agentes y que sirven para articular el mercado y reducir los costes de transacción.
Hay 1 Comentarios
Un artículo muy interesante y con plena vigencia, incluso tiempo después de su publicación.
saludos.
Publicado por: EsTuLuz | 22/01/2021 13:09:14