Esperando a Trump

Coautor: David Del Val

El PIB de EEUU en el primer trimestre de 2017 se desaceleró menos de lo inicialmente previsto. Si la primera estimación apuntaba a un crecimiento del 0,7% interanual, su revisión lo sitúa actualmente en el 1,2%. Esta tasa de variación sigue siendo sensiblemente inferior al 2,1% registrado en el cuarto trimestre del año pasado, en contra de lo que cabía esperar a la luz de los indicadores de confianza de empresas y consumidores (que apuntaban a un mejor comportamiento de la actividad). No parece, sin embargo, que esto dato sea revelador de un ciclo económico estadounidense que parece seguir manteniendo el tono.

Parte de la debilidad del PIB del primer trimestre puede estar relacionada con una cierta estacionalidad “residual” en los datos oficiales, que no se eliminará completamente hasta julio de 2018 (momento en el que el Departamento de Comercio revisará el historial del PIB). En los últimos años se observa un mal comportamiento sistemático en los primeros trimestres, que afecta especialmente al consumo de los hogares. Desde 2010, el crecimiento del PIB en los primeros tres meses de cada año ha sido 1,4 puntos porcentuales menor, en promedio, que la media de los otros tres. Este patrón corresponde a lo observado en el arranque de este año, con el consumo privado acusando una notable desaceleración que, por otra parte, no acusan las cifras de inversión.

Evolución del índice DXY del USD (izquierda) y pendiente de la curva soberana (TIR bono a 10 años – TIR bono a 2 años) (derecha)

Fuente: Afi, Bloomberg

Con un mercado laboral que da señales de cierta madurez (el desempleo se aproxima a su suelo estructural y los salarios crecen, de manera estable, al 2,5% interanual) pero con una inflación que sigue siendo relativamente moderada, un comercio que mejora con la fortaleza del ciclo global y, sobre todo, con las expectativas de estímulo generadas tras la victoria electoral de Trump el pasado noviembre, los mercados entienden que existen elementos suficientes para que la economía estadounidense prolongue su actual ciclo expansivo. Así lo entiende también la Fed, decidida a subir tipos tres veces, al menos, a lo largo de 2017, y que ya ha hecho un hueco en su agenda para abordar la reducción del balance.

El ciclo acompaña, la Fed normaliza su política y los mercados esperan… pero pasan los meses y Trump sigue sin acudir a la cita o, por lo menos, no lo hace en los términos esperado. A los importantes retrasos y decepciones que ya acumulaba su agenda de reformas (en particular la reforma fiscal, la del sistema sanitario y el prometido paquete de gasto en infraestructuras), se une un Russia-gate que toma vuelo y que podría condicionar sobremanera a la Casa Blanca durante los próximos meses.

Según filtraciones del ex Presidente del FBI James Comey, Trump presionó para que el FBI no continuase con la investigación sobre la conexión de Michael Flynn, ex Consejero de Estado de Seguridad Nacional, con el Kremlin. De confirmarse, tales presiones podrían llegar a considerarse como un delito de obstrucción a la justicia. La mera mención del impeachment ha sido suficiente para hacer sonar todas las alarmas y establecer paralelismos con el caso Watergate, que precipitó el fin de Nixon. Los acontecimientos se han sucedido con relativa rapidez, distanciado a Trump de numerosos congresistas republicanos que han solicitado, junto con los Demócratas, la comparecencia de Comey en las cámaras para esclarecer los hechos.

Sin duda, los mercados prestarán atención en las próximas semanas al distanciamiento de la Casa Blanca con un parlamento que volverá a atraer la atención hacia la aprobación del techo de gasto. El lockout (cierre del gobierno) se evitó recientemente con un acuerdo del Congreso para mantener la financiación al Gobierno hasta septiembre, pero es de esperar que la tensión en torno al presupuesto aumente a medida que avanza el año. La necesidad de elevar el techo de la deuda federal a finales de 2017 para evitar un default parcial del Gobierno únicamente contribuirá a hacer más difícil cualquier acuerdo.

La perspectiva de un probable menor estímulo del esperado por parte de la Administración Trump se ha dejado notar en los mercados de renta fija. La evolución del tipo nominal a 10 años americano, que ha vuelto al nivel previo a la elección de Trump, encuentra su explicación tanto en la caída de los breakeven de inflación como de la TIR real.

Aunque es cierto que la corrección de los principales índices bursátiles fue relativamente moderada en los días posteriores a haberse especulado con la posibilidad de un impeachment, este movimiento no deja de ser reseñable en medio de la complacencia y la excepcionalmente baja volatilidad en que lleva instalado el mercado en los últimos meses.

Por otra parte, el USD ha terminado por cerrar el ciclo apreciador que abrió el pasado noviembre, aunque esto no sea achacable exclusivamente al enfriamiento del entusiasmo inversor levantado por Trump tras su victoria electoral (la mejora del ciclo en el área euro juega también en el mismo sentido). 

La posibilidad de que la Administración Trump tenga una menor capacidad para implementar medidas de estímulo, especialmente si las turbulencias políticas dificultan finalmente su capacidad para acordar con las cámaras un presupuesto para 2018, podría empeorar la valoración de los riesgos por parte de la Fed y alterar su escenario central. Téngase en cuenta que algunos miembros del FOMC ya han incorporado a sus previsiones un eventual estímulo.

En cualquier caso, el impacto de la falta de concreción de estímulos por parte de la Administración Trump sobre la senda de subidas debería ser marginal. Es de esperar que la Fed mantenga un endurecimiento gradual de su mensaje incluso en ausencia de un estímulo fiscal sustancial, puesto que algunas señales de recalentamiento sugieren que estaría llegando con cierto retraso a las subidas de tipos. En realidad, el verdadero riesgo para los mercados no reside tanto en la decepción ante la falta de los estímulos prometidos, que ya ha sido descontada, como en la incertidumbre política que afectaría a la Casa Blanca en caso de prosperar el Russia-gate.

¿Para qué sirven las finanzas?

Esa es la pregunta con la que Jean Tirole encabeza el capítulo once de su excelente libro “La economía del bien común” (Editorial Taurus). Las treinta páginas en las que el premio Nobel trata de dar respuesta a ese enunciado son tan sabrosas como el resto del libro. Permítame el lector que las tome como pretexto para, sin menoscabo de la recomendable lectura el conjunto de la obra, subraye las ideas en mi opinión más destacadas.

Es probable que no sea la primera vez que cualquier observador de los avatares de la actividad económica se haya formulado una pregunta tal. Especialmente tras el desastre originado por la crisis financiera desencadenada en el verano de 2007 en el sistema financiero de EEUU. Pero que lo haga alguien con la tradición y el rigor académico del presidente de la Toulouse School of Economics, autor de trabajos esenciales en la propia economía financiera y en economía industrial, genera algo más que curiosidad por atender a sus respuestas. Y la primera afirmación que anima a la continuidad de la lectura del capítulo es cuando apenas iniciado declara que “la función del economista es ayudar a paliar los fallos de mercado”, complementaria de la insertada en el epígrafe final del capítulo, cuando se pregunta de quién es la culpa de la crisis: “la crisis financiera de 2008 fue también el reflejo de una crisis del Estado, poco inclinado a cumplir con su papel de regulador”. No ha de extrañar que a la apariencia de retórica de para qué sirven las finanzas le suceda otra quizás más relevante técnicamente: “Son eficientes los mercados?”, para concluir con otro interrogante: “Pero, en definitiva, ¿para qué se regula?” Llegados a este punto algunos de los asiduos a este post quizás se decidan a saltar directamente al libro, evitándose los cuatro comentarios que siguen a modo de incitación adicional a su lectura.

Las finanzas son indispensables, vaya por delante, salvándome de esa especie de reproche que hace Tirole a los economistas que, convencidos de su utilidad, tratan de pasar desapercibidos entre los amplios contingentes de detractores que surgieron a partir de 2008. Las funciones de las finanzas en la canalización de ahorro y en la gestión de riesgos, fundamentan su utilidad a la sociedad, su contribución esencial al crecimiento económico. Y también lo hacen algunos de los instrumentos más controvertidos: desde derivados como los CDS (crédito default swaps) hasta las estigmatizadas titulaciones. Lo que ocurre, y Tirole lo analiza con detalle, es que es relativamente fácil transformar productos útiles, como los citados, en productos tóxicos. Así ocurrió en los años anteriores a la crisis de 2007.

En el centro de esa perversión, de la metamorfosis desde la utilidad a la toxicidad, se encuentran las asimetrías de información y la generación de externalidades, que acaban por convertir a las finanzas en disfuncionales.  El problema no es tanto la dinámica más o menos intensa de innovación financiera, de generación de nuevos instrumentos y productos financieros, sino su correcta comprensión por los usuarios y, desde luego, por los supervisores. Con palabras del propio Tirole, no cabe criticar ningún producto financiero siempre y cuando solo lo utilicen quienes comprendan bien el riesgo y no se usen para hacer pagar el riesgo a un tercero, que desconoce a que le expone la transacción financiera correspondiente. Efectivamente, “es más constructivo debatir…sobre los fallos de los mercados y la regulación que rechazar en bloque los logros de las finanzas modernas”.  Es cierto, en todo caso, que lo que con frecuencia se caracteriza como innovación financiera no es otra cosa que una via para escapar de regulaciones y del control del supervisor.

Pero más allá de esas desiguales innovaciones financieras, las crisis financieras se desencadenan igualmente debido al exceso de confianza en los mercados, en su supuesta eficiencia, amparada en una de las formulaciones más evocadas de las modernas finanzas. Fue el profesor de Chicago Eugene Fama el que al comienzo de los setenta la puso sobre la mesa. El contrataque de la evidencia es importante: los mercados no se comportan siempre racionalmente, ni toda la información considerada relevante está incorporada en sus precios[i].  Esa hipótesis de racionalidad, afirma Tirole, “no es más que un punto de partida para el análisis de los mercados financieros”, admitiendo la necesidad “de ampliación del marco conceptual si se quiere llegar a una correcta comprensión de los fenómenos”. Enfoques alternativos, como los basados “en las burbujas financieras, la teoría de la agencia, los pánicos financieros, la economía del comportamiento y las fricciones en los mercados financieros, conceden una visión más precisa del funcionamiento de los mercados financieros, nos dice el autor. En algunos de esos temas las contribuciones de Tirole han sido importantes. Y aquí llega entonces la gran cuestión: ¿para qué se regula?

La descripción de los dos tipos básicos de regulación, la de los mercados financieros y la de la solvencia de las entidades financieras, es razonada en el último epígrafe, pero hay que saltar al siguiente capítulo, el que analiza en detalle la última crisis financiera, para concluir en su justificación. Hay que limitar las externalidades que ejerce el sistema financiero sobre los ahorradores o los contribuyentes, pero ojo como se hace. “La reglamentación y la supervisión prudenciales son un arte más que una ciencia, porque es difícil disponer de datos que permitan medir con precisión los efectos que predice la teoría”. Desde luego, en lo que es fácil convenir es que quién la diseñe y, en todo caso, quién desempeñe la supervisión correspondiente, es bueno que sepa tanto como quien pueda estar tentado de sortearla. A las necesarias finanzas, se puede volver a concluir, no se las debe dejar solas.

 

[i] Algunas de estas consideraciones las comenté en un ensayo en Revista de Libros: “Ajuste de cuentas: el impacto de la crisis en la ciencia económica”, 12/10/2015 http://www.revistadelibros.com/autores/1253/emilio-ontiveros

Los seguros y los bancos españoles en contraste

Recientemente se publicaron los resultados de la banca española de 2016. Aunque aún no conocemos los datos reales equivalentes del sector seguros, podemos inferir razonablemente su desempeño a partir de la información disponible de los tres primeros trimestres. Como en años anteriores existen diferencias relevantes. Este post tiene por objeto poner en contraste el comportamiento de uno y otro sector, no sólo en este ejercicio sino también a lo largo de la última década, periodo en el que se concentra la grave crisis económico-financiera internacional en la que estuvo inmersa la economía española y mundial.

La revisión de las principales magnitudes permite ilustrar su dispar tamaño relativo en distintas dimensiones, particularidad que diferencia a nuestro sistema financiero de otros de nuestro entorno. También el muy diferente impacto que la crisis ha tenido en ambos sectores.

Como es bien conocido, el sector seguros español es significativamente más pequeño que el sector bancario, pero la brecha se ha estrechado significativamente a la luz de la evolución de las magnitudes más relevantes, debido a la contracción de la banca y al crecimiento sostenido del negocio de seguros. Además, aunque la crisis no ha sido inocua tampoco para el sector seguros español, éste ha mostrado, junto a una mayor robustez, una mucha menor sensibilidad al ciclo.

El gráfico adjunto ilustra la evolución relativa de ambos sectores utilizando diferentes magnitudes; en particular el tamaño de sus balances, fondos propios y los resultados netos, medidas todas ellas en términos de agregados de las compañías por sus negocios en España.

 

Como puede apreciarse en el mismo se han producido las siguientes variaciones comparando las cifras de 2007 con las de 2016:

• en términos de tamaño del balance agregado se ha pasado de una ratio de trece veces a una de ocho,
• en términos de fondos propios lo ha hecho de siete a cinco,
• y finalmente, en términos de resultado neto, la ratio relativa se ha contraído desde cinco veces al inicio del periodo a prácticamente poco más de una vez el pasado ejercicio.

Por supuesto, si tomamos como referencia el empleo de uno y otro sector también se ha producido dicho acercamiento. Mientras que al inicio de la crisis la banca empleaba a 278.000 personas, diez años después emplea sólo a 194.000, un 30% menos. Por el contrario, el sector seguros empleaba a finales de 2016 año una cifra similar a las 43.000 personas que conformaban su plantilla total en 2007.

En definitiva, aun cuando es obvio, a partir de las cifras recopiladas, se mantiene la evidente primacía del sector bancario español sobre el sector seguros en términos de peso relativo dentro del sistema financiero, no es menos cierto que las diferencias se han estrechado significativamente en la década analizada.

Como puede apreciarse en los gráficos de más abajo, los dos sectores comparten una mejoría sustantiva de su solvencia, con aumentos significativos de sus niveles de fondos propios, si bien con una fundamentación distinta. En el primer caso habiendo recurrido a fuertes inyecciones externas de capital público y privado, mientras que en el caso de seguros han sido generados con sus propios resultados. Además, en el caso de seguros se ha producido en un contexto de crecimiento sostenido de su balance, mientras que en el caso de la banca lo ha sido con la contribución de la paralela y continuada reducción de su exposición al riesgo.

Sin embargo, la mejora de la solvencia no ha sido pareja a la de la rentabilidad de ambos sectores. Antes al contrario, en ambos casos se ha producido un deterioro evidente pero de magnitud bien distinta. En el caso de seguros no se ha producido un deterioro sustancial de los resultados globales, que se han mantenido y mantienen en niveles estables en niveles razonables que permiten sostener rentabilidades de dos dígitos (aunque decrecientes). Sin embargo, la banca, más allá de las enormes pérdidas generadas en el corazón de la crisis, apenas si puede definir en estos últimos años (para por sus negocios en España) rentabilidades mínimas insuficientes para cubrir su coste de capital.

Es bastante probable que a corto plazo se sigan manteniendo las tendencias descritas tanto en banca como en seguros. No obstante, este último sector lo hemos analizado globalmente, y en él cabe distinguir comportamientos diferenciales según ramos; singularmente en los negocios de vida frente a los de no vida.

 

La Supervisión Bancaria en España

El Banco de España acaba de publicar la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, correspondiente al año 2016, cuya primera edición se remonta al año 2001, un documento que siempre ha sido muy informativo para conocer mejor esta faceta del sistema bancario español.

En esta ocasión lo es algo más, sobre todo desde el punto de vista gráfico, siguiendo la tendencia de los últimos años, debido a la creciente complejidad que ha ido alcanzado la supervisión bancaria, que merece explicaciones que faciliten su comprensión para los interesados.

En primer lugar, desde el punto de vista de que dicha supervisión se ejerce ahora en el seno del mecanismo único de supervisión y, por tanto, no corresponde solamente al Banco de España, como se expone muy bien en el siguiente gráfico. En este sentido, la memoria debería manejarse en paralelo con el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE, que se publicó en marzo.

ANC es la autoridad nacional competente, en este caso el Banco de España.

Pero la supervisión se ha hecho también más compleja en su alcance, de ahí la variedad de funciones supervisoras que asume el Banco de España, como se refleja en el gráfico siguiente. Dichas funciones son las más importantes que ejerce ahora nuestro banco central, ya que las propias de esta figura, como la política monetaria, están subsumidas en su pertenencia al Eurosistema, cuyas decisiones corresponden al BCE.

Ante esta complejidad, no resulta extraño que el Banco de España haya pasado en los últimos tiempos por varias reestructuraciones organizativas, la más reciente a finales del pasado mes de abril.

Como no es posible resumir en este post toda esta complejidad de actividades, vamos a centrarnos en la supervisión de conducta de las entidades, que es la que entendemos tiene mayor interés para el público en general, ya que uno de sus principales objetivos es la protección del cliente bancario, sin olvidar el riesgo sistémico asociado a la conducta inadecuada de las entidades, como se ha reflejado en algunas de ellas durante la crisis reciente. Dicha supervisión está a cargo del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones y tiene como principales áreas las que se incluyen en el gráfico siguiente, de las cuales la publicidad se ha incorporado en 2016.

A la vista de lo que ha sucedido en relación con la crisis, no resulta extraño que el Banco de España detecte un amplio margen de mejora en los servicios de atención al cliente de las entidades, que deberían ser el primer escalón en su protección y, al mismo tiempo, de defensa de la reputación y la confianza de las entidades, que no hay que olvidar que forman parte de su estructura. Esto en un momento en que resulta previsible que se produzca en breve un cambio legal en España en los mecanismos de protección del consumidor de servicios financieros.

Tampoco debe extrañarnos que una parte importante de las actuaciones supervisoras en este ámbito tengan que ver con el crédito hipotecario, incluyendo la protección de los deudores de este tipo sin recursos. A fin de cuentas, dicho crédito suele ser el contrato con mayor impacto económico que firman los ciudadanos y, por tanto, debería ser de alta prioridad, no sólo para el supervisor, sino también para el regulador, que todavía tiene pendiente de transponer la Directiva de la UE en esta materia.

Medidas contra la morosidad empresarial

Coautores: Cristina Gómez y Pablo Hernández

En las últimas semanas se ha reavivado la posibilidad de que se instaure un régimen sancionador para combatir la morosidad empresarial. En particular, no parece que vaya a constituirse un régimen sancionador en sentido estricto, más bien, se trataría de introducir incentivos de mercado adicionales –eliminar la posibilidad de acogerse a ventajas fiscales o de cotización a la Seguridad Social a las empresas que no cumplan los plazos de pago- a los ya existentes -intereses de demora- y mejorar la transparencia y el flujo de información relevante en materia de cobros y pagos para los distintos agentes.

La morosidad representa, en esencia, el incumplimiento de una obligación contractual. Y de la misma forma que existe una enorme heterogeneidad en materia de contratos, parece claro que tampoco todos los deudores morosos son iguales, ni lo son las circunstancias que pueden desembocar en una ocasional ruptura o incumplimiento contractual.   

Gran parte de los conflictos por impago se deben a disputas sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas e inherentes a la transacción comercial (que varían ampliamente por sector y tipo de producto). En este sentido, el plazo de pago actuaría como mecanismo de enforcement en los contratos, en cuanto otorga al distribuidor la potestad de verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas y de monitorizar el riesgo de comportamiento oportunista que puede tener un proveedor dadas sus ventajas informativas. Es decir, permite disciplinar la relación entre proveedores y clientes quienes, por lo general, tienen incentivos a coordinar y mantener relaciones comerciales indefinidas. En otras palabras, las conductas estratégicas tendentes al abuso de los plazos de pago o la morosidad se disuaden desde el momento en que pueden ser castigadas cuando las relaciones entre proveedores y clientes son reiteradas y tienen un horizonte de largo plazo. Además, la continuidad en el tiempo de las relaciones comerciales disminuye las ventajas informativas y reduce los potenciales conflictos.

Por consiguiente, la demora en el pago no tiene por qué obedecer a un comportamiento injustificado o de mala fé, sino a un mecanismo de castigo que es perfectamente compatible con la voluntad de pago. ¿Sería eficiente en este caso aplicar el régimen sancionador al deudor?

Ahora bien, cuando la relación es ocasional, o las empresas tienen un horizonte de vida finito, el riesgo de que se produzcan comportamientos oportunistas crece por ambos lados de la transacción. Por el lado del proveedor, puesto que tiene incentivos a disminuir el esfuerzo por mantener la calidad del producto u otras condiciones del contrato. Y por el lado del deudor, por el riesgo moral que incentiva el impago una vez alcanzado el acuerdo. En este contexto, las posibilidades de self-enforcement, basados en la reputación y el carácter recurrente de las transacciones, son más limitadas.

Sin embargo, restringir la libertad de contratación y la capacidad de aprovechar las ventajas comerciales y financieras que otorga el crédito comercial tanto para acreedores como para deudores comerciales no parece ser la vía más adecuada para combatir la morosidad. Entre otras razones, porque cuanto mayor sea la incertidumbre sobre la interpretación de la norma, las empresas tenderán a contratar solo con aquellas empresas con las que ya exista una relación de confianza, en aras de evitar potenciales conflictos. Y por otra parte, podría penalizar el acceso al crédito para aquellas empresas que, atravesando una mala situación financiera, no han tenido una verdadera conducta irresponsable.

Por consiguiente, el esfuerzo no debería dirigirse a introducir incentivos que ya podrían incorporar los propios contratos -como los que prevé el régimen sancionador- o a limitar los plazos de pago a todos los sectores por igual, sino a reforzar el papel de third party enforcer de los poderes públicos en dos niveles. En primer lugar, dotando de la suficiente eficacia a los tribunales que deben impartir justicia, o instancias mediadoras, en caso de conflicto respecto a quienes incumplen sus obligaciones contractuales. De esta forma, el incentivo al comportamiento oportunista se reduce al descontar la eficacia del árbitro supervisor de las relaciones comerciales, lo que equilibraría de manera mucho más eficiente el poder negociador de ambas partes. En segundo lugar, garantizando una buena política de defensa de la competencia, eliminando barreras de entrada en los mercados y castigando allí donde se producen abusos de posición de dominio u otras prácticas que perjudican a las empresas en su operativa corriente.

 

Los riesgos del Cambio Climático también a medio plazo

Los inversores con un enfoque de mercado más vinculado a la inversión a largo plazo (principalmente fondos de pensiones, fondos soberanos o empresas de seguros) ya están emitiendo signos inequívocos de que los riesgos del Cambio Climático son, en algunos casos, de tal importancia que no les interesan empresas en sus carteras que no afronten dicha situación y no valoren las posibles pérdidas que pueden acarrear. Por ello, han dado la bienvenida, e incluso impulsado, proyectos de mejora de la transparencia e información sobre los riesgos climáticos. Las decisiones de empresas como Axa al formar parte del Task Force on Climate related Financial Disclouse Project o los informes de BlackRock incluyendo el Cambio Climático entre sus prioridades de análisis para la inversión, son elementos relevantes que están generando atención por parte de actores más pequeños.

No obstante, aún sigue manteniéndose la creencia en muchos actores de que el Cambio Climático es un ámbito que es manejable por aquellos gestores de carteras que centran su atención en un horizonte menor y que consideran que son capaces de cambiar su cartera de inversión en un horizonte menor a 3 años. Ante este planteamiento cabe identificar los siguientes elementos que inciden en la necesaria vinculación de las estrategias de inversión con el Cambio Climático (riesgos y oportunidades) en la valoración de inversiones también para aquellos centrados en el medio plazo:

• POLÍITICO. En la reunión del COP-21 de París, 175 países firmaron un acuerdo que escenificaba su preocupación por el riesgo que el Cambio Climático ofrece tanto por su capacidad de ser irreversible como por su severidad, amenazando con ello a todo el planeta. Actualmente, son ya 144 los que han ratificado dicho acuerdo.
• ECONÓMICO. El impacto económico del cambio climático ha sido analizado de forma creciente tanto por el informe Stern, el IPCC o entidades independientes, y en general, con el paso de los años se demuestra que no hay error en las conclusiones, sólo en los cálculos que suelen ser superados por la realidad.
• SOCIAL. 15 de los últimos 16 años más calurosos han ocurrido en el siglo XXI. El tema está en la agenda internacional, por lo que su aceptación no para de crecer, y con ello su aceptación individual y colectiva.  Estos datos y muchos otros, están cambiando las actitudes y preferencias de muchos consumidores. 
• TECNOLÓGICO. El avance en aquellas tecnologías asociadas a una economía baja en carbono como las de movilidad eléctrica, las baterías, el reciclaje, la economía circular, la producción de energías renovables, etc., está viéndose acelerada por una rápida reducción de costes de producción y penetración de mercado más rápida. Su capacidad de penetración en el mercado y sus éxitos hacen de las mismas una oportunidad de inversión que a la par de exitosa es disruptiva con las tecnologías tradicionales.
• LEGAL: Sobre todo tras la celebración del Acuerdo de París se han venido sucediendo cambios legislativos en diversos países, favoreciendo con ello aquellos negocios con mayores implicaciones en una futura economía descarbonizada y de forma negativa en aquellas empresas que dependan en mayor medida de los combustibles fósiles o de los efectos del Cambio Climático puede tener en sus activos.
• ECOLÓGICO. Tal y como mostraba el último informe de Munich Re sobre catástrofes naturales, los efectos económicos de los desastres naturales siguen creciendo y su tendencia será la misma en los próximos años hasta que se atenúe el calentamiento global y aprendamos a combatirlo.

Por todo ello, ha de darse la bienvenida a aquellas iniciativas que tratan de mejorar la información disponible en el mercado, mejorando con ello la toma de decisiones de inversión tanto a nivel de empresa como de proyecto, a medio y largo plazo. Información relacionada con las emisiones de carbono (EUETS, CDP, Montreal Pledge) o la plasmación de escenarios (FSB) ayudarán a inversores y gestores a ser más consciente de los riesgos y oportunidades que el Cambio Climático ya ofrece.