Medidas contra la morosidad empresarial

Por: | 08 de mayo de 2017

Coautores: Cristina Gómez y Pablo Hernández

En las últimas semanas se ha reavivado la posibilidad de que se instaure un régimen sancionador para combatir la morosidad empresarial. En particular, no parece que vaya a constituirse un régimen sancionador en sentido estricto, más bien, se trataría de introducir incentivos de mercado adicionales –eliminar la posibilidad de acogerse a ventajas fiscales o de cotización a la Seguridad Social a las empresas que no cumplan los plazos de pago- a los ya existentes -intereses de demora- y mejorar la transparencia y el flujo de información relevante en materia de cobros y pagos para los distintos agentes.

La morosidad representa, en esencia, el incumplimiento de una obligación contractual. Y de la misma forma que existe una enorme heterogeneidad en materia de contratos, parece claro que tampoco todos los deudores morosos son iguales, ni lo son las circunstancias que pueden desembocar en una ocasional ruptura o incumplimiento contractual.   

Gran parte de los conflictos por impago se deben a disputas sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas e inherentes a la transacción comercial (que varían ampliamente por sector y tipo de producto). En este sentido, el plazo de pago actuaría como mecanismo de enforcement en los contratos, en cuanto otorga al distribuidor la potestad de verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas y de monitorizar el riesgo de comportamiento oportunista que puede tener un proveedor dadas sus ventajas informativas. Es decir, permite disciplinar la relación entre proveedores y clientes quienes, por lo general, tienen incentivos a coordinar y mantener relaciones comerciales indefinidas. En otras palabras, las conductas estratégicas tendentes al abuso de los plazos de pago o la morosidad se disuaden desde el momento en que pueden ser castigadas cuando las relaciones entre proveedores y clientes son reiteradas y tienen un horizonte de largo plazo. Además, la continuidad en el tiempo de las relaciones comerciales disminuye las ventajas informativas y reduce los potenciales conflictos.

Por consiguiente, la demora en el pago no tiene por qué obedecer a un comportamiento injustificado o de mala fé, sino a un mecanismo de castigo que es perfectamente compatible con la voluntad de pago. ¿Sería eficiente en este caso aplicar el régimen sancionador al deudor?

Ahora bien, cuando la relación es ocasional, o las empresas tienen un horizonte de vida finito, el riesgo de que se produzcan comportamientos oportunistas crece por ambos lados de la transacción. Por el lado del proveedor, puesto que tiene incentivos a disminuir el esfuerzo por mantener la calidad del producto u otras condiciones del contrato. Y por el lado del deudor, por el riesgo moral que incentiva el impago una vez alcanzado el acuerdo. En este contexto, las posibilidades de self-enforcement, basados en la reputación y el carácter recurrente de las transacciones, son más limitadas.

Sin embargo, restringir la libertad de contratación y la capacidad de aprovechar las ventajas comerciales y financieras que otorga el crédito comercial tanto para acreedores como para deudores comerciales no parece ser la vía más adecuada para combatir la morosidad. Entre otras razones, porque cuanto mayor sea la incertidumbre sobre la interpretación de la norma, las empresas tenderán a contratar solo con aquellas empresas con las que ya exista una relación de confianza, en aras de evitar potenciales conflictos. Y por otra parte, podría penalizar el acceso al crédito para aquellas empresas que, atravesando una mala situación financiera, no han tenido una verdadera conducta irresponsable.

Por consiguiente, el esfuerzo no debería dirigirse a introducir incentivos que ya podrían incorporar los propios contratos -como los que prevé el régimen sancionador- o a limitar los plazos de pago a todos los sectores por igual, sino a reforzar el papel de third party enforcer de los poderes públicos en dos niveles. En primer lugar, dotando de la suficiente eficacia a los tribunales que deben impartir justicia, o instancias mediadoras, en caso de conflicto respecto a quienes incumplen sus obligaciones contractuales. De esta forma, el incentivo al comportamiento oportunista se reduce al descontar la eficacia del árbitro supervisor de las relaciones comerciales, lo que equilibraría de manera mucho más eficiente el poder negociador de ambas partes. En segundo lugar, garantizando una buena política de defensa de la competencia, eliminando barreras de entrada en los mercados y castigando allí donde se producen abusos de posición de dominio u otras prácticas que perjudican a las empresas en su operativa corriente.

 

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