El pasado miércoles 14 de junio tuvo lugar la tercera Asamblea General organizada por ICMA de las Directrices para Emisión de Bonos Verdes, de la que Afi forma parte en calidad de miembro observador. En la misma, tuvo lugar la votación y actualización de las citadas Directrices con el objeto de seguir adaptándolas al objetivo de asegurar la información necesaria para que se incremente la colocación de fondos a este tipo de proyectos. Recordemos que se trata de guías voluntarias que han de ser asumidas tanto por emisores, colocadores, inversores y proveedores de revisiones externas a la hora de mencionar su vinculación a las mismas.
Los elementos esenciales de dicha actualización son relevantes dado que, suponiendo solamente cambios menores y manteniendo los cuatro pilares, tratan de incrementar la capacidad de los emisores de bonos para hacer una transición hacia una economía baja en carbono y más sostenible, mejorando para ello la transparencia, la divulgación de información y reporting de las operaciones.
El elemento principal de cualquier emisión de Bonos Verdes sigue siendo la utilización de la financiación obtenida para proyectos que generan un beneficio ambiental (el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, el agua o el suelo, principalmente). No obstante, la nueva definición ofrece una mención añadida para aquellos casos en los que no hay inversiones y sí gastos relacionados o actuaciones sobre bienes inmateriales que producen un rendimiento en ese mismo sentido. Estos matices, son simples aclaraciones que deberían facilitar aún más la emisión de bonos por parte de compañías no directamente vinculadas con activos tangibles, así como de Gobiernos nacionales o regionales, que no siempre vinculan la misma a financiación o refinanciación de proyectos de inversión en bienes materiales.
La taxonomía planteada de forma indicativa, también se ha actualizado. Se ha ampliado ligeramente incluyendo como novedad tanto las categorías vinculados a edificios verdes o eficientes, como los proyectos de economía circular anteriormente no referidos en las Directrices. Asimismo, se ha aprovechado para seguir incorporando otros ejemplos sobre categorías ya existentes como los vinculados a residuos y su tratamiento, proyectos de forestación, de ganadería sostenible o las reducciones de emisiones de GEI per se en cualquier tipo de proyecto. No olvidemos que estas categorías son indicativas, y no exclusivas, así que si el emisor considera oportuno vincular su emisión a otra categoría nueva, pero cuyo propósito fuera el mismo cumpliendo el resto de directrices, no habría problemas para considerarlo adecuado con forme a estas guías de aplicación que elabora y gestiona ICMA con ayuda de sus miembros y observadores.
Otra modificación relevante vinculada a las citadas directrices es la necesidad que tendrá ahora el emisor de dichos Bonos de comunicar su estrategia de sostenibilidad general que tiene el emisor, vinculando la misma a los proyectos que desea financiar, de forma que se eviten de esta forma proyectos realizados por entidades que no tienen mayor interés que la “etiqueta” y marchamo que estas Directrices ofrecen. Asimismo, se pedirá al emisor de comunicar el proceso de gestión de los riesgos sociales y ambientales que los proyectos a financiar y desarrollar puedan tener vinculada, planteamiento desarrollado con el propósito de no que los proyectos tengan cada vez más una concepción integral.
La última novedad proviene del trabajo desarrollado en el seno de los grupos de trabajos coordinados por ICMA, que establecen métricas específicas para los informes de impacto que deben presentarse ante los inversores al menos de forma anual. Ya existen directrices al respecto para proyectos de eficiencia energética, energía renovable, proyectos de agua y aguas residuales, esperando que en el futuro puedan seguir acordándose nuevos marcos armonizados para otras categorías.
Finalmente destacar un cambio aprobado en la asamblea, que es la de elevar al mismo rango de Directrices, las recomendaciones anteriormente vinculadas a emisiones de Bonos Sociales, así como la consideración de un Bono Sostenible como aquel que mezcla de forma deliberada objetivos Verdes y Sociales, y cumple, en ese caso, ambas Directrices. No es un cambio menor este, dado que supone un reconocimiento para los actores en estos otros mercados, y que se espera que sirva de estímulo para todas aquellas entidades, como algunos Gobiernos de Comunidades Autónomas, que están ya pensando seriamente vincular alguna de sus futuras emisiones a estos ámbitos.