Retroceso, pero también avances, en la Unión Bancaria

La Comisión Europea (CE) emitió el pasado día 11 una comunicación Completad la Unión Bancaria (UB) y, simultáneamente, un informe sobre la aplicación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que va acompañado de un documento complementario (Staff working document). Mientras el informe tiene cierto interés al reconocer las competencias del MUS en la determinación de las provisiones por riesgo de crédito de los préstamos problemáticos^[1], la primera ha supuesto un cierto retroceso en la UB, concretamente en su tercer pilar, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

No obstante, la misma comunicación supone también avances en otros aspectos de la UB, aunque condicionados a decisiones a adoptar en el futuro, por lo que centraremos en ella la atención en este post. En todo caso, nos preocupa el retroceso por lo que puede suponer para las propuestas sobre el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que la CE tiene previsto efectuar a primeros del próximo mes de diciembre.

La CE efectuó una propuesta sobre el SEGD en noviembre de 2015, véase nuestro post al respecto, con el objetivo que todos los depositantes de la UB disfruten del mismo nivel de garantía de sus depósitos independientemente de su localización geográfica. Para ello el SEGD se desarrollaba en tres fases progresivas:

. Reaseguro

. Coaseguro

. Seguro pleno

Han transcurrido casi dos años desde entones y, dadas las dificultades que han impedido que la propuesta avance hasta ahora, la CE sugiere una introducción más gradual del SEGD, con solo dos fases:

. Reaseguro, más limitado que la propuesta inicial, ya que el SEGD sólo suministraría una cobertura de liquidez a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) nacionales, que deberían reembolsar este soporte, lo que supone, en último término, una cobertura nacional.

. Coaseguro, de forma progresiva, como ya estaba previsto.

Al mismo tiempo, el paso a esta segunda fase estaría condicionado a los progresos en la reducción de riesgos de los bancos, una tendencia que se está cumpliendo en la práctica, tal y como muestran los siguientes gráficos, manejados por la propia CE, como sería lógico esperar de la salida a la intensa crisis financiera por la que hemos pasado.

Por otro lado, se modificaría la Directiva que regula los SGD (Directiva 2014/49/UE) con el fin de hacerlos más homogéneos, reduciendo las opciones nacionales.

En cuanto a los avances antes mencionados, en primer lugar, la CE llama a los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE) a conseguir un acuerdo rápido sobre las reformas bancarias pendientes presentadas en noviembre de 2017, hace ya casi un año, que comentábamos en un post al comienzo de este.

Mayor relevancia puede tener la propuesta de un respaldo fiscal a la UB, por el que se trataría de apoyar al Mecanismo Único de Resolución (MUR) si, por la intensidad de una crisis, se ve necesitado de fondos adicionales, independientemente de que estos se recaben posteriormente de las entidades bancarias. En su documento de mayo de 2017 sobre La profundización de la UEM, la CE había identificado como solución más apropiada una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esto deberá articularse con las propuestas citadas de la CE para profundizar en la UEM previstas para el próximo mes de diciembre, que, entre otras cosas, prevén una transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo, véase nuestro reciente post sobre el estado de la UEM.

En tercer lugar, está el tema, ya mencionado anteriormente, de la reducción de los préstamos problemáticos (NPL, por sus siglas en inglés), véase nuestro post sobre el mismo, para el que la CE prevé, con el objetivo de reducir los niveles actualmente observados de NPL y de evitar su constitución el futuro, un paquete comprehensivo de medidas a adoptar en la primavera de 2018, consistente en:

. Un marco para las sociedades nacionales de gestión de activos (SAREB en el caso de España), que refleje las mejores prácticas observadas al respecto.

. Medidas legislativas para desarrollar los mercados secundarios de NPL y fortalecer la habilidad de los acreedores de recuperar valor de los préstamos garantizados.

. Un informe explorando la posibilidad de una propuesta legislativa que introduzca un respaldo prudencial contra la sub-provisión de nuevos NPL.

. Mecanismos para aumentar la transparencia de los NPL en Europa.

Por último, debemos destacar la posibilidad que puede abrirse a la emisión de valores respaldados por bonos soberanos. Sobre la base de los trabajos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, la CE prevé proponer en 2018 la posibilidad de desarrollar estos valores, que permitirían diversificar las carteras de deuda pública de los bancos, reduciendo el círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos, para cuya ruptura se diseñó precisamente la UB.

 

[1] Sobre el que posteriormente se han pronunciado el presidente del BCE y la presidenta del MUS ante el Parlamento Europeo.

 

Cantabria Pago Digital: ¿Aceptamos el reto de vivir sin efectivo?

* Artículo escrito por Emilio Ontiveros y Verónica López Sabeter, de Afi.

Más allá de las implicaciones de política monetaria que habrían de ser tenidas en consideración para dar una respuesta comprehensiva a esta pregunta, si la trasladamos a nuestra vida cotidiana podemos afirmar que, al menos en la España de 2017, es muy difícil, por no decir imposible.

Por “vivir sin efectivo” nos referimos a afrontar la cotidianeidad sin necesidad de recurrir a monedas y billetes para hacer frente a los gastos en que incurrimos a diario. Y conseguir hacerlo sin fricciones.

La iniciativa del Gobierno de Cantabria “Cantabria Pago Digital”, presentada el día de ayer en la localidad cántabra de Suances, que la albergará a partir del día 19 de octubre durante aproximadamente un mes, pretende precisamente testar cuán fácil o difícil es reducir nuestra dependencia como sociedad del dinero en efectivo, en un momento en que “lo digital” se ha instalado en nuestras vidas para quedarse.   

El reto planteado, y que cuenta con Banco Santander como socio tecnológico y con la colaboración de Mastercard, no es otro que animar a los ciudadanos de Suances a salir de casa cada día sin portar el monedero y billetera (analógicos, claro), y en su lugar hacer uso de medios alternativos al efectivo, teóricamente generalmente aceptados, o al menos diseñados para que lo sean, como pueden ser las tarjeta de pago – física o virtualizada en el móvil– o las nuevas soluciones de pago digital entre particulares, como las app de pago P2P.

En el caso de las tarjetas de pago – la de débito, la más generalizada – es un medio que el 84% de los adultos de Suances declaran disponer, pero solo uno de cada tres afirma utilizar como principal medio de pago para los gastos cotidianos (y solo un 8% como medio de pago exclusivo). El resto, es decir, siete de cada diez utilizan el efectivo como medio de pago más frecuente. La mitad de los titulares de tarjeta acuden al cajero automático todas las semanas para retirar efectivo con la misma tarjeta con la que podrían directamente pagar en el comercio.

El impacto del achicamiento que la última crisis ha generado en materia de capilaridad de puntos de acceso (sucursales y cajeros automáticos), especialmente en municipios de menor tamaño, algunos de los cuales no disponen hoy de ningún punto permanente, no habría de ser tan grave si incorporáramos la costumbre de pagar con medios alternativos que hacen prescindible el uso de las monedas y billetes… si la aceptación fuera equiparable a la tenencia, y el uso equiparable al acceso.

Preguntados por su parecer acerca de una hipotética situación –que será real, si bien voluntaria a partir del 19 de octubre en Suances- en la que las tarjetas fueran la única forma de pago de gastos cotidianos, destacan las opiniones favorables en cuanto a los atributos de comodidad (72%) y seguridad (65%) sin incurrir en mayor coste (51%) por operar de este modo. Por el contrario, la falta de privacidad (58%) y la dificultad de controlar los gastos (42%) son los atributos negativos asociados a esta situación. Las motivaciones relacionadas con el mayor control de la evasión fiscal y otras elementos que erosionan el Estado del bienestar, son relevantes (46%) pero no mayoritarias.

A pesar de lo anterior, la preferencia por el uso exclusivo del efectivo (33%) supera a la preferencia por el uso exclusivo de tarjeta (22%), más acusada cuando se consideran gastos de pequeño importe.

Si levantamos la vista y observamos cómo pagan nuestros vecinos de Europa (datos Banco Central Europeo), las 74 transacciones de pago con tarjeta per cápita al año registradas en España en 2016, contrasta con las 117 del promedio de la Unión Europea y alejadas de las 331 de Dinamarca, las 320 de Suecia, las 250 de Reino Unido, las 164 de Francia… encontrándonos a niveles de Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa en esa variable.

El menor dinamismo que muestra España no puede argumentarse con una situación de falta de acceso a medios de pago alternativos al efectivo, o falta de equipamiento: España se encuentra bien equipada en número de TPV por millón de habitantes (32.200 en 2016), similar a los reportados por Reino Unido, y por encima de países que hemos visto que hacen un uso intensivo de tarjetas de pago (Portugal, Francia, Finlandia, Suecia, etc.). El problema es, por tanto, de uso.

Tampoco puede admitirse que somos una sociedad por naturaleza recelosa de la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Por poner algunos ejemplos, circunscritos al ámbito de las comunicaciones, la app de mensajería móvil Whatsapp cuenta en España con su mercado más dinámico a nivel mundial, donde nueve de cada diez internautas la utilizan, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El uso de internet entre los españoles se sitúa en el 82%, principalmente a través del Smartphone (pasando en los últimos cinco años del 41% al 81% el porcentaje de españoles con teléfono inteligente, según el informe Google Consumer Barometer Report), porcentaje alineado con el de la muestra de ciudadanos de Suances. No en vano, España se encuentra entre los diez países que más usa el Smartphone a nivel global, aunque ocupamos la mitad de la tabla (puesto 14 de los 28 Estados miembros de la UE) en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2017, habiendo mejorado en el último año en todas las dimensiones excepto en lo relativo al capital humano.

De nuevo, el menor dinamismo no es tanto un problema de acceso / equipamiento sino de actitudes, aptitudes y hábitos. Y es precisamente a ese cambio de actitudes, aptitudes y hábitos al que pretende contribuir Cantabria Pago Digital, experiencia única y pionera en España de la que seguro se extraen interesantes lecciones de utilidad para todos.

 

Los contratos de rendimiento energético en la contabilidad pública

En los últimos años ha habido un mayor interés en la provisión de servicios energéticos para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. En particular, desde el momento en el que se incorporó la variante de empresas que prestan servicios energéticos (ESEs) a usuarios finales de energía, incluyendo en el servicio el propio suministro y la instalación de equipos eficientes energéticamente, el tamaño de este mercado ha crecido notablemente. Según los datos recogidos por el Centro Europeo de Asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC en sus siglas en inglés), durante los últimos cinco años se firmaron 345 grandes proyectos de asociación público-privada relativos a la eficiencia energética en dieciséis Estados miembros de la UE, por un valor total de más de 65 000 millones de euros.

Contrato de rendimiento energético

Fuente: Comisión Europea - DG JRC, Directorate C - Energy, Transport and Climate

En este sentido, las administraciones públicas españolas han visto este tipo de actuaciones tanto como una oportunidad creciente tanto en su compromiso por la reducción de emisiones de CO₂ asociadas a su actividad, como en una forma de reducir los gastos corrientes que tienen normalmente asociados al gasto energético de sus instalaciones y edificios de su propiedad, que en muchos casos no cumplían con los estándares de edificación actuales y suponían un coste mensual desproporcionado.

Pero, por otro lado, se encontraban con las restricciones marcadas por la normativa de estabilidad presupuestaria nacional y europea. Dichos contratos eran contabilizados, de acuerdo a la interpretación de la normativa SEC 2010, como contratos financieros y, por lo tanto, la deuda con las ESEs fruto de los contratos de rendimiento energético eran tratados como una nueva deuda contraída por la Administración. Este hecho tenía poco sentido desde el punto de vista de la gestión contable dado que en algunos casos lo que hacía la administración era realizar un contrato de servicios, que aunque podía incluir la reforma de inmuebles, no era más que una prestación comercial que incluía compromisos de suministro a largo plazo a un precio prefijado.

Dadas las dudas que existían en cuanto a su tramitación contable y con la idea de rebajar la incertidumbre y fomentar su aplicación, la Oficina Estadística de la Comisión Europea (más conocida como Eurostat) ha publicado recientemente una nota de orientaciones actualizada sobre la manera de consignar los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas. En este sentido, los contratos de rendimiento energético en los que la eficiencia energética se obtiene con medidas de gestión de la energía, sin ninguna inversión en equipos suplementarios o renovación, se consideran simples contratos de servicios o de mantenimiento, hecho que no ha requerido muchas explicaciones añadidas ni aclaraciones.

Los casos de controversia se centraban en aquellos contratos que incluían la necesidad de instalar nuevos activos o una renovación de los ya existentes. En esos casos, la consideración de gasto y deuda dependerá de si dichos bienes se consideran como parte del perímetro de consolidación del gobierno o no. En caso de que el activo esté registrado fuera del balance, el impacto en el déficit público se limitará a los desembolsos regulares (según contrato y normalmente vinculada a los ahorros de energía obtenidos) que el gobierno lleve a cabo en el contrato de rendimiento energético con la ESE y durante toda la vida del contrato, y por lo tanto, no se computará como deuda financiera.

En líneas generales, las reglas para poder desarrollar un contrato con una ESE y que éste no sea considerado en su totalidad dentro de los gastos corrientes del año ni como deuda financiera para una administración pública deben de cumplirse los siguientes criterios:

1. No se considerará como deuda financiera de la propia administración si:
   1. La ESE puede ser considerada como el propietario de los activos del contrato.
   2. En el caso de contratos de arrendamiento operativo (operating lease) y modelos de compra con arrendamiento financiero (buy and leaseback), en donde las obligaciones y el valor de los activos se compensan mutuamente en el tiempo, sólo se contabilizarán las cuotas abonadas a las ESE como parte de la contabilidad pública.
2. En cambio, se seguirán considerando como deuda financiera en su totalidad en el momento de contraer la obligación:
   1. Aquellos contratos de rendimiento energético que las ESEs firmen con las administraciones mediante factoring sin recurso.
   2. Los contratos de rendimiento energético con ESEs donde los riesgos (sean de construcción, disponibilidad o demanda) y rentabilidades no queden balanceados entre la administración y la empresa.
   3. Los casos en los que el bien pase a ser propiedad de la administración tras el periodo de disponibilidad, pero la duración de este contrato sea considerado demasiado corto para cubrir una parte significativa de la vida económica de la inversión realizada.

Se espera que estas clarificaciones  ayuden a las Administraciones Públicas a comprender mejor el impacto que tienen las inversiones en eficiencia energética en sus balances, y fomenten con ellos actuaciones de eficiencia energética que ayuden a alcanzar los objetivos establecidos de transición hacia una economía baja en carbono mediante actuaciones propias más allá de los incentivos y apoyos legislativos que establezcan.

Artículo elaborado con la colaboración de Carmen López Herrera @Carmen_AFI