La resolución alternativa de litigios

Por: | 07 de noviembre de 2017

El pasado sábado se publicó la  Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que, más allá de su alcance general, tendrá implicaciones relevantes para el sistema financiero, aunque no de forma inmediata.

En efecto, la disposición adicional 1ª de dicha ley, Las entidades de resolución alternativa (ERA) en el ámbito de la actividad financiera, señala:

1. Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito. Esta ley obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha ERA para el ámbito de su actividad. El resto de entidades acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.

Esto último indica que, si bien la ERA especializada en el sector financiero será única, no será la única instancia a la que se podrá acudir, ya que también habrá ERAs de alcance general.

2. A estos efectos, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho meses, un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones.

3. Hasta que entre en vigor la ley anterior, los servicios de reclamaciones (Banco de España, CNMV y DG de Seguros y Fondos de Pensiones) regulados en el art. 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, acomodarán su funcionamiento y procedimiento a lo previsto en esta ley y, en especial, se garantizará su independencia organizativa y funcional en el seno del organismo donde están incardinados con el fin de poder ser acreditados como ERA de litigios financieros.

Organigrama
 

La resolución alternativa se entiende frente al sistema judicial, sin perjuicio de la tutela efectiva de este, que debe facilitar la resolución de conflictos en tiempo y costes. Sin embargo, no hay que olvidar la experiencia de nuestro país durante la crisis en distintos ámbitos en los que la intervención de los tribunales ha sido decisiva (cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, en particular sus cláusulas suelo, comercialización incorrecta de participaciones preferentes y deuda subordinada, salida a bolsa de Bankia, como ejemplos más relevantes).

Esta misma experiencia, y las diversas sentencias de los tribunales (europeos y españoles) que han afectado a las entidades financieras, nos llevan a proponer que estas deben formalizar una estrategia de resolución de los litigios que les puedan plantear sus clientes, cuya satisfacción es la que fundamenta en último término la creación de valor de las entidades. En esta estrategia debe tenerse muy en cuenta que no sólo están en juego normas propiamente financieras, sino también otras de consumo de carácter general.

Uno de los cambios que introduce la nueva ley es que el procedimiento de resolución alternativa pueda tener un resultado vinculante, es decir que pueda finalizar con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, lo que contrasta con los mencionados servicios de reclamaciones, cuyas decisiones en estos momentos no son vinculantes, haciendo menos eficiente todo el proceso.

La ley señala, en su art. 26.3, que las autoridades competentes para la acreditación de ERA que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero serán los supervisores ya mencionados, cada una de ellos respecto de los litigios de que conozca la ERA del sector financiero con respecto a las entidades sometidas a su supervisión.

El titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrá dictar las disposiciones precisas en relación al desarrollo de la actividad de la autoridad competente de acreditación, inclusión en el listado nacional y control de las entidades acreditadas por esta autoridad para la resolución de litigios en el sector financiero.

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